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Por Cristian Alarcón
 La mano dura de la Bonaerense
tiene variadas formas. Ahora, siendo vieja ya la fórmula ruckaufista
del “meter bala” a los ladrones, el nuevo jefe de la fuerza,
Amadeo D’Angelo, debutó en su cargo con unas declaraciones
bien polémicas: “rodearemos las villas para evitar que salgan
los delincuentes”, dijo. De hecho, su anuncio, ya tuvo debut el fin
de semana último, según él mismo lo consignó
en una entrevista inaugural. Al ese particular sistema de control D’Angelo
le sumó en sus declaraciones, otra perla que levantó severas
críticas: “muchos jóvenes son sinónimo de delitos”,
sostuvo. Los legisladores provinciales que trabajan en las
áreas de seguridad y minoridad lo repudiaron ayer al unísono.
“Le está diciendo a la sociedad que cada pobre es un delincuente”,
sostuvo Eduardo Sigal. “Es tan primitivo que ni siquiera tiene la
precaución de no dejar aflorar su inconsciente”, lanzó
Graciela Podestá.
D’Angelo lleva apenas ocho días en su cargo como Superintendente
de Coordinación General de la Bonaerense, tal el rango oficial
del virtual capo de la fuerza. El día que asumió el ministro
de Seguridad, Ramón Verón, lo promocionó como un
hombre de “un perfil distinto”, a pesar de que D’Angelo
está identificado con el área dura de la corporación.
E inclusive hizo una especie de autocrítica cuando dijo que la
transformación operativa que pretendería la nueva gestión
“permitirá superar inconvenientes como los que hemos tenido
con procedimientos inadecuados y excesivos”. Ayer el diario El Día
de La Plata publicó una entrevista en la que D’Angelo se despacha
con el método que ya empezó a aplicar. “Este fin de
semana –confesó– saturamos las villas de donde sabemos
que salen los delincuentes; evitamos que salieran delincuentes armados
y los que salieron fueron detenidos”.
“O sea que sitiaron las villas con policías. ¿Esto
es un procedimiento nuevo?”, le preguntaron. “Sí –contestó–
y el objetivo no es el enfrentamiento armado sino evitar el delito”.
Obviamente a favor de la derogación de la ley del dos por uno,
el sucesor de José María Gallina, y de Eduardo Martínez
contó que la policía hizo un “relevamiento en la vía
pública” con el objetivo de que “estos jóvenes
(delincuentes) no lleguen a las zonas donde frecuentemente se comenten
delitos”. Acto seguido D’Angelo dijo que su plan está
basado en que la delincuencia juvenil “es la clave de la inseguridad”.
“Es que es una realidad que muchos jóvenes son sinónimo
de delitos. Hay un sector que evidentemente es víctima de la droga,
por estar en grupo salen en complicidad y atacan”, afirmó.
Alejandra Vallespir, directora de la Consultoría para el Abordaje
de la Problemática Penal, de la UBA, considera que “entre
esto y una requisa no hay diferencia, la idea sigue siendo que son todos
culpables hasta que se demuestre lo contrario, al reves de lo que dice
la Constitución”. La socióloga, que trabaja con menores
que salieron de institutos y que han delinquido, a quienes en el COPAP
se asiste con atención terapéutica, cree que D’Angelo
y su idea “parten del prejuicio de que en ciertos barrios como poco
la población comete asociación ilícita”. “Esto
es un castigo a la pobreza”, asegura. Gustavo Palmieri, coordinador
del Programa de Violencia del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS,
ni siquiera se sorprende de las palabras del nuevo jefe. “Lo importante
que muestra la bonaerense es que profundiza las rutinas que siempre tuvieron.
Lo dicen los registros: meter bala siempre ha sido una metodología.
Con rodear las villas no están proponiendo ninguna salida nueva,
es el único modo que tienen trabajar”.
