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Por Eduardo Videla
 El Gobierno y la oposición
jugaron fuerte ayer en su intento de sancionar una ley que le otorgue
mayores facultades a la Policía Federal y aunque los diputados
de la Comisión de Legislación Penal aún no lograron
ponerse de acuerdo en un proyecto único, los bloques mayoritarios
coinciden en que el proyecto será aprobado la semana próxima.
El propio ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, y el secretario
de Seguridad, Enrique Mathov, se hicieron presentes en Diputados para
defender el proyecto oficial. El ministro de Justicia bonaerense, Jorge
Casanovas, también aportó lo suyo, como para que su jefe,
Carlos Ruckauf, no quedara afuera de la movida. El Gobierno propone que
la policía pueda interrogar al sospechoso de cometer un delito
en el lugar del hecho y, además, que inspeccione la ropa, efectos
personales o el vehículo de cualquier persona. El peronismo también
quiere que la policía, “en circunstancias especiales”,
pueda hacer actas sin necesidad de testigos, algo que la mayoría
de los diputados aliancistas –y algunos del PJ– rechazan de
plano.
El proyecto oficial, presentado en noviembre último, dormía
en la Comisión de Legislación Penal hasta este fin de semana,
cuando una banda de delincuentes mató a mansalva a dos policías
en el barrio de Once. Como si una cosa tuviera que ver con la otra, el
proyecto fue reactivado desde el Ejecutivo: el domingo, durante el sepelio
de los policías, Mathov comenzó la campaña por su
aprobación. La orden desde el gobierno fue terminante: el proyecto
debía ser aprobado, en lo posible, esta semana. Los diputados de
la Alianza, entonces, buscaron el consenso del justicialismo: sin los
votos de la oposición no podría conseguir dictamen de comisión
o preferencia para tratar el tema en la sesión de mañana.
Para el presidente de la Comisión de Legislación Penal,
el peronista Dámaso Larraburu, fue una suerte de reivindicación:
la misma Alianza que ahora buscaba consenso le había bochado, hace
dos años, un proyecto similar en la Cámara de Diputados.
El apuro político con el que se manejó el tema –nada
menos que la reforma al Código de Procedimientos Penal– quedó
en evidencia en la reunión de la comisión: la mayoría
de los diputados no había leído el proyecto ni estaba enterado
de que se iba a tratar el tema. En contra de esa premura se manifestaron
los diputados Franco Caviglia (Acción por la República)
y María del Carmen Falbo (PJ), aunque en el fondo, no estaban en
contra de la modificación.
En cambio, Ramón Torres Molina (Frente para el Cambio) y María
Biglieri (Democracia Progresista) se pronunciaron en contra. Los más
entusiastas con la aprobación fueron Marcelo Stubrin, Carlos Raimundi
y Víctor Fayad, de la Alianza, además de Larraburu.
El ministro De la Rúa argumentó que el proyecto del Ejecutivo
apunta a la que la policía “pueda actuar preventivamente con
eficacia”. El funcionario explicó que la posibilidad de requisar
a los ciudadanos se limitará a los casos en los que “existan
indicios que puedan vincular a la persona con un delito, siempre que el
procedimiento se haga en un lugar público”.
Casanovas pasó su propio aviso, al argumentar que esa misma reforma
se hizo en su provincia, con el consenso de la oposición, y a su
criterio, dio muy buenos resultados: “En 1999 teníamos en
la provincia 1200 presos con prisión preventiva; en el 2000 llegamos
a tener 14.000 en esas misma condición”, argumentó.
La diputada Falbo replicó que no era esa la única causa
del fenómeno: “En la provincia rige un nuevo Código,
que agilizó los procedimientos”, dijo.
Según el funcionario bonaerense, la necesidad de darle mayores
atribuciones a la Policía Federal se reforzó a partir de
las reuniones que mantienen los funcionarios del área de seguridad
de la Nación y de la provincia, desde febrero, que culminaron la
semana pasada en el inicio de operativos sorpresa conjuntos entre la Federal,
la bonaerense y otrasfuerzas: “Allí vimos que en territorio
bonaerense se pueden requisar vehículos, pero en la Capital no,
porque la Policía Federal no está autorizada”, afirmó.
