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 “Los derechos que no se
materializan son pura declaración y tenemos hiperinflación
de declaraciones. ¿Cómo desarrollar políticas sociales
en el sistema capitalista basado en la voracidad del mercado? Este es
el desafío y por eso me senté en ese ministerio”, dijo
el ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, quien se enfrentó
ayer con un auditorio poblado de dirigentes y militantes de agrupaciones
de derechos humanos en la presentación del Informe anual del Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS). Cafiero compartió la mesa
con el presidente del organismo, Horacio Verbitsky, y los especialistas
Alberto Barbeito, Susana Chiarotti y Fabián Repetto, que hablaron
sobre la implementación de políticas públicas.
Verbitsky abrió la presentación de “Derechos Humanos,
Argentina 2001”, mencionando en una “introducción panorámica”
los temas que aparecen en el informe: la lucha contra la impunidad, la
violencia institucional y los derechos económicos, sociales y culturales.
Se refirió especialmente al planteo que en ese momento se estaba
haciendo en el parlamento para otorgarle más atribuciones a la
policía. “¿Qué ley podría votar el Congreso
que salvara la vida de dos policías baleados por la espalda?”,
se preguntó y recordó que la provincia de Buenos Aires aprobó
hace más de un año un proyecto similar al que se quiere
imponer ahora a nivel nacional y eso no dio por resultado un aumento de
la seguridad. Acompañaban al CELS los padres de Sebastián
Bordón y Mariano Witis, dos víctimas de la violencia policial.
Los miembros fundadores del organismo de derechos humanos, Carmen Lapacó,
Laura Conte, Chela Mignone y José Westerkamp, presenciaban el acto
desde las primeras filas junto a miembros de otras agrupaciones como Alba
Lanzillotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Marta Vázquez, presidenta
de la Federación de Familiares de Desaparecidos de América
Latina (FEDEFAM) y Lita Boitano y Cristina Muro de Familiares de Desaparecidos.
También asistieron los funcionarios Mariano Ciafardini, secretario
de Política Criminal; la ex subsecretaria de Derechos Humanos y
actual legisladora porteña Alicia Pierini, la directora de Derechos
Humanos de la Ciudad de Buenos Aires y el representante especial de derechos
humanos en el ámbito internacional, Leandro Despouy. Los dos últimos
escucharon las ponencias sentados en el piso, debido a que el auditorio
de la librería Ateneo estaba colmado.
Fabián Repetto, doctor en Ciencias Políticas y director
de la revista SOCIALIS, habló de la necesidad de que “el campo
progresista” tenga un papel importante en políticas públicas
y se preguntó si en el futuro en la Argentina la política
va a ser capaz de gobernar a la economía. “O estamos en la
mesa donde se deciden las políticas o todo es parche”, dijo
a su turno Susana Chiarotti, coordinadora regional del Comité Latinoamericano
y del Caribe para la defensa de los derechos de la Mujer, que planteó
el tema de la sectorización de los reclamos de género y
la falta de transparencia en los planes sobre salud reproductiva.
El economista Alberto Barbeito hizo eje en el problema de la falta de
políticas contra la pobreza –como se titula uno de los capítulos
del informe–. Barbeito fue aplaudido cuando rechazó la “lógica
focalizada” de implementación de los programas asistenciales,
que se refieren a la pobreza como si afectara a una porción menor
de la sociedad e intentan acotar y definir el perfil de los beneficiarios.
“Se insiste en identificar personas que necesitan los programas pero
se dice que las políticas tributarias deben ser generales. Es decir,
que no es posible identificar al 5 por ciento más rico cuando sí
se puede focalizar al 30 por ciento más pobre”, afirmó.
Luego de estas palabras, le tocó hablar a Cafiero, quien al referirse
a las denuncias sobre gatillo fácil volcadas en el libro del CELS
aseguró: “siento vergüenza que esto siga estando acá
a esta altura de la democracia. Hay una demanda por todos lados. Hacemos
agua”. Luego, discrepó con algunas ideas del informe del organismo
de derechos humanos –como los diagnósticos de quiebre dentro
de la Alianza, de baja calidad democrática y de la criminalización
de los militantes sociales– y se comprometió con el “desafío”
de estar al frente del ministerio de Desarrollo Social, aún sabiendo
que puede ser una “trituradora de dirigentes y militantes que quieren
hacer cosas por la gente”, en obvia respuesta a la reflexión
de Carlos “Chacho” Alvarez, quien al abandonar la política
dijo que la “Alianza fue una trituradora de ilusiones” .
LA
JUEZA AUTORIZO EL ARRESTO DOMICILIARIO DEL DICTADOR
Massera más cerca de su esposa
La jueza María Servini
de Cubría autorizó al dictador Emilio Eduardo Massera a
volver a su casa. Para que la detención domiciliaria del Almirante
Cero se haga efectiva, también deberá acordar con esta medida
el juez Rodolfo Canicoba Corral –quien tiene a Massera a disposición
“conjunta” con Servini de Cubría–. El magistrado
aún “está estudiando” la solicitud del defensor
oficial Horacio Michero, representante del dictador.
Servini de Cubría resolvió restituir el beneficio de arresto
domiciliario a Massera después de recibir una recomendación
de la junta médica del Hospital Naval. Pero Canicoba Corral, que
reemplaza al juez Adolfo Bagnasco–, dispuso el jueves pasado que
Massera fuera a ese hospital para recuperarse de la operación de
by pass a la que fue sometido el sábado 12 en el Instituto Cardiovascular
de Buenos Aires y que luego volviera a Campo de Mayo, donde estaba detenido
luego de que se descubriera que violaba las condiciones de su arresto
domiciliario en la quinta de El Talar de Pacheco. Ahora, el magistrado,
que la semana pasada pidió explicaciones a la Gendarmería
porque no le había informado del traslado del dictador, podría
revertir su decisión y concluir que “por razones médicas”
el dictador puede cumplir con su detención en su departamento de
Libertador y San Martín de Tours.
Massera, que según los informes médicos se recupera favorablemente
de su operación, fue arrestado por la jueza Servini de Cubría
por su responsabilidad en la apropiación del hijo de Cecilia Viñas,
que nació en la Escuela de Mecánica de la Armada. Luego,
el juez Bagnasco lo procesó en la causa en la que se investiga
el plan para apropiarse de bebés durante la dictadura. Por eso
actualmente Ma- ssera está a disposición de ambos magistrados.
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