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Por Eduardo Videla
 La ley que privilegia a las
empresas nacionales en las compras que hace el Estado porteño resistió
el embate de la Embajada de los Estados Unidos. La norma, sancionada hace
tres semanas por la Legislatura, no será vetada por el jefe de
Gobierno, Aníbal Ibarra, aunque sufrirá modificaciones que,
según voceros del Ejecutivo y de la Legislatura, “no alteran
el espíritu de la ley”. El embajador James Walsh le había
pedido a Ibarra, a través de una carta, la “revisión”
de la norma. Con el proyecto, consensuado con los legisladores de los
principales partidos opositores, el jefe de Gobierno logró demostrar
que está dispuesto a escuchar opiniones de esa magnitud, pero también
a mantener las políticas que privilegian a las empresas locales.
La modificación será aprobada por los legisladores en la
sesión de hoy.
La ley 590, aprobada casi por unanimidad –sólo se opuso la
izquierda– estaba a punto de ser promulgada cuando se conoció
el reclamo de la embajada norteamericana. Haciéndose eco de las
quejas de empresas de su país, Walsh asoció la demanda a
la licitación del mobiliario urbano de la ciudad, una concesión
vinculada con el manejo de la publicidad en la vía pública,
que representa un negocio de 500 millones de pesos en 10 años.
En ambos casos, las empresas extranjeras dicen que se sienten discriminadas,
dada la preferencia prevista para las firmas locales.
El tema generó encontronazos en el gabinete porteño. Por
un lado, el secretario de Presupuesto y Hacienda, el radical Miguel Pesce,
se mostraba proclive a una modificación más drástica
del proyecto. “Más allá de la nacionalidad del capital,
lo que se debe estimular es el trabajo argentino”, argumentó
Pesce. Por otro, el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo
Hecker, pugnaba para que las modificaciones no alteraran en lo esencial
el proyecto original.
La ley sancionada hace tres semanas apunta a privilegiar a las empresas
locales en operaciones que involucran unos 700 millones de pesos anuales.
La norma dispone que para las compras y contratos de servicios que haga
el Estado porteño se adopte, ante una igualdad de ofertas, el siguiente
orden de preferencia: las micro y pequeñas empresas radicadas en
la ciudad; las empresas nacionales radicadas en la ciudad; las pymes nacionales;
las demás empresas nacionales, y por último, las extranjeras.
Las ofertas de las pymes serán aceptadas, incluso, si superan en
un 5 por ciento a la mejor propuesta. La norma, además, establece
que cuando la mejor oferta sea de una empresa extranjera, la firma nacional
mejor ubicada tendrá el derecho a ganar si puede igualar a la mejor
propuesta.
Las modificaciones, que fueron consensuadas con los legisladores de la
oposición merced a la gestión del jefe del bloque de la
Alianza, Ariel Schifrin –uno de los mentores del proyecto– son
las siguientes:
 En el orden de preferencias,
se establece una distinción entre las empresas extranjeras: primero
estarán las que produzcan bienes en el país y en último
lugar, las que los traen del exterior.
La posibilidad de igualar ofertas
no será ilimitada: sólo podrán hacerlo las empresas
cuyas ofertas hayan superado en un determinado porcentaje a la mejor propuesta.
Ese porcentaje será determinado por el Ejecutivo, cuando se reglamente
la norma.
Se elimina la exigencia de
que las empresas, para ser beneficiarias de la norma, no deben formar
parte de grupos económicos internacionales, porque eso hubiera
impedido la conformación de uniones transitorias de empresas (UTEs),
tan habituales en las contrataciones de obras y servicios.
En cambio, se mantiene la exigencia
de que el capital accionario mayoritario sea propiedad de asociados radicados
en el país. Esto excluye a empresas extranjeras, aunque tengan
filiales en el país.
“Las modificaciones son atendibles y no cambian la esencia de la
ley”, dijo a Página/12 el titular de la Comisión de
Desarrollo Económico de laLegislatura, Enrique Rodríguez
(Encuentro por la Ciudad), al adelantar el apoyo a los cambios propuestos
por el Ejecutivo.
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�Sin variar el espíritu�
“Las modificaciones no afectan el espíritu original
de la ley. Sólo le dan mayores precisiones al texto inicial”,
dice el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Hecker.
Para el funcionario porteño, la norma no viola los tratados
bilaterales con los Estados Unidos, “que también tienen
sus leyes para privilegiar su producción local”.
–¿El gobierno cedió a la presión de la
embajada norteamericana?
–No. Las reformas que se le harán a la ley son operativas
y no modifican el espíritu de la ley. La embajada de los
Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer, defender a las
empresas de su país. Lo cual no quiere decir que tenga razón.
–¿El reclamo estaba relacionado con la licitación
del mobiliario urbano?
–Son dos cosas distintas. La licitación del mobiliario
urbano no es una compra sino la concesión del espacio público,
que no implica erogación para el Estado. Por lo tanto, no
está incluida en el Compre Nacional.
–Se habló de que la ley podría ser vetada parcialmente,
como consecuencia de las objeciones recibidas
–El Ejecutivo tenía diez días hábiles
para promulgar la norma. Por iniciativa de los legisladores, se
llegó a un acuerdo con la oposición para tratar las
modificaciones mañana (por hoy) sobre tablas.
–¿Qué modificaciones se le harán a la
ley?
