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Por Eduardo Febbro
Desde
París
 Tal como lo anticipó
hace unas semanas Página/12, los militares franceses que actuaron
en la guerra de Argelia tuvieron efectivamente un papel preponderante
en la formación ideológica, doctrinaria e instrumental de
los represores argentinos. Por primera vez desde el inicio de las investigaciones
en Francia sobre el Plan Cóndor y la desaparición de ciudadanos
franceses en Chile y Argentina, la justicia interrogó al militar
que sin dudas conoce mejor las “influencias” de los uniformados
galos en la jerarquía militar argentina. Se trata del general Paul
Aussaresses, el primer militar de alto rango que confesó las torturas,
las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas
a la que sus “servicios” sometieron a los argelinos durante
la llamada batalla de Argel. El juez Roger Le Loire, a cargo del caso
de cinco franceses desaparecidos en Chile y la Argentina, interrogó
casi simultáneamente al general Aussaresses y al terrorista Carlos,
actualmente detenido en Francia.
La audiencia más trascendental fue la del general Aussaresses.
Concretamente, el juez Le Loire centró su interrogatorio sobre
las actividades de Aussaresses a partir de 1975, fecha en que asumió
el cargo de agregado militar en la Embajada francesa de Brasil. La fecha
corresponde con uno de los peores momentos de la represión multinacional
a la sudamericana llevada a cabo a partir del Plan Cóndor. Bajo
una acusación preliminar de “apología de crímenes
de guerra” por las escalofriantes confesiones aparecidas en el libro
“Servicios especiales, Argelia 1955-1957”, Aussaresses se mostró
asombrado por el hecho de que lo hayan vinculado “con una historia
semejante”. Según su abogada, la doctora Gilbert Collard,
el general, que hoy tiene 82 años, aseguró que durante sus
misiones en Argelia “fue un general que actuó en el marco
de órdenes republicanas”. El general francés agregó
luego que era “un general republicano” y que “vomitaba
y despreciaba profundamente al general Pinochet”. Durante las dos
horas y media que duró la audiencia, Aussaresses no entregó
al parecer ninguna información importante que lo implicara directamente,
tanto más cuanto que su argumento principal fue decir que nunca
estuvo al corriente de ninguna operación Cóndor, que sirvió
“las órdenes de una República y no las de una dictadura”.
El ex jefe de los servicios de inteligencia durante la guerra de independencia
argelina (1954-1962) fue el segundo en sentarse ante el juez Le Loire.
El primero resultó el terrorista venezolano Illich Ramírez
Sánchez, alias Carlos, a quien el juez convocó como testigo
en la investigación abierta contra el general Pinochet. Le Loire
quería saber de cuántas cosas estaba al corriente Carlos
a propósito del Plan Cóndor. Carlos figura en varios documentos
como uno de “los objetivos potenciales” de las garras del Cóndor
y la justicia francesa tiene la convicción de que el terrorista
conoce al menos la estructura operacional del Cóndor en los países
del viejo continente.
Lo más esencial, sin embargo, es el interrogatorio a Aussaresses.
La justicia abre así una página paralela a las investigaciones
de los crímenes cometidos por los militares franceses en Argelia,
pero que conduce derecho a la Argentina. Tal como lo reveló Página/12
en su nota, existen numerosas pruebas de la presencia de esos militares
en la Argentina. Si el mismo Aussaresses no aparece directamente implicado,
si uno de sus hombres, el Coronel Roger Trinquier. Profesor emérito
en la Escuela de las Américas de EE.UU., Trinquier es el mayor
ideólogo francésde la guerra sucia cuya prédica principal
fue asegurar a partir de los anos ‘50 que “la tortura es un
elemento importante en la guerra moderna contrarrevolucionaria”.
La mayor parte de la estructura “anti revolucionaria” fue elaborada
por Trinquier. Los historiadores de la guerra de Argelia y de Indochina
y quienes establecieron los nexos entre las prácticas aplicadas
durante esos conflictos y las que se vieron luego en la Argentina sacan
una límpida conclusión: el perfeccionamiento de la picana
eléctrica, la radiografía de las agendas de los detenidos,
los secuestros en plena noche, la tortura sistemática, la guerra
psicológica, el manejo de la desaparición, el uso de los
ficheros y los vuelos de la muerte. Página/12 estableció
en París que los tribunales franceses se interesan mucho en “el
grado de conocimiento que Aussaresses puede tener del Plan Cóndor,
del grado de compromiso que algunos militares franceses pudieron tener
en él y de la filiación ideológica que comenzó
a partir de los años ‘60 con los primeros viajes de los instructores
franceses a Buenos Aires”.
Cabe recordar que existen dos documentos desclasificados que prueban que
Francia estaba al corriente del Plan Cóndor en el momento de su
ejecución. Apenas comenzado en siglo XXI, el general Paul Aussaresses
y el juez Roger Le Loire abrieron uno de los capítulos más
secretos de los estragos que causaron los oficiales franceses más
allá de sus fronteras.
SOCIO
DE MONTESINOS, EXTRADITABLE
Vladiarmas secretas
En las últimas semanas,
los casos de ventas de armas vinculados con la guerra del Cóndor
entre Ecuador y Perú ocuparon las tapas de los diarios argentinos.
El caso que desde el lunes implica a la Argentina y Perú por el
pedido de la extradición de un traficante, sin embargo, proviene
en línea recta del escándalo de los vladivideos que provocaron
la caída del régimen de Alberto Fujimori. Ilan Weil Levy,
de 50 años, socio del prófugo ex asesor de inteligencia
Vladimiro Montesinos y testaferro suyo en casos de compraventa de armas,
fue arrestado en Buenos Aires en un hotel de lujo de Recoleta por Interpol.
Corre la cuenta regresiva para que la Justicia peruana envíe la
documentación por vía diplomática que llevaría
a su extradición. A partir de ayer le quedan 9 días.
Según las primeras investigaciones de la Justicia en Lima, el detenido
intervino en una compra de aviones MiG, en la cual se sospecha el pago
de un soborno por 48 millones de dólares. Sobre Montesinos, el
buscado “monje negro” de la fujicracia, pesan ya 28 procesos
penales, en este caso seguido por el juez anticorrupción Saúl
Peña Farfán. Los investigadores consideran que Levy sería
una pieza clave en las averiguaciones para desentrañar la red de
corrupción que une la cúpula militar, los vendedores de
armas y Montesinos.
El detenido es un empresario de origen israelí y nacionalidad peruana,
que logró su fortuna merced a los contactos de Montesinos para
suministrar equipos de combate y sistemas de comunicaciones. Levy quedó
a disposición del juez federal Juan José Galeano y arrestado
en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería (policía
de fronteras), tras ser identificado en la Dirección General de
Terrorismo Internacional y Delitos Complejos. El cargo bajo el cual se
produjo la detención es “corrupción agravada en perjuicio
del estado peruano”, emitida por el juzgado número seis de
Lima en noviembre último, según informaron las fuentes policiales.
Levy integra un grupo de proveedores de armamento y equipamiento de guerra
de fabricación israelí, que vendió a las fuerzas
armadas y de seguridad del régimen fujimorista. La captura internacional
había sido pedida por el procurador José Ugaz, quien determinó
su participación en la venta a la fuerza aérea de tres cazas
MiG-29-SE, en julio de 1998. Fue en Suiza donde la justicia peruana encontró
cuentas a su nombre de Levy, vinculadas con las de Montesinos y otro socio
suyo, James Stone Cohen.
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