Por Horacio Verbitsky

El ministro de Defensa Horacio Jaunarena ordenó al general Ricardo Brinzoni asumir la conducción del Ejército de hoy y guardar silencio sobre la guerra sucia militar de ayer contra la sociedad argentina. Pero una decena de diputados nacionales presentaron un proyecto de resolución en el que reclaman lo contrario. Jaunarena va en camino de advertir que Brinzoni es incapaz de desprenderse de los fantasmas del pasado y que el único corte razonable es desprenderse de él. Ya lo han entendido así los oficiales de menos de 45 años, enfurecidos con el Jefe de Estado Mayor y su núcleo de colaboradores íntimos. Esos oficiales, que por razones generacionales no tuvieron vinculación con aquel pasado horroroso, se sienten usados por Brinzoni para su defensa personal por la responsabilidad que le cupo en la masacre de Margarita Belén, en el Chaco. En ese paraje a 40 kilómetros de Resistencia, el 13 de diciembre de 1976 fueron asesinados más de veinte presos políticos, entre ellos dos mujeres, mientras Brinzoni era secretario general de la intervención militar de la dictadura en esa provincia. Con la firma de Elsa Quiroz, Jorge Giles, América González y Alfredo Bravo, entre otros, el proyecto de los diputados solicita al Poder Ejecutivo que ordene a Brinzoni informar cuándo y cómo supo y qué pruebas tiene de que Margarita Belén no fue un enfrentamiento, como dijo la versión oficial de entonces, sino “una operación militar para eliminar delincuentes terroristas” o “un fusilamiento”, según el reportaje que concedió la semana pasada al diario Norte de Resistencia. También le requiere la nómina completa de los detenidos asesinados, que nunca se dio a conocer, la del personal militar, civil y policial implicado y la autoridad judicial ante la que se presentó para comunicar sus descubrimientos que, según el propio Brinzoni, datarían de 1980.
Quiroz y Giles fueron compañeros de cautiverio de los asesinados en Margarita Belén. Junto con otros dos ex detenidos de entonces, Miguel Bampini y Mirta Clara de Salas, recordaron aquellos días de terror. Sostienen que la masacre fue preparada con antelación y que Brinzoni lo sabía. El padre de Quiroz era suboficial mayor de Gendarmería. El 12 de diciembre, el operador de comunicaciones recibió un parte del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 7 pidiendo una patrulla de refuerzo para un traslado de presos, al frente de la cual debía ir Albino Quiroz. El jefe de la sección, comandante González, reunió a los treinta hombres a su mando. “Entre todos definen que no lo dejan salir de ahí a mi viejo. Del GADA 7 mandan un oficial que se encerró a discutir con el jefe de la sección. Se oyeron gritos y el militar se fue dando un portazo. Mi viejo quedó guardado dentro de la sección. Sólo salía los fines de semana y con custodia”, dice la diputada del Frepaso. Hasta que en julio de 1977, el jefe de la Agrupación Formosa, de la que dependía la sección, le cuenta: “Vos debías ir al frente de la patrulla, caías junto con los demás y te ascendíamos post-mortem. Hasta ahora nos hemos jugado, te salvamos la vida a vos y a tu hija, pero tenés que salir de la zona”. Quiroz marchó al sur. Su hija había sido detenida en un cine de Resistencia al mes del golpe militar y torturada en la Brigada de Investigaciones de la policía provincial. “Me dejaron la cola en carne viva, hasta hoy me quedan las marcas. También las quemaduras con cigarrillos en el pecho, que se me infectó, y en los brazos, y las heridas que me causaron las ligaduras en las piernas”, dice. Puntos oscuros en sus antebrazos descubiertos lo confirman. Tres semanas antes de la masacre fue trasladada a Villa Devoto.
El 11 de diciembre de 1976, personal de requisa verificó su identidad y la de Nora Giménez de Valladares. Les tomaron las impresiones digitales y les hicieron reunir sus pocos enseres, para un traslado. Desde el mediodía y hasta la madrugada, varias veces les repitieron la orden de prepararse.
“Pero nunca nos llevaron, sin ninguna explicación”. La masacre se produjo 24 horas después. En su lecho de muerte, el parapolicial Eduardo Pio Ruiz Villaluso confesó que por un radiograma del Ejército supo que debían ser fusiladas cuatro mujeres y diecisiete varones. “Nosotras éramos las otras dos mujeres”, concluye Quiroz.
Si los gendarmes salvaron a Quiroz, el jefe de la Alcaldía de Resistencia, inspector mayor Ramón Francisco Núñez, obligó a cambiar el lugar previsto para la masacre. “La Alcaidía está en un páramo. Los iban a fusilar al salir del predio. Pero Núñez les dijo que no. Permitió la tortura dentro de la Alcaidía, pero no el fusilamiento ahí mismo”, dice Mirta Clara. Por eso el general Facundo Serrano y los coroneles Oscar José Zucconi y Alcides Larrateguy, entre otros, sobrevolaron la zona en un helicóptero, “buscando un lugar apropiado”, agrega. Zucconi y Larrateguy eran los jefes militares del lugar, pero Serrano era el interventor en el gobierno de la provincia y el jefe directo de Brinzoni. El helicóptero no pertenecía al Ejército, sino a la gobernación y su plan de vuelo quedó asentado en la Casa de Gobierno del Chaco, igual que el nombre del piloto. Esto desmiente la pretensión de Brinzoni de que lo militar y lo administrativo constituían compartimentos estancos.
