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Por Claudio Zlotnik
 El Gobierno y los siete bancos
coordinadores cerraron ayer todos los detalles del megacanje. Ahora, sólo
queda esperar que los entes de control bursátiles de la Argentina
y Estados Unidos den su visto bueno. En Economía confían
en que ello ocurrirá dentro de dos semanas y que, entonces, varios
funcionarios, incluido Domingo Cavallo, además de banqueros, saldrán
de gira por las principales plazas financieras para promocionar el trueque
millonario. Economía envió el prospecto detallando el megacanje
a Nueva York para que las autoridades estadounidenses den el acuerdo.
El avance de la operación volvió a impactar positivamente
en el mercado: el riesgo país cayó 32 puntos y se ubicó
en los 959. En la semana, el riesgo mejoró un 12,3 por ciento.
El último lunes, el riesgo se había clavado en 1093 puntos.
Pero una vez que Economía salió a dar señales de
que haría el canje sí o sí, a pesar del alto costo
que conllevaría, los títulos públicos afianzaron
una tendencia alcista. Frente a la inminencia de la transacción
se generó una demanda adicional de bonos debido a que los inversores
no quieren quedarse con títulos que, tras el megacanje, perderán
liquidez. A su vez, los grandes bancos adquieren esos bonos para sumarlos
a la operación.
Los funcionarios de Economía y los bancos coordinadores sellaron
el siguiente acuerdo:
 Habrá cinco nuevas emisiones
de deuda, que reemplazarán a los títulos que por ahora están
en circulación.
De esas cinco, tres serán
tramos de corto plazo (un Bono Pagaré, un Global y un Bonte) a
5, 6 y 7 años de plazo, respectivamente, un bono de mediano plazo
(15 años) y otro de largo (30 años).
Uno de los bonos estará
nominado en pesos.
El Bono Pagaré será
el único a tasa flotante: dependerá de la evolución
de la tasa de interés promedio que rinden los depósitos
a plazo fijo. Los demás bonos se emitirán a tasa fija.
Habrá dos mecanismos
para rescatar los títulos “viejos”. El primero consistirá
en pagar a precio de mercado, inferior al de emisión. Para esos
casos, los nuevos bonos también se colocarán a valores de
mercado. Es decir, lo que el Estado se ahorra pagando menos (valor de
mercado menos valor de emisión), lo pierde colocando los títulos
del canje a una paridad más baja (por ejemplo, un bono de 100 dólares,
lo entrega a 90). El resultado neto, no obstante, será negativo
para el Estado porque termina endeudándose a tasas altas a un plazo
mayor al de los bonos que existen en la actualidad.
En el segundo mecanismo, el
Estado rescata a un valor más alto que el de mercado. Esto le permite
emitir los nuevos títulos a una tasa de interés más
baja. No obstante, como pagó más caro, la “tasa implícita”
de la operación termina siendo superior a la del bono retirado
de plaza.
Si el megacanje se hiciese
con el actual nivel de riesgo país, la tasa promedio de las nuevas
emisiones rondaría el 15 por ciento anual. Sin embargo, tanto en
Economía como en los bancos organizadores de la transacción
especulan con que ese indicador retrocederá hasta un nivel de 800
a 850 puntos en las próximas dos semanas. De ser así, la
tasa se ubicaría entre 14 y 14,5 por ciento para los casos de los
títulos con renta fija.
Habrá período
de gracia para el pago de intereses de 3 a 5 años.
A pesar del pedido de Economía
para que las Letes queden incluidas en el megacanje, finalmente eso no
ocurrirá. Los bancos se negaron.
El objetivo es que la operación
alcance a los 15.000 millones de dólares. La diferencia de 5000
millones con la meta original se debe a la escasa repercusión que,
por ahora, el megacanje tuvo entre los inversores institucionales extranjeros.
