Por
Raúl Dellatorre
Con
los principales empresarios de Aerolíneas, directivos de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, fuera del país, y los
que quedan aquí sin instrucciones para abonar los sueldos pendientes
en la fecha, hoy el conflicto de la empresa aérea de bandera puede
ingresar en su fase más dramática. Estamos peor que
unos días atrás, describió prácticamente
con total objetividad uno de los líderes de los gremios de trabajadores
anoche ante la consulta de Página/12. La plata no está,
ratificó por su parte uno de los directivos de Aerolíneas,
agregando que tampoco estaba previsto el regreso al país durante
el día de hoy de los directivos españoles que partieron
el sábado hacia Madrid, Emilio Cabrera y Juan Gurbindo Gutiérrez.
El gremio del personal técnico de mantenimiento, APTA, que con
su negativa a firmar el acta acuerdo el viernes último trabó
una salida al conflicto avalada por los otros seis gremios del personal
fijará posición en asamblea general esta tarde. Pero, sin
los sueldos a disposición, difícilmente la respuesta sea
otra que volver a las medidas de fuerza, a la que se sumarían otros
gremios. Bajo esas condiciones, otra vez volverían a suspenderse
los vuelos de Aerolíneas y Austral y la ex empresa estatal entraría
en una ruta al vacío de difícil retorno.
Después de las infructuosas negociaciones del sábado entre
Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, y los directivos de la SEPI, el
gobierno no volvió a tener novedades de la empresa. Los gremios
mantuvieron ayer una comunicación permanente con el secretario
de Trabajo, Anselmo Riva, quien les fue actualizando hora tras hora el
mismo cuadro de situación: no hay novedad. Con Bullrich
fuera del país, desde el gobierno se insistía en que ninguna
autoridad iba a levantar el teléfono para buscar una respuesta
desde Madrid. Incluso, con ello desalentaban la versión de que
el propio presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, estaba
buscando un compromiso de su par español, José María
Aznar, para resolver el conflicto. Aznar ayer estaba de gira por Rusia,
reunido con Vladimir Putin y a una excesiva distancia, no sólo
geográfica, del problema de una empresa estatal de su país
en tierras argentinas.
Cabrera es un empresario con antecedente de enterrador de varias
empresas en el mundo como director de la SEPI, y cuando viene aquí
se maneja como si supiera de que va a seguir sumando enemigos: viaja en
una camioneta blindada, con custodios, y jamás se deja fotografiar,
describió una fuente gremial a quien era esperado como portador
de soluciones y, sin embargo, hoy brillará por su ausencia.
Seis gremios firmaron el acta acuerdo el viernes en el Ministerio de Trabajo,
pero la SEPI condicionó la puesta en marcha del plan de reestructuración
a un acuerdo con los siete gremios. APTA, que en la mesa de negociación
rechazó las condiciones del acuerdo, pidió al final de las
negociaciones un compás de espera hasta hoy para resolver con
las bases el camino a adoptar. El personal técnico fue el
más afectado por los despidos recientes, que logró revertir
a través de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio
de Trabajo. Durante el fin de semana y ayer, sin embargo, vencida la conciliación
el viernes y sin acuerdo, los ex despedidos pudieron ingresar a sus lugares
de trabajo sin que la empresa se lo impidiera. Ello dio lugar a todo tipo
de especulaciones: que los accionistas españoles esperaban un rechazo
de la asamblea de hoy para provocar la reapertura del conflicto, o que
el mismo gremio jugaba a favor del conflicto para incidir en un cambio
de operador en Aerolíneas.
De los gremios restantes, en dos casos, el personal aeronáutico
de tierra (APA) y aeronavegantes
(AAA), habían condicionado el acuerdo a que hoy se abonaran los
sueldos adeudados, con lo cual hoy automáticamente caería
el compromiso y, eventualmente, regresarían al conflicto. APA viene
manifestándose mediante la ocupación acampando en el hall
del Aeroparque Jorge Newbery, y ya resolvió realizar una marcha
el viernes 25, a pie, desde Ezeiza hasta el aeroparque metropolitano.
En el caso de APA uno de los gremios de más bajos salarios
del conjunto de trabajadores deAerolíneas, el acuerdo consistía
en postergar en 45 días las reducciones salariales, estabilidad
laboral por dos años salvo despidos por causas disciplinarias
y adecuación de normas convencionales en materia de horarios y
francos semanales. En el caso del gremio de azafatas (AAA), que conduce
la diputada Alicia Castro, se agregaba una cláusula de arbitraje
para abrir a reforma la convención colectiva de trabajo respectiva.
En otros casos, con variantes propias de la actividad de cada gremio,
se firmaron acuerdos de tono similar. Pero sólo en los dos mencionados
se condicionaba su vigencia a la liquidación de haberes adeudados
en el día de hoy.
