Por Miguel Bonasso

El síndico general de la Nación, Rafael Bielsa, aconsejará hoy al ministro del Interior, Ramón Mestre, que rescinda el contrato que el gobierno menemista firmó con la empresa alemana Siemens para la fabricación de DNI, el control migratorio y la información referida al proceso electoral. Aunque la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no pueda manifestarlo en esos términos y el consejo de “rescindir” sea edulcorado con frases diplomáticas, Bielsa le hizo saber oficiosamente al propio presidente Fernando de la Rúa que ese convenio es potencialmente más escandaloso que el de IBM-Banco Nación, ya que se está hablando de un negocio cercano a los mil millones de dólares.
Las objeciones del síndico, compartidas en buena medida por el titular del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) Gastón Ortiz Maldonado y el propio ministro del Interior, han provocado las iras de Domingo Cavallo, quien defiende a capa y espada el polémico contrato. El argumento de la continuidad jurídica del Estado y del apoyo de Siemens para futuras inversiones, juega a favor de lobby ministerial, pero sobre todo un dato cronológico derivado de la Ley de Emergencia Económica: si el ministro del Interior no rescinde ni reformula el contrato antes del próximo lunes 21 de mayo, el Estado deberá cumplirlo en los términos del decreto 1342/98 firmado por Menem y Carlos Corach a fines de 1998.
En el decreto se fijaba para cada DNI un precio de 30 pesos. El tema del costo del DNI, que supera con holgura los siete pesos que eyectaron del ministerio del Interior a Julio Mera Figueroa, (quien proponía hacerlo con una firma francesa), es uno de los puntos centrales en el cuestionamiento de la SIGEN.
La Sindicatura ha entrado en una agria polémica con la empresa alemana porque propone conocer “los costos de los servicios involucrados en la presente contratación” asi como “el valor de las inversiones requeridas”.
Siemens, acusada en su momento por los diputados frepasistas Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero de inflar los servicios a prestar para aumentar el precio, se niega rotundamente a proporcionar esos datos argumentando que la competencia podría utilizarlos para perjudicarla en futuras licitaciones. Los técnicos y juristas de la Sindicatura replican que una simple cláusula de confidencialidad podría obviar el problema. El conocimiento de los costos, en cambio, facilitaría una renegociación en el que la poderosa empresa teutona y el Estado argentino arribaran a un “sacrificio compartido”.
Tanto la SIGEN como el RENAPER han recibido en el último año informaciones similares a las recogidas por este cronista en una serie de notas publicadas por Página/12 entre febrero y abril del año pasado, donde se reveló la historia secreta y poco luminosa de la licitación. En la renegociación emprendida por el ministerio del Interior del presente gobierno se arribó a un costo por DNI de unos 27 pesos. Rebaja de la empresa que algunos consideran mezquina. Voceros oficiosos de la Policía Federal, por ejemplo, revelaron a la SIGEN que el documento de identidad podría fabricarse por un precio que oscilaría entre 10 y 12 pesos. El proveedor sería el mismo que les hace los pasaportes: la famosa Ciccone Calcográfica que en 1994 estuvo en el origen de este negocio y al que después Siemens le sopló la dama, respaldándose en la empresa Boldt que imprime los billetes de la lotería bonaerense.
Más drásticos aún son los funcionarios del Instituto Geográfico Militar que proponen imprimirlos a 2 pesos por DNI. Cada vez que se plantean estas alternativas, los voceros de Siemens salen a decir que en este caso, además de imprimir los documentos, hay que organizar un complejo sistema informático para asegurar la fiabilidad de las identidades, el control migratorio las fronteras y la confección de padrones electorales intachables. Hombres de la Gendarmería Nacional, argumentan por su parte que la institución podría informatizar íntegramente las fronteras a un costo no superior al módico millón de pesos.Los funcionarios de la SIGEN se preguntan asimismo, porqué nunca se tuvo en cuenta como posible proveedor a la vieja Casa de la Moneda que a pesar de Armando Gostanian y sus inolvidables menemtruchos lleva décadas imprimiendo billetes.
