Por Sergio Moreno y José Natanson

El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro del Interior, Ramón Mestre, informaron ayer oficialmente a los ejecutivos de Siemens la decisión del Gobierno de rescindir el contrato para la confección de los nuevos DNI. La reunión en la Rosada se concretó con un bajísimo perfil. Fue cordial y –según decían después en el Gobierno– hubo coincidencias en torno de las ventajas de llegar a un acuerdo sin estridencias por la indemnización. Aunque las cifras difieren, las dos partes tendrían buenas razones para evitar la vía judicial: el Gobierno, para no irritar ni a la poderosa empresa ni a su gigantesco país de origen; y Siemens, para no crear un nuevo escándalo por un contrato sospechado desde el momento en que se firmó.
El viernes, luego de varias reuniones y de discusiones subidas de tono entre los funcionarios, el Gobierno resolvió el tema: por primera vez desde diciembre de 1999, la gestión aliancista anulaba una licitación firmada por Carlos Menem. Era una de las más importantes de la década menemista: su monto total superaba los mil millones de dólares para un Sistema Integral de Identificación de Personas, Control Migratorio e Información Eleccionaria. Estuvo cuestionado desde el principio, básicamente por el costo obligatorio de los nuevos DNI, que originalmente escalaba a los 30 pesos por unidad.
Ayer, los representantes de Siemens –el director general, Rodolfo Schmidt, y el director Económico Financiero, Andrés Truppel– llegaron a la Casa Rosada a las nueve y media de la mañana. En el despacho del ministro del Interior los esperaban Colombo y Mestre para una reunión que se desarrolló casi en secreto. En el encuentro, los funcionarios le comunicaron a los ejecutivos de Siemens que el decreto de rescisión se publicará el lunes y le aclararon los términos de la decisión.
Según contaron a Página/12 fuentes del Gobierno, la reunión fue amable y giró en torno a una coincidencia fundamental: la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la indemnización que deberá pagar el Estado argentino a Siemens y evitar así las complicaciones de la vía judicial. Aunque hay diferencias –el Gobierno habla de 150 millones y la empresa alemana de 300–, las dos partes tendrían buenas razones para encontrar una solución consensuada:
Las del Gobierno son transparentes: con la mirada en los mercados y los inversores internacionales, De la Rúa no quiere irritar a Siemens –que había amenazado con dejar el país si se rescindía el contrato– ni a Alemania, uno de los países claves en el mapa europeo.
En cuanto a la empresa germana, sus directivos también estarían dispuestos a buscar una solución pacífica, que evite el escándalo y que no profundice la sospecha asociada desde un principio al polémico contrato. De todas formas, en un comunicado emitido después de la reunión, Siemens informó que “resolvió no hacer comentario alguno a hasta no conocer el texto completo del decreto. Una vez en poder de una copia del mismo, y que la empresa haya realizado el análisis correspondiente y evaluado las acciones que adoptara en salvaguarda de sus derechos e intereses, se expedirá oportunamente”.
En la reunión no se habló del monto de la indemnización. Según relató a Página/12 un funcionario de Interior, en los próximos días Mestre encargará una auditoría para cuantificar la cifra exacta que el Estado argentino está dispuesto a pagar.
Lo que sí está definido es el decreto. En la Casa Rosada destacaron lo cuidadosamente elaborado que está el texto, cuestión de no irritar a la empresa alemana y contar con argumentos sólidos a la hora de discutir la indemnización. Comienza con una referencia al decreto de Menem por el que se convocó a la licitación y luego remite a la Ley de Emergencia Económica, sancionada en los albores de la administración aliancista, que habilita al Ejecutivo a rescindir contratos de locación de obra anteriores a diciembre de 1999.
A continuación se menciona un decreto firmado por De la Rúa en diciembre de 2000, en el que se especificaban los contratos realizados por el Estado que serían sometidos a revisión, entre los cuales se hallaba el de los DNI. Posteriormente, el decreto de rescisión recuerda que el contrato con Siemens fue sometido a revisión por parte de la Dirección General de Migraciones, la Dirección Nacional Electoral, la SIGEN, la Secretaría de Hacienda y el Registro Nacional de las Personas. También evoca que hubo una negociación para modificar algunos términos del contrato y finalmente llega a lo central: en virtud de la grave situación económica que atraviesa el país, argumenta, el contrato resultaría demasiado oneroso para el erario.
El decreto fue refrendado por Mestre, Colombo, Domingo Cavallo y el cavallista Carlos Bastos. La firma del ministro de Economía y el de Infraestructura intenta ser un gesto político de apaciguamiento, luego de la dura discusión que mantuvieron el viernes Cavallo y Mestre.
Aún queda pendiente convocar a una nueva licitación, de la que participarían empresas norteamericanas, francesas e israelíes. Cerca de Cavallo recordaban ayer que el contrato por los DNI produjo choques desde un primer momento. “Cavallo no quiere profundizar su enfrentamiento con Mestre”, decía uno de los hombres de confianza del ministro. En Interior completaban el panorama. “Todavía no está definido cómo ni cuando se comenzará a evaluar la nueva licitación, pero no hay apuro. Lo más urgente ya lo resolvimos”, explicaban.

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