Fuentes próximas a la empresa, al ser consultadas acerca de la
conducta que podría asumir en las próximas horas la empresa,
señalaban ayer que están más cerca de irse
que de quedarse. En cuanto a la actitud de los gremios, las fuentes
sindicales resumían la situación con igual contundencia:
mañana (por hoy), si no pagan, se pudre todo. El gobierno
mantenía anoche una postura prescindente. Como decía un
catalán, hoy puede ser un gran día.
Claves
- Las negociaciones
entre empresa y gremios fracasaron el viernes por el rechazo de
los técnicos de mantenimiento al acta acuerdo.
- Aerolíneas se había comprometido a abonar los salarios
adeudados de abril hoy, pago al cual habían condicionado
su acuerdo dos de los gremios firmantes, y se reabriría el
conflicto.
- Anoche, fuentes empresarias confirmaron que hoy no estará
el dinero. Los directivos de la SEPI, que estuvieron negociando
con Patricia Bullrich hasta el sábado, partieron ese mismo
día y no tienen previsto regresar hoy.
- El gobierno anticipó que no aportará fondos para
pagar los salarios y permitir un compás de espera en la búsqueda
de soluciones. Negó, además, gestiones de gobierno
a gobierno para buscar un compromiso de José María
Aznar.
- El personal técnico de mantenimiento, que el viernes trabó
el acuerdo, hoy resolverá en asamblea su posición.
APA marcha el viernes de Ezeiza a Aeroparque.
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SIMULACRO
DE BOMBA Y VERSIONES DE DESBORDES
El
conflicto amenaza estallar
Una
amenaza de bomba es fácil de hacer. Alcanza con levantar un teléfono
o abandonar un bulto sospechoso, como ayer ocurrió
cerca del domicilio de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. Pero
el dilema es de hierro. No se puede dejar de investigar. El operativo
desplegado ayer por la Policía Federal fue, a juicio de los vecinos,
impresionante. Aunque la alarma resultó ser falsa,
el objetivo de intimidar y confundir fue más que logrado. En este
clima enrarecido por quienes quieren embarrar la cancha, según
definió Ricardo Cirielli, titular de APTA, el único gremio
que no aceptó alguna forma de acuerdo con los empresarios españoles,
se teme que la reacción de los empleados de Aerolíneas Argentinas
que mañana no cobrarán sus postergados haberes, termine
en desbordes.
A juzgar por los hechos, la presencia de una caja que resultó ser
un curso de inglés en un edificio próximo al que habita
la ministra fue, como amenaza, poco creíble. Lo más probable
es que la reacción de quienes entraron en contacto con la bomba,
se haya debido al clima crecientemente enrarecido tras semanas de un conflicto
laboral que, ahora sí, amenaza con terminar mal. Aunque también
se especuló con amenazas telefónica, fuentes policiales
afirmaron que las llamadas diarias de ese tipo superan las 200.
Lo cierto es que, como confirmó a Página/12 un directivo
de Aerolíneas Argentinas, la plata (para pagar los sueldos
adeudados al personal) no está. Al inquietante dato se suma
la ausencia de los principales directores españoles. El CEO de
la compañía Juan Gurbindo y su director más activo,
Emilio Cabrera, están en España y al parecer con pocos ánimos
de regresar. Según relató a este diario otra fuente de la
aerolínea, los hábitos de Cabrera son viajar a su país
los jueves o viernes y regresar a la Argentina los martes por la mañana.
Sin embargo, su nombre no figuraba ayer en la lista de reservas del vuelo
en el que habitualmente vuelve al país. Y aunque el director español
debió quedarse hasta el sábado pasado negociando con Bullrich,
tarea en la que invirtió más de 10 horas, no parece ser
esa la causa de su demora en regresar.
Dejando de lado las internas que enfrentan a algunos de los gremios en
conflicto, no son pocos quienes pronostican que pueden producirse algunos
desbordes de los sectores que hasta ayer permanecían
en Aeroparque y, en menor medida, en Ezeiza. La predicción alude
directamente a la desesperación de estos empleados que, como son
los que reciben remuneraciones más bajas, serían los menos
preparados para superar el trance de no recibir el pago de los salarios
adeudados.
Según pudo saber Página/12, ayer existieron consultas entre
el Ministerio de Defensa y algunos sectores gremiales. El motivo fue la
amenaza de que los trabajadores, frente a la continuidad del no pago de
sus haberes, se disponían a tomar las pistas, tanto de Aeroparque
como de Ezeiza. Ricardo Cirielli, titular de APTA, el gremio que sufrió
la mayor cantidad de despidos y el más intransigente en las negociaciones,
negó absolutamente las versiones y las atribuyó a quienes
intentan embarrar la cancha con este clima enrarecido. Nosotros
no nos vamos a desesperar, porque nunca creímos en los españoles.
La desilusión la van a sufrir quienes creyeron en ellos a cambio
de una supuesta estabilidad laboral, explicó el dirigente.
La dirigencia de Aerolíneas que no se refugió en España,
tenía ayer una perspectiva menos optimista. Si mañana
se pagaba se terminaba el conflicto, se quejó uno de los
directivos. Ahora, en cambio, la situación es impredecible,
advirtió.
