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Por Cledis Candelaresi
 El Ministerio de Trabajo intentará
esta mañana que Aerolíneas Argentinas y los gremios que
nuclean a los técnicos de vuelo y azafatas firmen un acuerdo que
de fin al conflicto desatado por casi 500 despidos. El éxito de
esta gestión es imprescindible para que Patricia Bullrich redondee
otra propuesta más amplia, que involucra a los siete sindicatos
aeronáuticos y cuyo postulado central es que los trabajadores admitan
una reducción salarial a cambio de una estabilidad laboral mínima
de dos años. Tanto para Trabajo como para algunas organizaciones
sindicales, el riesgo de despidos masivos se está diluyendo en
la práctica, en la medida que numerosos trabajadores de la compañía
se siguen acogiendo al plan de retiros voluntarios.
Según esta óptica, Aerolíneas Argentinas no necesitaría
ningún recorte drástico para lograr su cometido final de
reducir la grilla en más de 1300 empleados. Oficiosamente, la cartera
laboral y los pilotos, calculan que “varios centenares” ya se
habrían retirado de la empresa aceptando sus indemnizaciones. Entre
ellos, más de 100 técnicos despedidos el 1º de mayo.
Desde una perspectiva optimista, el viceministro Amadeo Riva da por supuesto
que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, accionista mayoritario
de Aerolíneas, proveerá el financiamiento necesario no sólo
para cubrir los sueldos impagos de abril y las cuotas de indemnizaciones
pendientes sino el resto del déficit operativo mensual.
Sobre estas presunciones, Trabajo elaboró las dos propuestas concatenadas
a las que intentará darle curso hoy:
 Que Aeronavegantes (AAA), Técnicos
(APTA) y la empresa sometan a arbitraje los puntos de conflicto que derivaron
en una medida de fuerza. APTA es el gremio más renuente a aceptar
el plan director de la compañía que, entre otras cosas,
supone modificar las convenciones colectivas, flexibilizando las condiciones
de empleo. Pero es, a su vez, el gremio al que pertenece la mayor parte
de los despedidos de este mes. Aeronavegantes, sindicato que conduce Alicia
Castro, reclama que la empresa dé continuidad a más de cincuenta
contratos que se niega a renovar, tal como hizo en otras ocasiones durante
los últimos cuatro años.
Si Aerolíneas y estos dos gremios admitieran someter sus cuestiones
al arbitraje de un tercero a designar, entonces Trabajo avanzaría
con su segunda propuesta, más amplia. Caso contrario, los trabajadores
y la empresa quedarían librados a decidir su accionar y Bullrich
debería rediseñar su estrategia. Hoy se vence la conciliación
obligatoria que obligó a reincorporar los trabajadores de APTA
despedidos y a suspender las medidas de fuerza instrumentadas por el gremio.
El gobierno no extenderá la conciliación.
Junto a Anselmo Riva, Bullrich
trabajó en un acta acuerdo que debe ser suscripta por los siete
gremios del sector y que ya tiene el aval de cinco (pilotos y administrativos,
entre ellos). Según este borrador, los trabajadores se avienen
a negociar en un plazo no superior a 45 días una “adecuación
de las condiciones laborales”. Esto supone desde reducción
lisa y llana de salarios a un recorte compensado con la entrega de acciones.
A cambio, la empresa debería admitir “estabilidad legal”
por un mínimo de dos años, mientras dure la instrumentación
del plan director. Su ejecución sería fiscalizada por una
comisión tripartita, a integrar por funcionarios, representantes
de la empresa y de los gremios.
“Hicimos todos los esfuerzos posibles”, aseguró Riva,
para quien es imposible prever qué ocurrirá si alguno de
los gremios o la propia empresa se negaran a rubricar los documentos.
“Ya no es un problema nuestro”. Será entonces cuestión
de Economía, Infraestructura, o la propia Presidencia de la Nación
decidir si realiza gestiones ante el gobierno español o abandona
a su incierto destino a la compañía de bandera.
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Ventanillas cerradas
Algunos de los trabajadores que ayer fueron a cobrar su cuota
del retiro voluntario, al que se acogieron en los últimos
meses, se toparon con una amarga sorpresa: tendrán que esperar
hasta el 22 de este mes, al igual que el resto de los trabajadores
que tienen sueldos impagos. Este atraso es el que unificó
la protesta de los gremios con intereses disímiles. Los administrativos
están entre los más proclives a admitir una reducción
salarial con capitalización y consideran que la consigna
de flexibilizar condiciones laborales no los involucra, ya que ellos
las flexibilizaron antes de que existiera el Plan Director. Algo
semejante ocurre con los pilotos, para quienes el mayor desvelo
es cómo pretende la empresa instrumentar los recortes salariales
sobre sus sueldos variables, que suben o bajan según las
horas de vuelos asignadas.
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MEDIDA
CAUTELAR CONTRA EL AUMENTO DEL IVA
El juez le tiró un cable a la TV paga
El juez Martín
Silva Garretón ordenó ayer suspender la aplicación
del aumento de la tasa del IVA, del 13 al 21 por ciento, que se aplica
sobre el servicio de TV por cable. La medida, de carácter cautelar,
fue resuelta a solicitud de la Asociación de Consumidores y Usuarios
de la Argentina (Adecua), que planteó la inconstitucionalidad del
incremento de tasas resuelto por el Ministerio de Economía en uso
de las facultades extraordinarias (superpoderes) delegadas por el Congreso.
El magistrado consideró que, por lo menos, cabía otorgar
“verosimilitud” a la denuncia de Adecua, en cuanto a que el
aumento de la tasa a una actividad ya gravada excede las facultades otorgadas
al Ejecutivo por la ley 25.414. La misma autorizó al gobierno a
“crear o eliminar exenciones (...), disminuir tributos y tasas de
orden nacional...”, pero no aumentar dichas tasas. Sin embargo, el
Decreto 493/01 elimina el artículo que fijó una tasa especial
del 13 por ciento, a partir del 1º de enero de este año, a
los ingresos de las operadoras de TV por cable y a los provenientes de
la producción, realización y distribución de programas,
películas o grabaciones de cualquier tipo, con lo cual estas actividades
pasaron a tributar la tasa general del 21 por ciento.
El juez consideró que esta determinación como “una
vulneración del principio de legalidad tributaria de raigambre
constitucional”, un cuestionamiento que va en el mismo sentido de
la demanda de Adecua. Por otra parte, Silva Garretón juzgó
que “la demora” en adoptar una resolución, como ocurriría
si se esperara la definición sobre la inconstitucionalidad de la
medida del Ejecutivo, “podría tornar la ejecución de
la sentencia en ineficaz o imposible” de cumplir. En función
de estos dos criterios, resolvió “hacer lugar a la medida
cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender los efectos del artículo
1º, inciso 1, del Decreto 493/2001 hasta tanto recaiga pronunciamiento
definitivo en esta causa”.
Una alta fuente del Palacio de Hacienda indicó que la resolución
judicial sólo “servirá” para demorar la aplicación
del IVA pleno a la TV por cable. “Siendo estrictos, podríamos
crear la exención para las actividades que pagaban 13 por ciento,
y luego eliminar la exención, con lo cual pasarían a tributar
el 21 por ciento; quisimos ahorrarnos un paso”, sugirió el
funcionario. Quizás sea el camino que elija ahora Economía,
aunque la solución no vaya a resultar muy simpática.
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