|
Por Irina Hauser
 El cruce de acusaciones entre
miembros del Consejo de la Magistratura -que se reprochan mutuamente favorecer
a uno u otro candidato a juez– amenaza con dejar sin efecto o en
suspenso el concurso para ocupar el juzgado federal 12 que quedó
vacante en diciembre de 1997 cuando fue destituido Carlos Branca. Hoy
se presentan ante el plenario, en una audiencia abierta, los postulantes
de la terna seleccionada que los consejeros deberían aprobar o
rechazar en la misma jornada. Pero el desenlace de esta historia será
complicado. Tal vez no alcancen los votos para refrendar la terna porque
hay quienes cuestionan que Sergio Torres haya saltado al primer puesto
entre los aspirantes después de haber estado sexto según
el puntaje inicial asignado por el jurado examinador.
Las internas de los consejeros giran en torno a los favoritismos. En el
bando que se ha opuesto a la mejora del puntaje de Torres, actual juez
de instrucción, acusan por lo bajo que “es un candidato de
los radicales”. Y si lo votan los legisladores justicialistas que
integran el Consejo, dicen, “es por el famoso plan canje que les
promete algo a ellos”. Está claro que esta clase de discusión
atenta contra el espíritu de este organismo, supuestamente creado
para evaluar y elegir jueces en forma imparcial. Pero a nadie se le escapa
la importancia política de un juzgado federal como el que dejó
Branca (acusado de liderar una banda que protegía a contrabandistas),
cuya tarea central es juzgar a funcionarios públicos.
Así es que en el aspecto técnico, lo que se debate es si
la ley permite y si es conveniente o no, revisar las notas que pone el
jurado que evalúa los antecedentes de los postulantes y corrige
sus exámenes. Un tema que también se planteó en los
concursos para el juzgado federal de Comodoro Rivadavia y para juzgados
civiles de Capital Federal.
Para ocupar el juzgado 12 en un principio se presentaron 40 personas.
Después de dar examen, en el primer lugar quedó Pablo Jantus,
secretario de un tribunal oral, con 140 puntos. Torres quedó sexto,
con 113 puntos. Los consejeros Juan Geminiani y Humberto Quiroga Lavié
elaboraron un dictamen que decía que el jurado había sido
arbitrario al evaluar a Torres y le dio 35 puntos más. En la Comisión
de Selección, a esa postura se plegaron el diputado radical Carlos
Maestro, el representante del Poder Ejecutivo Alfredo Víttolo y
el menemista Miguel Pichetto. Un dictamen opositor no logró mayoría:
lo firmaron los abogados Eduardo Orio y Mario Gersenobitz y los jueces
Javier Fernández Moores y Bindo Caviglione Fraga.
Finalmente quedaron ternados Torres, Jantus y Daniel Morin, quienes concurrirán
hoy al Consejo y contestarán eventuales preguntas. Después
los veinte consejeros deberían votar. Para aprobar la terna y elevarla
al Poder Ejecutivo se necesitan dos tercios de los presentes. Quienes
ya opinaron en la Comisión de Selección mantendrían
sus posturas. Entre los demás, las posiciones parecen reñidas.
Incluso está en discusión qué ocurrirá si
no hay mayoría para aprobar los candidatos. Una posibilidad es
que caiga el proceso de selección y haya que empezar todo de nuevo,
“lo que equivale a 40 mil dólares perdidos, que es lo que
cuesta un concurso”, se quejan en la secretaría general del
Consejo. Otra opción, es que el trámite vuelva a la Comisión
de Selección, que revisaría el procedimiento. De todos modos,
la tensión reinante es tal, que nadie descarta que con algún
argumento de último momento, el pleno resuelva dejar la votación
en cuestión para otro día. Mientras tanto, en el fuero federal
ya son cinco los juzgados vacíos: a los del ex juez Branca y Norberto
Oyarbide (de licencia) se sumaron este año los de Adolfo Bagnasco,
Gustavo Literas y Carlos Liporaci.
LA
ACUSACION CONTRA CISNEROS EN LA MAGISTRATURA
Encarcelamiento preventivo
“Prefiero estar acá
fundamentando por qué revoqué la excarcelación de
Cabello, mucho peor sería tener que dar explicaciones por haber
mantenido su libertad y que atropellara a otra persona”, se defendió
ayer el juez Vicente Cisneros ante el Consejo de la Magistratura. Cisneros
tuvo que explicar por qué mandó a la cárcel a Sebastián
Cabello –el joven que ya había sido acusado de provocar la
muerte de una mujer y su hija de tres años en una picada de autos–
a partir de testimonios que revelaron ante la fiscalía que lo habían
visto manejar de nuevo a pesar de que la Justicia se lo había prohibido.
El magistrado dijo ante los consejeros de la Comisión de Acusación
que ordenó la detención de Cabello con plena conciencia
de lo que hacía.
Cisneros fue acusado por mal desempeño de sus funciones ante el
órgano que juzga a los jueces, por los defensores de Cabello. El
joven había sido acusado de homicidio con dolo eventual por chocar
y matar el 30 de agosto de 1999 en Núñez a Celia Carman
y su hija Vanina con un auto preparado para correr picadas. Estuvo preso
por ocho días y, al liberarlo, el juez Luis Schegel le prohibió
volver a manejar. Tres meses más tarde, testigos que declararon
en la fiscalía de José María Campagnoli dieron pistas
de que Cabello estaría conduciendo otra vez. Cisneros, que por
ese entonces instruía la causa, decidió revocar la excarcelación
porque –explicó ayer ante los consejeros– consideró
que el joven, eludía de ese modo la acción de la Justicia,
uno de los argumentos jurídicos para detener a alguien. La Cámara
opinó otra cosa y volvió a liberarlo.
Ayer Cisneros fue a declarar, en compañía de sus asesores
letrados Patricia Cristaldo y Pablo Jacoby, para dar explicaciones sobre
su resolución. Como fue una audiencia pública, estuvieron
presentes una decena de jueces –algunos para darle apoyo, otros prevenidos
de que algo similar les podría pasar alguna vez– entre ellos
Alberto Baños, Julio Lucini, Vilma López, Fernando Rodríguez
Lubary, Adolfo Calvete, Alberto Seijas, Mariano González Palazzo
y Enrique Velázquez.
Ante los consejeros Fermín Garrote, Pablo Fernández, Mario
Gersenobitz y Augusto Alasino, el magistrado contó que viene de
una familia humilde, que su abuelo limpiaba pisos en el Palacio de Justicia
y su padre era ordenanza de un juzgado. Contó que él fue
meritorio en la Justicia y que se graduó en Derecho de grande.
Sobre el caso Cabello, argumentó –contra el planteo de quienes
lo acusan– que a los fiscales la ley de Ministerio Público,
les da facultades para tomar testimoniales y realizar actuaciones complementarias
en una causa. Por ende, él consideró innecesario volver
a convocar a los testigos que declararon en la fiscalía de Campagnoli.
Cisneros dijo que en esta causa estuvo muy presionado por las dos partes.
Pero recordó que uno de sus maestros solía decirle que “ser
juez es como estar constantemente dirigiendo un partido de tenis, porque
usted recibe de golpe pelotazos que no sabe de donde vienen”. Ahora
la Comisión de Acusación puede llamar testigos o directamente
emitir un dictamen. Una mayoría apoyaría un dictamen para
desestimar el juicio político.
|