En este escenario no es difícil suponer que el final de la saga
comienza a parecerse cada vez más al largamente preanunciado. No
fueron pocas las especulaciones que ayer sostenían que el probable
desenlace es funcional al deseo de los españoles de acelerar los
tiempos para deshacerse de la Aerolínea. Si ese es realmente el
objetivo, resulta más que probable que en el camino quede otro
de los planteados por los ejecutivos españoles: hacerlo de una
manera elegante.
El
Estado se resiste a aportar fondos para pagar los salarios
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Una
de las alternativas que se manejaba en fuentes sindicales era que
el Estado aportara los fondos de la capitalización pendiente, comprometida
en octubre del año pasado. Pero en el Gobierno niegan esa posibilidad,
así como también que De la Rúa vaya a encarar una negociación con
el gobierno español. |
Por
Cledis Candelaresi
Ante
la perspectiva de que hoy Aerolíneas Argentinas no pague los sueldos,
desatando con ello un conflicto terminal, ayer volvió a cobrar
cuerpo la idea de que el Estado acuda en auxilio de
la empresa aportando, eventualmente, el dinero necesario para esas remuneraciones.
Sin embargo, una alta fuente oficial negó anoche a Página/12
que Economía tenga previsto intervenir o que Fernando de la Rúa
vaya a realizar alguna gestión ante su par español, José
María Aznar. Con su aparente prescindencia, el Gobierno intenta
apartarse cuanto puede de esta historia plagada de compromisos no honrados,
donde los acuerdos siempre parecen escritos en el agua.
Para diseñar su estrategia laboral, la SEPI contrató al
laboralista Daniel Funes de Rioja, devenido en técnico de consulta
de otras empresas de transporte. El abogado, director de Relaciones Laborales
de la UIA, conocido por sus posiciones antisindicales, su ardiente defensa
de la flexibilización laboral y su extrema consigna de promover
convenios por trabajador, es quien redactó el diagrama
para instrumentar el recorte salarial que anhela la empresa.
Esta reducción, según un acta firmada por algunos gremios,
sería compensada en un incierto futuro con la venta de acciones.
Pero la promesa no resultó un estímulo muy poderoso ni siquiera
para el sector de trabajadores que admitió el recorte salarial.
Todos saben que, en materia de incumplimientos, la gestión española
dio sobradas pruebas.
El 13 de octubre del año pasado, la conducción de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, Pedro Ferreras, anunció
junto al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el entonces ministro de
Economía, José Luis Machinea, la firma de un acta acuerdo
que pondría fin a los problemas de Aerolíneas. De ese modo,
Gobierno y SEPI daban el primer paso para la ejecución del plan
director, una propuesta de ajuste de costos y reprogramación de
la deuda, que los españoles insisten en plantear como la única
alternativa para rescatar la compañía.
Esa acta consignó dos compromisos centrales, sólo respetados
parcialmente, o directamente vulnerados. Uno es el de capitalizar 650
millones de dólares, sugiriendo que se trataba de la inyección
de fondos frescos, algo que no ocurrió. La otra promesa, que entonces
subrayaron tanto la empresa como el Gobierno, fue la de no despedir personal.
Sin embargo, semanas atrás Aerolíneas arremetió con
despidos, los que provocaron el paro de nueve días organizado por
la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico.
La empresa tampoco acató de movida la conciliación obligatoria
dispuesta por la cartera que comanda Patricia Bullrich. Después
de haber recibido esa intimación, despidió otra tanda más:
sólo entonces, la advertencia cursada por Trabajo de que intervendría
la Justicia, la forzó al acatamiento.
¿Qué garantías hay de que respeten de ahora
en más un acta?, se preguntaba anoche un dirigente de APTA,
el gremio que se resiste a admitir un arbitraje para rediscutir los convenios
y remuneraciones del sector. El mismo que el Gobierno sindica como responsable
de un eventual nuevo conflicto, que los accionistas españoles podrían
utilizar como excusa para apurar su salida del mal negocio.
La SEPI parece no disponer del dinero necesario para pagar salarios alrededor
de unos 15 millones de pesos mensuales, según datos de la compañía
que maneja el sector sindical, ni siquiera la cuota correspondiente
a los retiros voluntarios. Pero, según subraya el gremio más
díscolo, sí puso a disposición de los despedidos
los haberes correspondientes. El dato abona la teoría conspirativa
de que los propios accionistas están buscando exacerbar el conflicto,
para obtener algún rédito del caos, quizás, una excusa
para la quiebra.
Semanas atrás hubo conversaciones entre el Ministerio de Trabajo
y Economía para analizar la posibilidad de que el Estado, en su
condición de accionista minoritario, aporte dinero para los sueldos.
Quizás capitalizando algo de lo que tiene pendiente (sobre los
650 millones comprometidos en el acta mencionada más arriba, al
Estado le correspondían 32 millones y aportó 8). Pero la
gestión habría quedado definitivamente en vía muerta
y hasta anoche el Gobierno insistía en tratar a AA como a cualquier
otra empresa privada.
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