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Por
Marta Dillon
 Ocho
de cada diez médicos ginecólogos que desarrollan su práctica
en los hospitales públicos del área metropolitana de Buenos
Aires está de acuerdo en afirmar que la despenalización
del aborto contribuirá a la reducción de la mortalidad materna.
El 65,3 por ciento de los 500 profesionales consultados considera, además,
que el aborto es el problema de salud pública más relevante
en el país. Estos son sólo dos de los resultados del estudio
pionero –no hay antecedentes en nuestro país ni en el resto
de América latina– que llevó a cabo el equipo del Area
Salud del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y que hace escuchar
una voz hasta ahora ausente en los debates que progresivamente se han
dado en la sociedad en torno de la salud reproductiva: la de la comunidad
médica. La voz de quienes se enfrentan cotidianamente a esas 55
mil mujeres que, en los números y según datos del Ministerio
de Salud, cada año se internan en los hospitales públicos
por complicaciones de abortos hechos en la clandestinidad.
Se trata del primer estudio –financiado por la Organización
Mundial de la Salud y por la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica del Ministerio de Educación de nuestro país–
que, de manera científica, hecha luz sobre la opinión de
los profesionales ginecólogos y obstetras. Una opinión relevante
teniendo en cuenta que esta es una opinión autorizada y legitimada
para el conjunto de la sociedad. “Los médicos tienen una función
protagónica en cualquier proceso de cambio, esto se puede ver si
tenemos en cuenta la experiencia internacional (ver recuadro), que indica
que la suerte de cualquier política de salud o legislación
en el campo de la salud pública está ligada a lo que piensan
y hacen los médicos en su práctica cotidiana”, asegura
Silvina Ramos, integrante del equipo de investigación que sondeó
la opinión de los profesionales en 25 hospitales públicos
–seis se negaron a participar de la investigación– de
la Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Florencio Varela,
Vicente López, San Martín, La Matanza, Merlo y San Fernando.
Se trató de una encuesta con preguntas cerradas que cada médico
o médica contestó en soledad y de manera anónima.
“Fueron claramente interpelados como médicos de hospital público
y en su lugar de trabajo -agrega Mónica Gogna, miembro del equipo–
y las respuestas fueron dadas desde la práctica, como médicos
de planta”. Hubo dos grandes temas sobre los que se elaboró
la encuesta: anticoncepción y aborto, y analizando las respuestas,
hubo coincidencia en el grupo investigador en que las opiniones recogidas
“abonan en la dirección de ampliar los límites de la
normativa vigente en Argentina. Hay datos que subrayan esta opinión
-asegura Ramos–: la mayoría está de acuerdo con la
despenalización del aborto en situaciones de excepción que
no son contempladas por el Código Penal, también con que
debería ser en los hospitales públicos donde se realice
este tipo de intervenciones y por otro lado hay una enorme demanda de
sentirse cubiertos y protegidos por disposiciones legales o administrativas
que les permitan actuar en la dirección que ellos creen que hay
que hacerlo”.
Efectivamente, además de la excepción que consta en el Código
que no penaliza el aborto en caso de riesgo de vida o salud de la mujer,
con la que los médicos consultados estuvieron de acuerdo en un
86.7 por ciento, también concordaron en despenalizar esta práctica
en caso de violación o incesto –en un 83.3%– o cuando
exista una malformación incompatible con la vida extrauterina –82.2
por ciento–. Un 38.5 por ciento estuvo de acuerdo con despenalizar
la interrupción de la gestación en caso de decisión
autónoma de la mujer, un 47.9 por ciento consideró como
“muy prioritario” promover el debate público sobre la
situación del aborto en el país, y un 33,5 lo evaluó
como “prioritario”. Otro dato que habla sobre la necesidad de
los médicos de contar con una normativa que esté de acuerdo
con la realidad cotidiana semanifiesta cuando fueron consultados sobre
si las mujeres hospitalizadas por complicaciones de abortos provocados
tienen que ser denunciadas a la policía. Un 73.5 por ciento estuvo
de acuerdo, contra un 15.5 en desacuerdo. Pero el 88.2 por ciento de los
consultados dijeron que esas mismas mujeres no deben ir presas.
Estos datos no pueden ser analizados sin tomar en cuenta que en Argentina
se registran 41 muertes maternas cada 100 mil nacidos vivos. Un tercio
de estas muertes se deben a complicaciones de abortos inseguros. Casi
el doble de lo que sucede, por ejemplo, en Chile. Teniendo en cuenta que
el Ministerio de Salud admite un subregistro del 50 por ciento -quiere
decir que sólo se puede contar con la mitad de la información
cierta– y que en el noroeste y noreste del país las cifras
se triplican, se puede tener una idea de la situación de quienes
trabajan en hospitales públicos de cara a esta realidad.
