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Por
Adriana Meyer
 La
empresa Yoma S. A., Villalonga Furlong, atribuida a Alfredo Yabrán,
el PAMI dirigido por Víctor Alderete y el Banco República
de Raúl Moneta fueron anunciantes de la revista Soldados. Esa publicación
pertenece al Ejército y sus oficinas del segundo piso del Edificio
Libertador fueron allanadas ayer en la causa sobre la venta de armas a
Croacia y Ecuador. El resultado del operativo ordenado por el juez Jorge
Urso y solicitado por el fiscal Carlos Stornelli “fue exitoso”,
según revelaron a Página/12 fuentes judiciales. La revista
pertenece a la Fundación Soldados que preside el jefe de la fuerza.
El período investigado es el que corresponde a la jefatura del
general Martín Balza, quien deberá dar explicaciones al
respecto en su próxima indagatoria. “No sabemos si llegaron
a tener negocios en común pero esto demuestra que Balza y Emir
Yoma alguna vez se dieron la mano”, comentó una de las fuentes.
En esta causa, Balza está procesado por falsedad ideológica
y malversación de caudales públicos. Será interrogado
nuevamente el 13 de junio, a pedido de Stornelli y tal como indicó
la sala II de la Cámara Federal, acusado de ser uno de lo organizadores
de la asociación ilícita que perpetró la maniobra
de la venta de armamento. En esa oportunidad seguramente tendrá
que explicar cómo consiguió anunciantes tan poderosos para
su revista. “Es la primera vez que una pista relaciona al Ejército
con la recepción de presuntos favores por parte de grupos vinculados
al poder como éstos”, comentó a este diario, entre
cansado y eufórico, uno de los investigadores del caso. “Ahora
habrá que determinar a cambio de qué el Ejército
obtuvo semejante apoyo económico”, agregó.
Todo comenzó el viernes cuando el abogado denunciante Ricardo Monner
Sans recibió en su estudio un nuevo anónimo. “Balza
miente en forma reiterada porque ha negado tener con los Yoma otra relación
que no sea la protocolar y sin embargo participó de acontecimientos
íntimos como el cumpleaños de Amira, donde incluso bailó
ritmos de moda, y además recibió de ellos apoyo financiero
para su publicación”, asegura el libelo. Y adjuntó
copias de un ejemplar del 20 de julio de 1997 en el que puede verse el
aviso de “Yoma Group Argentina, tradición empresarial, mercado
internacional industria del cuero” abajo de una foto de Balza festejando
el día del periodista. También envió un facsímil
de un aviso del PAMI.
El informante anónimo aportó el domicilio legal de la publicación
-Azopardo 250, segundo piso, que no es otra que la del Edificio Libertador,
sede del Ejército– y describió que “la financiación
de actividades promocionales se nutrió de varias fuentes tales
como la imposición de una contribución obligatoria de cada
uno de los miembros del Ejército (de un peso) y la publicidad de
entes como el PAMI, el Banco República y la empresa Yoma”.
Siempre según esos datos, Soldados también recibió
el aporte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Balza
trata de preservar a Menem pero sabe muy bien que los cabecillas fueron
él y el ex presidente. No por casualidad estuvo en ese cargo nueve
años”, concluyó el anónimo.
Ayer a la mañana, apenas llegó al juzgado, Urso firmó
la orden y al mediodía la comisión judicial ya estaba en
marcha hacia el Edificio Libertador. El operativo estuvo dirigido por
el fiscal Stornelli, apoyado por efectivos de la Policía Federal
y personal de la AFIP, y se concretó en las oficinas de la revista,
ubicadas un piso más abajo del despacho que ocupaba Balza. El jefe
del Ejército, general Ricardo Brinzoni, prestó “absoluta
colaboración”, según comentaron los investigadores.
Su segundo, el secretario general del Ejército, Eduardo Alfonso,
fue quien entregó la documentación solicitada. Los funcionarios
judiciales se llevaron libros contables y recibos de los pagos de esas
empresas en concepto de publicidad para la revista Soldados. Recién
a las 20 concluyeron su tarea.
CASELLI
COMPLICO MAS A MENEM
Un
misil por escrito
Por
A. M.
 Un
ruckaufista logró complicar aún más la situación
de Carlos Menem en la causa sobre la venta de armas a Croacia y Ecuador.
El secretario de Gobierno bonaerense y ex embajador en el Vaticano Esteban
Caselli aseguró que el ex presidente lo instruyó “personalmente”
para mantener a Luis Sarlenga al frente de Fabricaciones Militares (FM),
cuando el ex ministro de Defensa Oscar Camilión intentó
removerlo. Lo hizo al declarar por escrito en el expediente a pedido del
juez Jorge Urso.
Caselli–que fue subsecretario general de la Presidencia cuando se
produjeron los embarques de armas trianguladas a Ecuador y Croacia–
había dicho que fue Menem quien le dio la orden de “retener
en el cargo” a Sarlenga. Cuando esa información trascendió,
el juez Urso cursó un oficio al hoy funcionario de la gobernación
de Carlos Ruckauf, pidiéndole que declarara como testigo en la
causa. Caselli optó por declarar por escrito y su respuesta llegó
al juzgado ayer, mientras declaraba el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy
(ver aparte).
El ex funcionario menemista afirmó en su declaración que
“no conocía” a Sarlenga cuando le pidió a Camilión
que lo mantuviera al frente de Fabricaciones Militares. Según fuentes
judiciales consultadas por Página/12, Caselli relató que
el edecán primero había pedido por Eduardo Bauzá
pero como no se encontraba, Menem mandó a que lo llamaran a él.
“El ex presidente en persona me dijo que debía indicarle a
(Oscar) Camilión que retenga a Sarlenga en Fabricaciones Militares”,
relató en el escrito. Y agregó que él cumplió
aunque le aclaró a Camilión que si quería lo ratificara
con el entonces presidente. El ex ministro de Defensa contestó
que no era necesario. Hace algunas semanas, cuando el caso volvió
a las primeras planas, Camilión aseguró que Caselli se había
comunicado telefónicamente con él para aclararle que cuando
le pidió mantener a Sarlenga en FM lo había hecho a instancias
de Menem.
El juzgado de Urso –ante quien deberá declarar Menem el 13
de julio acusado de haber integrado la asociación ilícita
que perpetró la maniobra- se transformó así en reflejo
de la interna justicialista.
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