Por
Laura Vales
La
noche en que Luis Sarlenga, ex titular de Fabricaciones Militares, se
quebró y arrastró a Emir Yoma a la cárcel con una
declaración judicial, no sólo habló del rol cumplido
por Emir en el tráfico de armas sino también de la ruta
que siguieron las coimas. Navegando entre el odio y la desolación,
Sarlenga indicó a los investigadores judiciales que una parte de
los sobornos por la venta del material bélico había que
buscarla en el Banco General de Negocios. Se refería al banco de
los hermanos Rohm, José y Carlos. En la década que acaba
de terminar, José fue un habitué de los cumpleaños
Carlos Menem y su banco el preferido del menemismo tras la caída
de Raúl Moneta. En la que empieza, apuesta a hacer buenos negocios
de la mano de David Mulford, el banquero predilecto de Domingo Cavallo.
El tema de las armas es el tercer y más nuevo frente judicial que
enfrenta el Banco de los Rohm, que está siendo investigado también
en relación a otros dos grandes casos de corrupción, el
de IBM-Banco Nación y el de las inversiones de Gaith Pharaon en
el país. En las tres pesquisas, los investigadores siguen con atención
el papel de la entidad en operaciones financieras sospechadas de lavado
de dinero.
Directorio de lujo. Desde afuera, la sede del BGN, en Esmeralda 120, no
dice demasiado. El banco se atisba mejor en el listado de su directorio:
en él revista entre otros el ex ministro de la dictadura José
Alfredo Martínez de Hoz. Durante su gestión en Economía,
el Banco Central le dio a la firma (creada en 1959) la autorización
para operar como banco comercial. Adalbert Krieger Vasena, ministro del
gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, también se sienta
en el directorio.
El ex subsecretario del Tesoro norteamericano Mulford ocupa un lugar como
director suplente, en representación del Credit Suisse First Boston.
Además de viejo amigo de Cavallo, Mulford tiene experiencia acumulada
en hacer negocios en del país. En los años noventa manejó
la colocación de títulos de la deuda externa y fue el cerebro
de la primera gran operación de megacanje que se conoció
como plan Brady. En el 93 se ocupó de la colocación
de acciones de empresas privatizadas, como YPF, Segba y la petroquímica
General Mosconi.
El BGN es un banco mayorista, es decir, no tiene como clientela al gran
público sino que atiende negocios con grandes inversores, con el
Gobierno o con otros bancos. Tal vez haya sido por eso que personajes
protagónicos de los casos investigados lo eligieron para sus operaciones
financieras.
De México sin escales. En 1998, el Departamento de Justicia norteamericano
dio a conocer los resultados de una investigación encubierta que
llamó Casablanca. Agentes de la aduana se habían
infiltrado en el cartel mexicano de Juárez haciéndose pasar
por lavadores de dinero. Siguiendo órdenes de los jerarcas del
narcotráfico mexicano, los agentes depositaron fondos que terminaron
en la Argentina y con los que el cartel compró estancias y edificios.
Los investigadores tomaron nota, además, de un dato que vinculó
directamente al BGN con los hombres del Cartel de Juárez.
La historia necesita introducción. Para ingresar el dinero con
el que se concretarían sus inversiones, los mexicanos habían
abierto una cuenta en la financiera local Mercado Abierto, uno de cuyos
dueños, Aldo Ducler, había sido asesor económico
de Palito Ortega durante la campaña presidencial del 99.
Como titular de la cuenta en la que se depositaron casi doce millones
de dólares provenientes del narcotráfico figuró un
argentino: Nicolás Di Tulio. Un empresario inmobiliario amigo
de Ducler- cuya función fue conseguir los campos para los mexicanos.
Cuando la justicia norteamericana congeló las cuentas de Mercado
Abierto y el holding se anotició de que estaba siendo investigado
por lavado de narcodólares, los argentinos aceptaron cooperar
con la investigación. El 25 de junio del 99, un agente norteamericano
habló durante cinco horas con Di Tulio. El empresario alegó
que todo el dinero que le mandaban desde EE.UU. no era suyo sino del mexicano
Jorge Iñíguez, el hombre del cartel que controlaba las inversiones
en la Argentina. El agente le preguntó paraqué abrir una
cuenta si el dinero no era suyo. Di Tulio dijo que él mismo había
recomendado hacerlo porque conocía a Mercado Abierto y prefería
trabajar con gente de confianza. El agente le preguntó entonces
cómo no tenía un banco Jorge Iñíguez. Di Tulio
contestó que Iñíguez sí tenía un banco,
el Banco General de Negocios.
Primera fase: En el caso IBM, el banco de los Rohm quedó bajo sospecha
por haber transferido al exterior parte de los sobornos pagados por la
informatización del Banco Nación.
La operación refleja lo que los especialista llaman la primer etapa
en el lavado de dinero, la de colocación. En este primer escalón
del proceso, el objetivo del lavador es depositar los fondos en el sistema
financiero de manera inadvertida o transportando los billetes físicamente
a otros países para colocarlos en bancos extranjeros.
IBM depositó en el BGN más de 10 millones de dólares
que después fueron transferidos desde esa cuenta al exterior, al
pago de cheques a personas fallecidas, a un profesor de gimnasia, a la
moza de una pizzería y a otras que jamás fueron a cobrar
el dinero. De los diez millones, uno terminó en una cuenta en el
Federal Bank (la offshore atribuida a Raúl Moneta) en el Citibank
de Nueva York. Los investigadores creen que el BGN operaba con el Federal
Bank en forma directa. Se espera que el nombre del titular de la cuenta
del millón de dólares, que fuentes políticas atribuyen
al colaborador de Claudia Bello, Gastón Figueroa Alcorta, esté
en la documentación enviada por el Senado de Estados Unidos.
