Por Irina Hauser y Adriana Mayer

“Sí, claro que existió una maniobra ilegal”, dijo ayer el ex canciller Guido Di Tella, después de ser indagado por el juez Jorge Urso en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Ante las preguntas, se remitió a un escrito que llevó preparado, donde argumenta que se enteró de todas las irregularidades por los medios. En el texto responsabiliza a Juan Carlos Olima, uno de sus viejos subordinados, y dice que los decretos que facilitaron la operación “tuvieron origen” y fueron “propiciados” por el Ministerio de Defensa. “Relación, ninguna”, fue la frase que usó para describir su vinculación con Emir Yoma. “Aunque socialmente lo saludaba”, añadió. Con el ex presidente Carlos Menem, declaró, recién habló del tema cuando estalló el escándalo público. A pesar de que no va a ir preso, sería procesado como partícipe de la asociación ilícita que habría comandado su jefe, Carlos Menem. Aunque tiene prohibido salir del país, pidió permiso para ir a dar clases a la Universidad de Oxford.
Di Tella está procesado por la falsedad ideológica de los decretos que señalaban a Panamá y Venezuela como los países destinatarios del material bélico, que en realidad fue enviado en forma clandestina a Ecuador y Croacia. También se le cuestiona no haber entregado a la Justicia el cable que remitió el 13 de febrero de 1995 al Palacio San Martín el entonces embajador argentino en Perú, Arturo Ossorio Arana, en el que advertía que armas argentinas iban a ser destinadas a Ecuador en plena guerra del Cóndor. Ahora, Urso analiza también si lo procesará como integrante de la asociación ilícita que concertó la maniobra, tal como indicó la Sala II de la Cámara Federal, un castigo que no necesariamente lo llevará a la cárcel.
“No hay absolutamente nada que haya demostrado que Di Tella tuviese conocimiento hasta bastante tiempo después de que las armas salieran”, aseguró León Arslanian, defensor del ex funcionario. El ex camarista y su socio, Carlos Beraldi, no fueron los únicos que le hicieron compañía en tribunales: también con él, el ex vicecanciller Andrés Cisneros, el ex secretario de Asuntos Institucionales, Daniel Castructio, y su ex y actual vocero Jorge Raventos.
En el escrito con el que se ahorró un extenso interrogatorio, Di Tella dice que para firmar los controvertidos decretos “no ingresé a ninguna organización ilícita, no tomé parte en una siquiera accidentalmente, no supe de su posible existencia, desconocí por completo la ejecución de maniobras que tuvieran por finalidad enviar ilegalmente armas a otros países que no fueran las que figuraban en el decreto, no conocí ni conozco a las personas involucradas en tales maniobras con excepción de mis pares en el gabinete y algún otro alto funcionario”.
Con todo, sus argumentos centrales no se condicen con la obligada intervención de la Cancillería en toda operación de venta de armas. Di Tella asegura que se enteró de la venta ilegal por los diarios y que “los cancilleres no leen todos los cables que llegan al Ministerio de Relaciones Exteriores”. Sin embargo, el cable enviado por Ossorio Arana llegó al Palacio San Martín con copia para su responsable máximo, según consta en el expediente. El ex canciller sólo reconoció la existencia de las comunicaciones de alerta que mandó Yugoslavia, pero adujo que tampoco pasaron por su despacho.
Tal como previeron los investigadores, los imputados del caso se acusan mutuamente durante sus declaraciones. Ayer, Di Tella dijo que el ex jefe del Ejército, Martín Balza, miente cuando afirma que le comentó que había elevado un informe secreto sobre las armas al entonces ministro de Defensa, Antonio Erman González.
Al enumerar sus justificaciones, señaló que las gestiones para la venta de armas se inician en la Dirección de Fabricaciones Militares, un ente autárquico, y que “los tres decretos tuvieron origen en el Ministerio de Defensa, que fue quien ‘propició’ las operaciones de venta”. “Sólo tomé conocimiento de ellas –añadió– cuando me fueron remitidos para surefrendo, sin que ninguno de los organismos técnicos que debían intervenir hubiese formulado objeciones”. “Reposé en la labor de control de los órganos técnicos que intervenían, tanto de Defensa como de Cancillería”, sostuvo. Y alegó que en la comisión tripartita encargada de controlar las exportaciones de armamento, el representante de la Cancillería, Olima, que era el subsecretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos, dio su visto bueno. Por ende pide, con ironía, que se le conceda “la misma buena fe que la Cámara acordó a Juan Carlos Olima”, quien había estado procesado por falsedad ideológica y fue beneficiado con falta de mérito por ese tribunal de alzada.

TODO EL MENEMISMO SALIO A HABLAR DE LA CAUSA
Solidaridad con el Jefe “en cadenas”

Los principales operadores de Carlos Menem, e inclusive el ex presidente, salieron ayer a hablar sobre la causa de la venta de armas a Ecuador y Croacia. Menem confirmó ayer que el 13 de julio se presentará a declarar ante el juez federal Jorge Urso y negó que vaya a pedir asilo en otro país: “En cadenas, pero en mi patria”, parafraseó a Simón Bolívar. Recién llegado a La Rioja, también dijo que tras leer los fundamentos del fallo que llevó a la cárcel a Antonio Erman González concluyó que el juez Julio Speroni dictó “un auto de procesamiento provisorio, no definitivo ni mucho menos”. Por su parte, el senador Carlos Corach aseguró que Menem está “preocupado” por la detención de Erman y que “siente la necesidad de creer en la absoluta inocencia” de los implicados. Alberto Kohan, en cambio, sostuvo que el hombre “está ocupado, pero no preocupado” por la causa.
“Voy a estar el 13 de julio ante el juez de la causa para ejercer mi defensa, porque la declaración indagatoria es para que los imputados se defiendan como realmente marca la ley”, dijo el ex presidente horas antes de casarse con la conductora chilena Cecilia Bolocco.
Consultado sobre la detención de su ex ministro, Menem opinó que “no se compadece con la verdad y la realidad de los hechos” y adelantó que los abogados defensores de González “están preparando la apelación correspondiente para agotar las instancias judiciales en el marco de la investigación”. “Siempre creí en la Justicia”, enfatizó Menem, quien aclaró que deja de creer “cuando se politiza”. Respecto de la causa, reiteró que “hay tres decretos firmados de la misma forma en la que se firmaron desde el ‘83 en adelante” y sobre la declaración de su ex esposa Zulema Yoma, quien se presentó el miércoles ante el juez Jorge Urso, manifestó que “no agrega nada nuevo. Son declaraciones que desde hace mucho viene realizando Zulema y los jueces sabrán qué hacer con ellas”.
El senador Carlos Corach, por su parte, admitió que el ex presidente Carlos Menem “está preocupado” por la detención de Erman González, y sostuvo que, al igual que él, “siente la necesidad de creer en la absoluta inocencia” de quienes hoy aparecen involucrados en la causa de venta ilegal de armas. Además, Corach afirmó que Menem confía “en la aptitud y la eficiencia de la Justicia argentina” para develar la investigación de esa causa.
Alberto Kohan, en cambio, se negó a reconocer la preocupación de Carlos Menem. “Está ocupado, está atento, por supuesto que esto tiene mucha difusión y de todas maneras está tranquilo porque está tranquilo de su proceder. Es un hombre que ha pasado muchas cosas en su vida, estuvo cinco años preso en la dictadura. Esta es una circunstancia injusta, pero de todas maneras tenemos que respetar porque estamos en el sistema y es la Justicia la que tiene que decidir.”

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