Por Eduardo Tagliaferro

“Creo que por suerte se terminó esta pesadilla”, había dicho hace dos semanas cuando finalizó su declaración frente al juez federal Jorge Urso. A las 7.30 de ayer se presentó ante el juez penal económico Julio Speroni, quedó detenido y comenzó a vivir otra pesadilla: la de ser el primer ministro de Carlos Menem preso por la venta ilegal de armas. Antonio Erman González, que durante años supo seguir los pasos de su jefe y comprovinciano por varios ministerios, fue acusado del delito de contrabando agravado. Speroni procesó a Erman porque los dos decretos que firmó permitieron realizar el contrabando. Los considerandos del magistrado en lo penal económico se chocan con las investigaciones del fuero federal y podrían formar parte de una maniobra para sustraer las investigaciones del juzgado de Urso (ver aparte).
Un día antes de que vencieran los diez de plazo que suelen tomarse los jueces para decidir la suerte de los indagados, Speroni envió un escrito a la defensa de Erman González en la que reclamaba la presencia del ex ministro de Menem en los tribunales. El objetivo era notificarlo del cambio de su situación procesal.
El magistrado consideró que los dos decretos firmados por Erman en 1991 demuestran per se el contrabando, ya que el destino declarado para las armas buscaba encubrir una maniobra ilegal. Según Speroni, Venezuela y Panamá eran la pantalla legal para justificar el contrabando hacia Croacia y Ecuador. Además de su procesamiento, el juez embargó los bienes del ex ministro hasta cubrir la suma de un millón de pesos.
Informado que quedaría detenido, Erman optó por concurrir a Comodoro Py a primera hora de la mañana, con el claro objetivo de evitar el contacto con los medios y por ende la foto más temida por los funcionarios públicos: el ingreso a los tribunales y su posterior salida como reo de la Justicia, camino al escuadrón Buenos Aires de Gendarmería. Claro que esto no le impidió difundir un comunicado de prensa en el que afirmó que es responsabilizado “torpemente” por las maniobras de contrabando. En su gacetilla, el ex ministro sostiene que “de haberse concretado la misma (el contrabando) se habría producido en tiempos posteriores”, a su paso por la cartera de Defensa.
Erman renunció a la cartera de Defensa el 5 de abril del ’93. Eran los tiempos dorados del menemismo y el riojano había logrado un éxito que el peronismo no volvería a repetir: encabezando las listas del PJ, logró el triunfo en las elecciones legislativas del distrito porteño. Corrían los primeros años del menemato, las privatizaciones de las empresas estatales fortalecerían el mito de que una vez que la riqueza desbordara en la copa, su derrame beneficiaría a todos los sectores sociales. Si bien el contrabando de la pólvora se realizó luego de que Erman se fuera del ministerio, durante su paso por el cargo se firmaron dos decretos y partió hacia Croacia el buque “Opatija”.
En verdad, Erman aparecía como uno de los laderos más fieles del ex presidente Carlos Menem. De contador de los Yoma derivó en ministro de la economía provincial. Cuando Menem le encomendó hacerse cargo de la economía nacional, nació la fuerte animosidad que aún mantiene con Domingo Cavallo, quien pretendía el cargo. En su libro El peso de la verdad, el ministro de Economía afirma que con su visión industrialista Erman favoreció la venta de armas.
Luis Sarlenga admitió en su reciente declaración judicial que habría sido nominado como interventor en Fabricaciones Militares por una sugerencia de Erman. La fábrica estatal de armamento fue el núcleo clave desde el que se enviaron hacia los Balcanes y hacia Ecuador 6500 toneladas de armamento y municiones. En los lugares estratégicos de FM había funcionarios procedentes de La Rioja, que tenían anteriores vinculaciones tanto con Erman como con Emir. Este punto de la trama es investigado por Urso, quien busca esclarecer los roles y el funcionamiento de la presunta asociación ilícita que habría realizado la millonaria maniobra.
El abogado defensor de Erman, Carlos Froment, pidió la excarcelación de su cliente porque “la resolución (de Speroni) carecía de fundamento jurídico”. El letrado argumenta que “debe regir el principio de inocencia durante la tramitación del proceso”. Precisamente este argumento fue utilizado por la Cámara del fuero penal económico para conceder la excarcelación a todos los detenidos por Speroni: Luis Sarlenga, el coronel Edberto González de la Vega, el general Antonio Vicario. Claro que antes los imputados purgaron entre uno y dos años de prisión. Aunque Erman acceda al beneficio de la excarcelación, entre la apelación y otros trámites, los funcionarios judiciales reconocen que pasaran unos 3 meses.
Speroni comenzó sus investigaciones en mayo del ’97, cuando el juez de Bell Ville, Edgardo Filippi, declinó su competencia en los tribunales federales porteños. Investigando el destino de 238 toneladas de pólvora que figuraban como incineradas en la localidad cordobesa de Serrezuela, el magistrado cordobés descubrió que existía una maniobra mucho mayor. En ella aparecían involucrados funcionarios militares y miles de camiones de transporte que trasladaron la pólvora junto al armamento que iría hacia los Balcanes (ver reportaje).
Speroni fue reprendido recientemente por la cámara del fuero que le encomendó acelerar y profundizar las investigaciones. “Esto recién empieza”, afirmó Speroni a un grupo de funcionarios judiciales con los que se encontró ayer en el Parque Memorial de Pilar. El juez había concurrido a despedir los restos de la ex jueza Ana María Selva, con la que compartió parte de su trayectoria en la Justicia. Su presencia no podía pasar desapercibida. Entre salutaciones y condolencias, el magistrado justificó la detención de Erman diciendo que actuaba “en cumplimiento de lo ordenado por el tribunal superior”. Al margen de las disquisiciones legales, las investigaciones se van anudando y los funcionarios no descartan que aparezcan nuevos “arrepentidos” que, al igual que Sarlenga, permitan esclarecer aspectos aún oscuros de la maniobra.

