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Por Claudio Zlotnik
 Lejos de resolver los problemas
económicos, el megacanje que dentro de dos semanas lanzará
el Gobierno aparece como una fuga hacia adelante en medio de la actual
crisis. Uno de los organizadores de la operación confirmó
a Página/12 que la tasa de interés promedio de los nuevos
títulos de deuda rondará el 15 por ciento anual, un costo
altísimo que deja al descubierto la desconfianza de los inversores
en la Argentina. Para aliviar los compromisos de corto plazo, una porción
de los nuevos bonos contará con un período de gracia de
entre tres y cinco años, lapso durante el cual Economía
no deberá pagar intereses. Pese a que en un primer momento Domingo
Cavallo se ilusionó con una megaoperación superior a los
20 mil millones de dólares, el canje llegaría –como
mucho– a los 15 mil millones. Ayer, los títulos públicos
subieron entre 1 y 1,8 por ciento y el riesgo país cayó
16 puntos, a 991.
Para los poseedores de títulos de deuda, el megacanje se presenta
como un negocio fabuloso. De alguna manera, el Estado les asegura una
rentabilidad anual del 15 por ciento para los próximos años.
Así y todo, los inversores se muestran renuentes a aceptar el trueque.
¿Por qué alargar los plazos de las acreencias en un país
poco confiable, que soporta una recesión económica desde
hace tres años?
Esa duda es la que gana adeptos tanto en la city como entre los fondos
de inversiones de Wall Street. Distintas fuentes consultadas por este
diario, participantes de las negociaciones, realizaron el siguiente análisis,
en diálogo con Página/12.
 En total, los bancos poseen
bonos por 15 mil millones de dólares. Pero de ese monto sólo
estarían dispuestos a canjear una cuarta parte. Es decir, 3750
millones. El aporte de las entidades financieras podría ser superior
si se incluyeran las Letras del Tesoro (Letes). En sus carteras, los bancos
poseen 2500 millones en estos títulos, pero lo más probable
es que éstos queden afuera de la operación.
Las AFJP tienen 11 mil millones
de dólares en bonos del Estado. A los que se añaden otros
2800 millones en poder de las compañías de seguros. Todavía
no hay una estimación aproximada respecto del monto que acercarán
al megacanje esos agentes, que en su totalidad retienen títulos
de entre 20 y 30 años de plazo. Si bien el problema de la Argentina
es su deuda de corto plazo, por los bonos de largo Economía paga
capital e intereses cada tres y seis meses. Por eso, se les propondrá
entregar esos títulos a cambio de otros –también de
hasta 30 años de plazo–, pero que gozarán de un período
de gracia de entre tres y cinco años.
Por último, están
los fondos de inversiones del exterior. Se calcula que se reparten bonos
por unos 30 mil millones de dólares, la mayoría también
de largo plazo. Los fondos más importantes son Templeton, Alliance
y JP Morgan Asset Managment. Son los menos convencidos por entrar al megacanje
porque desconfían de la marcha económica. En un principio
se calculaba que aportarían entre 8 mil y 10 mil millones. Ahora,
en cambio, la expectativa cayó a no más de 3 mil millones.
En un último intento por seducir a los inversores, funcionarios
del equipo económico viajarían de nuevo a Europa y a Wall
Street en los próximos días.
A cambio de los títulos que se rescaten, Economía emitirá
cuatro nuevas emisiones, a plazos de entre 6 y 30 años. El prospecto
explicativo del megacanje llegará hoy a la SEC, la entidad que
regula el negocio bursátil en los Estados Unidos. Algunas claves
de la operación son las siguientes.
¿Qué gana Economía
con el megacanje?
–Básicamente, estirar los vencimientos de la deuda de los
próximos cuatro años. En ese lapso, la Argentina debe afrontar
pagos por 65 mil millones de dólares (45 mil millones de bonos
y 20 mil millones de préstamos de organismos multilaterales). De
acuerdo con las últimas estimaciones, el canje servirá para
aliviar pagos por entre 3 mil a 4 mil millones por año, entre 2001
y el 2005.
¿A qué precio
comprará los títulos en circulación?
–A valor de mercado. Esta condición es mejor para el Estado
ya que un bono que en su momento emitió a 100 pesos de valor nominal,
ahora lo rescatará a un precio sensiblemente inferior. El costado
negativo es que se endeudará a tasas de interés mucho más
elevadas que en el pasado (los bonos en circulación rinden un 9
por ciento en promedio).
¿Qué ganan los
inversores?
–Obtendrán activos que les asegurarán un rendimiento
anual del 15 por ciento anual.
¿Arrancará la
economía después de concretada la transacción?
