Por Eduardo Tagliaferro

En la causa por la venta ilegal de armas, los testimonios que comprometen a ex funcionarios de Carlos Menem se siguen acumulando y relacionándose. Ayer el ex jefe del Ejército, general Martín Balza, vio comprometer su situación procesal con la declaración de Domingo Oscar Tissera, ex jefe de la Fábrica Militar de Río Tercero. El testigo afirmó que desde distintas unidades militares se recibió material bélico destinado a los Balcanes, en especial cañones del ejército. La afirmación se anuda a los recientes dichos de Luis Sarlenga acerca de que Balza y los altos mandos de la fuerza sabían que las armas que entregaban era para vender. Claro que, antes, Sarlenga había precisado que “todos sabían que las armas iban para Croacia”.
Tissera, que trabajó cerca de 25 años en la fábrica cordobesa, era uno de los encargados de registrar todos los movimientos de material bélico. Así fue que reconoció frente a los investigadores judiciales que luego de la segunda explosión, en noviembre del ’95, el coronel Edberto González de la Vega estaba muy preocupado por poner en regla la planta y la documentación. Tissera afirmó frente al juez Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli que, no bien González de la Vega llegó a la fábrica militar, lo primero que hizo fue presentarle a un supuesto suboficial del Ejército al que identificó como perteneciente a la inteligencia militar. Este militar, continuó Tissera, le pidió toda la documentación referida a los cañones del Ejército. El empleado de la fábrica militar también dijo que, antes de que se realizaran las pericias judiciales, González de la Vega tapó los cráteres producidos luego de la explosión. En su testimonio, el ex jefe de suministros admitió que en la fábrica de armamento se clonaban cañones Oto Melara destinados a reponer los que el Ejército había entregado para su venta. Estos cañones habían sido comprados a la fábrica italiana en la década del ’60 e incluía la expresa prohibición de revenderlos. Junto a los cañones, los italianos habían vendido algunas piezas adicionales que son las que eran utilizadas para su duplicación.
Balza insistentemente ha repetido que no le falta armamento. Aunque también admite que entregó para su reparación a FM algunas baterías y la fábrica no las devolvió. Y es sabido que luego de la voladura de Río Tercero muchas armas quedaron reducidas a la nada. En este punto, Balza argumenta que él entrego armas porque había un convenio con Fabricaciones Militares. Convenio al que misteriosamente se le agregaron algunos anexos, tipeados a máquina. Agregados que Sarlenga no reconoció en su ultima declaración judicial.
Tissera entró a la fábrica militar en el año ’71 y se fue en diciembre del ’96, luego de que fuera incluido junto a 420 empleados en el denominado Fondo de Reconversión Laboral, un eufemismo que encubría su despido. En diálogo con Página/12, Tissera recuerda las declaraciones que luego de la explosión realizó el ex titular de la fábrica militar, el coronel Jorge Cornejo Torino, que dijo “que no era una fábrica de caramelos sino de explosivos”. El ex empleado no duda en refutarlas diciendo: “Era una fábrica de explosivos que estaba protegida como una de caramelos”.
Se indigna cuando recuerda aquel infernal 3 de noviembre del ’95, toma un papel y en un croquis dibuja cada una de las partes de la fábrica militar y luego de explicar la características de los explosivos y cuál hubiera sido la lógica de la explosión, llega a la misma conclusión que la mayoría de los habitantes de Río Tercero: “Fue provocada”.
Aunque los pobladores de la localidad cordobesa muestran poca capacidad de sorpresa cuando piensan que su ciudad fue bombardeada intencionalmente con el único objetivo de encubrir una maniobra, escucharlo estremece.
“Los polvorines estaban llenos y no había custodia militar como sí sucedía en otras ocasiones”, dice Tissera a este diario. Luego comienza a relatar qué pasaba en la fábrica militar. “En la planta de carga, donde comienza la explosión, los muchachos ven que de los tambores que contenían trotyl sale una llama de fuego. Como la de un soplete”, cuenta. Tissera se explaya sobre las particularidades del trotyl y afirma que reacciona a una temperatura superior a los 3 mil grados. Por eso no duda en decir que los tambores de trotyl sólo podrían haber explotado con un dispositivo accionado intencionadamente.
Las sospechas se asientan en más de un testimonio. Tissera relata que la noche previa a la explosión, policías de Río Tercero habían visto personal militar trabajando en la planta de carga. Precisamente el lugar donde comenzó el estallido. Incluso los policías testimoniaron frente al juez de Río Cuarto Luis Martínez, quien está a punto de elevar la causa a juicio oral y descartó la hipótesis del atentado. El día de la explosión, Cornejo Torino se encontraba en Buenos Aires. Al frente de la planta estaba el hoy coronel Oscar Quiroga, un riojano cuya familia tiene una amistad personal con el ex presidente Carlos Menem. Milagrosamente a la misma hora y en el mismo lugar en el que comenzaron la detonaciones debía ingresar una procesión de la virgen de Schoensttat. Un providencial llamado salvó a las fieles. Al frente de ellas debía haber ido la mujer del coronel riojano.
La fábrica de Río Tercero era la escena del crimen. “Se sabía que los cañones iban a Croacia”, dice Tissera a este diario. “Los cañones Citer no entraban en los containers, por eso debieron ser desarmados”, continúa el ex empleado de FM. Lo cierto es que en la causa que instruye Urso está acreditado que dos operarios de Río Tercero, Santiago Callejas y Luis Lago, viajaron a los Balcanes para rearmar los cañones en el sitio del conflicto. En Montevideo se reunieron con el traficante Diego Palleros y en un vuelo de Iberia partieron hacia Zagreb, previa escala en Madrid. Tissera recuerda ante Página/12 que cerca de diez flamantes cañones Citer 155 mm no fueron embarcados por la premura y en cambio salieron los cañones del Ejército. Luego de la explosión, nada se supo de la suerte corrida por esos cañones. Mucho descuido para armas cuyo valor ronda las cinco millones de dólares cada una.

