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Por Cristian Alarcón
 El lunes a la mañana,
en su despacho de los tribunales de San Isidro, la defensora oficial María
Dolores Gómez, recibió el llamado de un preso desde la cárcel
de Rawson. “Usted puede aparecer tirada en la Panamericana como un
simulacro de robo o violada y muerta en Pacheco”, le dijo. Así
consta en la causa abierta ante el fiscal Enrique Ferrari, que investiga
las amenazas recibidas por Gómez, punto cúlmine de una serie
de presiones que la defensora recibe desde hace más de un año
a raíz de las denuncias por torturas y condiciones inhumanas de
detención de presos en cárceles y comisarías bonaerenses.
“El detenido me dijo que escuchó de por lo menos tres jefes
del Servicio Penitenciario Bonaerense que preparaban un plan para asesinarme”,
le dijo Gómez a Página/12. Fuentes judiciales le dijeron
a este diario que el hombre también contó que se hizo un
aporte económico para pagarle a un detenido peligroso la fianza
para que saliera a la calle, con la misión de ser el sicario que
la asesinaría.
Dos veces se comunicó el preso, cuya identidad se mantiene bajo
reserva, con la defensora oficial. Primero lo hizo la mañana del
lunes, cuando mantuvo un diálogo de 45 minutos en su despacho,
al que ingresó derivado desde la Sala III de la Cámara de
Apelaciones de San Isidro, el número marcado desde la cárcel
federal de Rawson. El hombre, con un “frondoso” prontuario –como
se dice en jerga penitenciaria– está detenido pagando una
larga condena en ese penal, después de haber sido trasladado desde
uno bonaerense. Desde allí el preso volvió a llamar a Gómez
el mismo lunes por la tarde. Entre otras cosas le dijo que se había
aportado el dinero necesario para pagar la fianza de un preso peligroso
que saldría a la calle con el objetivo de cumplir con la misión
de eliminarla, tal como él se lo describía, simulando un
robo común.
El contenido de esas comunicaciones quedó registrado en casetes
que fueron presentados como prueba ante el fiscal Ferrari. El preso le
contó a la defensora que había sabido de su nombre por otros
reclusos en uno de los penales bonaerenses por los que pasó antes
de llegar a la cárcel de Chubut. Encerrado en un área de
máxima seguridad, el hombre comentó ante un jerarca del
SPB que él saldría del lugar, como lo habían hecho
antes otros en su condición. El lugar en que se encontraba había
sido visitado por la defensora Gómez, quien en su momento había
recibido denuncias de torturas a los internos y había ido hasta
el lugar. Tras ordenar una investigación estos fueron trasladados.
El hombre que la llamó le dijo que invocó su nombre ante
el capo penitenciario. “Puedo hablar con la defensora Gómez”,
dijo él. Ante lo que recibió como respuesta: “Si es
por la cajetuda ésa no te preocupes que ya va a recibir un regalito”,
le habría contestado el jefe guardiacárcel.
En la denuncia presentada el mismo lunes ante Ferrari, Gómez da
cuenta de las maneras en que la llaman los capos del SPB, según
el preso que la alertó. “Cuando hablan de usted dicen la perra
o la presera”, le dijo. El nombre de “presera” se lo atribuirían
por la cantidad de veces que la defensora –cuyo rol es atender en
el partido de San Isidro a las personas detenidas que no cuentan con recursos
para pagar un abogado– presentó recursos de hábeas
corpus a favor de ellos, o denunció los maltratos que padecen de
parte de los guardiacárceles o de los policías bonaerenses
que los custodian en las comisarías abarrotadas de la provincia.
Una de esas denuncias fue a los jefes del Penal de Sierra Chica, en octubre
del año pasado ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro
para pedir el “cese de las condiciones de detención”
de sus defendidos. Los jueces de la Cámara decidieron, tras comprobar
cómo vivían los presos, que fueran trasladados e iniciaron
una investigación por los golpes que presentaban.
Las presiones y las amenazas no son nuevas para la defensora del distrito
judicial más conflictivo de la provincia. Allí el hacinamiento
en las comisarías ha llegado a un exceso del 118 por ciento, y
los motines han sido recurrentes durante el último año.
