|
El default de la política
“El problema es la política. La imagen positiva del
Presidente bajó de 70 puntos a 20. La del vicepresidente,
que además renunció, por ahí anda. El ex presidente
puede ir preso, acusado de jefe de una asociación ilícita,
integrada por casi todo su Gabinete. La dirigente de mejor imagen
es una oficialista que se pasó a la oposición, y acusa
a casi toda la clase política de estar asociada a manejos
mafiosos. En la volteada está incluido el jefe de Gabinete.
Y el hombre fuerte del Gobierno, el San Salvador de la Economía,
va aliado al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Usted es
un inversor, lee esos títulos en el diario... ¿Qué
hace? La economía no remontará jamás con esta
política.”
Podría razonarse al revés –replica Página/12
al importante funcionario oficialista–: las rencillas, la dispersión
ocurren porque la economía no mueve el amperímetro.
La derrota y la diáspora política derivan del estancamiento
económico.
El funcionario es economista y se supone que más economicista
que Página/12 pero no da el brazo a torcer.
“No nos tienen confianza y, por eso, todos nuestros supuestos
logros se diluyen. El blindaje nos lo dieron contra el cumplimiento
de metas trimestrales. ¿Por qué tres meses y no un
año? Porque sospechaban que no íbamos a cumplir. Los
bancos entran en el megacanje porque tienen garantizada una inmediata
comisión. No somos confiables, y eso es un problema político.”
Quizá, a esta altura, poco importe cuál es la causa
y cuál el efecto, si es que puede hablarse de causas y efectos
para referirse a fenómenos sociales. La Argentina está
al borde del default en política y en economía. Es
difícil expresar en palabras la magnitud de la crisis de
una sociedad que se asoma al abismo pero es casi imposible exagerarla.
El regreso al Medioevo
Domingo Cavallo va dejando de ser, día a día, la
gran esperanza blanca. Los mercados le tuercen la muñeca
una y otra vez. En Economía se desesperan cuando la City
rumorea que renunció Daniel Marx pero nadie oculta que tiene
crecientes discrepancias con Mingo. No es el único que piensa
que está equivocado pero es uno de los pocos que osa decírselo.
A mayor debilidad, Cavallo retruca pidiendo más poderes.
¿Para qué sirve retomar el control de la AFIP si la
actividad baja, con ella la recaudación y no hay a la vista
una batalla contra los grandes evasores? Preguntas al viento. Nada
perturba el exitismo de Cavallo, no parece haber dudas, aunque la
realidad ha esterilizado varias de sus medidas anunciadas en las
–tediosas a fuer de recurrentes– conferencia de prensas
de cada viernes a la noche, con el riesgo país por las nubes.
Las iniciativas de privatizar la recaudación de impuestos
y de garantizar la deuda externa con el producto de la recaudación
pondrían en duda la supervivencia del estado nacional. Si
alguien concesiona la recaudación de impuestos y prenda el
producido a favor de un poder foráneo –relegando las
responsabilidades del estado de garantizar a sus ciudadanos ciertos
standards mínimos– se constela más cerca de un
orden medieval que de un moderno estado republicano. La expresión
“privilegio” –contra la cual se levantaron todas
las rebeliones burguesas, populares y socialistas desde el siglo
XVIII– es también la designación técnica
del rango que tendrá, de prosperar el proyecto Liendo-Cavallo,
la deuda externa con relación a los sueldos, las jubilaciones,
la retribución de los proveedores del Estado. ¿Estado?
Sólo por pereza conceptual o por carencia de vocabulario
puede llamarse “Estado” al ente que licua a tal grado
sus obligaciones más primarias.
Jaquecas
En la campaña previa a las elecciones de octubre, Domingo
Cavallo, el hombre fuerte del Ejecutivo, al mismo tiempo:
u a) Será la principal figura pública del oficialismo
en el día a día.
u b) En la Capital acompañará a los candidatos de
la Alianza defendiendo la acción del Gobierno.
u c) En la provincia de Buenos Aires compartirá listas con
Eduardo Duhalde, quien centrará su campaña –tanto
como el oficialista Raúl Alfonsín y el tercerista
Luis Farinello– en duras críticas al “modelo”.