El diputado Jorge Giles es de Corrientes, e integraba la mesa de la Regional IV de la JP, pero luego de varios allanamientos se escapó a Villa Angela, en el Chaco. Allí fue detenido un año antes del golpe, el 17 de abril de 1975, con todos los dirigentes de las Ligas Agrarias y recluido en la cárcel de Resistencia, la U7, junto con Bampini, Néstor Carlos Salas y Manuel Parodi Ocampo. “En abril de 1976 lo vienen a buscar a Néstor Salas, y se lo llevan en forma violenta, con una muda y sin explicaciones”, dice Giles. Mirta Clara era la esposa de Salas. “Nos llevaron a los dos a Formosa. Ese día fue mi parto” dice. En la maternidad se registró el nacimiento de un bebé a término, cuando en realidad era prematuro, como consecuencia de la tortura. El Ejército no informó del parto al registro civil. “El coronel Aurelio Baguear le dijo a mi suegro que no había ninguna identificación de un bebé. Cuando mi mamá lo buscó en la guardería del Ministerio de Bienestar Social en Resistencia, una directora le dijo que tenía ganas de quedárselo, porque era blanco y rubiecito”, agrega. El 21 de junio, Salas fue devuelto a la cárcel de Resistencia, luego de un periplo siniestro: fue torturado en una pequeña habitación sobre la ruta 11 y luego conducido a la alcaidía provincial y al Regimiento de Infantería de Monte 29. Su jefe formó a la tropa y lo presentó como “uno de los delincuentes subversivos que habían matado a sus camaradas”. Brinzoni repite la misma terminología 25 años después, aunque ahora le consta que Salas fue asesinado y nunca sometido a juicio por ese hecho.
Giles descarta la alegación de Brinzoni de ignorancia sobre los hechos. “Nosotros, desde adentro, nos estábamos preparando”, dice. Tenían una radio escondida por la que se enteraron de matanzas en otras cárceles. Todos los días los sacaban veinte minutos al patio. Debían caminar de a dos, sin detenerse. En una de esas salidas, se acercó un guardiacárcel. Entre dientes para que nadie lo advirtiera dijo: “Cuando vuelva a pasar le tiro algo, recójalo y métaselo en la boca”. Tiró un papelito envuelto en un plástico. “Era un hombre de pueblo, ni militante político ni represor. El papelito tenía una nómina de presos que había dejado el Ejército en la Alcaidía”. La encabezaban Néstor Salas, que fue asesinado en Margarita Belén, y Jorge Giles, que vive para contarlo. “Memorizamos los nombres y destruimos el papel. Discutimos si podía ser cierto, y llegamos a la conclusión de que sí. Teníamos que decidir qué hacer cuando vinieran a buscarnos”, dice Giles.
No faltaron otros signos ominosos de lo que ocurriría. Miguel Bampini integraba la coordinadora de gremios de la Capital Federal. Fue detenido en noviembre de 1975, en uno de los primeros operativos conjuntos entre la policía y el Ejército. Luego de dos meses en Devoto fue trasladado a Resistencia. “Antes de Margarita Belén hubo otro compañero que sacaron con vida del penal, en el baúl de un auto del Ejército. Se llamaba Sánchez, se les murió en la tortura y lo entregaron a los familiares”, dice Bampini. Cuando los presos denunciaron las torturas a Salas, quien había sido herido con una bayoneta, el oficial penitenciario Casco les dijo que si el Ejército volvía a llevárselo, Salas no regresaría.
Con todos esos antecedentes, los presos entendían que cualquier nuevo traslado implicaría la muerte. “Es preferible que nos maten a nosotros y no a todos”, dijeron los mencionados en la lista. Pero cuando vinieron a buscar a Salas los demás se acercaron a las rejas, insultaron a los guardias y gritaron que no lo entregarían. Salas les pidió que cumplieran con lo pactado. Dos compañeros unieron sus manos para sostenerlo y parado sobre esa silla humana, les habló a los gritos: “Yo sé que nos sacan para matarnos. Voy a enfrentar ese momento con dignidad. Aunque sea voy a tratar de darle un mordiscón a alguno de mis asesinos. Quiero pedirles que le cuenten a mis hijos, a mi familia y a mi pueblo que luchamos y morimos por la liberación nacional”, dijo. Mientras Salas se despedía, Casco ordenó un desfile de la guardia para presionar. “Si no sale ya, nos retiramos y entra el Ejército. Suban a los ventanales y fíjense si es verdad o mentira lo que estoy diciendo”. Los camiones del Ejército ya esperaban en la playa de estacionamiento.
Giles dice que “si uno hiciera el ejercicio de generosidad de creerle a Brinzoni de que no sabía, para cambiar su creencia en la versión oficial por la certeza del asesinato tuvo que recibir datos muy concretos. ¿Cuáles fueron, y cómo se enteró? Queremos conocer de su boca la nómina completa de los compañeros que fueron masacrados. Un presidente que se supone democrático y que en un estado de derecho es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tiene que dar una respuesta sobre esa tremenda confesión. No puede permanecer indiferente cuando su subordinado directo reconoce la masacre. Brinzoni no puede ahora decir tan graciosamente que se presentará a la justicia. Debió hacerlo hace más de veinte años, cuando dice que se enteró. Pero prefirió encubrir”.
Mirta Clara insiste en el reclamo de información sobre los cuerpos de los asesinados. Sólo un par de ellos fueron devueltos de inmediato a sus familiares. “A los demás los entregaron en cajones sellados un mes después o están desaparecidos, como el hijo de Amanda Piérola y las dos mujeres”, dice. Ella y el fallecido fiscal Raúl Tierno (cuyo hijo Patricio fue asesinado en Margarita Belén), junto con los abogados Edwin Tissembaum, Augusto Conte y Emilio Mignone “denunciamos a la prensa en 1984 a los militares que estaban por ascender, entre ellos Brinzoni. Si no insistimos luego fue porque la justicia impuso un orden jerárquico para los procesos. Primero procesó a Videla como comandante en jefe, después siguió con los jefes del Cuerpo II, generales Ramón Díaz Bessone y Leopoldo Galtieri. Antes de que pudiéramos llegar a la jerarquía de Brinzoni y los demás ejecutores se sancionó la ley de obediencia debida”. Conte y Mignone fueron presidentes fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Los abogados del CELS están terminando la presentación que realizarán ante la justicia federal para que ahora se reanude la investigación interrumpida que ellos impulsaron. Al gobierno no le queda demasiado tiempo para una salida elegante.