La intención de Economía
es salir a recomprar los nuevos bonos en caso de que, en un futuro, mejore
el escenario financiero para la Argentina ybaje sensiblemente el riesgo
país. En ese caso, se volverían a lanzar bonos a tasas de
interés más bajas.
De los 29.000 millones que
–como máximo– podría involucrar el megacanje,
en Estados Unidos podrían colocarse 15.500 millones, de acuerdo
al pedido de autorización que se envió a Wall Street.
Daniel Marx, secretario de Finanzas, volvió a relativizar los efectos
del megacanje. “No hay que confundir la herramienta con los objetivos”,
dijo, dando por sentado que la operación podría aliviar
financieramente a la Argentina pero no necesariamente implicará
que automáticamente la economía despegará.
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Riesgo país:
959 puntos
Frente a la concreción del megacanje, los títulos
públicos volvieron a subir –ayer, un 1 por ciento en
promedio– y el riesgo país cayó otro escalón,
para situarse en 959 puntos. Como ya se descuenta que la Argentina
no caerá en cesación de pagos en el corto plazo, los
especuladores que estaban sobrevendidos (“alquilaban”
bonos apostando a la baja) salieron presurosos a comprar títulos
para devolverlos a su dueño original antes de que se concrete
la operación. Pese a la reacción positiva en el mercado
de deuda, las acciones terminaron hacia abajo. El índice
MerVal perdió un 1 por ciento. La excepción fue el
papel de Bansud, que subió 14 por ciento, acumulando 43 por
ciento de ganancia en dos ruedas, gracias a la venta del banco al
Citi.
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AMENAZA
DE ECONOMIA A LOS DIRIGENTES DEL AGRO
Si hay corte, no hay ayuda
Por Claudio Scaletta
Las tres entidades agropecuarias
que se reunieron con Domingo Cavallo, Federación Agraria (FAA),
Confederaciones Rurales (CRA) y Coninagro, se encontraron con “similitud
de diagnósticos” y mucha “comprensión”. Las
medidas concretas, sin embargo, deberán esperar a que “la
situación fiscal se equilibre un poco”. Según el ministro
esto ocurrirá tras el megacanje de deuda. La única respuesta
del Gobierno fue una amenaza. “Los productores que participen de
cortes de rutas no recibirán planes de competitividad”, advirtió
al término de la reunión el secretario de Agricultura, Marcelo
Regúnaga. La promesa de etéreos “planes de competitividad”
ha sido hasta ahora la única y monocorde propuesta que ofrece Economía
a cuanto reclamo sectorial se le presenta.
Manuel Cabanellas, presidente de CRA, dijo a Página/12 que la amenaza
de Regúnaga estuvo “completamente fuera de lugar”. Las
entidades agropecuarias “hemos funcionado conteniendo a los productores”,
consideró el dirigente. Regúnaga “que recién
llega”, no puede “ponerse a jugar de árbitro”.
El secretario de Agricultura había dicho que la próxima
semana anunciaría un plan de competitividad para los productores
del Alto Valle del Río Negro, que participan en los cortes de ruta,
pero condicionó esta posibilidad al levantamiento de esa medida
de fuerza.
Sobre los resultados del encuentro con Cavallo, Cabanellas destacó
que “su diagnóstico coincidió con el nuestro, pero
de anuncios, nada”, se quejó. Deben darse cuenta que “la
situación llegó a la gravedad actual porque no se tomaron
medidas cuando debían tomarse”. Sobre los aspectos en que
hubo coincidencia el titular de CRA señaló “la refinanciación
de pasivos con más lógica” y la “eliminación
de impuestos distorsivos, en especial a los intereses, a la renta mínima
presunta y al gasoil”, enumeró.
Por su parte el vicepresidente de FAA, Pablo Orsolini, se manifestó
en el mismo sentido. En diálogo con este diario sostuvo que “el
ministro dijo que estaba de acuerdo en todos nuestros reclamos pero que
no había medios económicos”. La propuesta de Economía
fue que aplicará planes de competitividad “en los sectores
más críticos”. Entre ellos, la fruticultura de peras
y manzanas y el sector algodonero. También que se formará
una “mesa permanente de diálogo” con las entidades.