La historia del contrato es tan oscura que no sólo justifica las prevenciones de la SIGEN y el RENAPER, sino que ha llegado al juzgado federal de Claudio Bonadío donde se analizan denuncias sobre graves irregularidades.
El jugoso negocio de los DNI fue diseñado originalmente por el extinto Alfredo Yabrán para llevarlo a cabo conjuntamente con Franco Macri, Ciccone Calcográfica y la firma israelí Malam Systems. OCA, la empresa que Yabrán no reconocía como propia, se ocuparía de llevar los DNI a domicilio. Cuando el asesinato de José Luis Cabezas colocó al Cartero en la mira de los medios y la sociedad, el empresario decidió replegarse y dejar a su socio Macri al frente de las acciones. Se formó una UTE (Unión Transitoria de Empresas) coordinada por Itron, la empresa informática del Grupo Macri que actuó como integradora de todas las otras) TRW Systems Overseas, Malam Systems y SLH Systemhouse. Esta UTE debía competir con otras dos, pero especialmente con la que lideraba Siemens. Firma que también tenía amigos influyentes en el gobierno como el abogado Rodolfo Barra, ex ministro de Justicia y actual Auditor General de la Nación, el conocido intermediario Blas Medina, vinculado a la jugosa privatización de ENTel junto a la inefable María Julia Alsogaray o el empresario Carlos Sergi, amigo del entonces CEO de Siemens en Argentina, Luis Rodolfo Schirado.
El equipo debía pesar porque hubo mutaciones trascendentes en favor de la oferta teutona. En febrero de 1998 esas mutaciones fueron denunciadas por el ingeniero Israel Loterzstain, representante de la firma israelí Malam Systems. En una nota de impugnación de la licitación dirigida al entonces ministro del Interior, Carlos Corach, el ingeniero Loterzstain denunciaba serias irregularidades en la adjudicación a Siemens y acusaba al entonces Director de Migraciones, Hugo Franco y al entonces director del RENAPER Eduardo D’Amico, de haber producido un “brusco cambio” en el expediente para favorecer a los alemanes.
Corach desestimó la impugnación de Lotersztain porque no era cabeza de la UTE. Para esa altura, Malam y Ciccone habían perdido al socio principal, Macri, que no cuestionó la adjudicación. Según diversas fuentes porque le había vendido Itron a Siemens por un precio que era seis veces mayor al real. La indemnización para sacarlo de la protesta debió ser efectivamente cuantiosa, porque Siemens relevó a Schirado como CEO de la Argentina. A Schirado no le va mal, sin embargo: se dedica ahora a la actividad agropecuaria.
Con el tiempo los impugnadores se llamaron a silencio. Tal vez porque llegaron a un acuerdo compensatorio con sus rivales de Munich.
Cuando asumió el actual gobierno se encontró con el pesado paquete y no supo cortar el nudo gordiano. A pesar de los incumplimientos de la empresa en el terreno informático e incluso en la habilitación de los edificios, los funcionarios del ministerio del Interior se inclinaron por la renegociación antes que por la ruptura. Temían que los menemistas los acusaran de imitar al doctor Arturo Illia que anuló los contratos petroleros firmados por Arturo Frondizi. También les preocupaba el inevitable juicio de la Siemens que reclamaría unos 150 millones de dólares gastados. (Lo cual puede ser cierto aunque algunos piensen que no todos fueron para inversiones, sino apenas la mitad). El presidente de la Rúa por su parte quería asegurar la famosa “continuidad jurídica del Estado” de cara a los ansiados inversores, sin evaluar suficientemente las consecuencias onerosas de un nuevo IBM-Banco Nación.
Durante la gestión de Federico Storani la empresa no ofreció concesiones sustanciales en precio y calidad de los servicios y el entonces ministro, aconsejado por la SIGEN, se rehusó a estampar su firma.Ahora la Sindicatura aumenta la apuesta y le señala al sucesor, Mestre, que aún pagando los 150 millones de indemnización, el Estado podría ahorrarse otros quinientos millones de dólares que levantarían una espesa sospecha.
El sucesor de Storani se ha mostrado receptivo a los reparos del Síndico y eso le ha valido un duro enfrentamiento con Cavallo. Ahora, en las próximas horas, como en las películas de suspenso, deberá apurar una decisión que no debe resultarle nada fácil.