Un malandrín

Por H. V.

Los generales Ricardo Brinzoni y Eduardo Alfonso dijeron a la DAIA que conocieron a Juan Enrique Torres Bande, apoderado y dirigente del partido neonazi Nuevo Triunfo, porque era una visita cotidiana en el Edificio Libertador, como abogado del coronel Edberto González de la Vega, “para buscar documentación para la causa de las armas”. El jefe de prensa del Ejército, coronel Gustavo Gorriz, dijo que Torres Bande no había sido elegido por su ideología sino por su idoneidad profesional. Ambas explicaciones son falsas, como se demostrará a continuación.
1. Desde 1992 hasta 1995 De la Vega fue director de coordinación empresaria de la Dirección de Fabricaciones Militares y tenía despacho en la sede de esa empresa, en el barrio de Palermo.
2. Fue pasado a retiro en diciembre de 1995 y desde entonces no pisó la sede del Ejército. El juez federal Jorge Urso lo procesó el 27 de mayo de 1996 por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. En 1999 el juez en lo penal económico Julio Speroni lo detuvo por contrabando agravado.
3. Torres Bande consiguió la libertad de González de la Vega un año después, derivando toda la responsabilidad hacia el Ejército. Esto desmiente la excusa de Brinzoni, salvo que alguien hubiera estado alimentando al dirigente neonazi con información dirigida a socavar la posición del ex Jefe de Estado Mayor, Martín Balza, y la del propio Brinzoni. Al explicar la contratación de Torres Bande, Brinzoni dijo a La Nación que había sido “un estúpido”.
4. Los hechos se desarrollaron al revés de lo que afirma Brinzoni: fue el general Alfonso quien designó a Torres Bande para defender a De la Vega. El ahora íntimo colaborador de Brinzoni llegó incluso a visitar a De la Vega cuando estaba detenido en Campo de Mayo para negociar un acuerdo que condujera a su libertad. Sería una muestra de sagacidad que el Jefe de Estado Mayor se preguntara quién fue la garganta profunda que entregó a Torres Bande los informes de inteligencia publicados en la página web del partido neonazi en abril y mayo de 1999, que incriminan a Balza, pero también a Brinzoni, por la adquisición de impedimenta para las fuerzas de paz, por supuesto con empresas de capitales judíos. Si Brinzoni no es el nazi, sería estúpido no empeñar el mayor esfuerzo para saber por qué vías se produjo la infiltración.

