Los preparativos para la meneada
boda de Carlos Menem continúan a todo tren, pero el lugar de la
celebración podría pasar de la finca de Anillaco a La Rioja
capital. Si bien no hubo aclaraciones oficiales, proliferaron las versiones.
Algunas sostienen que el cambio respondería a un pedido de Zulemita,
basado en obvias circunstancias familiares; otras aluden a la imprevista
llegada de una carta documento en la que ésta advertiría
al ex presidente que se abstenga de utilizar como escenario del festejo
La Rosadita, que según el título de propiedad le pertenece.
Condescendencia o ultimátum, la mudanza implicaría una sustancial
modificación a los planes originales: mientras en Anillaco los
aprestos incluyen un asado para más de cien comensales, el gobernador
Angel Maza ofrece abrir la residencia oficial sólo para 40 íntimos.
Una reducción que se suma a las sonoras bajas que la Justicia sigue
infligiéndole a la lista de invitados.
Lo cierto es que el proceso que conduce al ex mandatario al metafórico
altar se desarrolla bajo el signo del desconcierto. Al parecer, el registro
civil de Anillaco no había recibido hasta el lunes, día
en que vencía el plazo, ninguna solicitud para la realización
del trámite. La situación de Cecilia Bolocco (casada y divorciada
en Estados Unidos pero que, a diferencia de su novio, contrajo matrimonio
eclesiástico en Chile y con toda la pompa) impedirá que
la nueva unión sea bendecida por la iglesia, aunque no se descarta
la llegada de un sacerdote que oficie un rito sustituto, de menor jerarquía
religiosa. Tantas imprecisiones dieron pie a un cúmulo de conjeturas,
entre ellas las que imaginan que Menem se abstuvo de anuncios formales
para evitar una confrontación abierta con su hija y su ex mujer,
Zulema Yoma.
De todos modos, cuando hoy tal como está previsto el
avión privado que usa habitualmente y comanda Gabriel Losada, el
piloto que lo acompaña desde sus tiempos de la presidencia, toque
tierra riojana, Carlos Menem podrá percibir que el enrarecimiento
de la atmósfera política que lo rodea ha contaminado también
la transparente calma provinciana. Al ex jefe de Estado y a sus huéspedes
les será difícil hacer abstracción de dos ausencias
significativas: la de Emir Yoma y la de Erman González, detenidos
por orden de los jueces Jorge Urso y Julio Speroni en el marco de una
investigación que a Menem le está haciendo llegar el agua
al cuello. Ambos, Emir y Erman, hubieran sido candidatos más que
firmes a figurar entre los principales asistentes a la que, de fiesta
numerosa puede devenir en reunión íntima. Y aunque se diga
que horas antes las pitonisas chilenas habían augurado un súbito
escollo en forma de misiva, no es por arte de magia que el asador Tomás
Robles podría posponer para mejor oportunidad el lucimiento, los
lechones, los chivitos, las achuras, los vacíos y los centenares
de empanadas encargados para La rosadita. Es que ahora el
eje se desplaza hacia la residencia del gobernador, una casa que ni Bernabé
Arnaudo ni Angel Maza se han animado a ocupar desde que Carlos,
como lo llama la ex miss Universo, la abandonara para asentarse en Olivos.
En el centro de la decisión está Zulema Eva Menem. Unos
hablan de un pedido amable, fundado en obvias razones de decoro familiar,
otros, alegando certezas, hacen referencia a una carta documento conminatoria
que le recuerda al gran protagonista del fin de semana de quién
es la titularidad de la finca de Anillaco. Para evitar que a la presentadora
la asalten odiosas comparaciones entre sus primeras nupcias con 1500 invitados
y esta escueta realidad, el pueblo (calculado en 5 mil almas) podrá
volcarse a las bandejitas descartables y al locro que La Rioja ofrecerá
en el polideportivo que, tal como corresponde a la tradición, lleva
el nombre de Carlos Saúl Menem.
OPINION
Por Anahí Fernández y Daniel Ricci *
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El ministro y la
tortuga
Ante las declaraciones del ministro de Educación a poco
de lanzar la llamada Comisión Juri, los docentes nos encontramos,
estupefactos, con definiciones que pondrían un marco de discusión
que no pensamos aceptar. La Conadu está dispuesta al diálogo,
los consensos, la búsqueda de soluciones, que pongan otra
vez a la educación a la cabeza de las transformaciones de
un país para todos. Siempre hemos dado muestras de querer
participar en la discusión para planificar una política
integral sobre educación pública. Porque esa es la
discusión, no podemos pensar la educación como compartimientos
estancos, donde cada nivel no tenga lazos con los demás,
como si la planificación de un país y una política
educativa debieran ser pensadas según las edades de los educados
y no como una política integral de Estado. No hay transformación
educativa posible, si no hay una fuerte decisión política
para cambiar de raíz un sistema que debiera ser inclusivo
y democrático.
Pero no sólo estos preceptos fueron excluidos en las declaraciones
de Andrés Delich y de Hugo Juri. Además, quieren imponer
la agenda antes de la primera reunión, planteando un método
de financiamiento para la universidad pública, sin siquiera
analizar la obligación del Estado de financiar la educación
en todos sus niveles. No puede resolverse un problema que es propio
del Estado recurriendo nuevamente al bolsillo de los trabajadores
con un nuevo impuesto regresivo. Es una receta que ya conocemos
y hemos expresado nuestra oposición.
El ministro ha puesto el carro delante del caballo. Si aceptáramos
sus dichos de que la propuesta es a título personal y que
jamás fue una idea de la comisión, no
es menos cierto que la fuerza política de los dichos de un
ministro condiciona el accionar de cualquier otro organismo de menor
jerarquía. Pero además está planteando primero
el financiamiento, sin saber qué es lo que quiere financiar.
O sea, no tiene política para la universidad, pero igual
necesita plata para desarrollarla. Como diría el Doctor Honoris
Causa de la Universidad de Oxford, se le escapo la tortuga
a Delich.
Las razones esgrimidas por Educación no son valederas. Parten
de una premisa equivocada: de que no hay fondos que alcancen para
financiar la educación. No es cierto, señor ministro.
La realidad es que el Estado no está cumpliendo con la ley
de aumento gradual del 20 por ciento anual del presupuesto educativo,
que en 5 años llevaría el presupuesto al 20 por ciento
del PBI y, con ello, podríamos olvidarnos del financiamiento
y discutir los temas importantes, como para qué queremos
una universidad, para qué modelo de país y qué
tipo de profesionales necesitamos.
Los docentes universitarios tenemos muchas cosas para decir, pero
lo primero es ser consecuentes con nuestras luchas. Reivindicar
la gratuidad y la igualdad de oportunidades que representa la universidad
para el conjunto de la sociedad y que, a la vez, democratiza la
universidad. Ya no sólo porque creemos fervientemente en
ello, sino porque es la mejor enseñanza que podemos dar a
los alumnos. Porque para eso debe servir la educación, para
hacer de ésta una sociedad más justa, solidaria y
democrática. Los docentes trabajamos para eso. Si ése
es el proyecto del Gobierno para las universidades, deberán
saber que el único financiamiento que puede garantizarlo
es el financiamiento estatal.
* Secretarios general y gremial de la Conadu.
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