FEDERICO STORANI, EX MINISTRO DEL INTERIOR, HABLA DEL CONTRATO
“Tenía muchos vicios de origen”

Por Luis Bruschtein

“La advertencia de la Sigen sobre algunos puntos controvertidos del contrato reafirmaron las dudas que tenía y por eso demoré la firma”, señaló a Página/12 Federico Storani, quien como primer ministro del Interior del presidente Fernando de la Rúa heredó la negociación con la empresa Siemens por el Documento Nacional de Identidad (DNI) que en esta semana debe definir el gobierno nacional.
–¿En qué estado de ejecución estaban los contratos cuando ustedes se hicieron cargo del Gobierno?
–Esta historia venía de mucho tiempo y tal como la heredamos nosotros resultaba inaceptable. Tenía muchos vicios de origen. El problema es que se trataba de un contrato en ejecución, ni siquiera en principio de ejecución. La empresa ya había hecho inversiones comprobables y a cambio de ellas el Estado argentino había asumido contraprestaciones que además estaban en mora, no se habían cumplido.
–¿Ustedes podrían haber anulado esos contratos?
–La situación estaba planteada de tal manera que era imposible hacer lo que hubiéramos querido, que era anular el contrato y abrir una nueva licitación, porque corríamos el riesgo de afrontar un juicio con muchas posibilidades de perderlo. La única alternativa que nos quedaba era iniciar una renegociación. Así que iniciamos este proceso y, como se trataba de un tema muy delicado con tantos vicios de origen, traté de que intervinieran todos los interesados. De todos modos, el protagonismo mayor lo tuvimos nosotros, desde el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Economía. Por Economía estuvo Mario Vicens, que realizó un trabajo verdaderamente bueno. Fue un proceso de renegociación que duró varios meses.
–¿Consiguieron cambiar algunos de los puntos en discusión?
–Creo que habíamos logrado un avance muy importante en el plano económico. Logramos modificar el precio de los documentos, que bajó siete u ocho pesos. Además logramos una cláusula que obligaba a la empresa a entregar una gran cantidad de documentos gratuitos por año. Esto es muy importante porque el documento es obligatorio y mucha gente no tiene recursos para pagarlo. Todas estas cosas bajaban mucho los costos totales en la ecuación económica global del contrato.
–¿Cuál era su evaluación personal de los resultados de esa negociación?
–Quedaron algunos puntos flojos, vulnerables, en el contrato. En especial, el más importante era que la empresa nunca abrió la estructura de costos, a pesar de que insistimos en esa cuestión. Francamente creo que no quería hacerlo porque en la estructura de costos había muchos intermediarios. Pero el argumento de la empresa también era de peso. Decían que ellos habían ganado la licitación con un precio, donde no se había pedido la estructura de costos. Y planteaban por lo tanto que era ilegal que se cambiaran los términos de una licitación que ya se había ejecutado. A su vez la empresa decía que en el precio también había que tomar en cuenta la informatización de todos los puestos de frontera, como lo establecía el contrato. No se pagaba especialmente por ese punto pero, de hecho, los costos se incluían en el de los documentos.
–Pero finalmente se demoró la firma...
–Como sabía que el tema era tan delicado, presentamos ante la SIGEN los nuevos términos que habíamos negociado. A decir verdad, la SIGEN tenía una posición dividida en este asunto. Por un lado decía que habíamos logrado una muy buena renegociación de muchos términos, sobre todo en el plano económico. Pero al mismo tiempo advertía que en el contrato quedaban varios puntos frágiles. Y resultaba muy difícil cerrar las cosas sin tener un dictamen absolutamente claro de la SIGEN y, como no lo tenía, fui demorando la firma a pesar de que ya estaba la aprobación de De la Rúa.
–¿Sabe cómo siguió este proceso desde que usted se fue del Ministerio?
–Sé que últimamente hubo planteos de Cavallo a Mestre para que apure la definición del ministerio. Creo que a Mestre el contrato le produce las mismas dudas que a mí, pero el argumento de Cavallo es que por la imagen comercial del país en el exterior, no se puede sentar un precedente de este tipo con una empresa extranjera.

