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Por Cristian Alarcón
 En el pueblo más encantador
del cordón cordillerano proyectan cerrar las fronteras tan tajantemente
como en los países europeos más renuentes a los inmigrantes.
El Bolsón, con sus 22 mil habitantes, ahorcado por el crecimiento
de la pobreza, se prepara desde ayer para la sanción de un proyecto
de ordenanza redactado por el intendente Sergio Wisky, en el que se prohíbe
el ingreso y la mudanza a todos aquellos que no posean trabajo asegurado
por cinco años, vivienda y dinero para alimentarse y pagar los
servicios básicos. Esto es, casi nadie podrá instalarse
en el lugar ubicado en el valle más hermoso de la zona cordillerana,
paraíso hippie de los setenta. “Si la cantidad de habitantes
sigue creciendo de esta manera, el empobrecimiento será de un siete
por ciento anual y no tenemos con qué hacerle frente, estamos en
el límite absoluto de la capacidad del Estado para dar respuestas”,
le dijo a Página/12 en una entrevista el creador de la norma, que
contaría con mayoría absoluta para ser aprobada. “Suena
duro –reconoció–, pero es la realidad”.
El texto de la ordenanza propuesta por el intendente contempla no sólo
restricciones para quienes quieran afincarse en el pueblo, sino también
para los inversores de allende la cordillera. Así, la norma se
propone “regular el ingreso de emprendimientos cuyos titulares o
las firmas no son locales o no tiene más de 5 años de residencia
real efectiva”. La extrema debilidad de la economía regional,
y el alto impacto ambiental que está padeciendo la zona justifican
para los concejales radicales de El Bolsón, y para el único
del Movimiento Popular Patagónico (MPP), la fijación de
un impuesto adicional para aquellos que pretendan hacer nuevas inversiones
en el comercio o los servicios que lleguen a competir por el mismo mercado,
ya flaco para los emprendimientos locales. La nueva norma los obligará
a pagar lo correspondiente a 20 años de tasas de seguridad e higiene,
según en el rubro en que se atrevan a competir. Por ejemplo, si
se quiere instalar un kiosco, son 12 pesos mensuales, o sea casi tres
mil pesos en total. Si es un supermercado, son mil por mes, o sea 240
mil para entrar.
El argumento central de Wisky son los números del aumento demográfico
del lugar y el crecimiento proporcional de la pobreza: cada año
un diez por ciento, y en la última década un ciento por
ciento. Esto es: en 1981 eran 5300 habitantes; en el 91, 12600, y ahora
22 mil. Esto significa que el crecimiento demográfico es de un
diez por ciento anual, y de un ciento por ciento cada diez años.
El promedio del crecimiento en el país es de un 1,6 por ciento.
Paralelamente, siempre según los datos que aporta la municipalidad
de El Bolsón, la pobreza trepó hasta el 30 por ciento de
personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), de acuerdo
a las cifras del censo de 1991; con la particularidad de que la mayoría
tienen carencias en más de un índice, salud, vivienda, o
ingresos. “Del análisis de estas cifras se desprende que de
continuar así el empobrecimiento aumentaría en un siete
por ciento anual, cuando ya vivimos una crisis severa en lo social y en
lo ecológico y cuando las estimaciones de desempleo llegan a entre
un 30 y un 40 por ciento, según la época del año”,
asegura Wisky.
–Aun así la norma no deja de tener un sesgo segregacionista
–le planteó Página/12.
–Es como cuando alguien de la villa saca el loto y gana cien mil
pesos con los que compra un departamento en Recoleta. Si después
no tiene plata para pagar las expensas se tiene que ir. Esto es así
en todos lados.
–No le entiendo la comparación.
–Me refiero a que la gente puede pensar en verano que este lugar
es maravilloso, porque lo es, pero se instala en la costa del río,
con seguras posibilidades de inundarse, y después viene el invierno,
el frío, la falta total de empleo, y con ello el padecimiento de
la pobreza. Pasan a engrosar la lista de pobres y estamos incapacitados
para dar respuesta a la demanda social, ya casi todos los recursos públicos
se destinan algasto social, y aún así no alcanza. Podría
ser más hipócrita y promover una norma para que sólo
se acepte la construcción de viviendas residenciales, pero la verdad
es esta.
–¿Y qué hacen con los pobres que ya viven en el pueblo?