En el caso de Graciela Podestá, de la Comisión de Seguridad
de la Cámara de Diputados bonaerense, no solo cree que D’Angelo
es “primitivo”, sino que “responde perfectamente a la concepción
ideológica de Ruckauf”. La legisladora señala la paradoja
de que las declaraciones que segregan a los jóvenes sean hechas
por D’Angelo que es miembro de una recientemente formada Comisión
especial de Asistencia a la Minoridad dentro de laestructura de la Policía
Bonaerense. “Lo dice a pesar de todo y también del chamuyo
oficial que habla de mejorar la imagen”, le dijo a Página/12.
Para el senador Eduardo Sigal la idea de sitiar las villas es una concepción
“discriminatoria, racista, antijuvenil, y es el camino del autoritarismo
que viene de la última dictadura”. Sigal, quien apenas asumió
D’Angelo salió a denunciar la su extrema cercanía con
el ex capo de la Maldita Policía, el comisario Mario “Chorizo”
Rodríguez, opinó que se pretende relegar a los pobres bonaerenses
a “guetos”.
El mismo D’Angelo que ayer se despachó con sitiar las villas,
ya se expresó a favor de que la sociedad recupere los espacios
públicos como las plazas de los barrios, recordó ayer Gustavo
Palmieri. “Aplican mecanismos de seguridad externos, como si la villa
como espacio no fuera un espacio a proteger, negando otra vez derechos
a ese sector sumido en la pobreza”, dijo. La política de disuasión
y amedrentamiento a los “presuntos” delincuentes de las zonas
“calientes” del conurbano tendrá desde hoy un nuevo plan
a aplicar, además de la idea del comisario cuyo cuero, dicen, tiene
el rastro de las balas del combate. En un acto en Boulogne se lanza el
operativo de Seguridad Interfuerzas, en el que participarán además
de la bonaerense, la Policía Federal, la Gendarmería y la
Prefectura. Fruto de las conversaciones entre el gobierno de Ruckauf y
el de Fernando De la Rúa, 150 efectivos, que fueron entrenados
“in situ” en las zonas de mayor “conflictividad”,
saldrán a requisar automóviles y transporte público,
comercio y peatones, en busca de armas o drogas. Así, la mano dura
toma variadas formas, según el jefe que la maneje.
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OPINION
Por Diego Rodrigo *
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¿Justicia o venganza?
Ser eficientes en el esclarecimiento y castigo de los delitos que
se cometen en la provincia no sólo justificaría la
inversión que el Estado realiza para sostener el monopolio
de las fuerzas de seguridad, sino que se convertiría en la
mejor arma de prevención contra el delito.
Actualmente, el índice de resolución de causas penales
en nuestra provincia no supera el cuatro por ciento de los delitos
denunciados. Si agregamos que la resignación de los ciudadanos
motiva denunciar sólo el cincuenta por ciento de los hechos
que sufren, tenemos que concluir que el aparato represivo y de juzgamiento
de la provincia insume el quince por ciento del presupuesto bonaerense
(1600 millones de pesos al año) para resolver el dos por
ciento de los casos.
En la provincia de Buenos Aires, sólo dos de cada cien personas
que cometen delitos recibirá el peso de la ley como castigo.
Las otras noventa y ocho nunca serán atrapadas. Ni, por supuesto,
interrogadas, requisadas o detenidas preventivamente.
Ni la rigurosidad en el juzgamiento, ni la dureza en el monto de
la pena, ni las restricciones en la ejecución de la misma,
como plantean el gobernador Carlos Ruckauf y sus ministros, actuarán
como prevención si los delincuentes saben que las posibilidades
de castigo son similares a acertar la lotería.
El Estado cumple con su deber cuando aplica sanciones concretas
a quienes violan el orden social. Pero no cuando proclama normas
muy severas, sabiendo que no cuenta con los medios necesarios para
ejecutarlas efectivamente. En tal sentido, endurecer el régimen
de excarcelaciones sin construir nuevos lugares para alojar a los
detenidos sirve en lo discursivo, pero carece de toda aplicación
práctica.
Discutir cuestiones posteriores a la detención como el monto
de la pena o las condiciones de cumplimiento, en la actualidad constituyen
una abstracción para el noventa y ocho por ciento de los
delincuentes.
