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 La Oficina Anticorrupción (OA) se anota en la carrera investigativa de los escándalos de soborno trasnacional. Hoy le pedirá al juez federal Gabriel Cavallo que procese por defraudación al ex director de la DGI Ricardo Cossio, que integró el equipo económico de Domingo Cavallo, al ex subsecretario de la Presidencia Juan Carlos Cattáneo y a los ex directivos de la IBM Argentina Ricardo Martorana y Gustavo Soriani. Es por el affaire de coimas en el que está involucrada parte de la gestión menemista del organismo recaudador y la compañía informática. Es un caso que supera por lejos �en cuanto a las cifras de pagos de favores� al de IBM-Banco Nación. Podría ser el mayor fraude al Estado conocido.
En la causa judicial �que está a cargo de Cavallo desde que renunció el ex juez Carlos Liporaci acusado por posible enriquecimiento ilícito� se investigan irregularidades en dos contratos informáticos que la DGI firmó con la Unidad Transitoria de Empresas (UTE) IBM-Banelco. Hace más de dos años, una pericia aseguró que la DGI había pagado un sobreprecio de alrededor de 190 millones de dólares al contratar un servicio informático integral. El propio ente recaudador había previsto que la inversión no debía superar los 33 millones. Sin embargo, después de pedir ofertas a cinco empresas, el contrato fue adjudicado a IBM-Banelco con un costo de 425 millones de dólares. Un segundo convenio fue sellado por un costo de 90 millones. Algunos investigadores estimaron que se habían pagado entre 50 y 70 millones en coimas.
La presentación que hará hoy el titular de la OA, José Massoni, a la que tuvo acceso este diario, da por hecho que la controvertida contratación perjudicó a la arcas del Estado �tanto a través de la fijación de un precio no razonable como de la contratación de proveedores que sobrefacturaron su actividad produciendo un desvío de fondos del proyecto o directamente no concretaron la prestación debida utilizando para ello contabilidad apócrifa�. Además de los procesamientos de Cossio, Cattáneo, Martorana y Soriani, el fiscal de control administrativo pedirá que se resuelva la situación de los cerca de cuarenta imputados. Requerirá también ser querellante en la causa, es decir, tener potestad para impulsar el expediente y colaborar con la pesquisa.
La decisión de la contratación tercerizada, en 1994, de un servicio para informatizar los sistemas llamados Sitrib (Sistema Informativo Tributario) y Sijyp (Sistema Informativo de Jubilaciones y Pensiones), fue impulsada en parte por el entonces también ministro Domingo Cavallo, según declaró tiempo atrás el propio Cossio. Al dar explicaciones ante la Justicia, defendió los contratos informáticos y negó haber recibido sobornos.
Una de las principales sospechas, que parece abonar la OA, es que los sobreprecios sirvieron para ocultar coimas a funcionarios. La empresa
Consad, de los hermanos Marcelo y Juan Carlos Cattáneo, que fue subcontratada por IBM podría ser a entender de quienes han seguido el caso de cerca, la vehiculizadora de parte de las coimas. El circuito que hizo el dinero pagado por la DGI �que pasó por varias cuentas� es una de las pistas principales. En el caso de Consad, por ejemplo, parte de los millones que se le pagaron como subcontratista llegaron a la Compañía General de Negocios, en Uruguay, la misma entidad en la que confluyen sospechas sobre lavado de dinero en la causa de las armas, en IBM-Banco Nación, y ahora también en los negocios del ex banquero Raúl Moneta.
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