Por Julio Nudler
No. Por lo visto no bastaban
los ojos azules, ni el carisma, el prestigio internacional o el carácter
colérico. Tampoco la magia que hace fácil lo difícil,
y esos arranques heterodoxos con que un economista de derecha puede caerle
simpático al populismo y a la izquierda. Todo eso junto no impidió
que se desmoronara la recaudación y el riesgo país volase
por encima de los mil puntos, que la recesión no se diera por enterada
de las promesas de rápida reactivación, que los depósitos
siguieran yéndose paulatinamente de los bancos y se alargasen las
colas de argentinos ante los consulados, mientras los índices de
confianza del consumidor volvían a caer tras una inicial recuperación.
A Domingo Cavallo lo traicionó la economía. La combinación
de alto endeudamiento nacional y sobrevaluación del peso, más
un sector productivo asolado y un aparato estatal inepto, se mostró
altamente resistente a toda prestidigitación. En esta cancha inclinada,
ni la inyección de liquidez a través del Banco Central ni
los incentivos tributarios sectoriales surten mayor efecto. El equipo
económico rema contra corriente, y ahora ya solo confía
en el canje de títulos de deuda para quitarse algunas piedras del
camino.
En tiempos pasados, cuando todos esperaban una devaluación del
peso, cualquier esfuerzo por evitarla resultaba inútil. Así
fue como Lorenzo Sigaut pasó a la historia con aquél el
que apuesta al dólar pierde. Ahora muchos, si no todos, están
convencidos de que la Argentina defaulteará, neologismo horrible
pero gráfico: piensan que el país no podrá sino caer
en una cesación de pagos. Faltaría sólo saber cuándo
y cómo. El canje de bonos es, en el fondo, un sucedáneo
del default, o quizás sólo una alegoría. Si los acreedores
no estuvieran persuadidos de que sin canje hay quiebra, armarlo sería
casi imposible.
Para la eventualidad de una bancarrota estatal sería razonable
esperar también una devaluación del peso, quizá con
una posterior dolarización y, tal vez, una previa desdolarización
para licuar los argendólares (depósitos bancarios en moneda
extranjera). Esta punción, destinada a salvar a los bancos, podría
evitarse, como apunta Miguel Bein, si un nuevo paquete de ayuda externa
(bi o multilateral), por un mínimo de U$S 15.000 millones, permitiese
constituir un fondo de compensación bancaria, como se ha hecho
en México tras el Tequila.
Un rasgo curioso de esta crisis de nunca acabar es que, como alrededor
de un tercio de la deuda pública nacional está en manos
de argentinos, que compraron los correspondientes bonos con plata negra
fugada al exterior, las tasas exorbitantes que vino pagando el país
para refinanciarse y para lograr financiación adicional beneficiaron
y benefician a ese grupo privilegiado de ciudadanos, incursos en algún
delito fiscal. Pero en la medida en que esos acreedores residen en la
Argentina, una cesación de pagos, con una eventual quita unilateral,
profundizaría el tremendo impacto económico depresivo del
default.
Si el canje vale la pena será porque encarna el intento de no caer
en este pozo. En caso de una bancarrota del Estado, la economía
sufriría una brusca contracción por un generalizado corte
del crédito: se cerrarían líneas financieras y comerciales
del exterior, huirían depósitos, se cortaría la cadena
de pagos. Al menos por un tiempo. Pero no cualquier canje desactivaría
la bomba (ver nota en página 2). Mirando hacia atrás, el
país arrastra ya tres años de una recesión iniciada
tras las devaluaciones asiáticas y el colapso ruso, sacudones adversos
seguidos por la devaluación brasileña y los deslizamientos
chilenos. La pregunta es si no hubiese salido más barato apearse
del tipo de cambio fijo antes de que la descolocación del peso
se tornase inmanejable.
Pese a todo, subsisten algunas voces optimistas. La de Martín Redrado
(Fundación Capital) aseguraba pocos días atrás que
están dadas las condiciones para una baja del riesgo país.
Una razón de su optimismo es el giro a la ortodoxia descripto por
Cavallo al lanzar un nuevo ajuste fiscal (más impuestos y menos
gasto) para absorber un desvío de $ 4000 millonesen las cuentas
públicas. Tras ello firmó un nuevo acuerdo-torniquete con
el FMI, que presagia un segundo semestre durísimo, y que aun así
sólo podría cumplirse si la economía se lanzase a
crecer vigorosamente a partir de julio. De ahí las podas en Anses
y el traspaso de la AFIP a Economía. Computando también
el canje de deuda, Redrado cree posible que el riesgo país caiga
rápidamente a 700/750 puntos básicos.
