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 La Comisión Parlamentaria
de Investigación (CPI) del Congreso brasileño no alcanzó
a nacer. Era “la” esperanza para desentrañar qué
hay de cierto en los innumerables casos de corrupción en el gobierno
y en el Parlamento brasileños, comenzando por el escándalo
de la violación del sistema de violación del Senado por
parte de senadores oficialistas. Pero se disipó y hay indicios
de que ocurrió por razones corruptas. En todo caso, la oposición
tenía todos los votos necesarios para formar esta Comisión
bicameral y a último momento 20 legisladores cambiaron su voto.
A su vez, se conoció ayer que la Secretaría de Desarrollo
Urbano, subordinada al presidente Fernando Henrique Cardoso, liberó
en lo que va de mayo unos 25 millones de dólares para proyectos,
mientras que en lo que va del año sólo gastó ocho.
La oposición anunció que seguirá buscando la aprobación
del CPI, esta vez, circunscripta al Senado.
El tema del CPI es uno de los puntos centrales de la puja entre Cardoso
y la oposición, centrada en el Partido de los Trabajadores (PT).
A medida que crecían las sospechas de corrupción durante
el segundo mandato de Cardoso, el PT de Luiz Inácio “Lula”
Da Silva comenzó a presionar para la creación del CPI. La
agenda de la hipotética comisión era frondosa: sólo
contando la privatización de la telefónica nacional Telebrás
y las denuncias sobre las Superintendencias de Desarrollo de la Amazonia
y el Nordeste (Sudam y Sudene, respectivamente), hay mil millones de dólares
del Estado brasileño que aparecen “desviados”.
Cardoso logró en todo momento frenar la creación del TPI.
Pero la cuestión de la corrupción se puso difícil
cuando fue el senador oficialista Antonio Carlos Magalhaes, uno de los
pilares políticos del presidente, quien se sumó a las denuncias.
Y peor aún cuando hace tres semanas se supo la violación
y posible alteración del sistema de votación en el Senado
brasileño en una sesión de junio del año pasado en
la que se votaba, irónicamente, la expulsión del recinto
del senador oficialista Luis Estevao por falta de ética y corrupción.
Estevao ya es ex senador y los acusados de la maniobra en el sistema de
votación, con más de una prueba para llegar a la condena,
son el propio Magalhaes y el senador socialdemócrata (ahora sin
partido) Roberto Arruda.
Quizás Cardoso haya podido ver con buenos ojos la caída
de Magalhaes, ahora convertido en un problema. Pero si el senador–caudillo
del estado de Bahía hacía la gran delación ante la
falta de apoyo de presidente, o si el escándalo del Senado era
el hecho que podía desencadenar la creación del TPI, mejor
era evitarla. Esta es la interpretación del propio Lula. “A
mis 55 años y tras 30 en la política nunca había
visto una relación tan perversa y promiscua entre el Poder Legislativo
y el Ejecutivo”, aseguró.
Sin embargo, la CPI todavía no está desechada. A pesar de
los “esfuerzos” del gobierno por dar vuelta la oposición
–un esfuerzo que parlamentarios de la oposición describieron
como una mezcla de utilización de recursos para proyectos de parlamentarios
adictos, amenazas de represalias políticas y un supuesto acuerdo
con Magalhaes y Arruda para dejarlos tranquilos a cambio de que renuncien
a las bancas–, la oposición alcanzó los 29 votos dentro
del Senado para la formación de la CPI, ya que los 20 votos que
se cambiaron pertenecían a diputados. El diputado del PT Aloísio
Mercadante anunció que acusará a Cardoso la Corte Suprema
por delito de soborno.
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