Por Felipe Yapur

La comisión investigadora sobre lavado de dinero concretó su primera reunión. Los diez legisladores que la integran definieron sus autoridades y comenzaron a delinear las líneas de trabajo. Entre las diversas medidas que el cuerpo investigador evaluó ayer está la convocatoria a los banqueros menemistas Raúl Moneta y Aldo Ducler, propietarios de las dos entidades financieras sospechadas de participar en actividades de lavado de divisas. Pero además, solicitarán hoy al Senado de los Estados Unidos la documentación faltante sobre las operaciones de blanqueo de dinero que habría realizado la entidad de Ducler, Mercado Abierto.
La propuesta sobre la convocatoria de Moneta y Ducler sorprendió a la mayoría de los legisladores no porque nadie la haya pensado, sino por quien la propuso: el menemista Daniel Scioli. Es bueno recordar que la semana pasada, cuando Diputados aprobó la creación de la comisión, la menemista Ana María Mosso propuso sin éxito la publicación en Internet del material que remitió el Senado norteamericano. Ayer, Scioli no sólo mocionó la convocatoria de los banqueros sospechados sino que también adhirió a la decisión de mantener en el más estricto secreto las identidades de los titulares de la cuentas bancarias que figuran en los documentos estadounidenses. Y que ayer también se acordó codificar el nombre de las personas que aparecen en esas listas para evitar posibles filtraciones.
La segunda sorpresa del encuentro también provino de la representación justicialista. Ocurrió cuando Carlos Soria, hablando en representación de su bloque, pidió la vicepresidencia de la comisión para el PJ. “No fue lo que se acordó”, repitieron casi a coro Scioli y la santacruceña Cristina Kirchner. La discusión entre los justicialistas fue saldada cuando Carrió, presidenta de la comisión, propuso la designación de un vicepresidente segundo que recaería en alguno de los representantes peronistas. En principio, la definición quedó entre Kirchner y Scioli, pero Soria pretende que la decisión la tome el bloque. En definitiva, la falta de acuerdo de los justicialistas es una clara muestra de las divisiones internas que tiene la oposición.
La intentona de Soria, miembro del sub-bloque que responde a Carlos Ruckauf y Eduardo Duhalde, no le cayó bien a Carrió. La radical rebelde planteó a sus allegados –según trascendió– que de haber prosperado esa idea ella no iba a ser la presidenta del cuerpo investigador: “Con Gustavo (Gutiérrez) investigamos desde un principio todo, hasta nos amenazaron y ahora el PJ se cree con derecho a definir quién conduce la comisión”, la escucharon quejarse a la legisladora.
Superada las discusiones, la primera medida acordada fue el requerimiento al subcomité del Senado norteamericano de toda la información correspondiente a Mercado Abierto, el banco de Aldo Ducler, el ex asesor de Ramón Ortega durante su gobernación en Tucumán y también durante la campaña presidencial. Una solicitud similar realizarán a la Justicia, a la que planean pedirle todas las causas que estén relacionadas con el lavado de dinero.
Pero por ahora, las cajas con la documentación de los Estados Unidos no llegarán al Congreso. Los legisladores no quedaron conforme con las oficinas que les adjudicó el presidente de la Cámara baja, Rafael Pascual. Ayer, los diez integrantes del cuerpo tuvieron más de un problema para acomodarse alrededor de una mesa oval de la pequeña oficina ubicada en Riobamba 71, en un edificio anexo al Congreso. “El lugar no es cómodo y tampoco hay seguridad”, se quejaron.
Con toda la información, la comisión planea investigar y desentrañar el circuito que siguió el dinero sucio para luego legitimarse. Por tal motivo, planean solicitar la colaboración del Banco Central, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores, la Aduana y la Anses. Las aliancistas Margarita Stolbizer (UCR) y Graciela Ocaña (Frepaso) y el cavallista Franco Cavigilia serán los secretarios de la comisión. En tanto el frepasista José Vitar y el radical Horacio Pernasetti serán vocales.

TRES INTENDENTES Y 36 CONCEJALES
Acusados de malversar

Tres ex intendentes y 35 concejales de San Martín (16 de ellos en actividad) fueron acusados por el fiscal de San Martín de malversación de fondos, en la causa en la que se investiga si Victorio Gualtieri (el empresario al que llaman “el Yabrán de Duhalde”) infló en 20 millones de pesos una deuda con el municipio. El pedido de procesamiento abre las puertas a un escándalo institucional, ya que 16 de los 35 concejales imputados de esa comuna bonaerense están actualmente en actividad. Si el juez hace lugar a la solicitud del fiscal, el Concejo Deliberante quedará con dos tercios de sus integrantes procesados. Ocho de los ediles en apuros son del PJ, seis del Frepaso y dos radicales.
La deuda corresponde a trabajos de pavimentación que la empresa de Gualtieri realizó durante la gestión de Antonio Libonatti (PJ), uno de los ex intendentes que ahora deben dar explicaciones a la Justicia. Los otros son sus sucesores Pablo Landolfi, sobrino de Libonatti, y María Pacheco. La fiscalía consideró que los 38 funcionarios omitieron aplicar una ley de consolidación de deudas que había puesto un tope a los intereses que los acreedores pueden exigir. El olvido aumentó la deuda con Gualtieri en 20 millones de dólares. Se produjo en uno de los municipios con más problemas económicos del país; según el nuevo intendente Ricardo Ivoskus, en San Martín le dejaron cuentas impagas por 100 millones de pesos.

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