Por Victoria Ginzberg

Es uno de los principales protagonistas del juicio por genocidio, terrorismo y torturas contra los militares argentinos que lleva adelante el juez español Baltasar Garzón, pero siempre habla en plural, incluyendo en sus palabras al resto de los miembros de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos de Madrid, de la que forma parte. “Los juicios en el exterior han logrado el objetivo de conmover a la Justicia argentina”, afirma el abogado Carlos Slepoy al analizar el “avance” judicial en materia de derechos humanos. Sin embargo, el hombre advierte que este país, del que se fue en noviembre de 1977 luego de que los militares le dieron la “opción” de exiliarse o quedarse en la cárcel, “sigue siendo para la gran mayoría de los responsables un refugio frente a la acción internacional”. Por eso, Slepoy asegura que “el procedimiento en España va a continuar hasta que haya constancia de que todos aquellos que en los autos que está instruyendo Garzón figuran como presuntos responsables hayan sido juzgados en otro lugar del mundo, cualquiera sea”.
–¿En qué etapa está actualmente el juicio de España?
–El juicio tiene una pieza principal, una investigación secreta sobre los niños y una tercera parte relacionada con los crímenes cometidos en Chile y en el Plan Cóndor. Una deuda es profundizar sobre el operativo Cóndor y creo que antes del verano va a haber noticias sobre este tema. Específicamente en el caso de Argentina hay 99 personas procesadas (eran 98 y se sumó Ricardo Miguel Cavallo, preso en México) y 196 imputados, entre estos 48 que tienen órdenes de detención pedidas a Argentina que han quedado congeladas, por lo menos momentáneamente. Está también el pedido de detención de Cavallo, que está cumpliendo con todos los trámites legales previstos en la legislación mexicana para la extradición y, finalmente el tema de Scilingo, que muy probablemente en un tiempo breve sea sometido a juicio oral.
–¿Habrá nuevos procesamientos y órdenes de detención?
–En estos días presentamos escritos en el que pedimos el procesamiento de muchas otras personas, incluido Harguindeguy, que llamativamente es un personaje que no ha sido tocado por la justicia aunque fue ministro del Interior. Y solicitamos que Garzón libre una orden internacional de detención respecto de unas veinte personas que no fueron incluidos en las 48. Es previsible que vuelva a realizar un pedido de detención a Argentina y esto puede dar origen a la apertura de un nuevo procedimiento judicial.
–¿Tendría sentido reiterar los pedidos de captura cuando el Gobierno argentino ya lo rechazó?
–Nosotros pensamos que este es un tema muy dinámico. Desde que se han pedido estas órdenes, al principio del año pasado, han cambiado mucho las cosas, tanto a nivel interno como en el internacional. Ha habido resoluciones judiciales muy importantes en Argentina. De todas ellas la que ha recorrido el mundo que es la del juez Gabriel Cavallo (sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final). Pero también está la del Plan Cóndor y la adoptada por la Cámara Federal en el caso de Conrado Gómez. Da la impresión que se ha consolidado un grupo de fiscales y jueces decididos a acabar de una vez por todas con la impunidad y esto podría hacer pensar que los juicios en el exterior han logrado el objetivo de conmover a la Justicia argentina.
–Si no se concretan los pedidos de captura o de extradición ¿el juicio quedaría paralizado?
–La pretensión central es que se juzgue a estas personas donde sea. Lo que se quiere es que se juzguen aquí, en la medida de lo posible, pero si en Argentina se manipula la posibilidad de actuación de la justicia, los responsables deben ser extraditados. El Gobierno puede, por diversos motivos, negar la extradición en la etapa final del trámite, pero tiene la obligación de someter a esas personas a la justicia argentina para quedecida si hay motivos o no para su juzgamiento. No existe la pretensión principal de que los acusados sean extraditados, sino de que sean juzgados y siempre está la posibilidad de que en cumplimiento de lo que establece el tratado y los pactos internacionales haya una decisión política para juzgarlos, que es la única decisión política admisible.
–Pero que no parece existir.
–Pero no nos olvidemos que esto va evolucionando y que el reclamo de la sociedad sigue fuerte. El juez Garzón seguramente va a tomar medidas para solicitar el auxilio de las autoridades argentinas, pero aún en el supuesto de que no tuviera ningún resultado, la acción va a continuar, como lo hizo durante mucho tiempo con la oposición absoluta del gobierno de Menem. Y se seguirá intentando detener a estas personas porque todavía, y a pesar del avance, Argentina sigue siendo para la gran mayoría de los responsables, un refugio frente a la acción internacional.
–¿Cree que el fallo de Cavallo es un poco producto de la existencia del juicio en Madrid y de otros procesos en el extranjero?
–No se puede atribuir una causa única a la decisión de Cavallo y también hay que reconocer el mérito personal del juez, que expresa una tendencia en la judicatura argentina. Pero creo que ese fallo es producto del reclamo de la sociedad, del mismo modo que lo es el proceso judicial que se celebra en España.
–¿Cómo repercutió el fallo en la causa española?