HISTORIA DE UN NEGOCIO COLOSAL
Una guerra entre alemanes y yanquis

Por Raúl Kollmann

El fabuloso negocio de los DNI está provocando una durísima guerra entre alemanes y norteamericanos. Estos propician la rescisión del contrato con Siemens y que se vuelva todo a fojas uno, es decir que se haga una nueva licitación, en la que, por supuesto, competirían las empresas estadounidenses. Es más, juran y rejuran que el DNI no saldrá más de 13 pesos, o sea, menos de la mitad que en el contrato con Siemens. Los alemanes, por su parte, amenazan con rayos y centellas –el reclamo de una indemnización de 150 millones de pesos, dicen que Siemens se iría del país, otros inversores harían lo propio y que se iniciaría una guerra económica contra la Argentina– en caso de que no se firme el contrato con la empresa alemana.
El tema ya motivó una intervención del primer ministro Gerhard Schroeder, pero se dice que el jefe de gobierno alemán volvería a reclamar a favor de Siemens. Por su parte, las empresas norteamericanas también sugieren que Estados Unidos lanzaría represalias –por ejemplo, los argentinos supuestamente perderían la ventaja de ingresar a ese país sin visa– y se mencionó un pedido de entrevista del embajador James Walsh con el presidente Fernando de la Rúa. Anoche, una alta fuente de la embajada norteamericana –consultada por Página/12– desmintió cualquier gestión de Walsh por la cuestión de los DNI.
Como es de imaginar, la pelea entre empresas norteamericanas y alemanas sólo tiene como trasfondo la guerra económica: todos se quieren quedar con el negocio más fabuloso que tiene todavía para ofrecer el estado argentino. En el bando norteamericano, obviamente sostienen que el acuerdo con Siemens es un negociado que se tramó en la última etapa del menemismo y que, del total, hay unos 600 millones de pesos que van a pagar los ciudadanos argentinos no tienen ninguna justificación.
De entrada, los del Norte presionaron a los actuales funcionarios de Interior incluso con argumentos más políticos. Esto es lo que dice uno de los principales asesores de las empresas norteamericanas:
Es público que Alemania tiene un pacto de no-agresión con las organizaciones fundamentalistas islámicas y con los gobiernos de Irán y Siria. Por lo tanto, no son una garantía de seguridad ni se les pueden confiar todos los datos de los ciudadanos argentinos.
El único país que verdaderamente combate al terrorismo es Estados Unidos.
Existe una asociación técnica entre norteamericanos e israelíes, que podrían participar en una nueva licitación. Los israelíes también son una garantía contra el terrorismo..
Por supuesto que los alemanes consideran todo ese enfoque como una cortina de humo, poco creíble, destinada a ensuciar la cancha. “Nadie puede creer que hoy en día Alemania no sea una garantía contra el terrorismo y que no tiene tecnología de seguridad”, argumentan.
Este es justamente otro de los puntos en que los norteamericanos insisten: la tecnología de los DNI no es alemana sino que Siemens la adopta de una compañía adquirida en Estados Unidos. “Los alemanes no tienen capacidad para cumplir con el contrato y los primeros 5000 documentos que emitieron tuvieron fallas groseras. Por eso estamos ante un evidente problema de seguridad”, dicen los del Norte.
De este razonamiento derivan las amenazas más o menos veladas:
Si los DNI no son seguros, pasan a ser inseguros también los pasaportes. Esto ya se vio –dicen los norteamericanos– con la banda descubierta la semana pasada que traía a ecuatorianos, peruanos, cubanos y colombianos desde sus respectivos países y les hacían pasaportes argentinos a partir de DNI falso. El sistema era sencillo: tomaban un documento robado a cualquier persona, le cambiaban la foto, con ese DNI sacaban el pasaporte, y con ese pasaporte ingresaban a Estados Unidos utilizando la prerrogativa de que los argentinos no necesitan visa.
El problema no es sólo de inmigración ilegal, sino también de drogas. Hacer un pasaporte falso a partir de un DNI inseguro mejora las posibilidades de enviar mulas –individuos que ingresan pequeñas cantidades de drogas, principalmente heroína– desde la Argentina a Estados Unidos.
En esas condiciones y de persistir el actual estado de cosas, los norteamericanos darían marcha atrás en la ventaja argentina de entrar a Estados Unidos sin visa.
El argumento no parece del todo sólido. Por de pronto, el ingreso al país del norte sin visa es una prerrogativa surgida de una ley norteamericana, que obviamente deberá ser anulada por otra ley. Esto ya habla de un movida a largo plazo. Pero además, se ha tomado una nueva medida de seguridad: confrontar la huella digital de quien solicita el pasaporte con la huella digital que consta en el legajo del Registro Nacional de las Personas, de manera que no sirve un DNI con la foto cambiada. Igualmente, los norteamericanos insisten en que no hay pasaporte seguro sin DNI seguro.
Por su parte, también los alemanes amenazan. Si no se concreta el contrato –dicen–, Siemens se iría del país y esto –siempre según su versión– significaría que se va de la Argentina “uno de los veinte empleadores más grandes del país”. En realidad, Siemens dio muchísimo trabajo durante el período de privatización de las telecomunicaciones, cuando fueron muy grandes las inversiones para renovar todos los equipos. Ahora, las inversiones en telecomunicación han bajado significativamente, aunque, como es obvio, sigue siendo un empleador de relativa importancia. Por otra parte, nadie abandona negocios rentables y es seguro que Siemens no lo hará.
En suma, la guerra germano-norteamericana parece haber llegado a su punto máximo. Todos juegan y jugarán sus fichas en los cinco días que quedan hasta el 21, fecha en la que deberá resolverse el caso de los DNI. Aunque se esgriman argumentos de todo tipo, lo cierto es que se trata de empresas peleando por un negocio enorme. A priori, parece que ya consiguieron una victoria los que pergeñaron este contrato oscuro y se fueron del Gobierno quedándose con suculentas comisiones. En el otro extremo, aparece como probable víctima una familia-tipo, por ejemplo, de un barrio del Gran Buenos Aires, que para hacerse obligatoriamente los documentos del padre, la madre y dos hijos tendrá que pagar más 100 pesos. Una suma imposible, que producirá millones de indocumentados.

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