Por Carlos Rodríguez
La infidelidad crece en la
investigación del trágico asalto en el barrio de Once donde
murieron dos policías y un delincuente: ahora suman tres los empleados
detenidos acusados de participar como entregadores, no sólo en
el hecho ocurrido el sábado sino también en por lo menos
otros dos robos cometidos este año contra sucursales de la misma
firma. Junto con ellos sigue preso un miembro activo del Servicio Penitenciario
Federal (SPF), a cuyo nombre que se mantiene en reserva estaba
inscripta una pistola que se encontraba en poder de la banda y que fue
hallada en el lugar de los sucesos. El agente del SPF tenía una
estrecha relación con el grupo de asaltantes, lo que lleva a pensar
que podría haber sido miembro activo de la organización.
Anoche trascendió que se estaría sobre la pista de otros
dos integrantes de la banda cuya detención podría ser sólo
cuestión de horas, estimaron fuentes cercanas a la investigación.
Ayer había circulado con insistencia una versión sobre la
presunta intervención en el hecho de otro miembro de las fuerzas
de seguridad, pero la información fue desmentida por las fuentes
judiciales consultadas por este diario. Del mismo modo fue rechazado un
segundo trascendido según el cual en el comercio asaltado, en Larrea
579, funcionaba una supuesta mesa de dinero. Jorge Inacio,
hijo y colaborador del propietario del comercio, consideró una
barbaridad que se haya echado a correr esa información sin aportar
ninguna prueba. El juez de la causa, Roberto Grispo, y el fiscal
José María Campagnoli, confirmaron que esa hipótesis
nunca fue analizada. Respecto de la participación del agente del
SPF, se dejó en claro que por el momento no se tiene ninguna
pista que lleve a pensar que el resto de la banda haya estado integrada
por personas detenidas a las que se haya permitido salir de la cárcel
para robar, como ocurrió repetidas veces en casos de gran repercusión
pública (ver aparte). Ayer por la tarde, personal de la Policía
Científica de la Federal realizó una inspección complementaria
tendiente a reunir nuevos elementos para la pericia balística que
determinará cuáles fueron las armas utilizadas para matar
a los sargentos Roberto Hugo Ceballo y Rubén Darío Montaos
y para herir al cabo Miguel Angel Zarza.
Juan Pablo Inacio, dueño del comercio asaltado en Once, confirmó
que en los últimos tiempos sufrió cinco robos en distintas
sucursales. En la investigación quedó demostrado que los
tres empleados detenidos habrían tenido intervención en
por lo menos tres de esos hechos. Ellos actuaron siempre como entregadores
y no hay elementos que los ubiquen en un rol activo en los asaltos, que
hasta ahora habían tenido un componente mínimo de violencia.
Tan acostumbrado estaba a los robos, que Inacio había instalado,
en el local de la calle Larrea, un sistema de alarma que se accionaba
mediante un dispositivo instalado discretamente en el interior del baño.
El lugar fue elegido porque habitualmente los ladrones encerraban allí
a los dueños y a los empleados para luego trabajar
libremente. El sábado, obviamente alertados por los empleados infieles,
los llevaron a una habitación de los fondos, desde donde no podían
pedir ayuda. No obstante, alguien les avisó a los policías,
que ingresaron al local y fueron matados por la espalda.
Al parecer, los empleados infieles obtenían el diez por ciento
del botín recaudado en cada uno de los robos. Se sospecha que la
banda habría cometido una serie importante de asaltos en la zona,
varios de ellos en las sucursales de la firma propiedad de la familia
Inacio. Todo parece confirmar que los prófugos, por participar
en el robo del sábado, siguen siendo cinco, ya que los tres empleados
no participaron del hecho y es muy probable que tampoco lo haya hecho
el miembro del SPF.
Sin embargo, todos podrían formar parte de la misma organización,
pero jubagan roles distintos, según el blanco elegido. Tampoco
está probado que haya existido un grupo de apoyo que los esperaba
fuera del local. Loúnico que sabemos por ahora es que los
cinco se fueron caminando, no los esperaba ningún auto en las inmediaciones,
dijo una fuente judicial.
La pista que llevó a los empleados surgió inicialmente de
las llamadas que estaban registradas en el celular hallado en poder del
delincuente que murió en el enfrentamiento con Zarza. Desde allí
se había comunicado con los empleados y con otras personas cuya
detención se consideraba inminente. Uno de los ladrones mató
a los dos policías y es posible que otro, el que murió,
haya herido a Zarza. Del muerto sólo se dijo que tenía antecedentes
por robo a mano armada y que hasta el 2000 estuvo preso en la Unidad 31
de Florencio Varela.
Escándalos
del Servicio
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) ha sido sacudido, en los
últimos años, con una serie de escándalos relacionados
con el funcionamiento de un desarmadero de autos en la cárcel
de Caseros y con repetidos casos de robos en los que participaban
presos que podían salir, en complicidad con los guardias,
para cometer delitos y regresar luego a la prisión. El caso
testigo fue el asalto cometido, el 18 de junio de 1998, en el restaurante
Dolli, donde participaron dos presos y un miembro del SPF.
El detenido que confesó la existencia de esas salidas clandestinas
fue Alejandro Hebert Núñez, quien luego denunció
que otros dos presos, Maximiliano Nogueras y Miguel Angel Arribas,
habían sido asesinados por orden de guardias del SPF, para
evitar que suministraran información ante la justicia sobre
los acuerdos ilegales que motivaron sucesivas purgas en la fuerza
de seguridad y la apertura de varias causas judiciales.
El suceso de mayor gravedad ocurrido en el asalto a Dolli fue el
homicidio del policía Rubén Juárez, quien cayó
a manos de los asaltantes. En principio se creyó que el autor
material era alguno de los presos, pero finalmente fue procesado
por ese hecho el guardiacárcel Cristian Franco, alias Sapo,
quien está ahora en prisión. En Dolli también
hubo un entregador.
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