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Por Pedro Lipcovich
 El caso de las maestras que,
en Corrientes, fueron echadas de un colegio religioso por haberse divorciado
y vuelto a casar, plantea otra vez la particular condición de gran
parte de la enseñanza que, en la Argentina, es privada pero subvencionada
por el Estado: los sueldos de las maestras cesanteadas eran pagados íntegramente
por la provincia pero “tratándose de una escuela privada,
el Estado no tiene nada que ver con las decisiones de los dueños”,
según la funcionaria responsable; la enseñanza privada correntina
se rige por una legislación de la dictadura militar. El hecho es
que una indignada reacción comunitaria llevó al Arzobispado
de Corrientes a prometer que revocará parcialmente su medida: las
maestras dejarán de trabajar en ese establecimiento pero continuarían
ejerciendo en una escuela privada no confesional.
El 7 de mayo pasado las maestras Juana Ríos, Eva Guidi y Haydée
Aguirre fueron despedidas de la escuela Nuestra Señora de Pompeya,
en la capital correntina, por orden de su director, el sacerdote Jorge
Scaramellini Guerrero. “Adulterio”, fue la inusual causa de
la cesantía. Para Scaramellini, “una persona que está
actuando en contra de lo que enseña la Iglesia Católica
no está dando ejemplo público y no puede ser docente católico”.
En rigor las tres mujeres, divorciadas legalmente, habían vuelto
a casarse pero, como la primera vez lo habían hecho por Iglesia,
el segundo matrimonio era “vivir en adulterio”.
Desde que, el martes, los medios de comunicación locales difundieron
la noticia, una reacción comunitaria se expresó en centenares
de llamadas a las radios: “Son tres personas correctas, excelentes
docentes; nunca nos enteramos de su vida privada, que para nada influía
en la educación de los alumnos”, dijo la madre de un alumno.
“Si ellas hubieran mostrado una conducta indecorosa, tal vez se podría
justificar”, manifestó otra.
Y hablaron las cesanteadas: “Estoy totalmente desesperada, indignada”,
dijo llorando Haydée Aguirre. “En ningún momento he
mentido sobre mi condición matrimonial y nunca se me planteó
ningún problema”, dijo Juana Ríos y agregó que
“no puedo perder el trabajo: tengo dos hijos y, con mi sueldo de
140 pesos mensuales más el de mi esposo, hacíamos 600 por
mes”.
Para colmo, el despido había incluido la violencia de que, como
las maestras seguían concurriendo por no haber sido notificadas,
el cura Scaramellini llamo a la policía para que les impidiera
entrar.
Así las cosas, ayer el Arzobispado de Corrientes, a cargo de Domingo
Castagna, revió la medida. El vicario del Episcopado, sacerdote
Julio Vallejos, explicó a este diario la decisión de “compartir
la carga” con las maestras. Quiere decir que el colegio dejará
sin efecto la cesantía pero no reincorporará a las docentes.
Esta paradoja –que no parece ser de las que le gustaban a Jesús–
se explica porque el sueldo de estas maestras, como el de la mayoría
de los docentes privados de Corrientes, lo abona íntegramente el
Estado provincial: los que quedan cesantes pierden su “plaza”,
su sueldo asignado, y difícilmente sean contratados en otro establecimiento.
La parcial marcha atrás del Arzobispado (que todavía no
se concretó en los hechos) les permitiría trabajar en una
escuela privada no confesional. Vallejos estimó que la actitud
de Scaramellini Guerrero “estuvo bien en cuanto a los principios,
pero él no procedió del mejor modo”, y admitió
que “en estos tiempos hay cierta tolerancia, y maestras en esa misma
condición ejercen en otros colegios católicos de la zona”.
La directora de Enseñanza Privada de la provincia de Corrientes,
Angela Kaliniuk, destacó que “el propietario de la escuela
es el Arzobispado de Corrientes, que comunicó su decisión
de dar de baja a las tres docentes en términos de la ‘justa
causa’ establecida en la Ley provincial 3582, de 1980, ‘por
no responder al ideario de la institución’”. Señaló
que “hemos iniciado un trámite administrativo y mientras tanto
no puedo dar opinión”, pero advirtió que “tratándose
de una escuela privada, el Estado no tiene nada que ver con las decisiones
de los dueños”.
APARECIO
EL AUTO DE LA DOCENTE
Un viaje a Barracas
Un misterio en Mar del Plata
puede comenzar a develarse en Barracas: en ese barrio porteño fue
encontrado, abandonado, el auto de Patricia Riss, la maestra asesinada
de dos puñaladas en Laguna de los Padres. Los investigadores sospechan
que, tras el asesinato, el homicida manejó hasta Capital Federal,
por lo que se lo intentará identificar con los videos de los puestos
de peaje de las rutas. Por el crimen se encuentra prófugo el ex
novio de la docente, el principal sospechoso del hecho.
La docente Patricia Riss, de 51 años, fue encontrada asesinada
de dos puñaladas el viernes pasado, en el denominado monte Oscuro
de la Laguna de los Padres, muy cerca de la ciudad de Mar del Plata y
a 5 kilómetros de la escuela Agraria, donde debía asistir
para dictar clases.
El auto de Riss, un Renault 9 color bordó y patente WPY 574, fue
hallado en la madrugada de ayer sobre la calle Luján, en Barracas.
Personal de la División Homicidios de la policía marplatense
viajó especialmente a Buenos Aires para analizar los rastros y
buscar huellas en su interior. “El asesino llegó a Buenos
Aires manejando el auto. Vamos a chequear los videos de los peajes de
las rutas para ver si su rostro quedó registrado y coincide con
la persona que buscamos”, explicaron fuentes de la investigación.
Alfredo Amad, el ex novio de la maestra y principal sospechoso, se encuentra
prófugo, y desde el miércoles pasado, cuando desapareció
la docente, no volvió a ser visto en los lugares que frecuentaba.
Se comprobó que Amad realizó una llamada telefónica
desde la zona de la Laguna de los Padres, en un horario coincidente con
la desaparición de Riss.
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