–Se harán básicamente dos precisiones: una, que
la posibilidad de igualar ofertas para las empresas nacionales sea
limitada a un porcentaje de la diferencia entre ambas propuestas.
La otra: una empresa no nacional pero cuyos bienes son producidos
en el país, tendrá prioridad por sobre aquella que
es importadora.
–¿Cuándo se podrán ver los beneficios
de esta norma para las empresas locales?
–Los resultados se van a ver en el mediano plazo. Por el carácter
de las compras del Estado, las expectativas de las empresas no se
alteran de un día para otro.
–¿Habrá beneficios para el Estado?
–La posibilidad de igualar ofertas puede tener un efecto en
la disminución de los precios que paga el Estado. Una empresa
extranjera, si sabe que una local le va a poder igualar la oferta,
va a tener que pasar presupuestos más ajustados si pretende
ganar.
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DONACION
DE 400.000 PESOS A IMPA
Al rescate de una fábrica
Por E. V.
Por primera vez, una comisión
de diputados porteños funcionó fuera de la Legislatura.
Fue ayer, en la fábrica IMPA, una cooperativa que funciona en el
barrio de Almagro, donde la Comisión de Desarrollo Económico
aprobó un proyecto para otorgarle a esa industria un subsidio de
400 mil pesos, en carácter de donación con cargo. “Este
aporte permitirá que la empresa, actualmente en convocatoria de
acreedores, pueda triplicar su producción y salir de la situación
en que se encuentra”, dijo a Página/12 el titular de la comisión,
Enrique Rodríguez.
La iniciativa para rescatar la empresa, que hoy emplea a 150 trabajadores,
tuvo una convocatoria inusual: participaron del encuentro el jefe de gobierno,
Aníbal Ibarra; la vicejefa, Cecilia Felgueras, y el secretario
de Cultura, Jorge Telerman.
El proyecto, que sería aprobado la semana próxima por la
Legislatura, prevé además la realización de un programa
de actividades culturales, que incluye la puesta en escena de obras de
teatro, espectáculos musicales y talleres de pintura, música
y actividades circenses. También se contempla la instalación
en el lugar de una incubadora de microemprendimientos, la realización
de planes de educación cooperativa y ecológica, y la cesión
de cuatro salas para ser utilizadas como consultorios de atención
primaria de salud.
La fábrica, Industria Plástica y Metalúrgica Argentina
(IMPA), está en la calle Querandíes 4290. Fundada en 1910,
se dedicó a la laminación de aluminio. En 1997, cuando facturaba
10 millones anuales y tenía 500 empleados, se presentó en
concurso preventivo. Tras un virtual vaciamiento, los 50 empleados que
sobrevivieron a la catástrofe crearon en 1998 una cooperativa que
logró reabrir la planta. Su facturación actual es de 3 millones
anuales.
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OPINION
Por Vilma Ibarra *
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Una conquista progresista
La Legislatura porteña ha aprobado la llamada “Ley
de Defensa del Trabajo Argentino”, que reglamenta el derecho
de prioridad –establecido constitucionalmente– para los
proveedores de bienes y servicios de producción nacional.
A partir de su vigencia, cuando el Estado porteño compre
bienes y servicios dará prioridad en estas compras a los
productores nacionales. Esto es apoyar con una medida muy concreta
y efectiva la reactivación y expansión de la estructura
productiva local.
Se han alzado voces críticas que afirman que esta norma discrimina
a las empresas y productos extranjeros. No es cierto. Así
como la ley de cupo femenino no discrimina a los varones, ni las
prioridades o cupos especiales para discapacitados discriminan a
las personas con plena capacidad, ni agravian la igualdad ante la
ley, el “compre argentino” no discrimina a las empresas
extranjeras, sino que prioriza, estimula y alienta la producción
argentina.
Decenas de normas semejantes a la ley 590 rigen hoy en el mundo,
todas ellas destinadas a la protección de sus industrias
y de sus fuentes de trabajo.. En Estados Unidos, las leyes de fraccionamiento
de compras a favor de las empresas más chicas; en Francia
y Brasil, las leyes de compras gubernamentales que preferencian
empresas locales.
Quienes siempre hemos hablado desde el progresismo de la aplicación
de políticas activas para defender el empleo y la estructura
productiva local encontramos en esta ley una herramienta eficaz
que opera en un marco de globalización feroz, con condiciones
de competencia sumamente desventajosas para las empresas y productos
nacionales.
La aplicación del principio de preferencia permitirá
a las empresas locales acceder a un cliente de envergadura, como
es el Estado, ampliando su mercado y mejorando sus condiciones de
competitividad. No se trata de dar subsidios transitorios o capacitaciones
cuya efectividad es incierta. Esta política activa crea sustentabilidad
y rentabilidad no ficticia, lo cual la constituirá en un
verdadero motorizador de la economía. Todo ello, sin dudas,
redundará en mejor y más empleo para nuestra gente.
El gobierno deberá reglamentar la capacidad de igualar ofertas.
Pero no tengo dudas de que el contenido de esta ley constituye una
conquista del progresismo ya que viene a auxiliar a los sectores
dinámicos para el empleo y la economía, con la convicción
de que es posible, en un mundo globalizado y aun en una economía
abierta, diseñar un proyecto de país inclusivo, justo
y solidario.
* Legisladora porteña.
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