Por Cledis Candelaresi

El eficaz lobby de las constructoras de origen extranjero radicadas en el país promovió al menos dos cambios en el decreto especial que da marco al Plan Federal de Infraestructura. Según estos retoques, firmas como Dycasa o Sade tendrán idéntico tratamiento que las constructoras de Techint y Roggio en las millonarias licitaciones de ese programa de obras. Los cambios, consensuados entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, están fundados en una veintena de tratados bilaterales firmados durante la gestión de Carlos Menem, que acotan irremediablemente la posibilidad de otorgar una preferencia a las empresas nacionales.
Después de un engorroso debate en comisión, en noviembre del año pasado Diputados dio media sanción al proyecto de ley que fija las condiciones de licitación y financiamiento del Plan de Infraestructura. En enero, antes de que el Senado se pronunciara sobre el tema, Fernando de la Rúa promulgó un decreto de necesidad y urgencia que respetó a pie juntillas el texto votado. El Congreso lo ratificó luego, cuando se otorgaron a Domingo Cavallo los poderes especiales.
Pero antes de esta ratificación, representantes de algunas constructoras de origen extranjero ya habían iniciado gestiones ante el Congreso para advertir acerca de la misma falta sobre la que meses antes había llamado la atención el frepasista Ricardo Vago: no era posible privilegiar de ese modo a las empresas nacionales sin vulnerar acuerdos internacionales que Argentina firmó con países como España, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos o Suecia, entre otros varios.
Cuando se sancionó el proyecto enviado al Parlamento por el Ejecutivo, los diputados aliancistas promovieron una cláusula que reservó a las empresas nacionales aquellas licitaciones inferiores a los 45 millones de pesos y resolvió que cuando una firma de capital nacional compita con una extranjera (en obras superiores a aquel monto), tendrá la posibilidad de mejorar su oferta, si la brecha entre ésta y la que realizó su competidora no supera el 10 por ciento.
Los hombres de Dycasa y Sade, entre otras, recorrieron despachos del Parlamento, argumentando que con estructuras estables en el país desde hace varios años, también debía reconocérsele a ellas el status de “local”. “Del otro modo, la ley aparentaba tener nombre y apellido, ya que discriminaba a favor de otras empresas como Techint o Roggio, de las pocas firmas grandes que tienen capital íntegramente argentino”, argumentó ante este diario uno de los diputados involucrados en la discusión.
En realidad, las empresas extranjeras con sede local no sólo aspiran a tener las mismas prerrogativas que las definidas como nacionales por la ley (más del 51 por ciento del capital debe ser argentino). También quieren neutralizar la competencia, básicamente, de firmas brasileñas, que asociadas a una pyme local y sin necesidad de radicarse en el país, podrían alzarse con algunas obras.
Antes de delegar las atribuciones excepcionales a Cavallo, y antes de que el ministerio de Infraestructura resucitara de la mano de Carlos Bastos, diputados y senadores coincidieron con Chrystian Colombo en que había que reparar el texto refrendado por un decreto excepcional. Así se decidió el primer retoque que recogió el flamante decreto 676: será considerada como “local” una constructora de capital nacional tanto como otra de propietario extranjero, siempre y cuando esté radicada en el país.
De la mano de este cambio, sobrevino el otro: las constructoras locales podrán mejorar sus ofertas, igualándolas a la de su competidora extranjera sólo cuando ésta no esté amparada por alguno de los veinte acuerdos bilaterales de inversión que firmó el país. Estos tratados inhiben expresamente al Gobierno de privilegiar a una empresa argentina en detrimento de la foránea amparada por el tratado, concluyeron legisladores, Colombo y el propio Bastos.
El frente empresario continúa dividido. La Cámara Argentina de la Construcción aún no fijó públicamente posición sobre el decreto cuyocontenido, presumiblemente, poco la convenza. Según aseguró ayer uno de sus dirigentes a este diario, la CAC no habría sido consultada.

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