Por el caso estuvo procesado por encubrimiento el menor de los Rohm, Carlos,
pero la Cámara de Apelaciones finalmente lo sobreseyó. Su
hermano José había pasado por una experiencia similar: fue
imputado en el caso IBM-DGI también por encubrimiento y el juez
Carlos Liporaci le dictó la falta de mérito.
Gaith Pharaon: la jueza federal Servini de Cubría ha puesto la
mirada en la casa de los hermanos Rohm en la causa por lavado de
dinero del narcotráfico en la que investiga el origen de
los fondos utilizados para la construcción del Hotel Hyatt.
En su expediente hay informes de especialistas de Banco Central e investigadores
de la Policía Federal que advierten que el Banco General de Negocios
podría estar en la línea del Grupo de Gaith
Pharaon. El informe señala que probablemente los contactos entre
el BGN y los hombres de Pharaon se menciona específicamente
a Alberto Calvo, hombre de confianza de Gaith Pharaon y su manager
para los negocios en latinoamérica hayan existido desde
el primer momento en que el grupo desembarcó en el país.
Laith Pharaon, hijo de Gaith, fue interrogado por Servini sobre los banqueros
con los que se había relacionado en el país. Respondió
que con el Banco General de Negocios, al igual que la compañía
Hotel Corporation Argentina, la empresa que regenteó al Hyatt.
Impuestos. Cuando el lunes 9 de abril el juez federal Jorge Urso allanó
el banco de los Rohm en el marco de la investigación por el tráfico
de armas, no hubo declaraciones oficiales. En realidad, los problemas
judiciales no parecen haber obstruido nunca el buen andar de los negocios
del BGN. En el 98, en plena ebullición del caso IBM Banco Nación,
el BGN se quedó con el centenario Banco de Santa Fe, tras un accidentado
proceso que incluyó una violenta represión a los trabajadores
bancarios y la instalación de una carpa de la conciencia. Los Rohm
pagaron 57,2 millones de dólares por el banco y el gobierno provincial
les cobró 16 pesos con 20 centavos de impuestos. Un hombre de confianza
de Alberto Kohan, Javier Bolzico, había conducido la privatización.
Meses más tarde, Mulford desembarcaba en Santa Fe para seguir la
marcha de los negocios. Con el banquero norteamericano como socio internacional
e integrante de su directorio, el BGN tiene ahora la vista puesta en el
megacanje de la deuda externa, un negocio que promete ganancias por cien
millones dólares.
OPINION
Discapacitados
invisibles
Por Carlos Ferreres *
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Como si
fuéramos invisibles, las personas con discapacidad estamos
sometidas a una condición de aparente inexistencia como sujetos
de pleno derecho. Eso impide la puesta en práctica de la
legislación vigente, cuyo simple cumplimiento resolvería
en gran medida nuestros problemas de integración. Dos ejemplos:
la obligación de destinar el 4 por ciento de los empleos
públicos a personas con discapacidad, o la de eliminar barreras
físicas, psicológicas y culturales en todos los ámbitos.
Ello ha permitido también la sistemática disminución
de las partidas del presupuesto nacional para el financiamiento
de los programas específicos, situación que se agravó
aún más por la reciente desaparición de la
fuente de financiamiento genuino resultante de las modificaciones
a la Ley de Cheques contenidas en la ley, que otorga poderes especiales
al ministro Cavallo. La Ley de Cheques establecía en su artículo
séptimo que los recursos generados por las multas aplicables
por su uso incorrecto tendrían como destino excluyente el
financiamiento de los programas para las personas con discapacidad.
Tanto el menemismo como el Gobierno de la Alianza desvirtuaron una
y otra vez el destino de estos recursos hasta reducirlos a cifras
insignificantes en relación con las necesidades del grave
problema que afecta la calidad de vida de más de tres millones
de ciudadanos y su entorno familiar.
Si Menem benefició a las empresas y/o bancos permitiendo
que no se recaudaran más de 300 millones de pesos por dicho
concepto y condonó deudas, el actual gobierno no sólo
no hizo nada para recuperar lo evadido sino que también disminuyó
brutalmente en un 60 por ciento los ya insuficientes aportes destinados
a desarrollar los programas de discapacidad y redujo a la mitad
el valor de las penalidades a recaudar en el caso de las pymes.
El presupuesto previó 18 millones de pesos para ese fin,
es decir aproximadamente $0,50 por mes para cada persona con discapacidad.
Nada más emblemático que el posterior veto presidencial
que sufrió el eventual incremento de 7 millones de pesos
en caso de que la recaudación lo permitiera con
que se intentó paliar tal disparate presupuestario.
A quienes se les robó más de 300 millones se les negaron
7 millones.
Además, en el marco de la reforma del Estado en marcha, este
contexto discriminatorio se traducirá muy probablemente en
la desjerarquización de la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas Discapacitadas. Ojalá
no pase. De otro modo, significaría que el Estado dejaría
de cumplir con el compromiso asumido ante la comunidad internacional
de programar y ejecutar en el más alto nivel políticas
públicas de promoción social de las personas con discapacidad.
* Director
del Departamento de Discapacidad, Central de Trabajadores Argentinos.
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