Colombia está viviendo “una escalada terrorista”, según su ministro del Interior, Armando Estrada. Podría ser una obviedad en un país como Colombia, cuyo combate entre guerrillas y paramilitares lleva muchos años y se cargó a 40.000 personas sólo durante la década pasada, y donde los secuestros y masacres son asumidos como cotidianos. Pero Estrada se refería a que el terror se está apoderando de las ciudades. Ayer, en medio de una verdadera oleada de atentados, fallidos y de los otros, en Bogotá, Cali y Medellín que comenzó la semana pasada, estallaron dos bombas cerca de la sede de la Universidad Nacional, en la capital colombiana, que dejaron por el momento un saldo de cuatro muertos y 21 heridos. Tanto Estrada como la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), acusaron a los paramilitares de derecha por las bombas. El presidente Andrés Pastrana suspendió un viaje previsto para hoy a Francia y convocó al Consejo de Seguridad Nacional. En dos meses, Bogotá, Cali y Medellín serán las sedes de la Copa América de fútbol.
Las explosiones ocurrieron en un sector residencial de Bogotá, a las ocho de la mañana, cerca de una parada de colectivos. Las dos bombas detonaron en la misma calle, con una diferencia de 10 minutos y a unos 50 metros una de la otra. La primera explosión mató a tres personas y la segunda se produjo cuando decenas de policías, bomberos, vecinos y periodistas se encontraban en el lugar. En esta segunda explosión murió un oficial de la Fiscalía General de la Nación. Las explosiones destruyeron vidrios de edificios en unos 50 metros a la redonda. La policía informó que después de los atentados se inició una “escalada de terrorismo telefónico”, con avisos de bomba en varios sectores de la ciudad. El alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, declaró que al parecer uno de los muertos era uno de los “terroristas”. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Jorge Enrique Linares, reveló que, de acuerdo con declaraciones de testigos, las bombas fueron plantadas por cuatro personas que vestían ropa oscura, cubrían sus rostros con pasamontañas y que huyeron en un automóvil. Ninguna organización se atribuyó el ataque, el más poderoso que se registra en la capital colombiana desde fines de 1999, cuando la explosión de un coche bomba dejó siete muertos y decenas de heridos.
Este es el tercer ataque con explosivos que se registra en Colombia en mayo. A comienzos de mes, un coche bomba explotó en la ciudad de Cali y dejó 32 personas heridas. El jueves de la semana pasada, otro coche bomba un vehículo cargado con explosivos estalló en Medellín, matando a ocho personas, hiriendo a 137 heridas y calcinando 12 automóviles. En lo que va de la semana, las autoridades colombianas también desactivaron cinco coches bomba en Medellín, Bogotá y Barrancabermeja.
La gran pregunta es quién está detrás de esta ola de atentados, si se trata de un solo grupo o para cada ciudad hay una responsabilidad distinta. Para el caso del atentado de ayer, las miradas del gobierno parecen dirigirse a los paramilitares, que prometieron presiones armadas a la intención del gobierno de habilitar una zona de despeje, como la que ya disponen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para iniciar negociaciones de paz con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Pero fuentes de la Policía colombiana no descartan la posibilidad de que haya organizaciones simpatizantes de las guerrillas, dentro de la Universidad Nacional, detrás de las explosiones. Según las autoridades, en septiembre se confiscó un arsenal en el interior de ese edificio de la Universidad.
Sobre el atentado en Medellín, la Policía colombiana capturó ayer a 26 personas acusadas de integrar una célula urbana del ELN. Pero sobre la bomba en Medellín se tejieron otras hipótesis desde fuentes oficiales: una que implica a una banda de pistoleros conocida como “La Terraza” y otra al narcotráfico, que a fines de los ‘80 y principios de los ‘90 armó una gran ola de atentados frente a la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Algunas versiones periodísticas indican que está en marcha una nueva oleada de extradiciones y que los narcos estarían respondiendo a esa posibilidad.

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