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 Cuarenta y ocho horas después
de que los artistas y productores musicales hicieran pública su
oposición a la reforma de la Ley de Impuestos, el gobierno nacional
se comprometió a solucionar el conflicto tributario y a activar
en las próximas semanas un plan de competividad del sector. “Fue
bastante positiva”, dijo el director de DG Producciones, Fernando
Moya, sobre la reunión que concretó un grupo de empresarios
musicales con el secretario de Cultura y Comunicación, Darío
Lopérfido, y el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.
La solución consiste en que, del 21 por ciento del IVA, el Gobierno
autoriza la descarga de otros impuestos como los correspondientes a Sadaic,
Adicapif y Argentores, y a otras cargas tributarias relacionadas con los
servicios de iluminación, sonido y demás.
Lopérfido había asistido a la reunión que el lunes
pasado mantuvieron los empresarios del espectáculo en el teatro
Opera. Los productores le explicaron el estado crítico de las cosas
en la organización de shows, y el funcionario prometió gestionar
un encuentro con Cavallo. Basándose en el plan de auxilio que se
había aplicado en el sector cinematográfico, el secretario
de Cultura propuso la posibilidad de desgravar el grueso de los impuestos
del monto correspondiente al IVA. Además, el Gobierno se comprometió
a poner en marcha en las próximas semanas un plan de reactivación
de un sector que parece languidecer año tras año. “Pasamos
de una situación supuestamente desventajosa a una situación
que mejora las condiciones previas al anuncio de la medida”, dijo
anoche a Página/12 Lopérfido. Moya concedió que la
situación “podría quedar mejor que antes, siempre y
cuando se cumpla la promesa y se ponga en funcionamiento esa ley de competitividad”.
La ley –que debería estar definida a fin de mes– incluiría
la unificación de los impuestos municipales (que encarecen los
costos de los shows organizados en el Interior; para eso Lopérfido
prometió una reunión de gobernadores), la búsqueda
del aporte financiero de empresas y la posible supresión de las
cargas patronales. Los productores, en tanto, se comprometieron a no subir
el precio de las localidades y, en lo posible, considerar la posibilidad
de una baja. “La baja de las entradas va a ser una consecuencia del
nuevo sistema fiscal”, explicó Moya. “Cuando haya menos
imposiciones y mayor posibilidad de desgravar impuestos, vamos a poder
bajar el precio. A nadie le gusta cobrar de más. Nosotros tratamos
de ajustar el precio a la situación del país, pero el asunto
es que trabajamos con un margen muy pequeño, aun cuando agotamos
localidades. Y si no llenamos, perdemos dinero. Así de simple.”
Así que más allá de la salida inmediata diseñada
por la emergencia del fin de la exención del IVA, ahora la preocupación
es la mejora de las condiciones del sector, incluyendo la reaparición
de espectáculos en las provincias con menos actividad. “No
nos interesaba que el sector se retrayera, o se quedara en el mismo nivel,
sino que esté mejor de lo que estaba”, dice Lopérfido.
“La idea es producir más espectáculos. No sólo
por el derecho a la cultura: además consideramos que se trata de
un área estratégica de producción en cuanto a generación
de empleo, aumento del turismo y demás.” Así es que
la reacción pública de los artistas y productores tuvo una
respuesta inmediata aparentemente exitosa. Ahora sólo hay que esperar
por la sanción de una ley que revierta el futuro de una industria
que, en los últimos tiempos, sobrevive en crisis permanente.
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