Torres Molina argumentó su oposición con otro dato de la
realidad: “En la provincia de Buenos Aires se le ha dado más
facultades a la policía y lo que se ve es que no sólo el
problema de la seguridad se ha agravado sino que han aumentado los casos
de torturas y maltrato policial”. “Si esta norma se propusiera
en Holanda, yo la apruebo, pero con esta policía, no”, dijo
el legislador.
Stubrin defendió la modificación al sostener que apunta,
más que a darle atribuciones a la policía, “a evitar
las nulidades de las causas que se producen cuando los policías
interrogan o hacen una requisa”.
La presencia en la reunión del fiscal de la Cámara de Casación,
Raúl Plee, y de su par de la Cámara del Crimen, Ricardo
Sáenz, estuvo dirigida casi exclusivamente a apuntalar la propuesta
de eliminar el requisito de la presencia de testigos en un procedimiento
policial, en “circunstancias excepcionales”. “Hay circunstancias
en que es imposible encontrar testigos, como en un procedimiento en una
villa a las tres de la mañana. Queremos evitar que ese procedimiento
después quede nulo”, argumentó Plee.
La presencia de los fiscales coincidía con el intento de Larraburu
de introducir su polémico artículo en un borrador, en el
que pretendía consensuar su propio proyecto con el del gobierno.
“Si no fuera posible encontrar ningún testigo, el acta será
válida con la sola firma de los funcionarios actuantes, quienes
deberán dejar expresa constancia de los motivos que les impidieron
la obtención de testigos”, dice el polémico artículo.
El borrador fue tratado anoche por el bloque de la Alianza, que en su
mayoría rechazó ese punto. La diputada Falbo –ex secretaria
de Justicia de Eduardo Duhalde– también se manifestó
en contra de esa modificación. Finalmente, las dos bancadas acordaron
que el tema sea consensuado en la comisión, para sacar un dictamen
único que, seguramente tendrá media sanción el próximo
miércoles.
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Qué dice el
proyecto
El proyecto que el Poder Ejecutivo presentó en noviembre
de 2000, propone, en tres artículos y dos carillas:
 Que en los delitos de
acción pública, la policía podrá “recibir
del sospechoso y en el lugar del hecho, noticias e indicaciones
sobre circunstancias relevantes para orientar la investigación.
Esta información no podrá ser documentada ni tendrá
valor alguno en el proceso”.
Que los funcionarios
de la policía y fuerzas de seguridad, “sin orden judicial,
podrán inspeccionar externamente la vestimenta o efectos
personales que lleve consigo una persona, y el interior de vehículos
de cualquier clase, con la finalidad de hallar cosas probablemente
provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran
ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo”.
Esta requisa podrá realizarse solo “sobre la base de
presunciones o indicios previos que razonable y objetivamente permitan
justificar la medida, y se haga en la vía pública
o en lugares de acceso público”.
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Nada que ver con la
pobreza
Tras apoyar el otorgamiento de mayores facultades, “porque
los delincuentes hoy están con determinadas ventajas”
respecto de la policía, el jefe de la Federal, comisario
Rubén Santos, sostuvo que la pobreza no tiene vínculo
alguno con el reciente incremento de delitos violentos. “El
tema económico incide en violencia en grado cero”, dijo.
En cambio, atribuyó la agresividad con que actúan
los delincuentes al “efecto de estupefacientes”.
“El que tiene problemas económicos no es violento. Podrá
tener un estado de desesperación puntual, pero no llegar
a la violencia que nos preocupa y llega inclusive a la muerte. No
veamos a la pobreza como sinónimo de la delincuencia”,
argumentó Santos en diálogo con una radio. “La
droga es un elemento que está haciendo estragos en la gente;
por ella se dan actos que son realmente bestiales, brutales, inimaginables”,
agregó.
