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 “A
medida que avanzó el año 2000 quedó plasmado que
frente al fortalecimiento del consenso social que demanda verdad y justicia
para los crímenes de la dictadura, se agudizó la ofensiva
de las Fuerzas Armadas respaldadas por ciertos sectores del gobierno nacional”,
dice el capítulo dedicado a la lucha contra la impunidad del informe
anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Los intentos por
paralizar los Juicios por la Verdad y por apropiación de menores,
el planteo de las “mesa de diálogo”, los ascensos de
militares cuestionados por violaciones a los derechos humanos son ejemplos
del objetivo de los militares durante el año pasado reseñados
en la publicación del CELS, que también aborda problemas
de violencia policial, la represión de las protestas sociales,
la situación carcelaria, la reforma laboral, la pobreza, la inmigración,
la salud pública y la posición del Estado frente a los organismos
internacionales.
En el prólogo del informe, que se presentará hoy, a las
19, en el auditorio de El Ateneo, Florida 340, el director del organismo
de derechos humanos, Víctor Abramovich, advierte que no es posible
evaluar la gestión del Gobierno en términos de la vigencia
de los derechos humanos fuera del contexto de la grave crisis política
que caracterizó el año 2000. Sin embargo, también
asegura que aún antes del divorcio de las dos fuerzas que integran
la Alianza “el gobierno había mostrado una postura oscilante
y ambigua, con relación a cuestiones medulares para la agenda de
los derechos humanos (...) Pero no todo era indecisión. También
existían ciertas definiciones profundamente cuestionables: la persistencia
del modelo económico del ajuste, el impulso de una legislación
social de signo regresivo y la apelación a la violencia de las
fuerzas de seguridad en la represión de algunos conflictos sociales”.
Además de los intentos de retroceso en la lucha contra la impunidad
por parte de los militares, el informe del organismo de derechos humanos
rescata los avances de la justicia. En este sentido menciona:
u La condena al agente de la Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA) chilena Enrique Lautaro Arancibia Clavel por el asesinato del general
chileno Carlos Prats y su mujer. El Tribunal Oral Federal Número
6 lo responsabilizó de haber integrado una asociación ilícita
y de haber sido partícipe necesario del doble asesinato.
u El cuestionamiento judicial de las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida: El fallo de la Cámara Federal porteña que en el
caso de la desaparición de Conrado Gómez dispuso que las
leyes no eran de aplicación automática y –aunque es
de este año– la resolución en la que el juez Gabriel
Cavallo declaró la inconstitucionalidad de la Obediencia Debida
y Punto Final.
u En el plano de la justicia en el exterior se destacan la sentencia dictada
en Roma contra Carlos Guillermo Suárez Mason, Santiago Omar Riveros
y cinco oficiales de la prefectura; la detención trunca del mayor
Jorge Olivera en Italia y la del marino Ricardo Cavallo en México.
La publicación del CELS también analiza la posición
de Argentina frente a los organismos internacionales de protección
de los derechos humanos, específicamente la Comisión y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde hace algunos años
el estado argentino es uno de los países de la región que
más denuncias en su contra recibe. El año pasado el CELS
inició un expediente por los ataques sufridos por familias de inmigrantes
bolivianos. Además, las torturas y el asesinato de Walter Bulacio
llegaron a la Corte Interamericana. Como expresa el CELS “se trata
del primer caso en el que la Corte IDH deberá analizar los graves
patrones de violencia institucional de las policías argentinas,
como las razzias, las torturas y las condiciones de detención de
los niños en las comisarías, así como la complicidad
de la justicia en casos de brutalidad”.
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Es
mucho más riesgoso ser un civil
Según
las estadísticas reconstruidas por el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) –ya que no existen datos oficiales–
durante 2000 fueron muertos o heridos 136 civiles y 50 miembros
de las fuerzas de seguridad en enfrentamientos en la Ciudad de Buenos
Aires. En el Gran Buenos Aires las víctimas civiles resultaron
377 y 182 los funcionarios policiales. “La gravedad, permanencia
e inclusive el incremento de la violencia institucional durante
el año pasado demostraron que el problema responde a patrones
de conducta arraigados en el modo en que las instituciones ejercen
las función de seguridad”, dice el capítulo del
informe anual del CELS dedicado a Violencia Institucional y Seguridad
Ciudadana. El organismo de derechos humanos menciona que en el caso
de la policía de la provincia de Buenos Aires, no sólo
se abandonó el proceso de reforma institucional sino que
además “las violaciones a los derechos humanos por parte
de la policía bonaerense fueron acompañadas por un
Poder Ejecutivo que promovió la violencia policial y un accionar
institucional que hiciera caso omiso de la existencia del estado
de derecho”. En el juicio por el asesinato del fotógrafo
José Luis Cabezas, dice el CELS, “se manifestó
el modo en el que la violencia policial se teje en una trama de
violaciones a los derechos humanos e ilegalidades donde los integrantes
de las fuerzas de seguridad tienen un lugar protagónico y
de articulación basado precisamente en el ejercicio de su
función”.
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Hoy,
debate
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará hoy
a analizar varias demandas por torturas, asesinatos, privación
de libertad y derecho a la libre expresión, presentadas contra
Guatemala, Colombia, Perú, Costa Rica y Argentina. Los casos
serán estudiados en San José de Costa Rica, durante
el 51 período ordinario de sesiones, que concluirá el
2 de junio próximo. Durante las deliberaciones se conocerá
el caso “Cantos”, referente a las excepciones preliminares
interpuestas por el Estado argentino. La demanda la interpuso la Comisión
Interamericana en marzo de 1999 y se refiere a los allanamientos y
decomiso de documentos relacionados con la actividad comercial del
empresario José María Cantos, en marzo de 1972. |
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