El 16 de abril el defensor del Tribunal de Casación Bonaerense,
jefe de los defensores de toda laprovincia, denunció ante la Suprema
Corte una persecución contra Gómez. En ella acusó
al presidente de la Casación, Federico Domínguez, por “acoso
judicial” contra la funcionaria. Según Coriolano, aferrados
a un episodio en el que un preso se escapó cuando era trasladado
para una entrevista con la Defensora, la acusaron de facilitar la fuga.
Domínguez fue a la Fiscalía de San Isidro para evaluar personalmente
el caso. Lo hizo por pedido del subsecretario de Política Penitenciara
bonaerense, Miguel Angel Plo.
En ese momento Gómez contó que un colaborador suyo había
escuchado en una reunión en los tribunales de Lomas de Zamora el
mensaje: “El Ejecutivo la tiene en carpeta porque Plo está
cansado de sus denuncias”. Coriolano, en su denuncia ante la Corte,
planteó además que “la defensora oficial sufrió
agresiones por parte de dos desconocidos”. Se refería a los
golpes que dos hombres le dieron cuando se bajaba de su coche particular
hace apenas un mes. Los atacantes no le robaron. Gómez vive ahora
con una fuerte custodia de Gendarmería, que tardó tres días
en serle asignada cuando ella se negó a aceptar una guardia de
la Bonaerense. En febrero del 2000, durante un motín en una comisaría
de San Isidro, los policías la dejaron encerrada con 30 presos
armados con facas. “No encontramos la llave”, le dijo un policía
cuando quiso salir.
UN
CABO QUE DENUNCIO A SUS JEFES SE VA DEL PAIS
Cansado de vivir amenazado
El cabo Héctor Márquez
sacó de su bolsillo la placa, la credencial y el arma, los puso
sobre el escritorio y le dijo al fiscal de San Isidro Hernán Collantes
que se marchaba a Estados Unidos. Luego, le contó que existe un
plan para asesinarlo a él y a los otros 34 suboficiales que declararon
contra sus jefes del Comando de Patrullas de Vicente López, procesados
por delitos que van desde habilitar zonas liberadas para el robo hasta
el manejo irregular de horas extra. “A mí me mostraron la
lista de los testigos, y que se preparen porque los vamos a matar a todos”,
denunció Márquez que le dijo un sargento de la bonaerense.
La partida de Márquez es el corolario de una larga zaga de amenazas
y agresiones que han sufrido los testigos y sus familiares desde que los
19 policías acusados de corrupción fueron liberados por
el juez de Garantías Diego Barroetaveña. Las denuncias de
persecución se iniciaron cuando 19 policías de Florida y
Vicente López, acusados por 35 policías con identidad reservada
de integrar una banda que cometió una serie de delitos, recuperaron
la libertad tras estar un mes presos. Los 19 policías habían
sido detenidos, sospechados de integrar una asociación ilícita
en una megacausa que lleva adelante el fiscal Hernán Collantes.
Una de las claves para ordenar la captura fue, precisamente, el relato
de los policías que declararon contra sus jefes.
Los 19 policías fueron apresados el 13 de diciembre último.
Sin embargo, fueron liberaron el 15 de enero, porque el juez de Garantías
entendió que no había mérito suficiente para que
permanecieran detenidos. Una vez que los policías acusados fueron
liberados, el juzgado de Barroetaveña fue denunciado por haber
violado las identidades de los 35 testigos.
Tras la liberación, los policías denunciantes, todos de
rangos bajos, comenzaron un vía crucis de amenazas e intimidaciones.
Además de otros episodios, la esposa de uno de ellos fue agredida
en Los Polvorines: fue tajeada y le pusieron una bolsa en la cabeza. Un
comisario terminó procesado por “abuso de autoridad”
por perseguir a uno de los denunciantes, subordinado suyo.
Ahora, Márquez decidió ponerle fin a su calvario: dio por
terminada su carrera y su permanencia en la Argentina. Ante el fiscal,
el ex policía reveló que el sargento que lo amenazó
le confesó hace un mes que “se reunía seguido, y en
un campo, con todos los policías que habían pasado a disponibilidad
y habían estado presos”. También le contó que
planeaban poner en marcha un juicio político contra el fiscal Collantes.
El de Márquez es el segundo caso de un policía testigo que
se fue a vivir a Estados Unidos por miedo a que lo maten.
Los acusados que fueron excarcelados siguen procesados, y ahora la Cámara
de Apelaciones de San Isidro deberá determinar si confirma lo decidido
por el fiscal y los policías pueden volver a ser detenidos.
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