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Un penitenciario y tres empleados
en una historia de múltiples robos

En el caso que empujó el pedido de más poderes para la policía, ya son tres los empleados del negocio detenidos como entregadores. Habrían participado también en otros robos contra la misma firma. Junto a ellos actuaba un miembro del SPF. Anoche buscaban otros miembros de la banda.

Juan Pablo Inacio, dueño del local donde murieron dos policías el sábado pasado.

Por Carlos Rodríguez

La infidelidad crece en la investigación del trágico asalto en el barrio de Once donde murieron dos policías y un delincuente: ahora suman tres los empleados detenidos acusados de participar como entregadores, no sólo en el hecho ocurrido el sábado sino también en por lo menos otros dos robos cometidos este año contra sucursales de la misma firma. Junto con ellos sigue preso un miembro activo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cuyo nombre –que se mantiene en reserva– estaba inscripta una pistola que se encontraba en poder de la banda y que fue hallada en el lugar de los sucesos. El agente del SPF tenía una estrecha relación con el grupo de asaltantes, lo que lleva a pensar que podría haber sido miembro activo de la organización. Anoche trascendió que se estaría sobre la pista de otros dos integrantes de la banda cuya detención podría ser “sólo cuestión de horas”, estimaron fuentes cercanas a la investigación.
Ayer había circulado con insistencia una versión sobre la presunta intervención en el hecho de otro miembro de las fuerzas de seguridad, pero la información fue desmentida por las fuentes judiciales consultadas por este diario. Del mismo modo fue rechazado un segundo trascendido según el cual en el comercio asaltado, en Larrea 579, funcionaba una supuesta “mesa de dinero”. Jorge Inacio, hijo y colaborador del propietario del comercio, consideró “una barbaridad que se haya echado a correr esa información sin aportar ninguna prueba”. El juez de la causa, Roberto Grispo, y el fiscal José María Campagnoli, confirmaron que esa hipótesis nunca fue analizada. Respecto de la participación del agente del SPF, se dejó en claro que por el momento no se tiene “ninguna pista” que lleve a pensar que el resto de la banda haya estado integrada por personas detenidas a las que se haya permitido salir de la cárcel para robar, como ocurrió repetidas veces en casos de gran repercusión pública (ver aparte). Ayer por la tarde, personal de la Policía Científica de la Federal realizó una inspección complementaria tendiente a reunir nuevos elementos para la pericia balística que determinará cuáles fueron las armas utilizadas para matar a los sargentos Roberto Hugo Ceballo y Rubén Darío Montaos y para herir al cabo Miguel Angel Zarza.
Juan Pablo Inacio, dueño del comercio asaltado en Once, confirmó que en los últimos tiempos sufrió cinco robos en distintas sucursales. En la investigación quedó demostrado que los tres empleados detenidos habrían tenido intervención en por lo menos tres de esos hechos. Ellos actuaron siempre como entregadores y no hay elementos que los ubiquen en un rol activo en los asaltos, que hasta ahora habían tenido un componente mínimo de violencia.
Tan acostumbrado estaba a los robos, que Inacio había instalado, en el local de la calle Larrea, un sistema de alarma que se accionaba mediante un dispositivo instalado discretamente en el interior del baño. El lugar fue elegido porque habitualmente los ladrones encerraban allí a los dueños y a los empleados para luego “trabajar” libremente. El sábado, obviamente alertados por los empleados infieles, los llevaron a una habitación de los fondos, desde donde no podían pedir ayuda. No obstante, alguien les avisó a los policías, que ingresaron al local y fueron matados por la espalda.
Al parecer, los empleados infieles obtenían el diez por ciento del botín recaudado en cada uno de los robos. Se sospecha que la banda habría cometido una serie importante de asaltos en la zona, varios de ellos en las sucursales de la firma propiedad de la familia Inacio. Todo parece confirmar que los prófugos, por participar en el robo del sábado, siguen siendo cinco, ya que los tres empleados no participaron del hecho y es muy probable que tampoco lo haya hecho el miembro del SPF.
Sin embargo, todos podrían formar parte de la misma organización, pero jubagan roles distintos, según el blanco elegido. Tampoco está probado que haya existido un grupo de apoyo que los esperaba fuera del local. “Loúnico que sabemos por ahora es que los cinco se fueron caminando, no los esperaba ningún auto en las inmediaciones”, dijo una fuente judicial.
La pista que llevó a los empleados surgió inicialmente de las llamadas que estaban registradas en el celular hallado en poder del delincuente que murió en el enfrentamiento con Zarza. Desde allí se había comunicado con los empleados y con otras personas cuya detención se consideraba inminente. Uno de los ladrones mató a los dos policías y es posible que otro, el que murió, haya herido a Zarza. Del muerto sólo se dijo que tenía antecedentes por robo a mano armada y que hasta el 2000 estuvo preso en la Unidad 31 de Florencio Varela.

 

Escándalos del Servicio

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) ha sido sacudido, en los últimos años, con una serie de escándalos relacionados con el funcionamiento de un desarmadero de autos en la cárcel de Caseros y con repetidos casos de robos en los que participaban presos que podían salir, en complicidad con los guardias, para cometer delitos y regresar luego a la prisión. El caso testigo fue el asalto cometido, el 18 de junio de 1998, en el restaurante Dolli, donde participaron dos presos y un miembro del SPF.
El detenido que confesó la existencia de esas salidas clandestinas fue Alejandro Hebert Núñez, quien luego denunció que otros dos presos, Maximiliano Nogueras y Miguel Angel Arribas, habían sido asesinados por orden de guardias del SPF, para evitar que suministraran información ante la justicia sobre los acuerdos ilegales que motivaron sucesivas purgas en la fuerza de seguridad y la apertura de varias causas judiciales.
El suceso de mayor gravedad ocurrido en el asalto a Dolli fue el homicidio del policía Rubén Juárez, quien cayó a manos de los asaltantes. En principio se creyó que el autor material era alguno de los presos, pero finalmente fue procesado por ese hecho el guardiacárcel Cristian Franco, alias “Sapo”, quien está ahora en prisión. En Dolli también hubo un entregador.

 

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