El presidente venezolano Hugo
Chávez pidió ayer formalmente el ingreso de su país
al Mercosur en calidad de país asociado. La solicitud fue recibida
por el gobierno de Paraguay, en calidad de presidente temporal del bloque
regional, y fue anunciada por su canciller, José Antonio Moreno
Rafanelli, durante la sesión de clausura del encuentro del Foro
Económico Mundial en Buenos Aires. Aunque la intención venezolana
había sido manifestada en reiteradas oportunidades, la determinación
fue adoptada precisamente cuando se recalienta la discusión sobre
el Area de Libre Comercio de las Américas y tensiona la relación
entre los principales miembros del bloque regional, Argentina y Brasil.
El canciller Adalberto Rodríguez Giavarini señaló
que en Argentina hay predisposición a analizar muy a fondo
y de la mejor manera la solicitud venezolana. Pero no es Argentina
el más firme impulsor del ingreso de Venezuela al Mercosur. El
presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, ha respaldado
a Chávez a sumarse al bloque y, además, lo invitó
a participar de la cumbre presidencial de la región a celebrarse
el 21 y 22 de junio en Asunción.
Tanto Cardoso como Chávez aspiran a fortalecer la integración
latinoamericana para buscar condiciones más favorables en las negociaciones
con Estados Unidos, en el marco del proyecto ALCA. Argentina, en cambio,
aparece hasta ahora como más proclive a inclinarse hacia la misma
postura asumida por Chile, que es la de tratar de exhibirse como el socio
más confiable del país dominante en el continente,
apostando incluso en la versión preferida por Domingo Cavallo
a una integración individual al Nafta (bloque comercial de América
del Norte). En tal sentido, el ingreso de Venezuela al Mercosur podría
marcar un nuevo equilibrio en la estrategia del bloque.
Por otra parte, todo indica que Venezuela buscaría una aproximación
mayor y un proceso más acelerado de incorporación como socio
pleno que la experiencia previa de Bolivia y Chile. En este último
caso, las perspectivas de integración al Mercosur han quedado prácticamente
congeladas en los últimos dos años precisamente por la preferencia,
señalada más arriba, del país trasandino por buscar
una asociación comercial directa con Estados Unidos, sólo
trabada por la negativa del Congreso de ese país a otorgarle la
cláusula de fast track al ex presidente Bill Clinton.
Moreno Rafanelli, canciller paraguayo, dijo ayer que el ingreso de Venezuela
al Mercosur será uno de los temas centrales de la cumbre
del 21 y 22 de junio en Asunción, porque es un asunto de
gran importancia. Señaló que, por el momento, Venezuela
no puede ser miembro pleno del Mercosur, ya que forma parte de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) junto a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Pero eso no impide que puedan actuar como Bolivia y Chile, que son
socios que participan en el foro político del Mercosur, aclaró.
El representante de Paraguay subrayó, en conferencia de prensa,
que el Mercosur no se va a morir, a pesar de que situaciones como
la devaluación del real, que en lo que va del año ya lleva
un 17 por ciento, y las medidas adoptadas por Argentina, son cuestiones
que dificultan un normal andamiaje. Comentó, además,
que al parecer, Uruguay también va a plantear una modificación
en el sistema arancelario con carácter excepcional para ciertos
bienes de capital, lo cual será tratado en Asunción.
Oposición empresaria
Los empresarios venezolanos consideraron inadecuada
la asociación de su país al Mercosur e insistieron
en que Venezuela debe negociar con el bloque económico sureño
junto con sus socios de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El
vicepresidente de la central patronal Fedecámaras, Pedro
Carmona, se quejó de la extrema reserva oficial
respecto a las negociaciones nacionales con el bloque regional integrado
por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, en referencia al silencio
que sobre el asunto mantiene el Gobierno. El empresariado
nacional ha indicado repetidamente que lo conveniente al interés
venezolano, al interés andino, que es nuestro principal mercado,
y a la geopolítica latinoamericana, es una negociación
no individual sino bloque a bloque, reiteró Carmona.
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PULSEADA
ENTRE ECONOMIA Y GOBERNADORES DEL PJ
Para tener ley de garantía, pague
Los gobernadores justicialistas
le presentarán hoy al ministro de Economía, Domingo Cavallo,
sus pretensiones para que la Nación cancele las deudas que por
diferentes conceptos, principalmente fondos adeudados por planes sociales,
vivienda y educación, mantiene con sus provincias por un monto
superior a los mil millones de dólares. Así lo confirmaron
los gobernadores de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, y de Santa Cruz, Néstor
Kirchner, al término de un cónclave que mantuvieron los
mandatarios de la oposición. Este acuerdo es parte de la negociación
que mantiene el Ministerio de Economía con los mandatarios provinciales
para destrabar el proyecto de Ley de Crédito Público, que
permitiría garantizar la deuda de los diferentes distritos con
los respectivos ingresos tributarios.
La visita al Ministerio de Economía tendrá lugar a las 16.
Según señaló Ruckauf al término del encuentro
de los gobernadores, realizado en el Consejo Federal de Inversión,
los fondos que deberían haber llegado desde el Tesoro Nacional
es el dinero por salud, educación, vivienda y empleo.
Previamente, por la mañana, se encontrarán los ministros
de economía provinciales para acordar el monto definitivo de las
deudas que serán presentadas a la Nación. Aunque sin precisión
sobre el monto exacto, Ruckauf y Kirchner aseguraron que está
por arriba de los mil millones de pesos.
La provincia que demandaría una mayor cantidad de fondos adeudados
es Santa Fe, con 280 millones de pesos, según cálculos preliminares.
Salta reclamaría 67 millones, Misiones 65 millones y Tucumán
54. La mayoría de las provincias estuvieron representadas por sus
gobernadores, con excepción de Santa Fe, que participó a
través del vicegobernador, Marcelo Muniagurria, y de Córdoba,
por la que concurrió el ministro de la Producción, Juan
Schiaretti.
La pretensión de los provinciales contemplaría que la Nación
se hiciera cargo de los compromisos adeudados en materia de gasto social
(planes de empleo, vivienda, salud y educación) para evitar turbulencias
sociales en los diferentes distritos. En segundo término,
que las provincias cuenten con el aval de la Nación para continuar
sus negociaciones con la banca privada para posibilitar la refinanciación
de la deuda y, a la vez, que las autoridades nacionales evalúen
la posibilidad de apoyar un megacanje de las deudas provinciales para
despejar en el corto plazo el riesgo de cesación de
pagos.
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