El Gobierno firmó ayer un convenio con las empresas automotrices por el cual el precio de los vehículos nacionales bajará entre 15 y 20 por ciento, y el de los importados, entre 10 y 20. Las terminales se comprometieron a aplicar esa rebaja y a no despedir personal, a cambio de un amplio paquete de medidas de asistencia para el sector. Los fabricantes de autos atraviesan su peor año desde la crisis del Tequila, con una caída en las ventas del 40 por ciento. Renault suspendió a todo su personal por dos meses y otras empresas analizaban seguir sus pasos, mientras que las versiones sobre el posible éxodo de algunas terminales comenzaban a sonar cada vez más fuerte. Antes de llegar a medidas tan extremas, los empresarios negociaron con el Gobierno su incorporación a los planes de competitividad, para ser favorecidos con disminuciones de impuestos.
La Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe también suscribieron el acuerdo, pero sorpresivamente los sindicalistas de Smata y UOM faltaron al acto en Casa Rosada, pese a que estaba previsto que estamparan su firma. El acuerdo establece que dentro de seis meses se abrirán paritarias para negociar las condiciones laborales en el sector, lo que habría generado resistencia entre los gremios. Sin embargo, fuentes de los sindicatos dijeron a Página/12 que finalmente se plegarán al convenio. Desde Economía, en tanto, señalaron que los puntos fundamentales del acuerdo, como la rebaja en el precio de los vehículos, no peligra por la demora gremial. Las disminuciones se efectivizarán a partir de la publicación del decreto con el acuerdo en el Boletín Oficial, lo que ocurriría el próximo lunes.
Compromisos de las empresas
Rebaja de 15 a 20 por ciento en el precio de los vehículos nacionales, y del 10 al 20 de los importados por las terminales. La disminución no alcanza a los vehículos importados por particulares o empresas.
Las automotrices “harán los mejores esfuerzos” para ofrecer planes de financiamiento de vehículos 0 Km a una tasa de interés no superior al 10 por ciento anual.
Los fabricantes de autopartes reducirán sus precios de venta a las terminales en la totalidad de la rebaja impositiva que reciban.
Las industrias química y siderúrgica venderán sus productos a la industria automotriz al mismo precio que los venden al mercado externo.
Las empresas se comprometen a preservar el nivel del empleo actual por el término de un año.
También se comprometen a realizar gestiones ante sus casas matrices para incorporar a los autopartistas argentinos como proveedores mundiales.
Compromisos del Gobierno
Eximir a la industria automotriz de los impuestos a los intereses y a la ganancia mínima presunta.
Los costos para anotar vehículos 0 Km o usados en el Registro Automotor, que hoy superan el 5 por ciento del valor de la unidad, bajarán a no más del 1 por ciento.
Se cobrará 10,5 por ciento de IVA (en lugar del 21) en la venta de vehículos para taxis y remises inscriptos oficialmente.
Se elimina el impuesto interno del 4 por ciento para automóviles que superen los 22 mil pesos.
Los responsables inscriptos en el IVA podrán computar como crédito fiscal la compra de vehículos.
Los aportes patronales podrán ser tomados como crédito fiscal (o pago a cuenta) en el IVA.
Las terminales recibirán un reintegro del 6 por ciento por la compra de autopartes nacionales destinadas a la fabricación de vehículos en el país.
Las empresas podrán utilizar el crédito fiscal remanente como garantía para solicitar créditos en el sistema financiero.
Se intensificará el control técnico vehicular obligatorio.
Se promoverán líneas de crédito a tasas preferenciales para la producción de camiones y colectivos.
Cambiará el régimen aduanero para que las terminales puedan pagar los aranceles de piezas importadas cuando la unidad salgan de la línea de montaje.
Compromiso de las provincias
Eximir del pago del impuesto a los Ingresos Brutos en la etapa industrial, y exceptuar del gravamen a los contribuyentes de otras provincias, a condición de reciprocidad.
Impulsar la eliminación de impuestos municipales.
Eliminar todas las regulaciones que traben la inversión, producción y comercialización de automotores.
Promover una reducción del valor de la patente.
Tras la firma del acuerdo, el presidente de la Asociación de Fábricas de Automóviles (Adefa), Cristiano Ratazzi, señaló que “en poco tiempo vamos a tener un aumento de las ventas”, que calculó será de 30 mil unidades, para llegar a 250 mil en el año. Por su parte, Domingo Cavallo enfatizó que “era muy importante acelerar la rebaja de costos de los autos, para favorecer la reactivación del sector”.

CIERRE DE CUENTAS, OTRO SINTOMA DE LA RECESION
La crisis quebró la cadena de pagos

En los últimos tiempos, sólo los indicadores negativos muestran un repunte notable. Desde setiembre de 1998, cuando empezó la recesión, fueron cerradas más de 213 mil cuentas corrientes, según el informe Monitor Veraz. “Esta fue una de las consecuencias de la crisis que afectó a la cadena de pago de las obligaciones contraídas por el público”, afirma el estudio.
El documento señala que “la suma del total de inhabilitaciones durante los 12 meses de cada año indica que 1999 fue el peor, ya que los cierres alcanzaron los 93.147 casos, lo que implica un promedio de 7762 cierres mensuales”. “Este dato coincide plenamente con los peores meses de la recesión, con lo cual se demuestra que las inhabilitaciones fueron una variable efectiva a la hora de reflejar la situación de la economía real, a partir del nivel de incumplimiento de obligaciones contraídas por el público”, agrega Veraz.
En ese sentido, se indica que “luego de los registros del ’99, se ubican el ’98 con un total de 73.483 casos y un promedio mensual de 6123 cierres; y luego el 2000 con 72.929 y un promedio mensual de 6077 casos”.
Desde mediados de 1995, época en la que se implementó el último régimen de inhabilitaciones computando los cheques rechazados en todo el sistema, hubo dos grandes cambios. En primer lugar, durante la gestión de José Luis Machinea en el Ministerio de Economía, se permitió a los titulares de cuenta cubrir el quinto cheque rechazado por falta de fondos en un plazo de 15 días antes de que el Banco Central decretase la inhabilitación.
Después, durante la gestión de Domingo Cavallo se flexibilizaron al máximo las normas, permitiendo a cada banco establecer cuándo cerrar una cuenta. La medida adoptada por Cavallo deja sin efecto la base de datos de cuentacorrentistas inhabilitados por el Central, dispone la caducidad de las inhabilitaciones decretadas y hace inaplicable esa sanción en lo sucesivo. Ambas modificaciones es lo que explicaría una desaceleración del cierre de cuentas el año pasado y en lo que va éste.

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