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Por Irina Hauser
 Víctor Alderete recibió
ayer una buena noticia y una mala noticia juntas. Aunque tendrá
que seguir en la cárcel al menos un tiempo, una mayoría
de los ministros de la Corte Suprema revocó por “arbitrario”
el fallo de la sala I de la Cámara Federal que había confirmado
su procesamiento y prisión preventiva por defraudación.
La decisión del alto tribunal, sin embargo, no fue feliz para Carlos
Menem a pesar de los intentos de sentar un precedente jurídico
que hicieron cuatro ministros de la mayoría automática leal
al menemismo: el fallo no hizo ninguna referencia a la figura de asociación
ilícita, el otro delito por el que está preso el ex titular
del PAMI y por el que el ex presidente está citado a indagatoria
en la causa por la venta ilegal de armas.
La jugada impulsada por los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné
O’Connor, Adolfo Vázquez y Guillermo López para favorecer
a Menem –que será interrogado el 13 de julio por el juez Jorge
Urso bajo riesgo de quedar detenido– no prosperó ni a través
del fallo sobre el caso de Alderete ni, como pretendieron también,
en una resolución sobre la situación del ex juez Hernán
Bernasconi, que está entre rejas por liderar una asociación
ilícita destinada a forzar detenciones de ricos y famosos. En la
causa contra el ex magistrado de Dolores, la Corte rechazó ayer
el recurso extraordinario que había presentado para ser liberado.
Ayer circularon borradores y observaciones durante todo el día
por los despachos de los supremos. A la noche terminó la ronda
de firmas de un fallo que cuestiona duramente la resolución de
la sala I de la Cámara Federal, que integran Luisa Riva Aramayo
y Horacio Vigliani. Estos camaristas, que muchas veces beneficiaron al
menemismo, tuvieron opiniones diferentes sobre el procesamiento de Alderete
por defraudar al Estado en la confección de varios contratos. Riva
Aramayo dijo que el ex interventor de la obra social de los jubilados
no podía seguir preso por un delito excarcelable. Vigliani fundamentó
lo contrario. Martín Irurzun, de la sala II, desempató en
coincidencia con Vigliani.
Seis ministros de la Corte evaluaron que aquella resolución, al
igual que el procesamiento contra Alderete dictado previamente por el
ex juez Adolfo Bagnasco, habían sido arbitrarios y carentes de
pruebas. Así lo entendieron Nazareno, Moliné O’Connor,
Vázquez, López y Antonio Boggiano en base a la propuesta
de Augusto Belluscio. Enrique Petracchi y Gustavo Bossert votaron en disidencia.
Pidieron rechazar el recurso porque fue salteada la Cámara de Casación.
Lo mismo decía Carlos Fayt, hasta que a último momento retiró
su voto al notar que contradecía su propia doctrina.
Al cuestionar los argumentos de la cámara y pedir una nueva resolución,
el voto mayoritario dice: “Que hasta el momento los jueces de la
causa no han tenido por acreditado en autos el perjuicio que habría
sufrido el Estado nacional ni cuáles fueron los aportes que éste
habría realizado en favor del I.N.S.S.J.P (es decir el PAMI), ni
cómo fue su administración”. Párrafos más
adelante objetan la falta de “peritajes contables para determinar
el monto de las defraudaciones imputadas o los precios de los servicios
involucrados en los contratos cuestionados”. La restricción
de la libertad de Alderete, sostienen, “aparece así sustentada
en la exclusiva voluntad de los magistrados intervinientes” y que
eso viola la garantía constitucional de defensa en juicio. Por
eso hablan de “arbitrariedad”.
Contento con la noticia, el abogado de Alderete, el ex camarista León
Arslanian, presentará un pedido de excarcelación en el juzgado
de Rodolfo Canicoba Corral –que subroga al del ex juez Bagnasco–
y apelará el procesamiento por asociación ilícita
ante la Cámara Federal. A su entender, el nuevo fallo por el delito
de defraudación con las consignas de los supremos deberá
salir de la sala II. En cambio, el de la asociación ilícita
deberá quedar a consideración de Riva Aramayo y Vigliani,
que ahora cargan con los cuestionamientos del alto tribunal. Enesa sala
estaban molestos con la Corte. “El fallo es un encarajinamiento de
la causa”, protestó uno de sus miembros.
Arslanian ha planteado que la figura de asociación ilícita
no cabe para funcionarios del gobierno y, para el caso de Alderete, también
ha planteado que su procesamiento por ese delito estaba fuera de la jurisdicción
de Bagnasco porque en el momento que lo dictó el expediente había
sido solicitado por la Corte. Este segundo argumento, que incluso admitían
varios ministros de la Corte, podría ayudarlo.
Al juez Urso en la causa armas, a la cámara o a la propia Corte,
le tocará tarde o temprano decir algo sobre la asociación
ilícita. La suerte de Menem, dependerá de cuándo
y cómo lo digan.
CAVALLO
ESPERA INFORME DEL FBI
Gaviria y el lavado
El juez Gabriel Cavallo aguarda
los resultados de un difícil trabajo de computación solicitado
al FBI (Federal Bureau of Investigation) estadounidense, a partir de un
archivo que le fue secuestrado a María Isabel Santos Caballero
—o María Victoria Henao Vallejos-, viuda del colombiano Pablo
Escobar Gaviria. El informe podría contener pruebas del “lavado
de dinero” proveniente de las drogas.
Allegados a la investigación reconocieron que la Unidad de Investigación
Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, que encabeza el comisario
inspector Jorge Alberto Palacios, secuestró en noviembre de 1999,
al detener a la viuda de Escobar en una vivienda del barrio de Núñez,
un archivo del tipo “ZIP”, de computación. El archivo
había sido utilizado para preservar u ocultar una gran cantidad
de información. El Zip tiene mayor capacidad que los disquetes
ordinarios.
Pero en este caso el “ZIP” presentaba además la dificultad
de que tenía un código secreto muy difícil de encontrar.
Según las fuentes, la viuda de Escobar habría asegurado
que nunca daría a conocer esa clave. La tecnología existente
en la Argentina resultó insuficiente para descubrir el código
bajo el cual se halla encriptada la información buscada.
Por ese motivo el juez Cavallo envió el archivo a las oficinas
técnicas del FBI, ubicadas en Quantico, en el estado norteamericano
de Virginia.
Los expertos norteamericanos avisaron a los agentes argentinos que, después
de dos meses, pudieron hallar el código secreto. El 2l de abril
último la mujer fue dejada en libertad ante un planteo de la fiscalía,
que consideró que no había pruebas.
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