“Esta investigación se da en el marco de una transición
sobre lo relacionado a la salud sexual y reproductiva: de una monolítica
situación de restricciones y silencios a una mayor visibilidad
en la agenda pública con cambios institucionales y programáticos”,
dice Mónica Petracci, del CEDES, haciendo tácita referencia
a la existencia no sólo de debates públicos sino a que en
este momento son catorce las provincias que cuentan con leyes y programas
de salud reproductiva, a las que se sumó la Ciudad de Buenos Aires;
y que hoy la ley nacional que crearía el Programa de Salud Sexual
y Procreación Responsable cuenta con media sanción en diputados
y pronto deberá tratarse en el senado.
Marcela Romero, médica y también integrante del equipo de
investigación, reconoce alguna dificultad de los profesionales
de “verse a sí mismos a través de estos datos”,
sólo tres hospitales estuvieron representados cuando fueron convocados
por el CEDES para informarles de los resultados de la encuesta. “Pero
tanto en el tema de anticoncepción como en el tema de aborto queda
claro que la opinión de los médicos va más allá
de la normativa vigente e incluso de los temas que caracterizan el debate
hegemónico: la anticoncepción fue interpretado como el segundo
tema prioritario de la salud pública y un 75,5 por ciento dijeron
que el hospital público debería informar y prescribir anticonceptivos
a solicitud de los y las adolescentes”. Un hecho que se da en la
práctica y que a pesar de estar legalizado en buena parte del país,
todavía quedan zonas oscuras en las que los profesionales sólo
cuentan con su criterio.
LA
EXPERIENCIA DEL HOLANDES EYLARD VAN HALL
“Al
legalizarse disminuyeron”
Por
M.D.
 “Si
un médico en virtud del juramento hipocrático y por razones
humanitarias detectara que  alguna
cuestión incide en una alta mortalidad, actuaría inmediatamente
en razón de evitar ese agente. En el caso de la mortalidad materna
en Argentina y otros países, cuya incidencia por abortos ilegales
es altísima, ¿por qué no hacen nada?”. Quien
plantea la pregunta es Eylard Vicente Van Hall, ginecólogo holandés,
ex presidente de Ispog (International Society of Psychosomatic Obstetrics
and Gynecology), profesor emérito de la Facultad de Medicina de
Leiden, Holanda, y presidente de la Fundación de Clínicas
de Aborto en ese mismo país. Van Hall visitó Buenos Aires
en ocasión del XIII Congreso Internacional Ispog, e interpeló
a los profesionales argentinos. “Son los médicos los actores
centrales en el proceso de legalización del aborto. Es una cuestión
ética y de práctica responsable”.
Formado en una universidad católica, Van Hall considera que en
su país se dio un proceso de toma de conciencia que duró
diez años hasta la legalización del aborto. “La lucha
por la legalización del aborto empezó, básicamente,
por los médicos de cabecera que es la puerta de entrada de toda
la población al sistema de salud. Ellos conformaron un grupo muy
fuerte y comenzaron a abrir las clínicas de aborto a fines de los
años 60”. Aun cuando eran ilegales, estas clínicas
se propagaron por el país y Van Hall, desde la cátedra del
hospital de su universidad –en ese entonces la católica de
Nijmegen– se ofreció como asesor. “En aquel momento se
montó un gran revuelo, el director quiso hacerme un sumario pero
todo quedó en que daría el asesoramiento por fuera de mi
horario de hospital”.
“El derecho al aborto es crucial en la construcción democrática
de una sociedad pues está inscripto en un derecho de las mujeres,
el derecho a su cuerpo y a una sexualidad sana, eso es lo que genera resistencias”.
Así opina Van Hall, quien cita la experiencia de España
como prueba de la importancia del rol de los médicos en los procesos
de cambio: “Aun cuando el aborto es legal, son demasiados los médicos
que se niegan a llevarlo a la práctica. En Holanda contamos con
la separación de la Iglesia y el Estado como eje fundamental para
lograr que el aborto se legalice en 1975 y pase a ser gratuito a partir
de 1981. Los resultados están a la vista, la incidencia en mi país
de embarazos no queridos y de abortos es muy baja –uno de cada 10,
diez veces más baja que en Argentina–, el número de
abortos se disminuyó progresivamente con la despenalización”.
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Tres
miradas sobre la investigación
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“Un
gran indicador”
Carmen
Storani *: “Creo que la encuesta es un gran indicador, porque
los médicos son quienes tienen contacto directo con las mujeres.
Creo que la procreación responsable se debe abordar desde
dos ejes: la información completa sobre los métodos
anticonceptivos –aspecto en el que los hospitales públicos
tienen una gran importancia– y la decisión de la pareja,
que se tomará en base a esta información; ambos ejes
forman parte de la política del Consejo Nacional de la Mujer
sobre este tema. Antes de pensar en modificar la legislación
vigente, es necesario abrir un debate adulto sobre el tema, basado
en la realidad de nuestro país, que habla de quinientos mil
abortos clandestinos; de un sistema judicial en el que no existen
fallos sobre aborto. La realidad es que el código actual
no se cumple; la realidad también es que en el caso de la
salud reproductiva, muchas veces la que inclina la balanza es la
línea de la pobreza: las personas con recursos pueden decidir
cuándo y cómo, las personas pobres no, porque desde
el hospital público no se hace todo lo que se debería
–y se podría– hacer”.