TRAS EL DINERO Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO
El juez Urso busca más datos

Por Adriana Meyer

El juez federal Jorge Urso envió un centenar de oficios a todo el país para obtener información sobre la ruta del dinero en el caso de la venta de armas a Croacia y Ecuador, y también sobre el presunto enriquecimiento ilícito de los imputados en una causa paralela. El pedido de informes está dirigido a los Registros de la Propiedad de todas las provincias y a los Colegios de Escribanos para tratar de determinar la existencia de poderes a favor de los ex funcionarios involucrados en la investigación.
Los bienes que están bajo la mira son los que tendrían Carlos Menem, algunos de su ex ministros y Emir Yoma. Esto indica que Urso decidió avanzar en el pedido que le formuló el fiscal Carlos Stornelli con respecto a incluir al ex presidente en el expediente paralelo referido al supuesto incremento patrimonial de los acusados en la causa madre. Emir no está siendo investigado allí porque no era funcionario al momento de la concreción de la maniobra, pero sí lo está en cuanto a la ruta del dinero.
En su reciente resolución, la sala II de la Cámara Federal le indicó al magistrado que se ocupe del aspecto económico de la maniobra. Uno de ellos se refiere a la participación que habría tenido el traficante sirio Monzer Al Kassar en la venta de armamento. Los camaristas mencionaron la necesidad de corroborar la afirmación de un testigo que lo sindicó como “eslabón principal de la venta ilegal de armamentos y explosivos argentinos a Croacia”.
Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun ordenaron también “profundizar la pesquisa” en torno a la “vinculación existente entre Daforel y Elthan Trading Co”., empresas sospechadas de haber sido el canal de las comisiones del caso. Muhammad Yalal Nacrach, sobrino de Emir Yoma “era el presidente y único director de la sociedad durante el período” en que se produjeron los envíos de armamento.

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