Por Raúl Kollmann

Distintas fuentes del Gobierno le confirmaron anoche a este diario que el gigantesco contrato por los nuevos DNI será rescindido. El convenio con la empresa alemana Siemens representaba más de mil millones de dólares y por lo tanto se trataba del mayor negocio que tenía –y aún tiene– el Estado para ofrecer este año. Tal como adelantó Página/12 el miércoles, el titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Rafael Bielsa, recomendó la rescisión del contrato, un criterio que compartió el ministro del Interior, Ramón Mestre.
Ayer al mediodía se produjo una tormentosa reunión en la Jefatura de Gabinete:
–¡En ese contrato hay comisiones! ¡Es un contrato corrupto! –gritó Bielsa.
Los otros tres participantes de la cumbre –los ministros del Interior y de Economía, Ramón Mestre y Domingo Cavallo, y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo– lo miraron azorados. El Mingo estalló:
–¡Nunca firmé ningún contrato con comisiones! ¡Si tenés una denuncia que hacer, hacela en la Justicia! –contestó furibundo.
Mestre se levantó para irse pegando un portazo, pero Colombo, conciliador, alcanzó a detenerlo. Ese fue el tono de violencia y agresividad que dominó el encuentro. El ministro del Interior inicialó el decreto para anular definitivamente el contrato con la empresa Siemens, pero Cavallo se negó a poner sus iniciales en ese texto. Al anochecer, y tras una frustrada negociación con Siemens, De la Rúa le bajó el pulgar a un contrato que iba a significar un costo obligatorio de 27 pesos para cada ciudadano. Todo indica que habrá una nueva licitación en la que van a participar, entre otras, empresas norteamericanas, francesas e israelíes.
“Es uno de los temas difíciles que heredé de la administración anterior –sostuvo el propio De la Rúa por la mañana–. El Gobierno puede tomar la decisión de rescindirlo. Nosotros aspiramos a firmar uno nuevo, pero bajando los costos, que parecen excesivos. Para Corach era un buen contrato, pero para mí es muy caro. Además hay otras irregularidades y defectos.”
Pese a que en estas palabras De la Rúa ya daba algunas pistas de su opinión, al mediodía se desató una verdadera tormenta en la Jefatura de Gabinete. Las posturas eran las sigui-entes:
u Mestre y Bielsa sostenían que el contrato debía rescindirse. Siemens no aceptó desglosar sus costos para que se esclareciera cómo es que el nuevo documento iba a ser tan caro para el ciudadano común. Los 27 pesos están lejos del disparate que se paga hoy por un pasaporte –75 pesos–, pero igualmente, para una familia tipo, el costo de documentarse iba a trepar a más de 100 pesos. El argumento del contrato es que con ese dinero se informatizan las fronteras, pero la realidad es que si, por ejemplo, se iban a utilizar 10 pesos con ese objetivo, se estaría hablando de casi 400 millones de pesos, una cifra increíble para computadoras, periféricos y programas. La Gendarmería había ofertado informatizar los pasos fronterizos por un millón de pesos.
u La postura de Domingo Cavallo era favorable a firmar el contrato, básicamente para no quedar mal con un país clave en el mapa europeo, Alemania. Uno de sus allegados le dijo a este diario que “justo en este momento que estamos hablando del euro y de la canasta de monedas mirando a Europa, no podemos producir semejante choque con los alemanes. Por otra parte, la rescisión del contrato derivará en un juicio y un pago de indemnización de aproximadamente 150 millones de pesos. Además, Siemens (una de las 20 empresas más grandes del mundo) amenazó con dejar el país”.
El contrato tuvo una historia increíble de seis años, en la que aparecieron maniobras de todo tipo, nombres como el Yabrán, Macri y Ciccone Calcográfica, compras extrañas de empresas a precios aún másextraños, dictámenes técnicos contrarios al contrato y dictámenes políticos a favor (ver asimismo nota aparte). Diseñado en los últimos años del menemismo, la papa caliente de los DNI quedó en manos del primer ministro del Interior del actual Gobierno, Federico Storani. Este renegoció con Siemens y consiguió una reducción de precio: de 35 que iba a costar por persona, bajó a 27. Además, la empresa aceptó entregar una cantidad de documentos en forma gratuita a jubilados y ciudadanos carentes de recursos. Aun así, el precio seguía apareciendo altísimo.
Más allá de las idas, vueltas y posturas distintas, el día de ayer resultó clave ya que había que definir todo antes del lunes próximo, último plazo para rescindir o confirmar el contrato. Por ello, los encuentros urgentes y la tormenta del mediodía en la Jefatura de Gabinete. Mestre amenazó dos veces con levantarse y pegar el portazo, Cavallo estaba extremadamente agresivo y la palabra corrupción se dijo reiteradamente. Después de una hora y cuarto de duro debate, el ministro de Economía abandonó la Jefatura de Gabinete y Colombo se quedó tratando de conciliar posturas con el ministro del Interior. Más tarde llegaron dos directivos de Siemens, Anders Troupell y Rodolfo Schmidt, con quienes el jefe de Gabinete –que ya se había reunido con miembros de Siemens el jueves– intentó una renegociación de última hora.
Al atardecer, sonó fuerte la sigui-ente versión: “De la Rúa ya tomó la decisión: el contrato se cayó. La gente de Siemens hizo gestiones cerca de las 19 para ver si podían salvar la parte informática del contrato o sea que se mantengan los sistemas de computación que ya están instalados y funcionando, por ejemplo en Ezeiza. Ni siquiera eso se les dio, porque justamente la parte informática es una de las que está más sobredimensionada”, señaló una fuente muy cercana a las empresas norteamericanas que impulsaban la caída del contrato y un nuevo llamado a licitación.
Finalmente, al cierre de esta edición, fuentes de la Presidencia y de Jefatura de Gabinete confirmaron que tras una larga reunión en Olivos, el contrato con Siemens quedó sentenciado. Habrá que ver las consecuencias para el Estado –está establecida una indemnización que llegaría a los 150 millones de pesos– y las condiciones en que se lanza una nueva licitación. No faltan los que sostienen que se demora así la instalación de un sistema más seguro de documentación y de control de fronteras. Para el hombre de la calle, la consecuencia más importante es que no tendrá que sacar 27 pesos de su bolsillo. Al menos por ahora.