La Fundación Mediterránea, alter ego de Cavallo, expresaba
el miércoles último, en su informe semanal, claros reproches
a Fernando de la Rúa y su equipo de gobierno, que el cordobés
calla diplomáticamente en sus declaraciones públicas. En
un acápite titulado El gobierno debe apuntalar el fin de
la recesión, el documento lo acusa de seguir demorándose
en algunas cuestiones clave para la marcha de la economía, como
el futuro de la Anses y de la AFIP... Ya hubo demoras en definir los titulares
del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de Modernización
del Estado... También es cierto que acumular más poder
no le asegurará a Cavallo mayor eficacia. Esto tendrá que
demostrarlo. La reacción del espectador, ya un poco fatigado, es
simple: ¿Quería DGI y Aduana? Ya las tiene. A ver
qué hace ahora.
La luna de miel ya terminó. El deslumbramiento inicial que suscitó
Domingo Felipe con su promesa de soluciones sin costos dejó paso
a una actitud recelosa ante sus anuncios. Cavallo ya ingresó en
ese territorio donde cada medida adicional extensión del
IVA, aumento de la alícuota del impuesto a las cuentas corrientes,
reprogramación en el pago de jubilaciones... genera reacciones.
Aunque conserva una ventaja: la que le confiere inducir esa sensación
de que, allá en el gobierno, alguien está haciéndose
cargo de los problemas.
Esa genial idea de
embargar impuestos
Por J.N.
La próxima exigencia que le plantearían los acreedores
a la Argentina es la dolarización, la misma que impulsaban
Carlos Menem y Pedro Pou. La abolición del peso resultaría
imprescindible para que la ley de Crédito Público,
que busca imponer Domingo Cavallo y diseñó Horacio
Tomás Liendo (h), tuviera algún sentido. Con el régimen
monetario actual, el embargo de la recaudación impositiva,
presente y futura, para que sirva de garantía de los títulos
de deuda, serviría de poco. Los tenedores de bonos no se
sentirían mucho más seguros que ahora de cobrar. La
razón es sencilla: el Estado argentino recauda sus impuestos
en pesos, pero tiene el grueso de su deuda en dólares y otras
divisas.
Es razonable suponer que si un acreedor llegase a la instancia de
tener que presentarse en el Banco Nación para ejecutar la
garantía de la Ley Liendo, ello sucedería en el contexto
de una grave crisis fiscal, en la que habrían fallado los
mecanismos normales de pago a través de Hacienda. Además,
al cobrarse su dinero el acreedor directamente de la recaudación
tributaria, el Estado no tendría fondos para atender otras
obligaciones, incluidos sueldos públicos, jubilaciones o
subsidios de desempleo. Como coletazo de ese estrangulamiento de
recursos, seguramente tendría lugar una fuga de capitales,
con corrida de depósitos. La ruptura de la convertibilidad
y la devaluación serían consecuencias altamente probables
en esa clase de escenario.
Bajo tales condiciones, ¿qué valor tendría
ese aval que a Cavallo le parece tan buena idea? En realidad, ni
siquiera sería preciso imaginar un cuadro tan dramático
para restarle eficacia, ya que los acreedores no confían
en leyes de aplicación virtualmente imposible. Cualquier
tenedor de títulos sospechará que, por más
garantía que lo ampare, no va a conseguir cobrar si para
pagarle a él el Estado debería dejar impagos sueldos
y jubilaciones.
Esta es la cuestión en sentido crudo. Sin embargo, en términos
más amplios, ya hoy el gasto público primario (es
decir, previo al pago de los servicios de la deuda) es considerado
una variable de ajuste. Todos los cortes se descargan sobre él,
dejando indemnes los recursos para afrontar los pagos de la deuda.
Lo que haría una Ley Liendo es formalizar este esquema, degradando
las acreencias de quienes no sean tenedores de títulos.
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A empezar por casa
Hay por lo menos cinco bancos, con operaciones en la Argentina,
que detentan fuertes carteras propias de títulos nacionales
de deuda. El Galicia, por ejemplo, posee bonos por unos 3000 millones.
El HSBC cuenta con unos mil millones. Otros tenedores significativos
son el Citi, el Río (Santander) y el Francés (BBVA).
Además, las AFJP tienen 10.600 millones, y otros 2800 millones
están en manos de las compañías de seguros.
Este considerable paquete de bonos compone la masa crítica
con que Domingo Cavallo dará el puntapié inicial (no
se sabe si único) del megacanje. Para ello se valdrá
de una coincidencia objetiva: mientras el Gobierno siente la necesidad
de evitar como sea una cesación de pagos, las entidades privadas
tienen pavor a que ésta les provoque una drástica
licuación de activos.
El ministro y Daniel Marx, secretario de Finanzas, buscan por estas
horas asegurarse de que al menos el pelotón local de acreedores
acepte canjear títulos a tasas de interés inferiores
a las siderales de mercado.
