Por Eduardo Tagliaferro

“En cadenas pero en mi patria”, dijo Carlos Menem en una conferencia de prensa en La Rioja. El ex presidente no se refería a las cadenas que lo amarrarán al futuro matrimonio con la presentadora chilena, Cecilia Bolocco, sino a los grilletes que podría portar si el juez federal Jorge Urso decide procesarlo en calidad de jefe de la asociación ilícita que vendió ilegalmente armas a Croacia y Ecuador. Ayer Urso elevó al ministro del Interior, Ramón Mestre, un oficio con el listado de los 42 imputados en la causa federal que no pueden salir del país sin el consentimiento judicial correspondiente. Menem es el último nombre de la nómina. La patria parece ser el seguro destino turístico de los mieleros.
Lejos de ser un formalidad, la medida intenta garantizar el normal desempeño de las investigaciones. Los investigadores ya vieron limitadas las instrucciones judiciales cuando el traficante Diego Palleros se dio a la fuga. El intermediario estaba a punto de presentarse a declarar frente a Urso y Stornelli, cuando el juez penal económico Marcelo Aguisnky se aprestaba a procesarlo por un delito no excarcelable como el de contrabando. Cuando se enteró de que su destino era la cárcel, el ex coronel del ejército argentino dedicado al redituable negocio de la venta de armas se dio a la fuga. Luego de un largo peregrinar, Palleros recaló en Sudáfrica.
Un hecho simular se dio en el caso de Rubén Ormart, un empresario argentino-brasileño, con fuertes vinculaciones con el Banco Libanés de París y el Audi. Cuando fue citado a prestar declaración indagatoria, en 1998, Ormart se dio a la fuga y hasta el momento Brasil no concedió su extradición.
En la lista también están los nombres de Oscar Camilión, Martín Balza y Guido Di Tella, los reos Emir Yoma y Erman González, los prófugos Diego Palleros y Rubén Ormart y hasta el fallecido Horacio Estrada, entre otros.
Aunque Urso no explicita los motivos que lo llevan a limitar las salidas del país de los involucrados en la causa judicial, para el magistrado no paso desapercibido el duro fallo de ayer de la Sala II de la Cámara Federal (ver página 2). Después de la resolución del tribunal de alzada, los investigadores entreven que los imputados también puedan sentirse acorralados. Esto no sólo conlleva a que pueda haber nuevas fugas sino también que aparezcan nuevos testimonios que, como sucedió con Luis Sarlenga, develen aspectos desconocidos de la maniobra.
El martes pasado, el abogado Andrés Marotta se presentó ante la Sala II de la Cámara Federal porteña con un escrito en el que solicita que se tomen medidas que garanticen que el ex presidente Carlos Menem no se de a la fuga. La presentación, encuadrada en la figura amicus curiae (amigos de la Corte), sugiere que existe un fuerte estado de sospecha acerca de que el ex presidente podría ausentarse del país abortando las investigaciones judiciales. “Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”. Junto a este escrito, el abogado presentó una denuncia ante el posible delito de encubrimiento para quienes podrían facilitar una posible “fuga” del ex presidente.
Cuando participaba de la cumbre del ALCA en Canadá, el canciller uruguayo Didier Opertti, reconoció “que hubo una exploración de Menem” para un virtual asilo político. Aunque Menem se encargó de afirmar “lo del asilo es mentira”, el canciller uruguayo confirmó que “estábamos en la embajada nuestra en Estados Unidos y allí nos llegó la información”. Claro que el funcionario uruguayo aclaró que hasta ese momento el pedido no había sido oficial.
Luego de los dichos de Opertti, Menem afirmó que “esta acusación es de lo más estúpido que escuché en mi vida”. Lejos de alejar las dudas, los funcionarios judiciales tomaron debida nota del supuesto asilo. En lostribunales federales se especulaba que la luna de miel del ex presidente y la Bolocco los conduciría a una definitiva morada fuera del país.
Fiel al estilo de verdadero winner, que Menem siempre se preocupó en cultivar, el riojano insistió ayer: “yo voy a estar el 13 de Julio frente al juez de la causa para ejercer mi defensa”. Con la sonrisa un poco forzada, el mismo día en que la justicia confirmó el procesamiento de su ex cuñado, Emir Yoma, y le negó la excarcelación a Erman González, Menem reiteró lo que fue un verdadero clásico cada vez que aparecía un escándalo de corrupción: “confió en la Justicia”. En esta ocasión completó la frase diciendo, “dejo de creer en la Justicia cuando se politiza”. Si bien Menem no da cuenta de que hace más de una década la política entró a los tribunales federales, si da cuenta de un hecho que no pasa desapercibido para todos los imputados: él ya no es gobierno.