LA SAGA DE UN CONTRATO URDIDO POR EL MENEMISMO
Una película de terror

Favoritismos, irregularidades, cifras multimillonarias y empresarios de alto vuelo atraviesan la historia de la privatización de la emisión de los DNI. Un negocio que cocinó el menemismo, que en el actual gobierno defendió Domingo Cavallo y que, tras arduas disputas, cayó como un fruto marchito. Esta es la historia.
El negocio de los DNI fue originalmente diseñado por Alfredo Yabrán, junto con Franco Macri, Ciccone Calcográfica y la firma israelí Malam Systems. El empresario postal se retiró del negocio cuando quedó en el ojo de la tormenta después del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Macri quedó al frente. La Unión Transitoria de Empresas (UTE), formada por la firma Itrom (del Grupo Macri), TRW Systems Overseas, Malam y SLH Systemnhouse, tenía que competir con otras dos, aunque su principal contrincante era la que encabezaba Siemens.
El llamado a licitación para la confección de los DNI, y para la informatización de los controles migratorios y los padrones electorales, fue en 1996. Para fines de ese año ya existían denuncias penales que cuestionaban el negocios.
En 1997, durante la licitación, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) formuló reparos al proceso de adjudicación y a las empresas oferentes.
La firma alemana Siemens ganó la licitación en febrero de 1998. Es un negocio de unos mil millones de pesos.
El ex presidente Carlos Menem y el ex ministro del Interior, Carlos Corach, firmaron el decreto 1342/98 que fijaba para cada DNI un costo de 30 pesos.
Para esa época, el ingeniero Israel Loterzstain, representante de Malam Systems, presentó una nota de impugnación dirigida a Corach, donde denunciaba serias irregularidades en la adjudicación a Siemens. Y acusaba al entonces director de Migraciones, Hugo Franco y al director del Registro Nacional de las Personas, Eduardo D’Amico, de haber incluido modificaciones en el expediente a favor de los alemanes.
Para cubrirse, en septiembre de 1998 el gobierno menemista envió todo el expediente de la licitación a la Sigen.
El contrato se firmó en octubre, pero Siemens no comenzó su tarea porque Menem no firmó el decreto que la habilitaba para hacerlo. En 1999 se volvió a postergar el cambio de lo DNI, por temor a producir una confusión ante las elecciones.
Cuando asumió el gobierno de la Alianza, el ex ministro del Interior Federico Storani y su equipo prefirieron volcarse en un principio por una renegociación. Para presionar, Storani le a otra firma una oferta para la renovación de los documentos atrasados.
Lo máximo que se logró fue una reducción del precio de los DNI a 27 pesos. La Sigen siguió cuestionando el contrato y Storani no firmó nada.
La Sigen volvió a ejercer presión sobre el sucesor de Storani en Interior, Ramón Mestre. El nuevo ministro se mostró interesado y receptivo respecto de los reparos del organismo que controla las cuentas del Estado. Eso le valió un fuerte enfrentamiento con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que luchó a capa y espada la aprobación del contrato alegando que de lo contrario se pondría en riesgo la seguridad jurídica.
Finalmente ayer, se reunieron Mestre, Cavallo, el jefe de Gabinete Chrystian Colombo y el síndico de la Nación Rafael Bielsa. Y después de otra reunión en Olivos, con el presidente Fernando de la Rúa, se resolvió rescindir el contrato con Siemens (ver nota central).

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