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PESADA
FACTURA DEL MEGACANJE
Habrá que crecer mucho para pagar
Aunque Economía quiere concretar el canje de bonos a toda
costa, no cualquier canje evitará el estallido de futuras crisis
financieras.
Daniel
Marx, secretario
de Finanzas.
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Por Maximiliano
Montenegro
El megacanje de
títulos públicos, la carta de Cavallo para ahuyentar el
fantasma de la cesación de pagos y ganar tiempo para esperar la
reactivación, corre el riesgo de caerse aún más rápido
de lo que el blindaje de Machinea se derritió al calor
de la especulación financiera. Con el riesgo país (la sobretasa
de interés que paga el Gobierno por su deuda) por las nubes, el
costo del canje sería de 1400 millones de dólares extra
en intereses al año. Pero la trampa de la deuda se resume en otro
cálculo que funcionarios de Economía revisaron en las últimas
horas con preocupación. Si el Gobierno hiciera el canje a las actuales
tasas de interés, el país debería crecer en la próxima
década a un ritmo del 6 por ciento anual para no aumentar el peso
de la deuda sobre el PBI, el indicador clave de la capacidad de repago.
Es decir, para no empeorar a los ojos de los mercados la fragilidad
actual, lo que dispararía nuevas crisis financieras. Sin embargo,
la situación es tan delicada que, aun si se lograran tasas como
las que espera Cavallo, para frenar la bola del endeudamiento habría
que crecer a más del 4 por ciento a partir del próximo año.
Como reconoció el secretario de Finanzas, Daniel Marx, de la tasa
de interés que acuerde el Gobierno con los acreedores para cambiar
bonos de deuda por valor de 20.000 millones, que vencen en el próximo
año, por títulos a pagar entre 6 y 25 años, depende
que la operación tenga algún sentido. Se entiende que sentido
para el gobierno, porque, como informó Página/12, el beneficio
para los bancos de inversión que lideren el trueque será
repartirse una comisión del orden de los 125 millones de dólares.
Si la tasa de interés es muy alta, entonces la cuenta a saldar
engrosará peligrosamente y el país debería crecer
a tasas hoy impensables para no empeorar aún más la proporción
de la deuda sobre el producto. Este es uno de los indicadores de
solvencia, o de la capacidad de refinanciar la deuda, que siguen
con atención inversores especulativos y las calificadoras internacionales
de riesgo crediticio, como Standard & Poors, que esta semana
le bajó la nota a Argentina. La alternativa para compensar esa
mayor carga de los intereses sería más ajuste fiscal, para
cancelar una porción mayor de intereses. Sin embargo, ya se sabe,
sin crecimiento no hay ajuste fiscal que rinda, porque la recaudación
se desmorona. Peor aún, con estas tasas de interés nadie
cree que la economía vaya a arrancar, por lo que se crea un circulo
vicioso del que Cavallo todavía no encontró la salida.
Pagar por el canje más del 12 por ciento (de tasa de interés)
sería una locura. Nadie cree que va a cobrar una reestructuración
con bonos que rindan al 16 por ciento en los próximos años,
dice el ejecutivo de uno de los mayores bancos extranjeros.
El martes pasado el gobierno abonó 12,5 por ciento por un préstamo
en dólares a tres meses. El viernes, el riesgo-país llegó
a 1051 puntos básicos, lo que significa 10,51 por ciento más
de lo que le cuesta el crédito al Tesoro norteamericano. Traducido:
si Cavallo buscara financiamiento a un plazo superior a un año,
los mercados le facturarían una tasa de interés
recontra ruinosa: como mínimo, del 16 por ciento.
Otro broker consultado por este diario mantiene en suspenso un viaje programado
a Nueva York y Londres para promocionar entre los inversores
los beneficios de trocar los bonos argentinos de corto plazo que tengan
en sus portafolios por otros de más largo plazo. ¿Con
qué cara le vamos a ofrecer un título del gobierno argentino
a 10 años a estas tasas de interés, si todos sabemos que
no lo va a poder pagar?, se pregunta.
La apuesta de Cavallo y Marx era que el propio anuncio del canje bajara
el riesgo-país, sentando las condiciones para patear en el tiempo
los vencimientos de la deuda y comprar tiempo para esperar el círculo
virtuosoque en su momento ilusionó a Machinea: que la baja de tasas
de interés estimule el consumo y la inversión, encendiendo
el motor de la reactivación. Para reforzar esa jugada, hace tres
semanas que el ministro no para de hacer guiños a los mercados.
Comunicó otro superajuste fiscal, con más impuestos y recorte
de gastos, cerró un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que garantiza
el ajustazo y hasta lanzó el proyecto de embargar la recaudación
futura para asegurar el cobro de los acreedores. Esta última idea
implicaría que los financistas, poseedores de títulos de
la deuda argentina, tendrían prioridad de cobro por sobre empleados
públicos y jubilados, o la ejecución de planes sociales.
