El día después del anuncio del plan de competitividad para la industria automotriz trajo algunos sinsabores. Los fabricantes empezaron a aclarar que la baja de precios en los 0 Km no sería en todos los casos entre el 10 y el 20 por ciento, como especifica el acuerdo que firmaron con el Gobierno, sino que algunos modelos podrían tener descuentos inferiores a ese piso. Además, puntualizaron que las rebajas no serán sobre el precio de lista, sino sobre el valor de las unidades una vez descontados impuestos y gastos. Por su parte, Smata y UOM, sindicatos que nuclean a los trabajadores del sector, persistieron en su negativa a plegarse al convenio, lo mismo que los autopartistas, los industriales metalúrgicos y las concesionarias.
Las terminales automotrices esperan a la publicación del decreto que convalida el acuerdo en el Boletín Oficial para definir el marco de los descuentos en la venta de 0 Km. Sin embargo, frente a las expectativas surgidas por el anuncio de Domingo Cavallo, las empresas se sintieron en la obligación de aclarar algunos puntos. “Hay que ver que en muchos modelos ya existen fuertes bonificaciones de precios, porque la demanda está muy deprimida, y en esos casos los descuentos podrían ser menores”, señaló el director de una terminal, quien prefirió mantener el anonimato.
“Es importante aclarar que no todas las empresas van a tener los mismos descuentos”, afirmó, por su parte, el director de Relaciones Institucionales de General Motors, Alberto García Carmona. “Las rebajas se aplicarán de distintas maneras en cada uno de los modelos, porque depende de la estructura productiva de cada empresa”, agregó.
El ejecutivo también dio a entender que los fabricantes aguardan a que el Gobierno nacional y las administraciones provinciales concreten las promesas realizadas, precaución que seguramente surgió porque todavía no se aplicaron las rebajas impositivas prometidas a otros sectores, como calzados y textiles. “En tanto y en cuanto se traduzcan en realidades los beneficios de parte del Gobierno y de cada una de las provincias, por supuesto que los precios de los autos van a bajar”, dijo García Carmona.
Por su parte, Rodolfo Ceretti, director de Ford, señaló que las rebajas se harán “sobre los precios de lista menos impuestos y gastos”, y no sobre los valores que actualmente ofrecen las concesionarias, que ya contabilizan bonificaciones. “Obviamente no se pueden dar los dos descuentos, el que las compañías ya están dando y el que se canalizará a través del cumplimiento de este plan de competitividad”, advirtió. Al igual que Ford, otras empresas pretenderían tomar a cuenta del compromiso de bajar el precio de los autos entre 10 y 20 por ciento, los descuentos que otorgan desde hace varios meses, con lo cual la incidencia del beneficio para los consumidores podría ser inferior a ese piso.
En tanto, los autopartistas, concesionarios y los sindicatos del sector reclamaron ayer al Gobierno modificar el plan de competitividad que suscribió con las terminales. Todas ellos, que forman parte del denominado Foro Automotor, pidieron que se garantice la vigencia del régimen automotor del Mercosur, que establece que los vehículos deben ser integrados con 30 por ciento de piezas nacionales. También plantearon que las provincias eliminen el impuesto a los Ingresos Brutos sobre las ventas de autos y que no se modifiquen las condiciones laborales.