* Titular
del Consejo Nacional de la Mujer.
“Conocer
los derechos”
Diana Maffía
*: “El gran tema a resolver, hoy en día, es que, aún
cuando existe una Ley de Salud Reproductiva, muchos médicos
no la cumplen: hay profesionales que se resisten a proveer anticonceptivos
en forma gratuita, simplemente porque ‘no hay una disposición
del jefe de servicio’. El médico muchas veces teme a
la represalia de sus superiores, o a los cargos por mala praxis,
y no tiene en cuenta que si no brinda asistencia a la mujer que
desea abortar, en los casos previstos por la ley, está incurriendo
en abandono de persona. Por eso es importante que los ciudadanos
sepan que pueden concurrir a la Defensoría para exigir que
sus derechos se cumplan, pero para eso es necesario superar otra
barrera: que la gente conozca sus derechos, y allí es primordial
la función difusora del Estado y del hospital público.
El médico pasa por sobre este derecho a la información,
considera que él sabe mejor que la paciente lo que a la paciente
le conviene; decide por ella. Vulnera la autonomía y el derecho
a elegir de la persona, un valor moral básico, en el que
también se basa el ejercicio de la ciudadanía”.
* Defensora
adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
“Una
visión social”
Clori Yelicic
*: “Creo que en materia de salud reproductiva hay, en la ciudad
de Buenos Aires, una necesidad de mayor difusión de los servicios
que contempla la Ley de Salud Reproductiva. Y por otra parte, algo
que es básico para la concreción de todo plan de salud,
que es salir a la comunidad; trasladarse para llegar a la gente
de menos recursos, que muchas veces llega al hospital cuando ya
es tarde. Es cierto que de parte de los médicos aún
hay cierta resistencia, que se traduce en una poca predisposición
a informar, pero considero que esta postura es minoritaria.De todos
modos, la intervención de equipos multidisciplinarios, que
ayuden al trabajo de difusión, puede reducir aún más
esa resistencia. En cuanto a la normativa vigente sobre el aborto,
aún hay temas pendientes, como lograr una interpretación
adecuada en los casos de violación en los que se solicita
un aborto, de modo tal que no se perjudique aún más
a la víctima. El gran problema sigue siendo que la sociedad
ve al aborto como un problema criminal, y no como un problema social.
Hasta que no brindemos otras opciones que eviten llegar a esa decisión,
estamos obligados a tener una visión social sobre el tema,
y analizar cómo lo podemos abordar”.
* Legisladora
de la Ciudad de Buenos Aires (Frepaso).
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Lo
que ven los profesionales
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OPINION
Por Sandra Russo
Preguntas
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Que los
médicos admitan que el aborto clandestino es el principal
problema de salud pública que afecta a las mujeres no hace
más, en principio, que ponerle resaltador fosforescente a
un dato ya conocido: el aborto clandestino es la principal causa
de muerte en mujeres jóvenes. Cuando hace ya unos cuantos
años el tema del aborto salió del closet, entre la
información que hasta entonces circulaba deshilvanada e inconexa,
llegó la que daba cuenta de que la mayoría de las
camas ginecológicas de los hospitales públicos estaban
ocupadas por mujeres que habían sufrido complicaciones por
abortos mal practicados. El aborto clandestino era indudablemente
un problema de salud pública, pero a casi una década
del blanqueo de esos datos, sigue a la espera en el Senado la ley
de Derechos Reproductivos que, si bien no tiene nada que ver con
despenalizar el aborto, su aplicación permitiría al
menos sacar de abajo de la alfombra ese otro dato incómodo
que los eufemísticos Grupos Pro Vida prefieren ningunear:
que la falta de provisión de anticonceptivos y la falta de
educación sexual encubren miles de muertes por abortos mal
hechos.
En este tema también ha crecido la brecha entre pobres y
ricos. Y que el aborto sea un problema de salud pública implica
entre otras cosas que ese “problema” atañe hoy
más que antes a quienes han quedado a merced de la atención
pública de la salud. Las que mueren o quedan estériles
en clínicas truchas o en sucuchos de mala muerte son las
mujeres pobres. Las que pueden reunir los mil dólares que
cuesta un aborto realizado en buenas condiciones de asepsia deben
cargar con el estigma, la carga ética si la hubiera y su
propia conciencia, porque nadie llega a esa instancia sin sentir
que arrastra sobre sí una desgracia personal. Pero no mueren.
El aborto clandestino es tautológicamente clandestino. Quienes
se someten a él siguen poniéndole el cuerpo a la metáfora
según la cual el que las hace las paga, o más precisamente,
“la que lo hizo lo paga”. ¿Hay algún dogma
o discurso circulando al que le son funcionales esas miles de muertes?
¿No son esas muertes señaladores ejemplares e inconcebiblemente
primitivos para seguir condenando la libertad sexual de las mujeres?
¿No son hoy las mujeres pobres los rehenes de una línea
de pensamiento conservador y cristiano según la cual, para
evitar un embarazo, sólo puede practicarse la abstinencia?
Hablar de salud pública es un avance para que a partir de
ahora estas preguntas se las haga el Estado.
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