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Por Horacio Verbitsky
 El gobierno nacional pedirá
explicaciones al jefe del Ejército sobre la masacre de Margarita
Belén, en la que más de veinte detenidos políticos
fueron asesinados en forma alevosa en diciembre de 1976. Así lo
dispuso ayer la Cámara de Diputados al aprobar por unanimidad un
proyecto de resolución presentado por una docena de legisladores,
entre otros Elsa Quiroz, Jorge Giles, América González y
Alfredo Bravo. Quiroz es chaqueña y Giles correntino y estuvieron
detenidos en la cárcel de Resistencia después del golpe
militar de 1976. Ambos forman parte del bloque disidente del Frepaso,
pero su proyecto fue apoyado también por los diputados radicales
y justicialistas, lo cual implica el primer límite que el sistema
político coloca a la pretensión de Brinzoni de reivindicar
la dictadura militar. Debido a la unanimidad, el proyecto fue votado sobre
tablas, sin necesidad de dictamen de comisión.
Brinzoni era al momento de los hechos secretario general de la intervención
militar en El Chaco. El Centro de Estudios Legales y Sociales anunció
que está dando los últimos retoques a la denuncia que presentará
ante la justicia federal de Resistencia, donde el juez Carlos Skidelnsky
ya instruye una causa en averiguación de la verdad. Los cuerpos
de las víctimas no fueron entregados a sus familias, salvo en unos
pocos casos, en los que el Ejército entregó ataúdes
sellados. Hace tres domingos, Brinzoni declaró al diario Norte
de Resistencia que en Margarita Belén no se produjo un enfrentamiento,
como dijo la versión oficial de entonces, sino “una operación
militar para eliminar delincuentes terroristas” o “un fusilamiento”.
Explicó que él había creído la historia oficial
sobre el presunto enfrentamiento, que aquel día le contó
el coronel Oscar José Zucconi. “Cuando pasó por mi
oficina tenía en sus manos el comunicado oficial que se iba a dar
a conocer a la población. Todos creímos en aquel entonces
la versión oficial del enfrentamiento. Pero con el paso de los
años comencé a escuchar otras voces que decían que,
en realidad, no hubo tal enfrentamiento sino que había sido una
acción deliberadamente planeada para eliminar a terroristas. Hoy
yo también creo, a la luz de todo lo que he escuchado después,
que lo de Margarita Belén no fue un enfrentamiento. Que fue una
operación militar para eliminar delincuentes terroristas. Aquel
hecho de Margarita Belén es uno de los muchos episodios penosos
y lamentables frente a los cuales la institución Ejército
va a asumir la responsabilidad que le compete”. Según Brinzoni
escuchó los primeros comentarios sobre lo realmente ocurrido allí
en Buenos Aires, en 1980 en la Escuela de Guerra. “Comencé
a averiguar e investigar por mi cuenta. Así llegué a la
triste conclusión de que jamás existió enfrentamiento
alguno. Me cuesta decirlo, pero aquello fue un fusilamiento encubierto
de detenidos que estaban en la U.7, los que fueron disimuladamente trasladados
y eliminados durante el viaje”.
Según la resolución votada en forma unánime por la
Cámara de Diputados, Brinzoni deberá explicar en qué
consistió aquella investigación privada y qué pruebas
recogió. También deberá entregar la nómina
completa de los detenidos asesinados, que nunca se dio a conocer, la del
personal militar, civil y policial implicado y de la autoridad judicial
ante la que se presentó para comunicar sus descubrimientos. “Un
presidente que se supone democrático y que en un estado de derecho
es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene que dar una respuesta
sobre esa tremenda confesión. No puede permanecer indiferente cuando
su subordinado directo reconoce la masacre”, dijo Giles a este diario.
Los familiares de algunos de los asesinados, con el patrocinio del abogado
chaqueño Edwin Tissembaum y de los ex presidentes del CELS, Augusto
Conte y Emilio Mignone denunciaron en 1984 a los militares responsables
que estaban por ascender, entre ellos Brinzoni. “Si no insistimos
luego fue porque la justicia impuso un orden jerárquico para los
procesos. Primero procesó a Videla como comandante en jefe, después
siguió con los jefes del Cuerpo II, generales Ramón Díaz
Bessone y Leopoldo Galtieri. Antes de que pudiéramos llegar a la
jerarquía de Brinzoni y los demás ejecutores se sancionó
la ley de obediencia debida”, dijo Mirta Clara, cuyo esposo Néstor
Carlos Salas fue uno de los asesinados. Luego de que el juez Gabriel Cavallo
declaró la nulidad e inconstitucionalidad de esas leyes los abogados
del CELS comenzaron a preparar la presentación que realizarán
ante la justicia federal para que ahora se reanude la investigación
interrumpida que sus fundadores impulsaron. El lunes 7 de mayo, Brinzoni
se proponía ampliar para la prensa nacional los conceptos que había
comunicado al diario chaqueño, pero el ministro de Defensa Horacio
Jaunarena le ordenó que suspendiera esa convocatoria y que de ahí
en adelante asumiera la conducción del Ejército de hoy y
guardara silencio sobre la guerra sucia de ayer. “Se calla o se va”,
fue la decisión de Jaunarena. Ahora, por decisión de la
Cámara de Diputados, deberá impartir la contraorden. Se
vaya o se quede, primero debe contar lo que sabe.
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