LOS GREMIOS PROTESTAN, LOS MINISTROS VAN A MADRID
El acuerdo no levanta vuelo

Mientras los gremios aeronáuticos más díscolos se manifestaron ayer frente a la embajada de España y presentaron una denuncia por evasión impositiva contra Aerolíneas, la compañía informó que destinará los aportes del Estado argentino al pago de los salarios adeudados. La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y el titular de Infraestructura, Carlos Bastos, viajarán a España este sábado. Domingo Cavallo lo hará el lunes. El objetivo de los ministros es llegar a Madrid con los conflictos gremiales solucionados, algo que algunos gremios no están dispuestos a facilitar.
“Tenemos que trabajar estos días con los gremios para poder llegar a una solución el lunes en España”, afirmó Bullrich. La ministra también confirmó el compromiso de AA de que los salarios serán pagados en los próximos cinco días. Bullrich y el viceministro Anselmo Riva, junto a representantes de la empresa, se reunieron ayer con cuatro de los siete gremios. Los ausentes fueron la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Aunque estaban invitados al encuentro, a esa misma hora APTA y AAA realizaron una manifestación frente a la embajada de España, que luego continuó en el Cabildo. Antes, en Ezeiza, más de cien trabajadores habían impedido durante 50 minutos el despegue de un avión de la también española Iberia. El vuelo 6840 con destino a Madrid debía partir a las 14.15 cuando fue rodeado por los trabajadores, que luego de 50 minutos dejaron la pista y realizaron un acto en el hall central del aeropuerto. Esta acción puede ser un prenuncio de los efectos que podría tener una profundización del conflicto gremial.
El secretario general de APTA, Ricardo Cirielli –quien prestó declaración testimonial en una causa contra AA por presunta evasión impositiva– dijo que esperaba que su gremio cobre los salarios recién el martes. Por su parte, el secretario general de APA, Ariel Basteiro, expresó que decidieron no asistir al Ministerio ante la nueva postergación del pago de los salarios. Según el dirigente, los trabajadores habían recibido la información de que los sueldos estarían acreditados ayer a las 17, lo cual obviamente no se produjo. Más aún si se suma el dato de que la SEPI confirmó que los salarios se pagarían con los fondos aportados por el Estado argentino, lo que supone necesarias demoras burocráticas. Sobre la reunión con Bullrich dijo que “nos llamaron para confirmar lo que ya está acordado, pero nosotros no vamos a firmar nada hasta que no paguen los sueldos”, disparó.

Favor a la Madre Patria

El Gobierno decidió, por decreto, modificar el status vigente en las licitaciones de obras públicas para facilitar la participación de empresas extranjeras dentro del Plan Federal de Infraestructura, presuntamente respondiendo a exigencias del gobierno español en el marco de las negociaciones por Aerolíneas. La cuestión había sido objeto de arduas controversias en el Congreso y entre el Gobierno y el sector empresario. Conforme al cambio introducido, las firmas locales de capital nacional o extranjeras radicadas en el país “tendrán la opción de igualar la mejor oferta”, siempre que estuvieran dentro de “un margen de hasta el 10 por ciento” por encima de aquélla.
El nuevo decreto dispone que en las licitaciones públicas nacionales e internacionales, las empresas oferentes no radicadas en el país deberán asociarse a firmas locales con una participación societaria que no supere el 51 por ciento. El modificado decreto 1299/2000 permitía que en el caso de las licitaciones internacionales, las empresas locales de capital nacional tuvieran la opción de igualar la mejor oferta siempre que estuvieran dentro de un margen de hasta el 10 por ciento de la misma. El decreto 676/2001 elimina tal posibilidad cuando el adjudicatario estuviese constituido por empresas procedentes de países con los cuales el país hubiese celebrado tratados de protección recíproca de inversiones. Entre ellos se destaca España. Dados los actuales niveles de tasas de interés, se descarta que a las empresas locales se les hará prácticamente imposible igualar las ofertas presentadas por las compañías extranjeras que consiguen financiamiento a estándares internacionales.
Según lo expresado por el presidente del Consejo Administrativo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura, Mariano Mirotti, con estos cambios “se están ratificando los tratados internacionales suscriptos por la Argentina a comienzos de la década del ’90”.
La medida fue interpretada como un guiño a la administración de José María Aznar con miras a solucionar el conflicto que mantiene virtualmente paralizada a Aerolíneas Argentinas. Según fuentes gubernamentales, la posibilidad de participación de compañías extranjeras en el Plan Federal de Infraestructura habría sido una exigencia del gobierno español, para que la participación de firmas de ese origen. La contrapartida sería la colaboración de España para destrabar el conflicto de Aerolíneas.

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