Por Sergio Kiernan

Hay que reducir el gasto político, dice el coro de voces. Pero, ¿qué es el gasto político? Con frialdad, un político y funcionario sugiere un test cruel: “Es aquello que suprimís y no pasa nada”. El mismo funcionario, que aclara ya que se toca el tema que sigue siendo de clase media y no subió en la vida, señala repetidamente que el gasto social de los políticos, legisladores y funcionarios no es “político” sino “gasto social mal hecho, con clientelismo, al que no hay que eliminar sino perfeccionar para que no sea indigno y tramposo”.
La corrupción sumada a su impunidad desbordaron las escalas de rechazo a la política. De rechazar a ciertos políticos, se pasó a repudiar la actividad en sí y a considerar altamente sospechoso de frívolo e inútil a cada peso que se gaste en ella. Para peor, comenzaron a circular cifras lapidarias sobre la cantidad de dinero que se lleva la política. La que más prendió, circulando incluso en Internet, es la de 20 mil millones de dólares por año, un gran pedazo de un PBI que no llega a 300 mil millones y una parte del león del presupuesto nacional. Si se redujeran los salarios y gastos de los políticos, dice el razonamiento, se ahorrarían 10 mil millones por año, lo que alcanzaría para pagar la deuda externa.
Por desgracia, la cifra es falsa y el ahorro ilusorio: la política en Argentina no cuesta tanto, por lo menos su lado legal.
El Ministerio del Interior preparó un informe sobre cuánto cuesta la política basado en las partidas ejecutadas –o sea, el dinero efectivamente gastado– de todos los niveles de gobierno del país. El estudio revela algunas cifras sobre cuánto gobierno hay en el país, cuánto gasta y qué presupuesto tiene. Así uno averigua que:
u El Congreso tiene un presupuesto total de 411 millones de pesos para ambas Cámaras, en todo concepto.
u Las legislaturas provinciales gastan, todas, por todo concepto, 803 millones. Esto incluye a los vicegobernadores, que las presiden, y a un total de 1223 legisladores.
u Los gobernadores ganan un total –estimado, como acepta el estudio– de 3.120.000 pesos.
u Los 7 mil concejales del país tienen como presupuesto un total de 385 millones en sus concejos.
u Los 2155 intendentes, presidentes comunales, jefes comunales, presidentes de juntas de gobierno y otros jefes de gobierno a nivel local ganan un estimado de 56.030.000 pesos.
El total de estos salarios y presupuestos directos que manejan los políticos elegidos para un cargo es de 1.669.150.000. Una cifra nada desdeñable, pero muy alejada de los 20 mil millones que circulan.
La confusión probablemente viene de mezclar el gasto directo en políticos –el “gasto político” más puro– con los presupuestos generales del Estado a todo nivel. Por ejemplo, se descubre que las municipalidades, comunas, comisiones, juntas de gobierno y otras formas de gobierno local gastan unos 7 mil millones en total. Cifra que incluye desde la obra pública hasta los salarios de los empleados, el asfaltado y el corte de los yuyos en los caminos de tierra.
Los detalles del estudio permiten entender que ciertas soluciones propuestas y que parecen impecables, puro sentido común, pueden no funcionar. Por ejemplo, que una legislatura provincial sea unicameral o bicameral no necesariamente la hace más barata o más cara. San Luis y Santiago del Estero tienen legislaturas bicamerales que salen más baratas que más de una legislatura unicameral. Para Sergio Rossi, director Nacional de Asuntos Políticos del ministerio del Interior y supervisor del estudio, realizado en tiempos en que Nilda Garré era secretaria de Asuntos Políticos del ministerio, el problema del gasto político en las provincias es, justamente, político.
“Donde las legislaturas tienen poder propio, ganan presupuesto”, explica Rossi. “Donde gobierna un Rodríguez Saá o un Saadi, las legislaturas notienen capacidad de acción ni de gasto. Y no importa que sean bi o unicamerales.”
“El problema real es la falta de transparencia del gasto público y del gasto político”, propone Rossi. Uno de los problemas es el desorden en este gasto. Cuando se puso de moda comparar el gasto por ciudadano o por miembro de las legislaturas argentinas, europeas y norteamericanas, no se tomó en cuenta que los cuerpos colegiados extranjeros que se tomaban como referencia no gastan más que en su propio funcionamiento. Los argentinos en cambio, tienen toda clase de becas y ayudas sociales bajo su comando.
“Cuando se habla de asesores, ¿de qué se habla? ¿De asesores o de punteros con un local? Cuando se dan becas o ayudas, ¿es ayuda social o clientelismo?”, se pregunta Rossi, que propone como solución un seguro de desempleo nacional que ordene la ayuda social y elimine el clientelismo local. “Si se eliminan legisladores y funcionarios electos se ahorra un poco de dinero, pero no se paga la deuda externa. Tiene que haber transparencia, tiene que haber controles muy estrictos. Pero este ataque a la política, ¿se hace para recuperar la legitimidad de la política o para cerrar el Congreso y subir los peajes?”

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