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NEGOCIOS Y SOSPECHAS SOBRE UN BANCO BAJO INVESTIGACION
Banco de amigos, para amigos, por amigos

En el Banco General de Negocios confluyen sospechas sobre lavado de dinero de los casos más resonantes: el de armas, el de Gaith Pharaon y el de IBM- Banco Nación. Entre sus directivos están Martínez de Hoz, Krieger Vasena y el amiguísimo de Cavallo, el banquero del megacanje David Mulford.

Por Laura Vales

La noche en que Luis Sarlenga, ex titular de Fabricaciones Militares, se quebró y arrastró a Emir Yoma a la cárcel con una declaración judicial, no sólo habló del rol cumplido por Emir en el tráfico de armas sino también de la ruta que siguieron las coimas. Navegando entre el odio y la desolación, Sarlenga indicó a los investigadores judiciales que una parte de los sobornos por la venta del material bélico había que buscarla en el Banco General de Negocios. Se refería al banco de los hermanos Rohm, José y Carlos. En la década que acaba de terminar, José fue un habitué de los cumpleaños Carlos Menem y su banco el preferido del menemismo tras la caída de Raúl Moneta. En la que empieza, apuesta a hacer buenos negocios de la mano de David Mulford, el banquero predilecto de Domingo Cavallo.
El tema de las armas es el tercer y más nuevo frente judicial que enfrenta el Banco de los Rohm, que está siendo investigado también en relación a otros dos grandes casos de corrupción, el de IBM-Banco Nación y el de las inversiones de Gaith Pharaon en el país. En las tres pesquisas, los investigadores siguen con atención el papel de la entidad en operaciones financieras sospechadas de lavado de dinero.
Directorio de lujo. Desde afuera, la sede del BGN, en Esmeralda 120, no dice demasiado. El banco se atisba mejor en el listado de su directorio: en él revista entre otros el ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. Durante su gestión en Economía, el Banco Central le dio a la firma (creada en 1959) la autorización para operar como banco comercial. Adalbert Krieger Vasena, ministro del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, también se sienta en el directorio.
El ex subsecretario del Tesoro norteamericano Mulford ocupa un lugar como director suplente, en representación del Credit Suisse First Boston. Además de viejo amigo de Cavallo, Mulford tiene experiencia acumulada en hacer negocios en del país. En los años noventa manejó la colocación de títulos de la deuda externa y fue el cerebro de la primera gran operación de megacanje que se conoció como plan Brady. En el ‘93 se ocupó de la colocación de acciones de empresas privatizadas, como YPF, Segba y la petroquímica General Mosconi.
El BGN es un banco mayorista, es decir, no tiene como clientela al gran público sino que atiende negocios con grandes inversores, con el Gobierno o con otros bancos. Tal vez haya sido por eso que personajes protagónicos de los casos investigados lo eligieron para sus operaciones financieras.
De México sin escales. En 1998, el Departamento de Justicia norteamericano dio a conocer los resultados de una investigación encubierta que llamó “Casablanca”. Agentes de la aduana se habían infiltrado en el cartel mexicano de Juárez haciéndose pasar por lavadores de dinero. Siguiendo órdenes de los jerarcas del narcotráfico mexicano, los agentes depositaron fondos que terminaron en la Argentina y con los que el cartel compró estancias y edificios. Los investigadores tomaron nota, además, de un dato que vinculó directamente al BGN con los hombres del Cartel de Juárez.
La historia necesita introducción. Para ingresar el dinero con el que se concretarían sus inversiones, los mexicanos habían abierto una cuenta en la financiera local Mercado Abierto, uno de cuyos dueños, Aldo Ducler, había sido asesor económico de Palito Ortega durante la campaña presidencial del ‘99. Como titular de la cuenta en la que se depositaron casi doce millones de dólares provenientes del narcotráfico figuró un argentino: Nicolás Di Tulio. Un empresario inmobiliario –amigo de Ducler- cuya función fue conseguir los campos para los mexicanos.
Cuando la justicia norteamericana congeló las cuentas de Mercado Abierto y el holding se anotició de que estaba siendo investigado por lavado de narcodólares, los argentinos aceptaron “cooperar” con la investigación. El 25 de junio del ‘99, un agente norteamericano habló durante cinco horas con Di Tulio. El empresario alegó que todo el dinero que le mandaban desde EE.UU. no era suyo sino del mexicano Jorge Iñíguez, el hombre del cartel que controlaba las inversiones en la Argentina. El agente le preguntó paraqué abrir una cuenta si el dinero no era suyo. Di Tulio dijo que él mismo había recomendado hacerlo porque “conocía a Mercado Abierto y prefería trabajar con gente de confianza”. El agente le preguntó entonces cómo no tenía un banco Jorge Iñíguez. Di Tulio contestó que Iñíguez sí tenía un banco, el Banco General de Negocios.
Primera fase: En el caso IBM, el banco de los Rohm quedó bajo sospecha por haber transferido al exterior parte de los sobornos pagados por la informatización del Banco Nación.
La operación refleja lo que los especialista llaman la primer etapa en el lavado de dinero, la de colocación. En este primer escalón del proceso, el objetivo del lavador es depositar los fondos en el sistema financiero de manera inadvertida o transportando los billetes físicamente a otros países para colocarlos en bancos extranjeros.
IBM depositó en el BGN más de 10 millones de dólares que después fueron transferidos desde esa cuenta al exterior, al pago de cheques a personas fallecidas, a un profesor de gimnasia, a la moza de una pizzería y a otras que jamás fueron a cobrar el dinero. De los diez millones, uno terminó en una cuenta en el Federal Bank (la offshore atribuida a Raúl Moneta) en el Citibank de Nueva York. Los investigadores creen que el BGN operaba con el Federal Bank en forma directa. Se espera que el nombre del titular de la cuenta del millón de dólares, que fuentes políticas atribuyen al colaborador de Claudia Bello, Gastón Figueroa Alcorta, esté en la documentación enviada por el Senado de Estados Unidos.
Por el caso estuvo procesado por encubrimiento el menor de los Rohm, Carlos, pero la Cámara de Apelaciones finalmente lo sobreseyó. Su hermano José había pasado por una experiencia similar: fue imputado en el caso IBM-DGI también por encubrimiento y el juez Carlos Liporaci le dictó la falta de mérito.
Gaith Pharaon: la jueza federal Servini de Cubría ha puesto la mirada en la casa de los hermanos Rohm en la causa por “lavado de dinero del narcotráfico” en la que investiga el origen de los fondos utilizados para la construcción del Hotel Hyatt.
En su expediente hay informes de especialistas de Banco Central e investigadores de la Policía Federal que advierten que el Banco General de Negocios “podría estar en la línea” del Grupo de Gaith Pharaon. El informe señala que probablemente los contactos entre el BGN y los hombres de Pharaon –se menciona específicamente a Alberto Calvo, “hombre de confianza de Gaith Pharaon y su manager para los negocios en latinoamérica”– hayan existido desde el primer momento en que el grupo desembarcó en el país.
Laith Pharaon, hijo de Gaith, fue interrogado por Servini sobre los banqueros con los que se había relacionado en el país. Respondió que “con el Banco General de Negocios, al igual que la compañía Hotel Corporation Argentina”, la empresa que regenteó al Hyatt.
Impuestos. Cuando el lunes 9 de abril el juez federal Jorge Urso allanó el banco de los Rohm en el marco de la investigación por el tráfico de armas, no hubo declaraciones oficiales. En realidad, los problemas judiciales no parecen haber obstruido nunca el buen andar de los negocios del BGN. En el 98, en plena ebullición del caso IBM Banco Nación, el BGN se quedó con el centenario Banco de Santa Fe, tras un accidentado proceso que incluyó una violenta represión a los trabajadores bancarios y la instalación de una carpa de la conciencia. Los Rohm pagaron 57,2 millones de dólares por el banco y el gobierno provincial les cobró 16 pesos con 20 centavos de impuestos. Un hombre de confianza de Alberto Kohan, Javier Bolzico, había conducido la privatización. Meses más tarde, Mulford desembarcaba en Santa Fe para seguir la marcha de los negocios. Con el banquero norteamericano como socio internacional e integrante de su directorio, el BGN tiene ahora la vista puesta en el megacanje de la deuda externa, un negocio que promete ganancias por cien millones dólares.