–Estamos haciendo un proceso de regularización de tierras
de ocupantes precarios o ilegales. En algunos casos el municipio se las
da sin costo. Pero tenemos conflictos. De los siete mil hogares, sólo
2500 están conectados a la red cloacal, el resto está contaminando
el valle, cerrado en una cuenca, algo peligroso para el ambiente, cuando
además como pueblo hemos decidido orientarnos al turismo. Estamos
seguros de que no hay alternativa, que es necesario protegernos para no
seguir empobreciéndonos.
PROTESTA
DE GREENPEACE CONTRA LA CONTAMINACION
Encadenados
al incinerador
Vestidos enteramente de amarillo
y con barbijos cubriéndose la boca y la nariz, seis activistas
de Greenpeace se encadenaron ayer al portón de la empresa Trieco,
bloquearon su entrada con seis bolsas llenas con una tonelada de arena
y colgaron un cartel en el que se leía: “Incineradores: fábricas
de cáncer”. Trieco es una de las plantas de incineración
de residuos más grandes del país y está a la vera
del arroyo Sarandí, en Dock Sud. Ese fue el lugar elegido para
la protesta precisamente porque los incineradores son las principales
fuentes de dioxinas, unas sustancias altamente tóxicas y cancerígenas,
tal como las calificó la Organización Mundial de la Salud.
Vilma Almirón es una vecina de la planta, vive justo al otro lado
del arroyo, donde se llega cruzando un maltrecho puente que une las dos
orillas, allí donde se apiñan un puñado de casillas
que forman un humilde barrio. La mujer hace 8 años que vive en
Dock Sud, y contó a Página/12 que a veces se le hace imposible
respirar por “el olor ácido que hay y por el humo constante”.
Por la mañana, lo que sale de la chimenea es humo blanco, pero
Greenpeace asegura que por la noche y durante los días feriados,
el humo se torna negro y hasta salen algunas llamaradas de la enorme chimenea
que corona la planta. Y eso es lo que se ve en las fotos que la organización
exhibe como prueba. Verónica Odriozola, coordinadora de la campaña
de tóxicos, explicó que esto implica que “las condiciones
de combustión son totalmente descontroladas, lo que favorece la
emisión de dioxinas”.
Vilma asiente con la cabeza: “Se ve que por la noche queman algo
que durante el día no”, describe, y agrega: “La ropa
que cuelgo para secar y queda toda la noche al aire libre, a la mañana
siguiente aparece llena de hollín”. Vilma tiene una hija,
Florencia, de 8 años, y asegura que “está continuamente
resfriada”.
Greenpeace detalló en un informe que las dioxinas “son productos
no intencionales de procesos industriales y de combustión. Son
muy difíciles de degradar y se acumulan en los cuerpos de los organismos.
Provocan malformaciones congénitas, daños sobre el sistema
inmunológico y reproductor y la más tóxica de sus
consecuencias es que han sido calificadas por la OMS como cancerígeno
humano cierto”.
La intención de los ambientalistas es exigir al gobierno argentino
un programa de cierre de los incineradores de residuos, “por ser
responsables de la emisión de dioxinas que supera en 120 veces
la cantidad máxima tolerable de ingesta humana diaria”. La
extensión de la contaminación por dioxinas en el planeta
y su capacidad de almacenarse en los tejidos grasos ha provocado que estos
tóxicos ya estén presentes en los cuerpos de seres humanos
de prácticamente todo el mundo. Odriozola agregó que estas
sustancias “se encuentran dentro del grupo de los doce contaminantes
orgánicos persistentes que los países del mundo han decidido
eliminar, a través de un convenio que se está discutiendo
en estos días en Estocolmo”.
Mientras se desarrollaba la protesta y tres efectivos de la policía
Federal contemplaban la escena a unos 50 metros, un hombre de Trieco elegantemente
vestido –que dijo llamarse “Meyer” y ser el “director”–se
acercó a la puerta e invitó a los manifestantes a ver los
análisis que posee la empresa. Odriozola se negó porque,
explicó, “las dioxinas no se pueden medir. “Meyer”
aseguró que la planta cumple con todos los reglamentos vigentes
ambientales, pero no pudo explicar sobre los tambores llenos de cenizas
que tienen en un galpón en Avellaneda, algo que Odriozola le enrostró
en plena discusión.
Producción: Hernán Fluk
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