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 Fernando de la Rúa, aquel
gobernante que se opuso con tenacidad al funcionamiento del casino flotante
en el puerto de Buenos Aires, cuando era jefe de Gobierno, autorizó
ahora, vía decreto, la instalación masiva de máquinas
electrónicas de apuestas, del tipo tragamonedas, en toda la ciudad.
El decreto generó el rechazo del gobierno porteño, que iniciará
acciones legales contra la norma, y de legisladores de todos los bloques:consideran
que el decreto vulnera la autonomía que, en materia de regulación
de juegos de azar, tiene la ciudad de Buenos Aires, donde además
las máquinas tragamonedas están prohibidas por ley. Junto
al Presidente, firman el decreto el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo,
y el ministro de Salud, Héctor Lombardo, en su último día
como titular interino de Desarrollo Social, antes de la asunción
de Juan Pablo Cafiero.
El decreto fue firmado el 27 de abril último y publicado en el
Boletín Oficial en 3 de mayo. Sin embargo, el tema pasó
inadvertido hasta ayer, cuando el diario BAE dio cuenta del interés
de cuatro empresas en el negocio de las tragamonedas.
El decreto 494/2001 autoriza a Lotería Nacional a la “implementación
de juegos de resolución inmediata por medio de máquinas
electrónicas”, las que podrían ser instaladas en la
red de agencias oficiales de la empresa estatal, en los bingos porteños
y hasta en el Hipódromo de Palermo. La norma no hace referencia
a lugar geográfico alguno, pero está claro que el único
territorio donde Lotería Nacional tiene jurisdicción es
la ciudad de Buenos Aires: en las provincias sólo puede operar
por convenios con los gobiernos locales.
De acuerdo con la Constitución local, el control y la regulación
de los juegos de azar es una atribución del Estado porteño.
En el uso de esa facultad, la Legislatura sancionó en diciembre
del año pasado la ley 538, que establece límites a la actividad.
En estas dos normas se basará el gobierno porteño para rechazar
el decreto presidencial.
“Vamos a instruir a la Procuración para que inicie acciones
judiciales y extrajudiciales, a fin de resguardar la autonomía
de la ciudad”, dijo a Página/12 el jefe de Gabinete porteño,
Raúl Fernández. Por su parte, el procurador general de la
ciudad, Juan Carlos López, adelantó que formulará
un pedido de nulidad del decreto de De la Rúa, ante la justicia
Contencioso Administrativa federal.
El tema generará revuelo también en la Legislatura, en la
sesión del jueves. El diputado Enrique Rodríguez, de Encuentro
por la Ciudad, sostuvo que el decreto firmado por De la Rúa es
inconstitucional, y adelantó que realizará un planteo judicial
“si es necesario, ante la Corte Suprema de la Nación”.
“Además, es verdaderamente vergonzoso: la adicción
hacia el juego se plantea principalmente en las máquinas tragamonedas”,
dijo el legislador, y recordó el fenómeno que se da en los
bingos del Gran Buenos Aires, donde los apostadores son principalmente
menores y personas de bajos recursos.
Lo cierto es que a menos de dos semanas de publicado el decreto, ya aparecieron
los interesados: la empresa Boldt, que explota 1500 máquinas en
el Casino del Tigre y tiene otras 2500 más en distintos puntos
de la provincia de Buenos Aires; la española Cirsa, que controla
las 500 máquinas que operan en el Casino flotante del puerto de
Buenos Aires; Recreativo Franco, proveedora de los bingos privados en
territorio bonaerense, y la norteamericana IGT.
Según trascendió, el decreto apuntaría a instalar
4000 máquinas de apuestas electrónicas en distintos puntos.
El gerente general de Lotería, Juan Carlos Demarco, explicó
a Página/12 que la propuesta apunta a competir con “las nuevas
máquinas que se están instalando en las agencias de loterías
provinciales en la Capital”. “Se trata de reemplazar con nuevas
tecnologías modalidades como la raspadita”, agregó
el funcionario, quien prefirió no opinar sobre las diferencias
generadas entre la Nación y el gobierno porteño.
El decreto firmado por De la Rúa establece que el 90 por ciento
de la recaudación debe ser destinado a premios, sobre el resto,
un 20 por ciento irá al Ministerio de Desarrollo Social; un 10
por ciento para Lotería; un 25 para el agenciero, y el 45 por ciento
restante para el operador del sistema.
CONDENARON
A UN COMISARIO EN ACTIVIDAD
A los golpes contra un preso
Un comisario de la Policía
Bonaerense fue condenado a dos años de prisión en suspenso
por golpear a un detenido con un palo de escoba, en la época en
que era titular de la comisaría de Los Polvorines. Aunque la condena
quedará en suspenso –el cargo de “severidades ilegales”
está considerado un delito menor–, Oscar Fernández
será removido de su actual puesto –titular de la comisaría
3ª de Quilmes– porque el tribunal también lo condenó
a cuatro años de inhabilitación especial para ejercer funciones
de seguridad, tanto en el ámbito público como privado.
En abril del año pasado, varios hombres que se encontraban detenidos
en la comisaría de Los Polvorines –entre ellos, José
Luis Canteros, de 48 años– iniciaron una protesta por las
condiciones en que se encontraban los calabozos de la delegación.
Concretamente, pedían que las celdas fueran más aireadas.
En medio de la revuelta, el comisario Oscar Fernández y algunos
de sus subordinados entraron a los calabozos y sacaron a los presos para
llevarlos a la cocina.
“Varios detenidos que declararon en la causa contaron que Fernández
llevó a Canteros de los pelos hasta la cocina”, contó
a Página/12 Hernán Suazo, vocero de las fiscalías
de San Martín. Según los testigos, el policía le
pegó un puñetazo en el ojo a Canteros, y le pegó
en varios lugares del cuerpo con un palo de escoba. “Ninguno de los
presos pudo dar una razón para el ensañamiento de Fernández
con el detenido”, agregó Suazo.
El Tribunal Oral número 4 de San Martín (compuesto por los
jueces Carlos Poledo, Agustín de Estrada y Mónica De Benedetto)
condenó por unanimidad a Fernández a dos años de
prisión en suspenso, por el delito de “severidades ilegales”,
y a cuatro años de inhabilitación especial, lo que le impide
ejercer funciones de seguridad tanto públicas como privadas.
Pero al mismo tiempo, los magistrados rechazaron la figura de “incumplimiento
de deberes de funcionario público”. “Sucede que, entre
las funciones establecidas por la ley para un funcionario policial, no
está contemplada la de carcelero. Esa es una función que
deviene de las circunstancias cotidianas”, explicó Suazo.
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