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 El ex intendente de Morón
Juan Carlos Rousselot tiene orden de captura nacional e internacional.
El pedido de detención fue librado por el mismo tribunal que hace
ocho meses lo condenó por malversar fondos, con un fallo benevolente
que le evitó ir a la cárcel. Al parecer, el locutor menemista
tuvo un exceso de confianza en su buena estrella y se fue del país.
Según fuentes policiales, Rousselot se habría subido a un
avión rumbo a Estados Unidos, violando la prohibición de
abandonar la Argentina. La información oficial es más escueta
y sólo corrobora la condición de prófugo del ex intendente
de Morón, sin aclarar los motivos.
Una delegación policial fue a buscarlo ayer a su casa y alguien
les informó que el ex intendente va a estar de vuelta “en
unos días”.
Su hijo Juan Carlos confirmó a la agencia de noticias DyN que Rousselot
está en Nueva York. “Salió al aire por una radio donde
trabaja desde esa ciudad”, detalló para no dejar lugar a dudas.
En su paso por la intendencia de Morón Rousselot cosechó
28 causas penales en su contra y cerca de 200 denuncias. Al menos diez
de esas causas están en investigación. Hasta ahora la única
sentencia en su contra es la que le impartió el año pasado
el tribunal oral número 4 de Morón. Los jueces lo encontraron
culpable de los delitos de malversación de fondos y amenazas y
lo condenaron a un año de prisión en suspenso y tres de
inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La fiscalía había pedido una condena mucho más alta,
de siete años de prisión e inhabilitación perpetua.
Por eso el fallo fue apelado y todavía no está firme. De
todas maneras, el tribunal dispuso que Rousselot no podía mudarse
de su distrito y que debe estar “al cuidado del Patronato de Liberados
por tres años”, que debe controlar el cumplimiento de la sentencia.
El abogado del ex intendente, Luis Deleuteris, no sabía anoche
a qué obedece el pedido de captura, pero intentó aquietar
las aguas y dijo estar seguro de que Rousselot “no va a resistirse
a la acción de la Justicia”. Es decir, que la ausencia de
su cliente se debe interpretar como una “escapada” y no como
una fuga. Entre los allegados al ex jefe comunal corría la versión
de que el viaje obedeció a motivos de trabajo. “Si se fue,
no hizo más que ratificar que se cree impune”, disparó
ayer el actual intendente de Morón, el frepasista Martín
Sabatella.
Rousselot fue condenado por haber usado dinero público en obras
que el Concejo Deliberante nunca autorizó. Los trabajos se realizaron
en terrenos de la ex Brigada Aérea de Morón, donde el ex
intendente quería mudar el hospital municipal de prepo, sin la
autorización de la Fuerza Aérea. El traslado nunca se llegó
a concretar, pero las obras inconsultas tuvieron su costo.
Rousselot intentó mantener oculto el proyecto hasta pocos días
antes de ser suspendido, cuando en su intento por evitar la sanción
recurrió a la Suprema Corte de Justicia provincial. El duhaldismo,
que heredó la gestión municipal tras su suspensión,
llevó el caso a la Justicia. Rousselot aprovechó para embanderarse
como un perseguido político y recordó que había sido
uno de los doce apóstoles en la prehistoria del menemismo, allá
por 1988.
En los últimos tiempos no se dejaba ver por Morón. Volvió
a su antigua profesión de locutor, en la trasnoche de Radio Colonia,
haciendo la campaña de River junto a Mauro Viale.
La situación de Rousselot era de por sí delicada. Tenía
una segunda condena de un año de prisión en suspenso por
calumnias e injurias. A mediados del 98 había sido procesado por
enriquecimiento ilícito luego de que Página/12 revelara
que tenía gastos por un promedio de 20 mil pesos mensuales en tarjetas
de crédito. Todavía tiene que dar explicaciones en casi
diez causas en las que se investigan otras denuncias por malversación.