–Bueno, se dio una situación paradójica. Recuerdo la emoción con que Garzón recibió la resolución, que ha leído detenidamente. El no puede ocultar un sentimiento de orgullo en el sentido de sentir que ha sido parte de esta historia, como nos pasa a todos los que participamos en esto. Si miramos cinco años atrás, la posibilidad de que se anulen las leyes de Obediencia Debida y Punto Final o los indultos era una cosa del país de los sueños y sin embargo ha ocurrido.
–¿Que pasaría con el juicio de España si se abrieran totalmente la posibilidad de los juicios acá?
–Antes se decía que como existían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, intervenir era invadir la soberanía. Ahora que se declararon inconstitucionales los mismos que decían aquello aseguran que no hay que actuar en el exterior porque fueron anuladas las leyes. Siempre se encuentra un argumento. Pero aquí lo fundamental es garantizar que todos y cada uno de los que cometieron crímenes sean juzgados. El hecho de que exista un procedimiento judicial abierto en Argentina no obstaculiza de ninguna manera los procedimientos judiciales abiertos en otros lugares. Lo que hay que respetar es el principio de cosa juzgada, es decir evitar que se juzgue a una persona dos veces por la misma causa. La ley española establece que el único caso en la que cesará la actuación de la Justicia será cuando el presunto criminal haya sido acusado o absuelto. Por lo tanto, teóricamente, el procedimiento en España va a seguir hasta que haya constancia de que todos los que en los autos figuran como presuntos responsables hayan sido juzgados en otro lugar del mundo, cualquiera sea.
–¿Garzón trabaja sobre las responsabilidades civiles de los represores?
–Hace poco nos pidió un escrito en relación con la responsabilidad civil pecuniaria que deberían arrastrar los responsables de estos crímenes. Hemos tomado como referencia la sentencia que dictó la Corte Suprema en el caso Tarnopolsky y hemos fijado lo que nos parece una indemnización que debería ser pagada por cada persona desaparecida. Nos hemos limitado a los diez mil casos aproximadamente de personas desaparecidas que hay acreditadas en el procedimiento. Si Garzón dicta la resolución, creo que la cifra es de 3 mil millones de dólares en su conjunto. Los imputados tendrían que solicitar fijar fianza y si no lo hacen se ordenaría el embargo de sus bienes.
–Para esto necesitaría la colaboración de las autoridades argentinas. –Pero no solamente. Es muy probable que haya bienes en el exterior, por lo tanto se dictaría una orden internacional para su embargo y también se pediría a la judicatura argentina que trabe embargo sobre los bienes.
–¿Esto no contradice las indemnizaciones otorgadas por el Estado?
–Desde el punto de vista estrictamente penal, toda responsabilidad criminal conlleva una responsabilidad civil y toda persona que es condenada por un delito que causa daño a otra persona debe ser condenado a la reparación económica de los daños causados.
–También se podría sacar a la luz los negocios oscuros que hicieron los militares a partir de la represión, como ocurrió con el caso de Cavallo.
–Esto es parte de lo que se está profundizando en la investigación. Sabemos que han nacido verdaderas mafias económicas a partir de la dictadura militar, ya no sólo por los privilegios que tuvo determinado sector social, sino porque los represores directos, a partir de los robos múltiples que hicieron de los desaparecidos, han conformado sociedades que están relacionadas con sectores de poder en distintos países del mundo.
–A partir del juicio, recientemente la Asociación Argentina pro Derechos Humanos de Madrid organizó un congreso sobre Justicia Universal. ¿Cuáles fueron las conclusiones?
–Quisiera destacar que en el juicio de Madrid ha habido tres elementos fundamentales: la naturaleza jurídica del procedimiento, que es universal; el aporte masivo de los testimonios de las víctimas y la determinación del juez que instruye en la causa. Una cosa que ha dejado clara este procedimiento es que la justicia universal lejos de implicar una acción de los países poderosos respecto de los países débiles implica una auténtica posibilidad de democratización de la justicia. Con la misma legitimidad que actúa Garzón sobre crímenes cometidos en Argentina o Chile, cualquier juzgado de cualquier país latinoamericano puede actuar en relación con crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo, porque tiene el apoyo de las normas internacionales.
–Suena un poco teórico.
–Vamos a ver. ¿Nos parece absolutamente imposible que un juez argentino abra un proceso por crímenes cometidos en Guatemala y profundice la investigación? Quizás dentro de unos meses no nos parezca imposible. En el congreso hubo juristas de distintos lugares del mundo, hubo representantes desde del pueblo kurdo a Colombia. Se está tejiendo una red internacional por la justicia universal que tiene como presupuesto que hay crímenes que deben ser perseguidos implacablemente en todos los lugares del mundo y que la actuación judicial de un tribunal de ninguna manera obstaculiza la de otro, sino que debe estimularla. Si la definición que damos de crímenes contra la humanidad es que ofende a la humanidad en su conjunto y es indiferente el lugar del mundo donde se cometan, de ahí se deriva que la jurisdicción universal es en realidad una jurisdicción territorial: el territorio es el mundo y hay que aprovechar las estructuras judiciales existentes en distintos países para perseguir en forma multiplicada los delitos contra la humanidad.

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