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 Que Colombia sea un polvorín,
no es ninguna novedad. Que algunas de sus grandes ciudades también
lo sean, ya es más novedoso: después de todo, el escenario
del combate entre el ejército colombiano, los paramilitares y las
guerrillas suelen ser los campos, las selvas, los pequeños poblados
y las rutas. Pero Medellín viene soportando atentados desde principio
de año. Y anteayer fue el pico. El jueves por la noche, un coche
bomba con 30 kilos de explosivos estalló en Parque Lleras, un barrio
exclusivo de Medellín y muy concurrido en ese momento. Murieron
ocho personas y 82 resultaron heridas. Las hipótesis de la policía
colombiana apuntan a grupos de narcotraficantes (muy presentes, a pesar
de la desarticulación parcial de los carteles de Medellín
y Cali) o a una organización criminal local.
El alcalde de Medellín, Luis Pérez, destacó que los
autores del atentado hicieron explotar el coche bomba en un lugar y en
un momento en el que sabían que iban a causar gran daño.
Las primeras inspecciones de los técnicos antiexplosivos de la
policía de Medellín indican que al parecer el coche bomba
fue accionado por un sistema de control remoto. Según testigos,
dos hombres y dos mujeres habrían movido el coche bomba hasta el
lugar donde estalló. La Policía de Medellín cercó
inmediatamente la zona pero no los pudo hallar. Como consecuencia del
estallido, varios de los centros nocturnos del sector del Parque Lleras
quedaron semidestruidos y 12 vehículos quedaron completamente calcinados.
El subjefe de la Policía Nacional colombiana, general Alfredo Salgado,
dijo ayer que es posible que el atentado se trate de una represalia de
los integrantes de una banda de pistoleros conocida como “La Terraza”
contra los paramilitares por el reciente asesinato de su jefe. “La
Terraza”, acusada de matar a líderes humanitarios y otras
personalidades colombianas, es acusada de servir indistintamente a narcotraficantes,
paramilitares y a las guerrillas.
Otra hipótesis apunta a los narcotraficantes. Ya a fines de los
‘80 y comienzos de los ‘90, los miembros del cartel de Medellín,
que era dirigido por Pablo Escobar, habían desatado una gran campaña
terrorista en rechazo a la extradición de narcotraficantes hacia
Estados Unidos, que estaba comenzando. El presidente colombiano Andrés
Pastrana, que asumió el cargo en 1998, ya autorizó una docena
de extradiciones hacia Washington, y actualmente hay unos 35 contrabandistas
de cocaína y heroína y unos 50 fugitivos cuyas extradiciones
ya fueron solicitadas por las autoridades norteamericanas.
La cuestión es que Medellín y Cali están en el medio
del conflicto. Medellín ya sufrió un ataque con explosivos
el 10 de enero pasado, en el cual murió una persona y 50 quedaron
heridas. Hace dos semanas, un comando desconocido había activado
una bomba frente a un lujoso hotel de Cali, donde hubo 36 heridos. Como
en todo el país, en Cali y en Medellín (la primera, ubicada
a 430 kilómetros al noroeste de Bogotá, y la otra a 470
kilómetros al suroeste) operan paramilitares y guerrilleros de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN). Pero además, en ambas ciudades
aún quedan partes de los carteles de Cali y Medellín, parcialmente
desarticulados luego de la detención de sus líderes en la
década pasada. Y para colmo, Cali y Medellín son las ciudades
sede, en julio, de la primera ronda de la Copa América de fútbol.
LA
ARMADA FRENTE A PINOCHET
El pasado lo condena
El comandante en jefe de la
Armada chilena, almirante Jorge Arancibia, fue contundente ayer frente
a la opinión pública cuando afirmó que el ex dictador
Augusto Pinochet es responsable político de las violaciones a los
derechos humanos perpetradas durante su gobierno. “Sería enfático
y claro en decir que al general Pinochet, como a cualquier presidente
del mundo, le corresponde una responsabilidad política por las
cosas que suceden en su gobierno”, precisó Arancibia para
el canal estatal TVN. Pero también afirmó que “una
responsabilidad moral tiene que ver con el bien y el mal y la responsabilidad
política tiene que ver con una razón de Estado”.
Arancibia dejará su cargo a fin de año y ha participado
en la entrega de información por parte de las Fuerzas Armadas sobre
los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de
Pinochet (19731990). En el contexto de Mesa de Diálogo que patrocinó
el gobierno chileno, durante seis meses los militares –bajo condición
de anonimato de las fuentes– recopilaron información sobre
los desaparecidos. En diciembre pasado se entregó un escabroso
informe de 150 casos de víctimas de muerte desde aviones o sepultadas
clandestinamente. No obstante, poco después se supo que parte de
la información era falsa.
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