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Por Victoria Ginzberg
 El 31 de mayo del año
pasado la Cámara Federal de Bahía Blanca dispuso el arresto
del ex suboficial del Ejército Santiago Cruciani. El militar, que
en sus épocas de torturador en el centro clandestino de detención
“La Escuelita” era conocido como “El Tío”,
se había negado a declarar en la causa en que se investiga el destino
de los desaparecidos. Su mujer, Yolanda Pozzi de Cruciani, denunció
al Tribunal, tanto penalmente como ante el Consejo de la Magistratura.
La querella criminal fue desestimada en octubre del 2000, pero el expediente
en el organismo de control de los jueces sigue en pie. Los cuatro camaristas
fueron citados por el Consejo para dar explicaciones por las paradójicas
acusaciones de “privación ilegal de la libertad” y “discriminación”
que hizo la esposa del represor.
Los jueces Augusto Fernández y Angel Argañaraz fueron convocados
por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura
para el 29 de mayo. Para una semana después fueron citados Luis
Alberto Cotter y Ricardo Emilio Planes. La noticia fue recibida con sorpresa
y mucho malestar entre los camaristas bahienses, que creen que no hay
motivo para que el expediente siga abierto. Algunos incluso interpretaron
la decisión de la Comisión de Acusación como “una
injerencia dentro del Poder Judicial”, ya que consideraron que el
Consejo “no es una instancia para revisar los fallos sino para evaluar
la independencia y el buen comportamiento de los magistrados”.
El consejero Fermín Garrote, que por sorteo quedó a cargo
de la denuncia, fue quien propuso que se convoque a los camaristas de
Bahía Blanca. Consultados por este diario, sus asesores aclararon
que los magistrados fueron llamados para pedirles explicaciones y no para
que realicen un descargo, como se hace cuando hay una acusación
firme. También expresaron que la citación “de ninguna
manera debe interpretarse bajo un tinte político”. Dentro
de la Comisión, algunos miembros piensan que la denuncia no tiene
futuro, en cambio otros prefieren esperan a escuchar a los involucrados
antes de manifestar una opinión. Pero los jueces estarían
debatiendo si acudirán a no a la cita.
A fines de mayo del año pasado ,Cotter, Fernández y Argañaraz
viajaron a Mendoza para tomarle declaración a Cruciani y antes
de volver a Bahía Blanca decidieron que el militar debía
ser llevado a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario de Mendoza. La sanción
se realizó por aplicación del Código de Justicia
Militar. El militar se había negado a contestar las preguntas de
los camaristas que investigaban lo ocurrido con los desaparecidos en jurisdicción
del V Cuerpo del Ejército. En ese momento, la abogada Mirta Mántaras
recordó que “Cruciani conocía a todos y cada uno de
los secuestrados, con nombres y apellidos, sus fotos estaban en un álbum
y sus datos íntegros volcados en ‘declaraciones’ que
hacía firmar”. Para las sesiones de torturas en La Escuelita,
“El Tío” aprovechó la “experiencia”
acumulada al lado del general Acdel Vilas durante la represión
en Tucumán.
La mujer de Cruciani expresó en el escrito que su esposo fue víctima
de un “velado y elegante acto de tortura tan repudiable como aquellos
que la Cámara Federal de Bahía Blanca se empeña en
investigar, pero más grave porque es llevado a cabo no en una guerra
revolucionaria, con su lamentable secuela de excesos, sino en un ordenamiento
constitucional”.
El teniente coronel Julián Oscar Corres estuvo detenido un mes,
hasta que la Sala IV de la Cámara de Casación integrada
por Amelia Berraz de Vidal, Ana María Capolupo de Durañona
y Vedia y Gustavo Hornos, ordenó su liberación. El Tribunal
dispuso que los militares que sean llamados a declarar en los Juicios
por la Verdad no sean obligados a comprometerse a decir la verdad, criterio
que siguen las Cámaras Federales de Buenos Aires y La Plata. Pero
Casación paralizó de hecho el juicio bahiense, ya que reclamó
todo el expediente –de más de diez mil hojas– antes de
expedirse sobre el caso de Cruciani y el del teniente coronel en actividad
Corres, que fue denunciado por falso testimonio. La Cámara de Bahía
Blanca noaceptó la competencia de Casación y actualmente
la causa está en la Corte Suprema.
TRAS
LA OPERACION, EL DICTADOR VOLVERA A CAMPO DE MAYO
Massera llegó al Hospital Naval
El dictador Emilio Eduardo Massera
se recuperará de su operación de by-pass en el Hospital
Naval y luego volverá a Campo de Mayo, donde cumple con su arresto
por su responsabilidad en la apropiación de menores durante la
última dictadura militar. Así lo dispuso ayer el juez Rodolfo
Canicoba Corral, quien tiene a su disposición a Massera junto con
su colega María Servini de Cubría.
El sábado pasado, Massera fue sometido a un by–pass con reemplazo
de válvula aórtica en el Instituto Cardiovascular de Buenos
Aires. La dirección de la clínica intentó que no
se supiera nada sobre el inesperado huésped, al que sólo
delataban los policías en la puerta. Pero la noticia trascendió
y el juez Canicoba Corral se molestó con la Gendarmería
porque no había sido consultado para autorizar el traslado. Como
respuesta, la fuerza de seguridad emitió un comunicado en el que
se aseguraba que “los traslados del detenido fueron dispuestos y
coordinados por el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de la Dra. María
Servini de Cubría con conocimiento del Juzgado Nº 7, del Dr.
Adolfo Bagnasco, subrogado por el Dr. Rodolfo Canicoba Corral”.
En medio de la controversia entre el juez y Gendarmería, el defensor
oficial Horacio Michero, representante de Massera, solicitó que
el dictador fuera trasladado a su domicilio. Pero Canicoba Corral se opuso.
El Almirante Cero perdió el beneficio de la prisión domiciliaria
el año pasado, cuando fue descubierto paseando fuera de los límites
de su quinta de El Talar de Pacheco. Finalmente, el juez aceptó
que Massera sea llevado al Hospital Naval hasta que se recupere de la
operación.
El dictador fue arrestado el 24 noviembre de 1998 por la jueza Servini
de Cubría por su responsabilidad en la apropiación del hijo
de la desaparecida Cecilia Viñas. Luego fue también procesado
por el juez Adolfo Bagnasco –ahora reemplazado por Canicoba Corral–
por su participación en el plan sistemático de robo de bebés
durante la última dictadura militar.
En el batallón de Gendarmería de Campo de Mayo, el Almirante
Cero está acompañado por el represor Jorge “El Tigre”
Acosta, preso por la apropiación de menores en la ESMA y Julio
Simón, alias “El Turco Julián” fue arrestado por
el juez Gabriel Cavallo por el secuestro de la menor Claudia Poblete y
sus padres.
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