EDGARDO FILIPI, EL JUEZ QUE INICIO LA CAUSA
“Era un contrabando de armas”

Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba

La detención de Antonio Erman González en una causa conexa a la venta ilegal de armas, la de la pólvora, es la culminación de una investigación que comenzó en Córdoba hace más de cuatro años. Fue el juez federal de Bell Ville, Edgardo Filipi, quien a partir de una denuncia periodística tomó cartas en el asunto: el acta que pretendía demostrar que se había incinerado un cargamento de pólvora de la Fábrica Militar de Villa María era falsa. Desde allí logró reconstruir, paso a paso, el contrabando de un material que “junto a otros que salieron de las fábricas de Río Tercero –también en Córdoba– y Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, fueron a parar a Croacia”, según le dijo a Página/12.
–¿Cómo se inició esta causa en su juzgado?
–A principios de enero de 1997, con la publicación en el diario La Voz del Interior de la denuncia de un ingeniero de Villa María. Él (se trata de Luis Tagni) aseguraba que el acta donde se daba cuenta de que se habían incinerado toneladas de pólvora en un campo de Serrezuela no reflejaba la verdad. Comencé a investigar y promoví acción penal, primero por falsedad ideológica, por lo del acta, pero luego se transformó en contrabando.
–¿A qué conclusiones llegó mientras tuvo el expediente en su poder?
–La investigación llegó a determinar que la pólvora que supuestamente se había incinerado, en realidad se embarcó a Croacia junto con otro material bélico con el que conformaba un cargamento de armas; proyectiles y cañones que salieron de las fábricas de Río Tercero, Santa Fe y Río Cuarto. Todo ese material salió en el buque Opaquija con rumbo a la ciudad de Rijeka, en Croacia, después se descubrió que otros cargamentos habían tenido el mismo destino.
–¿Hasta qué nivel de responsabilidades llegó en su investigación?
–Tomé decenas de testimonios y conseguí importante prueba documental. Siempre se retaceó información, al punto que el acta de Serrezuela después fue rectificada por Fabricaciones Militares diciendo que en realidad la incineración de la pólvora se había realizado en Pilar. Eso también era mentira. En Fray Luis Beltrán yo demostré que habían salido espoletas, mientras que la documentación decía que habían vendido fusiles ligeros, estaba todo ocultado. Hice una investigación “hormiga”, siguiendo los pasos de los camiones, los conductores de los transportes, los custodios que controlaron la salida del material hasta el puerto...
–¿Cuál fue el camino que recorrieron esos camiones?
–En agosto de 1993 el material salió de Villa María en 26 camiones, luego llegó a un depósito en Campana y finalmente a la dársena D, en Puerto Nuevo, desde donde finalmente se contrabandeó a Croacia.
–¿Llegó a determinar el valor económico del contrabando?
–Sólo en pólvora estábamos hablando de más de dos millones de dólares, pero el destino de la pólvora estaba atado al de otro material bélico. Esto era un contrabando de armas. Lo que se mandó a Croacia no fue pólvora sino armas en contenedores con diversos materiales.
La investigación de Filipi llegó hasta mayo del ’97. “Al descubrirse que se utilizó la estructura de Aduanas, de Fabricaciones Militares y de la Administración General de Puertos con sede en Buenos Aires, se imponía la declaración de incompetencia territorial”, le explicó el juez a este diario ayer, mientras seguía desde su casa, por televisión, las consecuencias de un trabajo arduo.