La situación del campo es paradójica. La última campaña
(2000/2001) con 66 millones de toneladas fue la segunda cosecha récord,
y para la presente se espera la más grande de la historia. Las
causas se deben según Cabanellas, “a la actitud de meterle
para adelante” de los productores, pero también a la baja
de costos por nuevas tecnologías como siembra directa y la ingeniería
de semillas. No obstante, una cosecha récord en tiempos de recesión
no soluciona los problemas de rentabilidad del sector. Tampoco el contexto
de concentración de la propiedad de la tierra y creciente marginación
de los sectores más vulnerables.
EMPRESARIOS
AUTOMOTRICES CRITICAn AL GOBIERNO
La trampa de anunciar caída de precios
El gobernador José Manuel
de la Sota y su ministro de la Producción, Juan Schiaretti, se
fueron de boca, según los representantes de la empresas automotrices.
Para los empresarios del sector, el anuncio de que los precios de los
autos podrían reducirse entre un 15 y un 20 por ciento una vez
que se apliquen los planes de competitividad que estudia el Ministerio
de Economía resulta aventurado. “En anteriores oportunidades
en las que se anunciaron medidas similares, en las dos semanas posteriores
se plancharon las ventas”, comentó un directivo de la Asociación
de Fabricantes de Automóviles (ADEFA).
“Una persona que tiene la plata para comprar un auto, si por esperar
quince días se gana 6 mil pesos, seguro que lo va a hacer”,
agregó el empresario. La industria, en la época dorada de
reactivación fácil de la Convertibilidad, llegó a
tener una facturación equivalente a 40 mil unidades por mes, cifra
que cayó a solo 15 mil en abril pasado. “Con esto (el anuncio
de la rebaja de precios) si se llegan a superar las 10 mil unidades en
mayo haríamos una fiesta”, dramatizó el directivo.
Paradójicamente, ADEFA había presentado al Gobierno un informe
de la consultora Booz Allen en el que se recomienda reducir los precios
para reactivar la demanda interna.
En los últimos días, el gobernador De la Sota viene subiendo
el tono ante el gobierno nacional en su reclamo de un proyecto de reactivación
para la industria automotriz. Tales pedidos se intensificaron después
de que Renault anunciara la suspensión de todo su personal en su
planta de Santa Isabel en Córdoba (1350 empleados), por los meses
de julio y agosto, debido al incremento de stocks ocasionado por la caída
de ventas. Pero el gobernador parece no haber evaluado el impacto en el
delicado equilibrio entre las expectativas de los empresarios, por un
lado, y los consumidores/votantes, por el otro.
Ayer, De la Sota envió una carta a De la Rúa en la que machaca
con el tema. Habla de la “grave situación que atraviesa la
industria automotriz” y enfatiza: “Le reitero por lo tanto mi
pedido, que lleva más de un año, de concertar una rebaja
en los precios de los vehículos automotores, que impulse la reactivación
de las ventas del sector”. En tanto, Schiaretti, ex secretario de
Industria cuando Cavallo era ministro de Menem, se encargó de precisar
que el objetivo fundamental es “entusiasmar a los argentinos que
quieran comprar un automóvil rebajando los precios de venta en
un 15 o 20 por ciento”. Tal rebaja sería compartida por las
provincias y la Nación, mediante la reducción de impuestos,
y las propias empresas. También dijo que a esto se sumaría
“crédito a una tasa en pesos menor al diez por ciento anual”.
El gobierno cordobés espera que esos créditos sean aportados
por el Banco Nación.
Según el gobernador, quien dijo haber conversado con sus coprovincianos
Domingo Cavallo y el secretario de Industria, Carlos Sánchez, Economía
convocó para el próximo martes a los empresarios, sindicatos
y gobiernos provinciales para empezar a delinear el plan automotor.
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