La Cámara Federal confirmó el
procesamiento y prisión de Emir

Emir quedará detenido por lo menos hasta la realización del juicio oral. La Sala II refutó el argumento de defensa del menemismo que sostiene que un gobierno no puede constituir una asociación ilícita. Y abrió la puerta para el procesamiento de Menem. La Cámara Federal porteña propinó un revés al ex cuñado de Menem al ratificar su procesamiento.

Por E.T.

Lejos de los festejos casamenteros organizados por Carlos Menem en La Rioja, su ex cuñado Emir Yoma, detenido en Campo de Mayo hace 47 días, se anotició ayer de que la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento como “organizador de la asociación ilícita” que vendió ilegalmente armas a Croacia y Ecuador. En un fallo contundente, el tribunal de alzada refuta la línea argumental de defensa de Menem y sus seguidores acerca de que un gobierno no puede constituir una asociación ilícita. El dictamen –que cierra las posibilidades de libertad de Emir hasta la realización del juicio oral– marca un punto de quiebre en las investigaciones. Al ratificar la línea de la asociación ilícita, la Cámara brinda más argumentos para que el juez Jorge Urso avance en el virtual procesamiento de Menem luego de que este declare el próximo 13 de julio.
En un fallo de 16 páginas, los jueces Eduardo Luraschi, Martín Irurzun y Horacio Cattani refutan los argumentos de la defensa de Emir Yoma, desmenuzan dudosas transacciones del grupo riojano y realizan un análisis conceptual sobre la figura de la asociación ilícita.
“En la presente causa no se investiga la gestión de un gobierno en particular sino la comisión de delitos los que, consecuentemente, se presentan con absoluta independencia de las posibles funciones públicas que podrían o no haber desarrollado los presuntos implicados”, afirma el tribunal. La frase no sólo es contundente sino que también replica las declaraciones de destacados ex funcionarios menemistas y la línea de defensa jurídica del ex presidente.
El hipermenemista todo terreno Rodolfo Barra había hecho punta con el argumento de que un gobierno no es una asociación ilícita. Barra fue un poco más allá y sostuvo que los decretos, que en este caso encubrieron la maniobra, no son materia judiciable. Con sus particularidades, el abogado Carlos Arslanian hizo suyos estos argumentos en la defensa del ex interventor en el PAMI, Carlos Alderete. Incluso en la Corte Suprema llegó a circular un borrador suscripto por los jueces de la denominada mayoría automática que suscribía a la idea de que la figura de asociación ilícita no podía ser atribuida a un gobierno.
Para explicar la figura, el tribunal cita el fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso del ex juez de Dolores, Hernán Bernasconi, su secretario Roberto Schlagel y los policías Antonio Gerace y Daniel Diamante: la existencia de una organización lícita no descarta que sus integrantes también puedan formar parte de una asociación ilícita. En este punto los camaristas sostienen que “no es necesaria una organización funcional, pero ha de tratarse de una organización de cierta permanencia aunque esté disimulada con fines lícitos”. También detallan que “tampoco se requiere que el grupo se mantenga inmutable, ni que todos los autores se hayan integrado simultáneamente”.
La práctica usual indica que luego de que los imputados realizan su descargo los magistrados tienen diez días para tomar una decisión. La defensa de Emir presentó ante los camaristas un memorial de más de 100 hojas. A esto le agregó la comparencia del ex cuñado de Menem para brindar una versión in voce. El fallo de los camaristas llegó antes de esos diez días.
En su descargo, Emir repitió con otras palabras lo que su defensor Mariano Cúneo Libarona reiteró insistentemente ante los medios: “Cómo iba a ser el organizador de la asociación ilícita, si no era funcionario público”. El tribunal desestimó este argumento afirmando que el hecho de que Emir estuviera fuera de la función pública no era un obstáculo para que coordinara y amalgamara la participación de los involucrados, fueran éstos funcionarios o no. En este punto, la Cámara afirma que “el imputado (Yoma) ejercía un alto grado de intervención en la operatoria descripta”.
Cúneo Libarona desacreditó las declaraciones de Luis Sarlenga, afirmando que eran las de un imputado que solamente buscaba mejorar su situación procesal. El tribunal afirma que ese criterio debe ser tenido en cuentacuando un acusado descarga sus responsabilidades en otro. Según el fallo, Sarlenga reconoce “su participación en los hechos” y además pone en conocimiento otros aspectos que no sólo vinculan a Yoma sino que, además, anudan anteriores testimonios. Como ejemplos, el tribunal señala que Sarlenga también admite su participación en el affaire, cuando reconoce que Emir Yoma le entregó 30 mil pesos en concepto de reconocimiento, o cuando mantuvo reuniones con el ecuatoriano comprador de las armas, Sassen Van Esloo. La Cámara sostiene que los dichos por Sarlenga “encajan razonablemente con los demás elementos del sumario”.
El tribunal también valoró las declaraciones de la ex secretaria de Emir, Lourdes Di Natale. En su informe in voce a la Cámara, Emir se refirió a su secretaria como “la telefonista”. Los camaristas dicen que los dichos de Lourdes son anteriores a la confesión de Sarlenga. También señalan que si Emir era un empresario que sólo se dedicaba a la venta del cuero, las agendas de su secretaria lo relativizan. En ellas no abundan reuniones comerciales y sí en cambio citas con empleados de Fabricaciones Militares, traficantes como Diego Palleros, jueces, fiscales, ministros y hasta personal de inteligencia.