Los motivos de Speroni que inquietan a Urso

Por E. T.

En los tribunales federales no salían de su asombro. No por la detención de Erman González sino por los motivos que había tenido en cuenta el juez en lo penal económico Julio Speroni. El magistrado consideró que al firmar los decretos 1697/91 y 2283/91 el ex ministro encubrió el destino real de las armas y por lo tanto incurrió en la figura de contrabando agravado. La sorpresa radicaba en que Erman ya está procesado por ese hecho en el juzgado de Jorge Urso, aunque bajo la figura de “falsedad ideológica de los decretos”. Lejos de interpretar al conflicto como un natural choque de competencia, importantes funcionarios consultados por Página/12 percibían que detrás del fallo de Speroni existía una maniobra tendiente a sustraer las investigaciones que llevan adelante Urso y el fiscal Carlos Stornelli. No por casualidad Speroni fue el primer juez designado por Carlos Menem cuando arribó al gobierno en 1989.
Desde que la Justicia federal comenzó a investigar la venta ilegal de armas hacia Croacia y Ecuador, el menemismo puso sus expectativas en el fuero penal económico. Así alentaron al juez Marcelo Aguinsky, ex secretario de César Arias, a abrir una causa de oficio. En ese momento no sabían que una semana antes el abogado penalista Ricardo Monner Sans había presentado una denuncia que luego de su sorteo recayó en el juzgado de Urso.
“Nosotros somos un juzgado federal y el contrabando es un delito federal por excelencia. Si Urso no entrega la causa no es problema nuestro la competencia que se plantea”, dijo a Página/12 un funcionario que trabaja junto a Speroni. Luego de esta afirmación desarrolló la línea argumental por la que estas investigaciones deberían ser enviadas al fuero penal económico. Entre otras especulaciones, dijo que es en esta investigación donde las penas a los involucrados son mayores y los delitos no son excarcelables. Claro que antes explicó que si bien los imputados por Speroni gozan de la excarcelación, esto se debe a una decisión de la cámara del fuero y no del magistrado.
Speroni investiga seis embarques de armas argentinas hacia Croacia y la inclusión en ellos de 238 toneladas de pólvora que no figuraban en los decretos y cuya destrucción había sido fraguada con un acta falsa en la que se daba cuenta de su supuesta quema. En el mismo fuero, Marcelo Aguinsky tiene a su cargo la pesquisa sobre el último barco que partió hacia Croacia y tres vuelos hacia Ecuador.
La misma maniobra que los integrantes de la justicia federal vislumbran detrás del fallo de Speroni ya había sido intentada, sin éxito, por Aguinsky. En esa ocasión la Cámara Federal porteña desestimó la iniciativa del juez en lo penal económico que pretendía que se le remita las instrucciones realizadas por Urso. También el menemismo fracasó en llevarla a la Corte Suprema. En esta ocasión recurrió a los buenos oficios del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.
En el despacho de Urso afirmaban que el magistrado suele señalar que “de ninguna manera remitirá las actuaciones”. Incluso reconocían que “estaba a punto de dictar el procesamiento de Erman y su detención”, ya que se le imputa ser el organizador de la asociación ilícita que realizó la maniobra ilegal. Admitían que luego del procesamiento de Speroni, Urso tenía menos presión para determinar el futuro procesal del ex ministro de Carlos Menem. En tren de especulaciones arriesgaban que a más tardar dentro de una semana, el juez federal podría firmar el acta de procesamiento.
Los instructores de la causa madre señalaban que la maniobra que se escondería detrás de la actitud de Speroni tendría poco alcance. Entre los argumentos favorables sostenían que la causa de Urso es anterior a la de Speroni, allí se instruyen delitos sobre los que el fuero penal económico no tiene competencia, y hasta recordaban que en la anterior ocasión en la que se buscó sacar las actuaciones se radicó una denuncia penal contra Aguinsky. Esa denuncia se fundamentaba en que se buscaba “sacar la causade sus jueces naturales”. Suerte parecida podría correr Speroni en esta ocasión.

