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Por
Laura Vales
 Hebe
de Bonafini responsabilizó al gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf,
por el ataque que sufrió su hija Alejandra el viernes pasado, en
la casa de La Plata donde viven juntas. “Los que torturaron a mi
hija son los mismos que torturan en las cárceles y matan a los
pibes por la espalda. Cuando una provincia está en manos de un
asesino como Ruckauf, ocurren cosas como éstas”, le dijo ayer
a Página/12. Esta mañana habrá una conferencia de
prensa para denunciar la agresión y se preparan actos de difusión
en el exterior, con marchas frente a las embajadas. La titular de Madres
reveló que hace cinco meses recibió amenazas advirtiéndole
que “me iban a tocar donde más me duele, y lo hicieron”.
Aunque al principio no estaba para nada convencida de la utilidad de denunciar
la agresión, Alejandra finalmente se presentó en la fiscalía
de turno para declarar sobre el brutal episodio sufrido. Acompañada
por un abogado, la hija de Hebe también entregó al fiscal
Marcelo Martini las tiras con las que los dos agresores la ataron y la
bolsa de plástico que usaron para sofocarla, aplicándole
la tortura conocida con el nombre de submarino seco. Una instructora de
la fiscalía recorrió el barrio en busca de testigos que
pudieran aportar datos sobre los dos hombres, pero los vecinos –dijo
el fiscal Martini– no habían visto gran cosa. Alguno apenas
recordó haber notado, unos días atrás, a operarios
telefónicos en la zona. Todavía no está claro si
efectivamente se trató de empleados o si fueron cómplices
de los atacantes que estaban vigilando los movimientos de la casa de Bonafini.
El ataque contra la hija de Hebe tuvo características muy peculiares:
los agresores sabían que desde la casa se había pedido asistencia
a Telefónica y se presentaron como técnicos de esa empresa,
lo que indica que son o están vinculados a aparatos de inteligencia;
una vez adentro, todas sus acciones tuvieron un carácter vejatorio
y no robaron nada; el instrumento con que golpearon a Alejandra parece
haber sido una cachiporra o una de las típicas mangueras con arena
y además de ahogarla con la bolsa de plástico la quemaron
con cigarrillos. Para María del Carmen Verdú, de la Coordinadora
contra la Represión Policial (Correpi) “son todos elementos
que solemos ver en los casos donde está metida la mano de alguna
fuerza de seguridad”.
En la fiscalía dijeron que hasta ahora hay pocos elementos para
identificar a los agresores. Dentro de la vivienda no se levantaron huellas
digitales, en parte porque todo volvió a ser acomodado después
del ataque por Alejandra y los amigos que fueron a auxiliarla, cuando
su madre estaba en Brasil. En parte porque Hebe no quiere de ninguna manera
que la policía entre a su casa. “Ya estuvieron el viernes,
¿qué huellas van a encontrar ahora?”, dijo la titular
de Madres de Plaza de Mayo para indicar sus sospechas de que la policía
bonaerense tuvo que ver en el episodio. “Ellos son dueños
de todo, saben qué hacemos porque tienen los teléfonos tomados,
la casa y la vida”. También ratificó que no quiere
custodia policial.
Las Madres de Plaza de Mayo, junto a HIJOS Buenos Aires y Chaco, la Correpi,
Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, la Asociación
de Ex Detenidos Desaparecidos y el Movimiento Judío por los Derechos
Humanos, entre otras organizaciones, convocaron a la conferencia de prensa
para hoy a las once de la mañana en Hipólito Yrigoyen 1582.
“Responsabilizamos a las autoridades provinciales y nacionales, y
repudiamos tan criminal hecho”, señalaron las Madres en un
comunicado de prensa que lleva la firma de su secretaria, Evel de Petrini.
La policía bonaerense no emitió información oficial.
El radicalismo de la provincia, a través de su titular, Leopoldo
Moreau, calificó al ataque de “criminal y mafioso”. “Sería
un grave error encuadrar este hecho en la ola de inseguridad y violencia
que vive la provincia, por la impunidad con que han actuado” señaló
Moreau. Vilma Ripoll, del MST-Izquierda Unida,advirtió que “estos
ataques están alentados por la impunidad de los genocidas”
y llamó a “no dejar pasar semejantes aberraciones.”
OPINION
Por
Eduardo Jozami *
El
crimen del tren
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Pasan los
días, pero todavía cuesta aceptarlo. ¿Cuántos
de los pasajeros reaccionaron indignados cuando la madre boliviana
con su hijo fueron arrojados del tren en movimiento? ¿Cuántos
siguieron viajando sin preocuparse demasiado? ¿Cuántos
se sumaron a las agresiones verbales contra la “boliviana de
mierda”? En un sentido, lo menos importantes es la personalidad
de quién empujó a la mujer: asesinos ha habido siempre.
Lo realmente inquietante es que estos crímenes puedan cometerse
con la complicidad activa o pasiva de muchos, que no haya provocado
una fuerte reacción en la opinión pública,
que el tema haya desaparecido rápidamente de los medios de
comunicación.
La Argentina de la Constitución que se ofrece generosa a
todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar su suelo
tiene una tradición discriminatoria y hasta racista que no
siempre recordamos: el exterminio del indio y de tanto gaucho del
interior, la Ley de Residencia para expulsar los activistas obreros
extranjeros, el lamento de Sarmiento en sus últimos años
contra una inmigración que no habría traído
lo mejor de Europa del Norte sino la resaca del Mediterráneo.
El incremento de las migraciones desde los países limítrofes
y del Perú ha provocado una exacerbación de esos sentimientos
discriminatorios. El fenómeno nada tiene de original, cuando
no hay trabajo antes que reflexionar sobre las verdaderas causas
es más fácil echarle la culpa al extranjero.
En nuestra tarea en la Comisión Municipal de la Vivienda
nos enfrentamos diariamente con esas actitudes discriminatorias
que cuestionan la inclusión de los extranjeros residentes
entre los adjudicatarios de vivienda. Se banaliza, además,
la grave emergencia habitacional que vive la ciudad cuando se reduce
el problema de las casas tomadas a la práctica de “grupos
de peruanos delincuentes”. Quizá resulte más
tranquilizador responsabilizar del hecho a una invasión de
extranjeros ilegales para negar la evidencia del incremento de la
pobreza y la degradación en las condiciones de vida de las
capas medias: la mayoría de los habitantes de casas tomadas
son argentinos que hoy carecen de ingresos como para sostener el
alquiler de una vivienda.
El discurso discriminatorio siempre supone la violencia, la supresión
del Otro, a quien se le niegan los derechos. No hay tantas distancias
entre el criminal que empujó del tren a madre e hijo y los
que a diario atribuyen todos nuestros males a la proliferación
de paraguayos, bolivianos o peruanos. Aunque no se haya podido establecer
ninguna relación significativa entre los migrantes y el incremento
de la delincuencia, es comprensible que el discurso de la mano dura
se acompañe del que predica el odio al extranjero. Son componentes
necesarios de un pensamiento autoritario que penaliza la pobreza
y castiga a los excluidos pero, paradójicamente, penetra
cada vez más entre aquellos que aún tienen algo que
defender, aunque se trate de trabajadores tan pobres como los que
viajaban en el vagón del Roca que fue escenario del crimen.
* Subsecretario
de Vivienda del gobierno de la Ciudad.
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