–En todo caso, el megacanje servirá para salir de terapia
intensiva. Si, en efecto, alcanza al menos a 15 mil millones, se aliviará
el peso de la deuda para los próximos años y alejará
el temor a la cesación de pagos. Además, Domingo Cavallo
apuesta a que, tras la operación, el riesgo país se desmorone,
bajen las tasas de interés y el Estado pueda seguir refinanciando
la deuda a costos más baratos.
¿Por qué no se
emiten bonos garantizados por el BID, el Banco Mundial o el Tesoro de
los Estados Unidos?
–Los organismos multilaterales podrían garantizar emisiones
pequeñas pero no una de esta envergadura. Por otra parte, si lo
hicieran sería a cambio de suspender los programas en curso, que
significan ingresos de fondos frescos al Palacio de Hacienda.
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“Revertirá
la confianza”
Para Domingo Cavallo, el megacanje permitirá “revertir
la confianza” de los inversores en la Argentina, al tiempo
que culpó de la actual crisis a Pedro Pou, quien “hizo
que en el exterior tengan desconfianza de los bonos argentinos”.
Durante una disertación organizada por la Universidad Austral,
Cavallo dijo que la recuperación total de la competitividad
de la economía argentina demorará “dos años”,
y mencionó que para lograrlo continuará con su política
de “abaratar los costos de las nuevas inversiones y eliminar
los impuestos distorsivos”.
Luego de resaltar la figura del flamante titular designado del Central,
Roque Maccarone, sobre quien existen dudas de que el Senado apruebe
su pliego (“es el mejor banquero de la Argentina”, señaló),
el ministro se dedicó a repartir dosis de optimismo entre
quienes lo escuchaban. Por un lado, prometió que “se
eliminarán todos los impuestos distorsivos” y que “los
aportes patronales serán computados a cuenta del IVA”.
Según Cavallo, bajo ese esquema “todos deberán
pagar IVA y ganancias”.
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EL
CITIGROUP COMPRO EL GRUPO MEXICANO BANAMEX
Sin tequila ni mariachis
Por Claudio Scaletta
12.500 millones de dólares,
la mitad en efectivo y la mitad en acciones, fueron necesarios para que
el grupo financiero estadounidense Citigroup absorba al grupo mexicano
Banamex-Accival. La estrategia internacional apunta a ganar posiciones
en el segmento del mercado regional. En Argentina el resultado será
otro. El Bansud, la entidad que localmente controla el Banamex, saldría
de cotización. Por la compra del Citi y por esa última especulación,
su acción se disparó ayer casi el 30 por ciento. Desde setiembre,
cuando el Citi local se haga cargo de su inesperada adquisición,
el escenario más probable será el desguace operativo del
Bansud. El Citi sumará las sucursales que le interesen y liquidaría
las restantes.
Desde que tres años atrás el Banamex adquirió el
60 por ciento de las acciones del Bansud, las cuentas entraron en rojo
perpetuo. Durante el 2000 los resultados negativos llegaron a los 150
millones y, de acuerdo a datos del Banco Central, sólo en enero
de este año las perdidas sumaron más de 40 millones. Desde
que son accionistas mayoritarios los mexicanos fueron reemplazando al
management local y hoy restan sólo dos ejecutivos argentinos. Aunque
oficialmente la gente del Bansud atribuye el rojo a la crisis rusa de
agosto del ‘98, analistas del mercado local consideran que las pérdidas
se debieron a graves errores de gerenciamiento. Según estas fuentes,
el Bansud equivocó su estrategia al abandonar el sector de grandes
empresas como principal cliente y pasar al minorista (individuos y pequeñas
y medianas empresas). De esta opción resultó una elevada
morosidad que lo condujo a una situación de nula rentabilidad.
El verdadero efecto de la crisis rusa fue otro: el accionista mayoritario
decidió desde entonces cortar cualquier aporte de fondos frescos.
Los últimos desembolsos del Banamex asumieron la forma de créditos.
En el Citi estaban sorprendidos, pero contentos con la noticia. La nueva
adquisición, de la que se harán cargo a partir de septiembre,
trae la solución para uno de sus retrasos en el mercado: la cantidad
de sucursales. Contra cifras varias veces centenarias de sus competidores,
el Citi, el séptimo banco del mercado local en términos
de depósitos, sólo cuenta con 90 sucursales. El Bansud,
17º en el ranking de depósitos y con apenas poco más
de 1 por ciento de participación en el mercado, cuenta con 72 filiales.
Uno de los principales accionistas del Bansud describió a Página/12
los escenarios posibles tras la fusión. El menos probable es que
el banco se mantenga independiente como una segunda marca con el aporte
de “la mirada fresca y diferente que frente al actual accionista
mayoritario, tiene el Citi sobre el mercado local”. La otra es que
el Bansud sea liquidado sumando sus activos más útiles al
Citi. En ese caso –según indicó a este diario un analista
del mercado– “el problema será para la Asociación
Bancaria”.
