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 Con sólo diez días
como titular de la Superintendencia de Coordinación General de
la Policía Bonaerense, el comisario Amadeo D’Angelo ya ve
moverse el piso bajo sus pies: desde que le confesó a un diario
de La Plata su plan de “rodear las villas para que no salgan los
delincuentes”, las expresiones de repudio no dejan de lloverle. El
titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi),
Eugenio Zaffaroni, consideró que D’Angelo es “ideológicamente
un nazi”, y señaló a Página/12 que “el
pensamiento antidemocrático” del virtual jefe de Policía
“amerita la destitución”. A las críticas de Zaffaroni
se sumaron las de los diputados Franco Caviglia y María Sara Suárez
–titular de la Comisión de Niñez de la Cámara
de Diputados bonaerense– y la indignación de Gustavo Fernández
Russo, titular de la Dirección Nacional de Juventud, quien adelantó
a este diario que denunciará a D’Angelo no sólo ante
el Inadi sino ante la justicia penal, por el delito de discriminación.
El escándalo que rodea al flamante jefe virtual de la Bonaerense
estalló el martes último, cuando el diario platense El Día
publicó una entrevista en la que el funcionario sostuvo que “es
una realidad que muchos jóvenes son sinónimo de delito”
y que la delincuencia juvenil “es la clave de la inseguridad”.
“Las declaraciones de D’Angelo hablan de un modus operandi de
la policía en que joven más barrio popular es igual a delincuente”,
consideró el director nacional de Juventud, Gustavo Fernández
Russo. “Lamentablemente, sus dichos no hacen más que confirmar
lo que vemos cada día, la persecución de los jóvenes
y la violación sistemática de sus derechos; y al mismo tiempo,
predispone a actuar a los policías de un modo peligroso”,
agregó el funcionario.
“Las declaraciones de D’Angelo son aberrantes. Equivalen a decir
que la única delincuencia que existe es la que puede salir de una
villa”, señaló Zaffaroni. En su diálogo con
la prensa, el comisario explicó su nuevo plan de acción
para reducir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires: “Este
fin de semana (por el pasado) saturamos las villas, de donde sabemos que
salen los delincuentes; evitamos que salieran delincuentes armados y los
que salieron fueron detenidos”. “Este tipo de prácticas
podría derivar en una nueva fuente de ilícitos para los
policías –advirtió el titular del Inadi–, porque
ellos serían quienes deciden quién sale de la villa y quién
no, y dentro de la villa, los únicos con recursos para pagar un
‘peaje’ son los delincuentes. La gente honrada de las villas
no tiene dinero.”
Para Zaffaroni, D’Angelo “debe ser sancionado políticamente”:
“La única salida posible es que la Legislatura de la Provincia
de Buenos Aires cite a una interpelación al gobernador Ruckauf,
para que explique cómo puede ser que una persona con semejante
ideología antidemocrática esté al mando de la fuerza
de seguridad provincial. Claramente, sus declaraciones ameritan la destitución”,
afirmó. Zaffaroni agregó que “esta política
de ghettos suele terminar en la aparición de verdaderos campos
de exterminio, porque al excluido social no se lo integra, se considera
que sobra, entonces se lo elimina, se lo mata”.
El anuncio de esta “política nefasta” aceleró,
según indicó Gustavo Fernández Russo, la creación
de un programa de asistencia y registro de la violación de los
derechos de los jóvenes, que en la etapa inicial se implementará
en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. “La idea
es convocar al Consejo del Menor y la Familia Nacional y a varios organismos
de derechos humanos para brindar asistencia a los jóvenes en esta
problemática de violación de sus derechos, y al mismo tiempo
formar un registro único donde queden asentados todos los ilícitos
que se cometen contra los adolescentes”, explicó a Página/12
el funcionario.
También el diputado Franco Caviglia, de Acción por la República,
señaló que presentará ante el Inadi una denuncia
por discriminación. “En lugar de perseguir a los verdaderos
delincuentes pretenden convertir a la pobreza en el principal ‘cliente’
del servicio penitenciario”, consideró. Caviglia se plegó
a las declaraciones de Zaffaroni, solicitando la inmediataremoción
del comisario D’Angelo. Por su parte, la legisladora radical María
Sara Suárez –titular de la Comisión de Niñez,
Adolescencia, Familia y Mujer de la Cámara de Diputados de la provincia
de Buenos Aires– sostuvo que “apuntar a la delincuencia juvenil
y a las villas miseria como sinónimo de la falta de seguridad se
asemeja a la visión de un miope. Es cierto que la realidad que
hoy vivimos nos pone la violencia delante de nuestros ojos todos los días,
pero también es cierto que cada uno, desde el rol que le toca ejercer,
tiene la obligación moral de encontrar alternativas legítimas,
que no violen garantías constitucionales”.