Una medida así no encuentra antecedentes en la experiencia comparada
de otros países altamente endeudados y es tan absurda políticamente
que ni en los bancos de inversión se la toman en serio. Aún
soñando con que pueda ser aprobado algo así en el Congreso,
¿alguien puede creerse que el gobierno va a postergar el pago a
empleados públicos y jubilados para hacer frente al vencimiento
de un título?, reflexiona el economista de otro banco de
inversión. Para colmo, como entre los acreedores financieros sí
que no puede haber privilegiados, la hipoteca debería valer sobre
toda la deuda emitida en los mercados (90.000 millones de dólares)
y no sólo sobre los nuevos bonos que se entregarían a cambio
de los papeles de vencimiento más corto.
Semejante esfuerzo por contestar al voraz show me the money
de los acreedores se hubiese ahorrado si la operación contase con
un garante confiable: organismos internacionales (como el Banco Mundial
y BID), el Tesoro norteamericano o el Banco Central Europeo. Pero, show
aparte, los maratónicos viajes de Cavallo no redituaron tal aval.
Y, por eso, cuando Página/12 le preguntó a Marx por la garantía
de un bono a 20 años la respuesta fue lacónica: La
República Argentina. Y no pudo evitar una sonrisa.
Sea como fuere, la desconfianza sigue. Más aún, los rumores
de renuncia de Marx que circularon el viernes en todas las mesas de dinero
de la city no fueron infundados. El secretario de Finanzas dudó
desde un principio de la conveniencia de anunciar el canje en medio de
la tormenta financiera y está convencido de que estas operaciones
sólo pueden ser beneficiosas para el Estado en un clima de tasas
de interés en descenso. De otro modo, en el mejor de los casos
resultan demasiado onerosas para el fisco y en el peor pueden acelerar
la desconfianza, al dar la señal de desesperación que el
propio ministro ocultó cuando semanas atrás toreó
a los mercados diciendo que el Estado no iba a tomar más crédito
a tasas ruinosas.
Cavallo reconoció públicamente que fue su amigo, el banquero
David Mulford, quien lo convenció tres semanas atrás de
avanzar con el canje. Como informó este diario, Mulford es chairman
del Credit Suisse First Boston, el banco que fue colocado desde el primer
momento por el ministro en la pole position del suculento negocio de comisiones
que abre la operación. Con una ventaja adicional: a diferencia
de bancos que operan en la plaza local (como el Francés, Río,
Galicia, HSBC y Citibank), el CSFB no tiene entre sus activos bonos argentinos,
y por lo tanto está blindado ante el derrumbe de las cotizaciones
o un eventual default (cesación de pagos). Y es Mulford quien le
dijo al ministro en los últimos días que, una vez empezado
el partido, retirarse de la cancha sería aún peor.
Pero en este contexto, ninguna cuenta cierra. La más simple es
la siguiente. La tasa de interés promedio que rinde el stock de
deuda argentino es algo inferior al 9 por ciento. Si el gobierno canjea
20.000 millones de deuda a una tasa del 9 por ciento acumularía
intereses por 1800 millones a partir del primer año. Si, en cambio,
los nuevos títulos solo son aceptados si remuneran una tasa del
16 por ciento, sólo por esa porción de la deuda, la carga
anual de intereses sería de 3200 millones. Es decir, 1400 millones
más. Por otra parte, tanto en Economía como en los principales
bancos de inversión se confeccionaron por estos días los
más diversos ejercicios de simulación, que buscan
responder al siguiente interrogante: ¿A cuánto tendría
que crecer Argentina y cuánto tendría que ajustar sus cuentas
públicas para no empeorar sus fragilidad financiera a los ojos
de los mercados en el futuro?
La respuesta depende de la tasa de interés con que se cierre el
megacanje de deuda. Pero, con o sin canje, los números son impresionantes
y revelan por qué a Cavallo le cuesta tanto convencer a Wall Street
que existe una salida a la trampa de la deuda.
Si se consiguieran tasas del
9 por ciento anual, para lo que el riesgo país debería bajar
a 400 puntos, sería necesario en los próximos años
un crecimiento superior al 4 por ciento anual, además de elevar
en 3000 millones el ajuste fiscal pautado este año con el FMI,
para no empeorar la relación deuda-producto.
Si las tasas fueran del 12
por ciento, para lo que el riesgo país debería caer a unos
700 puntos, sería necesario un crecimiento tendiendo al 5 por ciento.
Si las tasas fueran del 16
por ciento, como sucedería si se cerrara mañana, habría
que crecer a un ritmo cercano al 6 por ciento por la próxima década
para no ser presa de una nueva crisis financiera en el corto plazo.
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