DENEGARON LA LIBERTAD A ERMAN
Acomodando el bagayo

Erman González pidió la guitarra y otros elementos personales porque tendrá que pasar un largo rato en prisión. El juez en lo penal económico Julio Speroni denegó ayer el beneficio de la excarcelación al ex ministro de Defensa, detenido desde el miércoles en la causa armas por presunto contrabando de pólvora a Croacia. Además, su situación empeorará aún más porque el juez Jorge Urso le dictaría la semana próxima el procesamiento como organizador de una asociación ilícita que perpetró la venta de armas a Croacia y Ecuador.
La decisión del magistrado fue notificada al ex ministro por el secretario del juzgado, Pedro Rodríguez, que se dirigió ayer al Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería Nacional donde el ex funcionario permanece detenido. Cuando el juez Speroni le dictó el procesamiento y la prisión preventiva, los abogados Carlos Froment y Fernando Archimbal pidieron la excarcelación de González por entender que “durante el proceso debe regir el principio de inocencia”. Esa solicitud fue rechazada por el magistrado, en una escueta resolución en la que afirma que “por la calificación penal” que atribuye a González –contrabando agravado– no corresponde otorgarle ese beneficio. Ahora tiene la palabra la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico. Fuentes judiciales especulan con que difícilmente los camaristas Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos permitan la liberación de Erman porque fueron ellos quienes le señalaron el camino a Speroni cuando le ordenaron que indagara a los ex funcionarios de Menem imputados en la causa.
El ex poliministro pasó “tranquilo” su primera noche en reclusión, luego de compartir una cena con otros presos del escuadrón y ver algunas horas de televisión en el comedor del centro de detención junto al ex presidente del PAMI, Víctor Alderete.
Por otra parte, el ex agente de Inteligencia, Juan Imbessi, pidió ayer que “para preservar la marcha del proceso judicial se prohíba la salida del territorio nacional” del ex presidente Carlos Menem. Urso ya lo hizo (ver nota central) pero en caso de que ese magistrado lo autorizara a salir del país debería pedirle permiso, eventualmente, también a Speroni.

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