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 A través de un decreto,
el Gobierno le ordenó ayer a la SIDE que le enviara información
sobre sus cuentas bancarias al juez Gabriel Cavallo y a los fiscales Federico
Delgado y Eduardo Freiler en la investigación que llevan adelante
por el supuesto pago de sobornos en el Senado. En su momento, el Ejecutivo
había tomado una decisión similar cuando la causa todavía
estaba a cargo del ex juez Carlos Liporaci, pero ahora Cavallo consideró
necesario “reiterar la diligencia”. Por otro lado, una pericia
de la Policía Federal volvió a complicar la situación
del senador salteño Emilio Cantarero, uno de los comprometidos
en el expediente: se comprobó que la nota enviada a una periodista
fue escrita en una de las computadoras de su despacho, un dato que él
había negado.
“Rubita: estuvimos cinco minutos en los pasillos. Me van a hacer
un careo contigo”. El papel con el mensaje impreso se lo entregó
en mano el secretario privado de Cantarero a la periodista del diario
La Nación María Fernanda Villosio el 30 de agosto del año
pasado. El día anterior, la periodista había escrito una
nota en la que un senador –al que no identificaba en respeto al “off
the record” acordado– admitía haber cobrado dinero para
aprobar la ley de reforma laboral. Como el bloque justicialista acusó
al diario de mentir, al otro día la periodista identificó
a Cantarero como el senador arrepentido. Sin embargo, el legislador salteño
siempre negó haber escrito el mensaje, igual que en un principio
tampoco admitió que hubiera conversado con Villosio, algo que a
la larga terminó aceptando. Otra cosa que nunca admitió,
claro, fue el contenido de la entrevista.
Ahora, según el peritaje scopométrico que los técnicos
de la Policía Federal pusieron en manos de los investigadores,
el mensaje fue escrito en una de las computadoras e impreso en una de
las máquinas que Cantarero tiene en su despacho. Sin embargo, el
trabajo presentó un par de falencias de tipo formal que, posiblemente,
darán pie a una impugnación de la defensa del senador. Una,
es que el informe no lleva la firma del perito de parte, siempre obligatorio
en estos casos. Dos, que está mal escrito el nombre de la marca
de impresora.
La otra novedad importante en la causa, fue el decreto 650 publicado ayer
en el Boletín Oficial, por el que el Gobierno atendió el
nuevo pedido del juez Cavallo. “La renuncia del juez anterior torna
pertinente reiterar la diligencia, de acuerdo a que lo requerido por el
magistrado a cargo, aunque estrictamente resulte claro que la autorización
del decreto 833/00 se refiera a la causa”, se explicó en el
decreto.
Cavallo había pedido a principios de mes que le permitieran acceder
a los movimientos ocurridos entre el 11 y el 13 de abril del 2000 en dos
cuentas que tiene la SIDE en el Banco Nación. La sospecha es que
de esos fondos pudo haber salido el dinero para pagar las supuestas coimas.
Esos números ya fueron analizados por Liporaci, quien luego declaró
la falta de mérito a todos los imputados. El juez luego debió
renunciar envuelto en un escándalo por enriquecimiento ilícito
por lo que Cavallo decidió chequear esos datos con sus propios
ojos. También pidió que le envíen la información
a los fiscales y a los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal
que analizan el expediente. Los integrantes de esta sala, Luisa Riva Aramayo
y Horacio Vigliani, están estudiando el procesamiento de varios
senadores, solicitados por los fiscales de primera instancia y respaldados
por el fiscal de Cámara, Germán Moldes.
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