A nivel global, la adquisición –consistente con el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)– permitirá
al Citigroup aprovechar el potencial de México, el 90 por ciento
de cuyas exportaciones tienen como destino Estados Unidos. La fusión
permitirá también al Citi consolidar su presencia en el
creciente mercado hispano de su país.
Después de que la operación se concrete, lo que se espera
suceda en el cuarto trimestre, los activos combinados operarán
en México bajo la marca de Banamex, señalaron ambas compañías.
Con 1300 sucursales en todo México, el Banamex es la segunda compañía
de servicios financieros tras el BBVABancomer, que pertenece al grupo
español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
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OPINION
Por Roberto Feletti *
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Reforma del Estado
con la sociedad
Es un lugar común plantear los temas sobre los cuales el
sistema político no se hace cargo. El primero y obviamente
el más denso es el referido al rápido agotamiento
del modelo surgido en la década del 90, incapaz de generar
un ciclo de crecimiento y caída del desempleo desde hace
tres años; el segundo más opaco, en este período,
es el no haber abordado ya desde hace tiempo lo que se ha dado en
llamar las reformas del Estado “de segunda generación”,
por el cual se eleve la calidad de la oferta de los servicios públicos
(educación, salud, programas sociales y regulación
de los mercados concesionados al sector privado).
No es mi intención referirme a las dificultades que se le
plantean a la política respecto de representar las demandas
de una sociedad exhausta en términos de distribución
del ingreso o a un poder económico surgido de la década
del 90 que intenta consolidar su esquema de acumulación de
beneficios, sino a la necesidad de activar una reforma del Estado
con la sociedad, hecho que constituye uno de los núcleos
duros de la política del Frepaso y a la vez de los factores
de la crisis de la Alianza a nivel nacional.
La reforma del Estado inmediata a la hiperinflación se centró
en conceder al sector privado mercados altamente rentables, a cambio
de una modernización, que se revela en el presente como muy
costosa, así ocurrió con el sector público
empresario y con el sistema previsional. Sin embargo, la holgura
fiscal de los primeros años de la década del 90 no
fue aprovechada para encarar reformas en el sector salud, educación
y seguridad social en general que permitieran elevar la calidad
de los servicios que el Estado brinda en esas áreas.
La inviabilidad que presenta hoy para el oficialismo y la oposición
en cualquiera de sus formas para legitimar un modelo que expulsa
cotidianamente gente hacia la miseria se vería atenuada si
se hubiera encarado un conjunto de reformas del Estado dirigidas
a la sociedad (al menos por parte de la coalición posmenemista).
La transferencia desde la nación hacia las provincias del
gasto social sólo sirvió para diluir responsabilidades
políticas ante la crisis, pero no para mejorar su administración.
No es posible que después de una década de reestructuración
económica y social argentina no cuente con un adecuado sistema
de seguro de desempleo para los jefes de familia de más de
40 años, a pesar de que el desempleo abierto lleva 7 años
en un promedio del 15 por ciento, tampoco es aceptable que la educación
pública, sobre todo en el nivel secundario, no sea capaz
de mejorar las condiciones de empleabilidad en un contexto en que
la capacitación es decisiva para acceder al primer empleo,
tampoco se sostiene la coexistencia de tres sistemas de salud (público,
obras sociales y privado en sus distintos segmentos) frente a las
carencias de cobertura presentes, y por último las dificultades
para atender la pobreza focalizada a través de programas
centralizados sin mediaciones entre el Estado y los asistidos.
La crisis que va desde la economía a la política,
y no al revés como se la presenta, está definida por
el estancamiento de un modelo de acumulación construido en
los ‘90, basado en servicios, explotación de recursos
naturales y el ensamblado de importados, que encontró límites
para evolucionar mucho más rápido que sus predecesores
que signaron la Argentina moderna, el agro-exportador y el industrializador-mercado
internista, pero al igual que los dos anteriores su crisis como
los ‘30 y los ‘70 impacta fuertemente en el sistema de
representación política.
Lo grave es que una vez más, como en la resolución
del desmadre hiperinflacionario, produzca que la agenda sea puesta
exclusivamente por el poder económico ante el vacío
de representación de la sociedad.
Concretamente, es posible que las necesarias reformas “de segunda
generación” del Estado sean impuestas a partir de los
fondos públicos residuales que queden después de atender
los servicios de la deuda pública. Estos servicios pueden
alcanzar un nivel de casi un tercio delpresupuesto nacional, si
la tasa de interés del megacanje de bonos refleja el “riesgo
país”. Sin embargo, el déficit fiscal operativo
no supera el 1 por ciento del PBI.
* Presidente del Banco Ciudad.
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