“No tengo la menor duda de que los que asesinaron el sábado
a nuestros hombres debían estar bajo el efecto de estupefaciente
o algo en sus cuerpos, porque la agresividad que han tenido es absolutamente
irracional”, agregó.
El titular de la Policía Federal se manifestó a favor
de la ampliación de las facultades de los efectivos de la
fuerza, aunque recalcó la importancia de “saber acotar
la responsabilidad de cada uno” para “tener en consideración
los excesos que se puedan cometer”.
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Eugenio Zaffaroni *.
“Barbaridad”
“Hay ciertos temas que se deben tratar con seriedad: darle
vía libre a la policía para que allane sin orden judicial,
o para que realice requisas y secuestros sin testigos me parece
una barbaridad, representaría un retroceso en materia de
leyes. El mayor inconveniente detrás de este tema es que
no se trabaja a fondo sobre los problemas de inseguridad en nuestro
país, sino que se intenta sacar ventajas políticas
o económicas a partir de esta situación. Es fundamental
analizar el cuadro de situación, sacarlo del ámbito
de la política partidaria y de los intereses pecuniarios
que pueda haber en el medio. A los políticos que deben ocuparse
del tema les diría que se sienten a pensar antes de tomar
decisiones apuradas; corremos el riesgo de que esta ‘ampliación
de facultades’ genere una zona liberada para los policías
corruptos, que puede desalentar al resto de la institución,
formada por policías honrados. Es cierto que el conflicto
social no se resuelve en un par de días, pero estas medidas
apuntan a beneficios particulares, y eso no es otra cosa que una
inmoralidad”.
* Criminólogo. Titular del Instituto Nacional contra la Discriminación.
Diana Conti *.
“No basta”
“El año pasado, la Policía Bonaerense obtuvo
facultades ampliadas, y sin embargo esta modificación no
redundó en una rebaja de la inseguridad. Modificar una ley
no basta para lograr eficacia en el combate de la delincuencia ni
para dar más seguridad a las personas, por eso son necesarias
las políticas de prevención, que apunten a brindar
una mayor contención social. En sí mismas, las nuevas
facultades no generan la violación de garantías individuales,
siempre y cuando el policía las aplique con responsabilidad.
Creo que el interés del gobierno nacional en ampliar las
facultades tiene que ver con un reclamo de mayor seguridad no solo
de parte de la gente, sino también por parte de la policía,
que se siente sola frente a la delincuencia. Pero los policías
tienen que tener claro que las garantías individuales quedan
en sus manos, y de ellos depende que no sea inconstitucional lo
que realicen. Por eso, la mirada del secretario de Seguridad y del
jefe de la fuerza esté puesta en cómo se aplican estas
facultades, y que en caso de un abuso, se aplique un castigo duro
y ejemplar”.
* Subsecretaria nacional de Derechos Humanos.
Juan Pegoraro *.
“Una guerra”
“Esta intención de ampliar las facultades de la policía
se da en un marco de alarma social generalizada basada en una permanente
sensación de inseguridad, que a mi entender no se resuelve
otorgando mayor poder a las fuerzas de seguridad, por dos motivos:
en primer lugar, porque hoy en día la institución
policial está profundamente sospechada, y no se caracteriza
precisamente por respetar los códigos procesales. Y en segundo
lugar, porque está demostrado que el endurecimiento de los
códigos o de las leyes no baja el delito, eso lo pueden ejemplificar
los países donde se ha instaurado la pena de muerte. La política
de aumentar el poder de la policía forma parte de una concepción
histérica de la seguridad, que es laque engendra esta idea
de una ‘guerra contra el delito’. A mi entender, en vez
de ampliar las facultades, se deberían buscar medios para
revertir la terrible situación de desigualdad social que
atraviesa nuestro país, y que deriva en un grado de frustración
que muchas veces lleva al delito. Si no, caemos en un círculo
vicioso, generando medidas paliativas que terminan llevando a nuevos
delitos”.
* Sociólogo, investigador del Instituto Gino Germani.
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