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 Gladis Caldelaris carga con el dolor de la muerte de su hija desde el 30 de agosto de 1999, el día en que un avión de la empresa LAPA se estrelló contra un campo de golf frente al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, y causó la muerte de 65 personas. Ese mismo dolor la ha llevado, junto con los familiares de otras víctimas, a realizar cientos de protestas, a causa de la lentitud con que avanza la investigación sobre el accidente. Ese mismo dolor la enfrenta ahora con una situación insólita: por decisión del fiscal Juan Sanmartino, Gladis será llevada a juicio por �daños� contra un local de LAPA, delito que el funcionario le imputó tras investigar algunos incidentes que se produjeron durante uno de los actos de protesta.
Lo curioso es que Caldelaris es la única imputada de las 50 personas que el 30 de noviembre del año pasado se congregaron frente a la sucursal de la aerolínea, ubicada en la avenida Colón al 500 de la ciudad de Córdoba. En esa oportunidad, el gerente del local, Carlos Costamagna, denunció a los manifestantes por dañar el frente del edificio con pintura y huevos. Pero según indicó Claudio Orosz, abogado de la mujer, �no existe ninguna prueba que pueda acreditar que Gladis haya cometido los hechos que se le imputan�. La acusación del fiscal se basa en el testimonio de un empleado de la firma, que declaró que �conocía a Gladis porque después de la tragedia había pasado tres meses atendiendo a los familiares de las víctimas�.
El letrado se mostró sorprendido por la �rapidez� con que Sanmartino decidió la elevación a juicio, tras haber tomado declaración a Caldelaris el miércoles pasado. �Le hemos hecho saber al fiscal nuestra consideración respecto a esta tendencia novedosa de judicializar la protesta social, que se resuelve con justicia, y no con gente encarcelada o en juicio. Ese es un mal camino para la democracia�, señaló. Sanmartino es el mismo fiscal que ordenó, el viernes pasado, la detención de 219 trabajadores del gremio de Luz y Fuerza que protestaban contra la privatización de EPEC, la empresa provincial que distribuye la energía eléctrica.
Orosz presentó ante el fiscal un recurso de oposición, frente al cual el funcionario cuenta con 48 horas para responder. En caso de mantenerse en su posición, el recurso pasará al juez de control Enrique Mazzotta, quien deberá decidir si se revé la medida o si, efectivamente, Caldelaris es llevada a juicio. El letrado indicó a Página/12 que �los demás familiares no lo pueden creer; quieren presentarse espontáneamente, pero por el momento el fiscal no los ha citado ni siquiera en calidad de testigos�. �Están realmente indignados: al lado del vía crucis que están viviendo por la lentitud con que avanza la investigación del accidente, la celeridad con que la justicia ha resuelto semejante bagatela les parece una falta de respeto�, concluyó.
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