PEDIRIAN LA CAUSA DE RIO TERCERO
Rumbo a Comodoro Py

Por A.M.

La investigación sobre las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero podría pasar de la Justicia cordobesa a la porteña. El juez federal Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli estudian la posibilidad de volver a pedir que esa causa sea anexada al expediente madre sobre la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La hipótesis es que las explosiones ocurridas en noviembre de 1995 no habrían sido un “lamentable accidente” –como dijo entonces el ex presidente Carlos Menem– sino un acto intencional para encubrir la maniobra de las armas. En tal sentido, enviados del fiscal Carlos Stornelli realizaron ayer una “inspección” en la fábrica y se habrían llevado documentación.
Los investigadores del juzgado federal 8 de la Capital Federal y de la fiscalía de Stornelli sostienen que “hay muchas razones de conexidad” para que la causa que investigó la explosión pase a esa jurisdicción antes del juicio oral. Las dos explosiones –que provocaron siete muertos y un centenar de heridos– habrían servido para ocultar el faltante de explosivos, proyectiles y documentación referida a los embarques de cañones a Croacia, que habían sido “maquillados” en ese establecimiento. Esta hipótesis fue reforzada días atrás por el testimonio de un ex funcionario de la fábrica, Roberto Tissera. En abril de 1999 el juez Urso había pedido el expediente pero en aquella oportunidad no tuvo éxito. Tras la indagatoria de Menem, el 13 de julio, volverá a solicitarlo.
José María Pérez Villalobo, integrante del Tribunal Oral que se quedó con la causa, dijo a la agencia DyN que “está latente” la posibilidad de que aparezcan elementos que la unifiquen con la que instruye Urso. Por otra parte, confirmó que el fiscal del Tribunal Oral 2, Miguel Risotti, mantuvo recientemente contactos con Stornelli.
“Cinco horas después de la primera explosión el ex presidente Carlos Menem dijo a los periodistas que tenían la obligación de transmitir que esto había sido un lamentable accidente, y en la causa está comprobado que hasta ese momento no había hablado con ninguna autoridad de la fábrica”, recordó Ana Gritti, querellante del caso en Río Tercero y viuda de una de las víctimas, en el programa “La Casa del Arbol” de FM Palermo. La mujer pidió varias veces que el ex mandatario sea citado por la justicia cordobesa, hecho que nunca ocurrió.

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