La idoneidad

Cliente asiduo del tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital, Torres Bande acumula causas por sus artes de truchimán en el ejercicio profesional. En algunas fue absuelto. Pero tiene otras dos en trámite. En una de ellas está en rebeldía.
Expediente 5667: Fue denunciado por su cliente Héctor Buela, a quien le cobró por adelantado un trabajo que nunca realizó. En 1995, Buela contrató a Torres Bande para un juicio de adopción y le pagó 3.200 pesos en cuotas. Pero en 1997 Buela descubrió que no se había iniciado causa alguna. Cuando le exigió la devolución del dinero el líder neonazi le prometió que pasaría “el viernes por su domicilio”. Todavía lo está esperando. El segundo de Alejandro Biondini no fue más cumplido con el Colegio de Abogados. Nunca contestó el traslado que le hizo el tribunal de ética, hasta que fue declarado en rebeldía, y el caso pasado a sentencia.
Expediente 13.189: El apoderado del Partido del Nuevo Triunfo fue denunciado por José Manuel Igal, quien estaba en juicio con su inquilino, Roberto Mario Barbieri, por la falsificación de un recibo de alquiler de un departamento, por 6.000 pesos. Diez minutos antes de que se iniciara la audiencia pública del juicio el 11 de mayo de 2000, Torres Bande renunció como abogado de Barbieri, y de ese modo consiguió que se suspendiera el debate. El día anterior, el denunciado y su cliente pidieron el expediente y toda la documentación agregada. El recibo falso desapareció. Una vez lograda la dilación, Barbieri volvió a designar como defensor a Torres Bande, algo que el artículo 112 del Código Procesal prohíbe pero el juez Héctor Vecino (un comisario retirado de la Policía Federal) aceptó. Aunque ese mismo artículo contempla una prórroga máxima de tres días para la audiencia, hasta hoy el debate no se realizó, porque Torres Bande aún no respondió si aceptaba el cargo nuevamente. El debate debe realizarse el jueves de esta semana en el Tribunal Oral en lo Criminal 22.
A sola firma: El padre de una compañera de curso de Torres Bande en la Universidad Kennedy, Domingo Manuel Rama, le alquiló un edificio en Villa Ramallo, en el que funcionaba la Clínica San Ignacio. Torres Bande formó para ello una SRL con el médico psiquiatra Eduardo Antonio Morelli. “Alquilaron el 7 de septiembre de 1994 y jamás nos pagaron. No se ocupaban, vivían en Buenos Aires y sólo viajaban los fines de semana. Ni les pagaban a los médicos”, dice Susana Rama. El 29 de mayo de 1998 el juez civil Carlos Felipe Balerdi ordenó la ejecución, que se realizará sobre un inmueble de Morelli, porque Torres Bande tiene inhibición general de bienes. Para impedir el avance de la causa, Torres Bande presentó una denuncia penal contra Susana y Gladys Rama. Sostuvo que un segundo contrato, de 1995, había dejado sin efecto el de 1994, pero que no podía presentarlo porque una de las hermanas lo había robado de la clínica. Ofreció el testimonio de una enfermera, que al declarar lo negó. Dijo entonces que una copia del segundo contrato había sido presentada a la Dirección Provincial de Rentas. El juzgado lo pidió y el peritaje demostró que las firmas eran falsas. La jueza María Cristina Bertola sobreseyó a las hermanas Rama y ordenó investigar a Torres Bande, lo que se demora por chicanas procesales.
Cada episodio de la biografía de Torres Bande desvirtúa su alegada idoneidad y demuestra que no tenía más gracia que su militancia neonazi. Esto ratifica la necesidad de una investigación imparcial que no puede quedar en manos del propio Brinzoni, sino del ministerio de Defensa.

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