SE
RENEGOCIA CONTRA RELOJ EL CONTRATO DE LOS DNI
La contraoferta de Mestre
Por Raúl
Kollmann
El ministro del Interior, Ramón
Mestre, renegocia a pasos acelerados el escandaloso contrato de los nuevos
DNI. Entre las propuestas que se analizan hay una en la que el documento
costaría 21,50 en lugar de los 27 de la última renegociación,
pero sería sin el envío a domicilio. Además, Siemens
–la empresa que se quedó con la licitación– debería
entregar unos 2.100.000 documentos en forma gratuita para los sectores
más carenciados. Los diálogos sobre el contrato deberán
estar listos mañana, ya que a más tardar el lunes deberá
firmarse el acuerdo definitivo o, como lo recomienda el titular de la
Sindicatura General de la Nación, Rafael Bielsa, rescindirlo definitivamente.
Tal como anticipó ayer Página/12, Bielsa advirtió
al Gobierno que “este contrato es potencialmente más escandaloso
que el de IBM-Banco Nación” y, de hecho, sugirió que
debe rescindirse. El defensor del Pueblo de la Nación, Guillermo
Mondino, también insistió en que “se necesita una solución
de fondo. Vemos un precio abusivo, la imposibilidad de determinar una
estructura de costos y el claro incumplimiento del contrato por parte
del concesionario, la empresa Siemens”.
El ex ministro del Interior Federico Storani reiteró ayer buena
parte de los conceptos contenidos en el reportaje publicado en Página/12.
Explicó que “el contrato firmado por el gobierno de Carlos
Menem tenía muchos vicios de origen, aunque nosotros logramos algunos
avances. Ahora, Ramón Mestre comparte las mismas dudas que tenía
yo. Sé que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, le
hizo planteos a Mestre para que firmara de una vez el contrato, para no
deteriorar la imagen comercial del país en el exterior. Yo quería
anular el contrato, pero corríamos el riesgo de un juicio importante,
con muchas posibilidades de perderlo. Por eso creo que la única
alternativa es la renegociación”.
Todo indica que ese es el camino que está siguiendo Mestre en el
mayor de los silencios. El jefe de la cartera política trabaja
en base a una propuesta que le hizo llegar Gastón Ortiz Maldonado,
titular del Registro Nacional de las Personas (Renaper), y en el que se
menciona el precio de 21,50, sin envío a domicilio. Debe tenerse
en cuenta que todos los argentinos deberán tener el nuevo DNI,
es decir que lo que hay en juego es un negocio de más de mil millones
de pesos, ya que hay que contabilizar también documentos de los
que se sacarán, por ejemplo, duplicados y triplicados por pérdida.
De acuerdo al planteo original, el alto costo del DNI tiene que ver con
sus condiciones de seguridad y también por que el contrato incluye
la informatización de las fronteras. Siempre se especuló
con que esto último insume cantidades muy grandes de recursos,
aunque la Gendarmería ofreció informatizar los pasos fronterizos
a un costo de un millón de pesos. Una estimación que poco
tiene que ver con la escala faraónica de los costos de Siemens.
La empresa Siemens siempre se negó a exhibir un desglose de los
costos, lo que permitiría saber cuánto se está cobrando
por las computadoras y los programas. Lo cierto es que el contrato no
le exige ningún desglose, lo que ya de por sí muestra la
oscuridad de toda la operación. Se dice, que no hay especificación
de costos, justamente porque se han pagado comisiones inmensas a lo largo
de todo el proceso.
Lo concreto es que el negocio DNI se definirá en las próximas
horas. Todo apunta a que, para documentarse, el argentino-promedio deberá
sacar obligatoriamente 27 pesos del bolsillo en estos tiempos de crisis.
Igualmente, si ante el espanto, al ciudadano se le cruza la idea de irse
a otro país, deberá tener en cuenta que eso también
tiene su costo: el pasaporte vale 75 pesos, otro disparate que viene de
la época menemista.
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