OPINION

Discapacitados invisibles

Por Carlos Ferreres *

Como si fuéramos invisibles, las personas con discapacidad estamos sometidas a una condición de aparente inexistencia como sujetos de pleno derecho. Eso impide la puesta en práctica de la legislación vigente, cuyo simple cumplimiento resolvería en gran medida nuestros problemas de integración. Dos ejemplos: la obligación de destinar el 4 por ciento de los empleos públicos a personas con discapacidad, o la de eliminar barreras físicas, psicológicas y culturales en todos los ámbitos.
Ello ha permitido también la sistemática disminución de las partidas del presupuesto nacional para el financiamiento de los programas específicos, situación que se agravó aún más por la reciente desaparición de la fuente de financiamiento genuino resultante de las modificaciones a la Ley de Cheques contenidas en la ley, que otorga poderes especiales al ministro Cavallo. La Ley de Cheques establecía en su artículo séptimo que los recursos generados por las multas aplicables por su uso incorrecto tendrían como destino excluyente el financiamiento de los programas para las personas con discapacidad. Tanto el menemismo como el Gobierno de la Alianza desvirtuaron una y otra vez el destino de estos recursos hasta reducirlos a cifras insignificantes en relación con las necesidades del grave problema que afecta la calidad de vida de más de tres millones de ciudadanos y su entorno familiar.
Si Menem benefició a las empresas y/o bancos permitiendo que no se recaudaran más de 300 millones de pesos por dicho concepto y condonó deudas, el actual gobierno no sólo no hizo nada para recuperar lo evadido sino que también disminuyó brutalmente en un 60 por ciento los ya insuficientes aportes destinados a desarrollar los programas de discapacidad y redujo a la mitad el valor de las penalidades a recaudar en el caso de las pymes.
El presupuesto previó 18 millones de pesos para ese fin, es decir aproximadamente $0,50 por mes para cada persona con discapacidad.
Nada más emblemático que el posterior veto presidencial que sufrió el eventual incremento de 7 millones de pesos –en caso de que la recaudación lo permitiera– con que se intentó paliar tal disparate presupuestario.
A quienes se les robó más de 300 millones se les negaron 7 millones.
Además, en el marco de la reforma del Estado en marcha, este contexto discriminatorio se traducirá muy probablemente en la desjerarquización de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas. Ojalá no pase. De otro modo, significaría que el Estado dejaría de cumplir con el compromiso asumido ante la comunidad internacional de programar y ejecutar en el más alto nivel políticas públicas de promoción social de las personas con discapacidad.

* Director del Departamento de Discapacidad, Central de Trabajadores Argentinos.

 

 

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