Si las líneas precedentes le hacen doler la cabeza y sentir
mareos y confusión, calma lector. No consulte a un médico
ni llame desesperado al oculista. La “creatividad” electoral
nativa, el vaciamiento programático y de sentido de los partidos
permiten cualquier sinsentido y marean al más pintado. Si
cualquiera puede aliarse con cualquiera, en pos de cualquier programa,
y enarbolando la bandera partidaria que se le ocurra quedan en suspenso
la alternancia, la representación, la lógica misma
del sistema.
El cavallista Oscar Castañón, puesto a explicar la
entente de su jefe con Duhalde, acuñó una argumentación
digna de detalle. Según él, a la larga, la Alianza
será la gran beneficiaria de esa jugada. Alfonsín
sumará por su lado. Los diputados de Acción por la
República (AR), una vez electos, apoyarán las políticas
oficiales. O sea: harán campaña antimodelo y pro PJ
y luego votarán, digamos, garantizar la deuda externa con
la recaudación fiscal. Lector ¿de nuevo se mareó?
No se haga drama. También puede votar diputados aliancistas
“de la alianza progresista” provincial que, posiblemente,
se opongan a las políticas oficiales. No se aterre, no llame
al médico.
“No se banca que Cavallo esté fuera de las listas de
la Alianza. Es esquizofrénico. Vamos a laburar para que se
sume”, asegura una de las principales figuras políticas
del gobierno.
“¿Y la oposición de Alfonsín? ¿Y
la decisión del Frepaso de no integrar listas con AR, y el
cambio de Gabinete de Aníbal Ibarra cerrando filas con el
alfonsinismo en la Capital?” –pregunta Página/12.
El funcionario delarruista replica: “Con Alfonsín habrá
que hablar. Aníbal debió consultar, fue un gesto descomedido
de su parte entrar en la interna radical”.
Tal vez tenga razón, tal vez no. En cualquier caso, deja
vacante la explicación de cómo podría compatibilizarse
el cambalache de ofertas electorales y coaliciones.
De la Sota le ganó
a Mestre
“Te felicito, José Manuel, nos ganaste de mano.”
El gobernador De la Sota no pudo dejar de sonreír mientras
seguía oyendo en su celular la voz de Patricia Bullrich.
Fue el primero en proponer una acción concreta para reducir
el gasto político.
Así como en la TV pululan los reality shows, en otros territorios
sobreabundan las ofertas de reducir “los costos de la política”.
El oficialismo picó primero a la hora de hablar de ese tema.
Era una de las “cuestiones de Estado” que asumió
como propias Carlos Alvarez cuando era vicepresidente, en el paleolítico
inferior. Federico Storani presentó un proyecto a cuyo lanzamiento
no pudo asistir Chacho porque acababa de renunciar. De esto hace
más de seis meses. En el ínterin, Ramón Mestre
tomó la posta de Interior.
El martes, en reunión de gabinete, la Ministra de Trabajo
le sugirió al sucesor de Fredi que acelerara el lanzamiento
de un plebiscito para que la gente decidiera sobre el tema. Chrystian
Colombo lo venía acicateando en igual sentido. Mestre se
reunió con los gobernadores de la Alianza, dialogó
sobre el punto pero no produjo ninguna medida concreta. Horas después
De la Sota lanzaba una consulta en Córdoba: si consigue apoyo
popular promoverá una reforma constitucional para reducir
de 133 a 70 el número de legisladores provinciales. Primereó
a su comprovinciano (y derrotado electoral) Mestre, un ministro
de perfil entre bajo e inexistente y tan carente de reflejos que
ni siquiera obra lo que le sugieren sus compañeros de gestión.
El viernes, con la decisión de De la Sota en los diarios,
mencionó que se estudia un referéndum. En puridad,
se estudia desde tiempos de Storani, desde el paleozoico.
La astucia del peronista cordobés, que hasta hace poco tiempo
se cuidaba de hacer cualquier cosa que no fuera administrar su provincia,
se vincula a un escenario que los peronistas vuelven a imaginar:
una eventual salida ante tempus de Fernando de la Rúa, como
corolario de dos hechos más que posibles, la prolongación
del estancamiento económico y una derrota letal en las elecciones
de octubre.