El gobernador Ruckauf obtuvo todas las leyes que solicitó
a la Legislatura. El problema es que las mismas no conducían
a brindar eficacia en la prevención y castigo de los delitos,
sino a ensañarse con aquel que por casualidad podría
ser descubierto.
La política del actual gobierno provincial se aleja del concepto
de justicia, para acercarse cada vez más al concepto de venganza.
Y para impartir venganza, se deben eliminar los derechos y las garantías
de los ciudadanos. A la irracionalidad del planteo se le suma la
imposibilidad de realización del mismo, lo que nos lleva
a pensar que el Gobernador y sus funcionarios están más
preocupados en realizar expresiones de alto grado de sensacionalismo
que en dedicarse realmente a resolver el problema.
En lugar de jugar a ver quién pone la pena más dura,
debatamos primero cómo hacemos para prevenir y descubrir
más delincuentes en el marco de la legalidad.
* Senador provincial de la UCR. Vicepresidente 2ª de la
Cámara alta bonaerense. Miembro de la Comisión Bicameral
de Seguridad.
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OPINION
Por María del Carmen Verdú*
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El fallido de un
homenaje
Permanentemente estamos expuestos a las manipulaciones discursivas
que procuran generar consenso y relegitimar las políticas
del sistema. En lo que ese discurso oficial ha entronizado como
tema casi excluyente, la “inseguridad ciudadana”, se advierten
dos líneas, en apariencia distintas, pero que convergen en
la implementación de políticas represivas. Frente
al discurso autoritario de la mano dura se alza otra modalidad discursiva
adornada con ropaje democrático, políticamente correcto,
que ensalza la participación en la gestión de políticas
de seguridad, la cooperación comunidad-policía, y
otras formas de inversión del paradigma represivo. Estos
planteos, que usan la falacia de que es necesario balancear el respeto
a los Derechos Humanos con el clamor por más seguridad, confluyen
en iguales propuestas para endurecer el sistema penal. El resultado
de las “políticas de seguridad” –de mano dura
o de mano dura con discurso pseudo garantista– es el incremento
de muertes civiles y también de policías. En los infinitos
matices que adoptan los discursos oficiales, es común apelar
a homenajes póstumos a policías. No se analiza allí
si muchas de esas muertes no serían evitables con apenas
un poco de profesionalismo y respeto por la vida. Mucho menos se
proponen similares reconocimientos a los trabajadores que caen en
cumplimiento del deber en oficios o profesiones que no contemplan
el riesgo de vida entre las obligaciones asumidas, como los obreros
de la construcción. Ni existe una preocupación equivalente
por castigar a los miembros de las fuerzas de seguridad que, además
de cumplir con sus obligaciones, cometen delitos comunes.
A veces, y pese al esfuerzo en formular el discurso “democrático”,
el subconsciente mete la cola y revela el verdadero trasfondo oculto
por su prolijo autor. Freud decía que nada es insignificante:
sueños, lapsus y olvidos son también hechos psíquicos,
y tienen un sentido, a veces más real que el manifestado.
La Legislatura porteña aprobó, el 10 de abril de 2001,
la declaración 42/01, propuesta por el diputado de la Alianza
Jorge Enríquez, viejo conocido de la CORREPI debido a su
constante prédica represiva no tan disimulada. Se trata de
una solicitud al Poder Ejecutivo para rendir homenaje a los policías
federales muertos o heridos en ejercicio de sus funciones. Avido
por no demorar la votación, Enríquez pidió
que su fundamentación fuera incorporada directamente a la
versión taquigráfica de la sesión. Su texto
puede consultarse en la página www.legislatura.gov.ar. Claro
que en el apuro no advirtió que el título confirma
aquello de que aconfesión de parte, relevo de prueba. Fallida
y queridamente, dice: “Homenaje a policías caídos
en cumplimiento del delito” (sic).
* Abogada, Coordinadora Contra la Represión Policial
e Institucional
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