LANZARON
LOS OPERATIVOS CONJUNTOS DE LA FEDERAL Y LA BONAERENSE
El nuevo método para mostrar acción
Por Horacio Cecchi
Primero fueron las razzias y
las pinzas; después los megaoperativos; el Cinturón de Seguridad;
la Espiral Urbana; meter bala y mano dura. El martes pasado, el flamante
jefe de la Bonaerense, Amadeo D’Angelo, anunció el sitio a
las villas. Ayer fue lanzado un nuevo nombre: Interfuerzas, porque participarán
federales, bonaerenses, prefectos y gendarmes. Se trata de operativos
sorpresivos sobre automóviles en puntos clave del Conurbano en
busca de armas y, por extensión, delincuentes agarrándolas.
Ayer, el lanzamiento –en el Comando de Patrullas de San Isidro–
estuvo a cargo de la plana mayor de la seguridad de la Nación y
bonaerense. A la cita faltó el adalid de la mano dura y dueño
de casa, Carlos Ruckauf. A esa hora, el gobernador firmaba el decreto
de “emergencia carcelaria” que le permitirá reasignar
partidas presupuestarias para reacondicionar las unidades penales existentes.
El Interfuerzas arrancó mal: al ministro de Interior, Ramón
Mestre, la ausencia de Ruckauf no le cayó bien: “Ruckauf tiene
que dar la cara”, disparó al finalizar el acto.
La idea: intentar controlar lo que previamente se había instalado
en la sociedad como desborde delictivo. El objetivo: detectar entre miles
de automóviles aquellos que son robados y cuyos conductores portan
armas. El lugar: las avenidas y rutas principales de acceso o salida hacia
y desde la Capital, siempre entre la General Paz y el segundo cinturón
del Conurbano, es decir, en territorio bonaerense. Según los especialistas,
las vías rápidas con acceso directo al Conurbano son las
utilizadas por los delincuentes para asegurar su huida, bajo el concepto
de que pasando la General Paz entran en tierra de nadie. El método:
cinco a seis operativos simultáneos. Los protagonistas: policías
de la Federal, de la Bonaerense, Prefectura Naval y Gendarmería.
Interfuerzas fue ideado a fines de 2000, durante una reunión entre
Fernando de la Rúa; el ex ministro de Interior Federico Storani
y el secretario de Seguridad, Enrique Mathov. “Ruckauf no da abasto
con la inseguridad”, señaló a Página/12 una
fuente del gobierno nacional. El mes pasado, una de las primeras gestiones
de Mestre en Interior fue viajar a La Plata para firmar el convenio con
Ruckauf.
Ayer, en la sede del Comando de Patrullas de San Isidro, Interfuerzas
fue lanzado oficialmente. Estuvieron presentes Mestre, Mathov y el jefe
de la Federal, Rubén Santos. Por el lado bonaerense, los ministros
de Seguridad y de Justicia, Ramón Verón y Jorge Casanovas,
y el ariete de las villas, Amadeo D’Angelo. El firmante y principal
interesado en el tema, y dueño de casa, Carlos Ruckauf, no asistió
al desfile.
“Se trata de un hito histórico”, aseguró Mathov.
“Hallar armas ilegales en poder de personas, como en el interior
de automóviles”, sostuvo Verón. “Se va a desarrollar
en zonas muy conflictivas dentro del primer y segundo cordón del
Conurbano”, aclaró Casanovas. “Le pedimos a la gente
que lleve los documentos para facilitar la tarea”, recomendó
Santos. Después de haber hablado el martes, D’Angelo prefirió
el silencio.
Pese a su ausencia, Ruckauf estuvo presente. Lo recordó Mestre:
después de informar que en los operativos participarán fiscales,
el ministro exigió: “Ruckauf tiene que dar la cara porque
el tema de seguridad es muy importante”. El gobernador se encontraba
ocupado con otra de las aristas de su política de seguridad, lanzando
el decreto de emergencia penitenciaria.
El 3 de mayo pasado, Ruckauf desistió de construir las prometidas
nuevas cárceles. Adujo falta de fondos y responsabilizó
a la economía nacional. “En realidad, abrió un sistema
de leasing que jamás podía funcionar porque las empresas
recuperarían la inversión a muy largo plazo”, explicó
un experto en seguridad de la Legislatura provincial.
Ayer, volvió a la carga con su emergencia carcelaria, dirigido
a la ampliación, refacción y construcción de pabellones
y módulos en cárceles ya existentes. La emergencia lo habilitará
a tomar partidas de ciertasáreas y dirigirlas al proyecto carcelario.
El artículo 4º es curioso. Dice que se le dará lugar
a los organismos de control después de realizarse el trámite
administrativo. En pocas palabras, primero dispondrá los fondos
y después preguntará si están de acuerdo.
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