La fascinación por podar senadores, diputados y concejales
es una necesidad pero también una riesgosa prueba del descrédito
de la actividad política. Un recorte no acompañado
por cambios culturales y éticos no producirá otras
derivaciones que algún achicamiento del déficit. La
corrupción, el internismo, el financiamiento ilegal de los
partidos no cesará y posiblemente no se mitigará.
Simplemente, “la plata para la política” se buscará
de otra forma. El creciente escándalo protagonizado por militantes
de Franja Morada cobrando planes de capacitación laboral
destinados a jefes de familia de sectores vulnerables es bien didáctico
acerca de los códigos propios de cierta dirigencia local.
Militancia no solo universitaria, como se irá develando si
avanza la investigación que el gobierno mira con distracción
y que la Oficina Anticorrupción -alegando vagas razones burocráticas–
no considera de su competencia.
Mirando a Comodoro
Py
Hoy por hoy las urnas están guardadas, las listas muy lejos.
La libido de los políticos y la atención de los medios
están más bien fijadas en Comodoro Py o en el Congreso.
Para ser más precisos: en las investigaciones (parlamentaria)
sobre lavado de dinero y (judicial) sobre venta ilegal de armas.
Los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez –haciendo
gala de la misma convicción con que impulsaron el tema por
años– y el juez Jorge Urso –haciendo gala de una
convicción que le faltó por más de un lustro–
ponen en vilo a buena parte de la dirigencia vernácula. El
oficialismo hace gala de no interferir con la Justicia, actitud
loable. No lo es tanto su mala onda hacia la comisión Carrió,
ostensible en las desdichadas palabras que volcó –en
una presentación pública muy poco consistente–
el Presidente. Y frisa el bochorno que los radicales, correligionarios
de “Lilita”, practiquen una suerte de juego de la silla
al revés compitiendo para no estar en la comisión.
Más allá de estos juegos, Carrió y Gutiérrez
conocen su terreno e irán avanzando con las cajas que contienen
documentación. Su decisión es no confinar la discusión
sobre el tema en las paredes del Congreso sino ventilarla públicamente,
en una arena donde –a la hora de cotejar prestigios y credibilidad–
sacan luenga ventaja a eventuales sospechosos o antagonistas.
Los elementos que se suman a la causa sobre armas llevan a concluir
que Urso acertó en su táctica de dejar para el final
la citación a Carlos Menem. Las pruebas se siguen acumulando
en torno (valga la expresión) del ex presidente. En su círculo
más íntimo conviven dos apuestas, ninguna demasiado
presentable.
 La primera, es montarse
en las denuncias mediáticas sobre Urso para quebrarlo. Fuentes
judiciales, no sólo las más cercanas al magistrados
aluden a una “campaña” periodística en su
contra. Nada prueba su existencia pero sí es claro que el
menemismo intentará sacar partido de las informaciones sobre
el patrimonio del juez o las que incursionan en aspectos de su vida
privada. Y no falta algún menemista servicial queasegura
que habrá munición más gruesa, a medida que
se acerque el 13 de julio, día en que el Jefe tiene agendado
ir a Comodoro Py.
La segunda es garantizar
que no cuele el cargo de asociación ilícita lo que
no impediría una eventual condena de Menem, pero sí
su encarcelamiento. No parece un objetivo fenomenal para un estadista
pero sí un alivio para sus momentos de depresión,
que según algunos de sus fieles, se han hecho habituales.
Gobernabilidad
“¿Qué pasa si perdemos las elecciones?”
se indaga el funcionario que define a la política como la
causa primera de la crisis nacional. Y se responde mediante nuevas
preguntas: “¿Se tiene que ir De la Rúa? ¿Por
qué? Por falta de gobernabilidad. Pero ¿hace falta
que haya elecciones para concluir eso? ¿No será que
ya hay falta de gobernabilidad?”. No espera respuesta. Cree,
como tantos otros protagonistas de primer nivel, que no es solo
el default económico el que está a la vuelta de la
esquina.
|
